2006-08-31

NUEVE DE CADA DIEZ ENCUESTADOS ESTÁ A FAVOR DEL DIVORCIO Y LA MITAD APOYA EL ABORTO Y LA PENA DE MUERTE

31.08.2006 | Clarin.com | Sociedad

TENDENCIAS

ENCUESTA POLEMICA


El aborto, la pena de muerte y el divorcio dividen al creyente porteño

Una amplia mayoría profesa la fe en un Dios único. Muchos respaldan el aborto y la pena de muerte. El divorcio parece haber quedado ya fuera de discusión. La generación menos creyente es la de los 30 años.

La adhesión a una fe religiosa y la asunción de ciertas posiciones filosóficas o morales respecto al derecho a la vida no siempre van de la mano. Al menos, en Buenos Aires. Así lo revela una polémica encuesta privada, según la cual nueve de cada diez encuestados está a favor del divorcio y la mitad apoya el aborto y la pena de muerte, posiciones contrarias a los mandatos religiosos de algunos ritos que se profesan en el país.

Las reacciones de la Iglesia Católica, que representa a la mayoría de los fieles del país, no se hicieron esperar. El sacerdote jesuita Ignacio Pérez del Viso dijo ayer: "Es difícil evaluar estos resultados sin tener mayores precisiones. Que haya tantos partidarios de la pena de muerte es desalentador, pero habría que ver si se refieren a algún caso raro, como el rapto de menores seguido de muerte, o a muchos. Si se trata de pocos casos, no es para alarmarse tanto, aunque discrepemos. Lo mismo podríamos decir del aborto. No lo aprobamos en ningún caso, pero no es lo mismo decir que es propuesto para cualquier circunstancia o en algún raro caso. En cuanto al divorcio, el ideal es casarse para siempre, pero la realidad nos recuerda la debilidad humana."

El estudio, titulado "La fe y los valores del imaginario porteño", fue realizado por la Universidad Abierta Interamericana, que recogió la opinión de 603 personas mayores de 18 años residentes en Capital. Lo primero que confirma es el auge que tiene la religiosidad entre los porteños: casi el 80% se confesó creyente.

Otros datos interesantes surgen cuando las respuestas se desagregan por edad. La generación menos creyente, según la encuesta, es la de los treintañeros, entre quienes el porcentaje de los que creen en Dios cae al 65%. A la inversa, la fe aumenta cuando la edad avanza.

"Se podría inferir que la proximidad de la muerte aumenta la necesidad del sujeto de pensarse trascendente. Pero esta hipótesis se cancela cuando vemos la frecuencia de adhesión a la fe entre los menores de 29: o aún no les llegó el momento del desencanto o la crisis de valores de los últimos años está llegando a su fin de la mano de una generación que retoma los valores de sus abuelos", dice el licenciado Raúl Aragón, al frente de la investigación y del Programa de Estudios de Opinión Pública de la UAI.

Pero los resultados más polémicos se vinculan a un tema que los sociólogos vienen planteando desde hace tiempo: el acelerado proceso de secularización que se evidencia en la sociedad. Al indagar sobre la vigencia de posiciones o convicciones que, según recita el imaginario popular, estarían reñidas con cualquier adhesión religiosa, encontraron que el 87% de los encuestados está de acuerdo con el divorcio; que el 63% está a favor del aborto; que también está de acuerdo con el aborto el 55% de los creyentes; y que el 51% de todos los encuestados respalda la pena de muerte.

Una proyección de esas cifras revela que el 68% de los creyentes está a favor del divorcio y que el 40% de ellos avala la aplicación de la pena de muerte.

Las razones que habilitan la convivencia entre ser creyente y desoír ciertas normas son una incógnita. "La fe sigue vigente, pero las interpretaciones que hacen las instituciones religiosas respecto a lo que es vivir la fe y practicar un rito están alejadas de las condiciones de vida de los porteños, no tienen que ver con su realidad y eso genera una ruptura", sostiene Aragón.

El sociólogo Fortunato Mallimacci habla de un marcado proceso de desinstitucionalización y apropiación personal de la fe. "La mayor secularización no supone una descomposición de lo religioso sino una reestructuración de lo que significa creer: hoy, creer no es pertenecer.

El antropólogo Alejandro Frigerio, investigador del Conicet, asegura: "La gente cree y, sin embargo, hace décadas que no adhiere a la ortodoxia religiosa. Lo que probablemente había antes era un conformismo tácito: si alguien no estaba de acuerdo con ciertas normas no lo manifestaba porque quedaba mal ir en contra de algunas posiciones. Eso cambió con el retorno democrático, cuando todos empezamos a expresar diferencias con menos temor a ser juzgados".

El relevamiento se hizo entre el 21 y el 25 de agosto, una semana en la que aborto e inseguridad ocuparon la agenda pública. Para Frigerio, estos llamativos porcentajes, "se dan en un contexto en que hubo un fuerte debate en torno al aborto de chicas discapacitadas mentales que habían sido violadas y en el marco de una ola de inseguridad, real o mediática", dice.
La gente cree más de lo que pertenece porque se ha roto la ligazón entre adhesión y participación".

http://www.clarin.com/diario/2006/08/31/sociedad/s-02801.htm

LEY DE CULTOS

23.04.2006 | Clarin.com | Zona

REPORTAJE AL SECRETARIO DE CULTOS, GUILLERMO OLIVERI

"En la gestión del presidente Kirchner todas las religiones son iguales"

Clarín.com

Desde que Néstor Kirchner asumió el poder, las riendas de la Secretaría de Cultos de la Nación están en manos diferentes a las que solían conducir esta área más que sensible en la relación del Gobierno con la cúpula eclesiástica.

El secretario de Culto, Guillermo Oliveri, militó en la Juventud Universitaria Peronista en los 70, estuvo preso en la ESMA durante la dictadura y hoy se define como "católico no practicante" y "defensor acérrimo de la libertad religiosa". Y su segundo, el abogado Alejandro Grossman, es judío, algo inédito en ese cargo.

"Queremos un cambio profundo de la Ley de Cultos —que es de la época de Videla— y de otras normas que también fueron promulgadas bajo dictaduras, porque tienen exigencias discriminatorias que chocan con tratados internacionales incorporados a la Constitución", anticipó Oliveri a Clarín. La tarea ya comenzó: el año pasado, una nueva reglamentación de la Ley de Cultos eliminó requisitos de inscripción "incompatibles con los derechos constitucionales".

¿A qué apuntan los cambios que propone la nueva ley?

—Queremos cambiar el paradigma que supone: nos gustaría desterrar la desconfianza hacia los cultos no católicos, respetar la libertad religiosa y promover la convivencia de todos los credos.

¿La ley actual hace algunas concesiones al culto católico, ¿serán modificadas?

—La Constitución establece el sostenimiento del culto católico y se respetará ese mandato. Pero hay decisiones de gobierno en las que antes la Iglesia tenía injerencia y no nos parece justo. Hay y habrá espacios de diálogo, pero no de connivencia. Defendemos la libertad religiosa en el marco de la defensa y promoción de los derechos humanos y, desde ese lugar, todas las religiones son iguales para esta gestión.

¿Hubo ya treinta intentos frustrados de cambiar la Ley de Cultos. ¿Qué probabilidades ve usted de que esta vez se logre?

—Hace más de un año que estamos discutiendo el proyecto con los distintos credos, y se están escuchando todas las propuestas. Queremos encontrar la mejor ley para todos los cultos, no sólo para uno. Todavía se está puliendo el proyecto. Después, deberá ser considerado por el Presidente.

¿Cuáles serán los cambios?

—En la ley de Videla todo gira en torno al control social. Los cultos debían inscribirse y tener un reconocimiento oficial para poder funcionar. Queremos eliminar esa desconfianza, volver voluntaria la inscripción y crear una personería jurídica cuyo objeto sea el religioso.

¿La nueva ley estaría este año?

—No lo sé, estamos trabajando en el proyecto. Hay una férrea voluntad de caminar en esa dirección. En Argentina hay mucho diálogo interreligioso, algo poco frecuente en otros países. Es un valor de nuestro país que queremos estimular.

¿Qué puede hacer el Estado cuando se denuncian abusos por parte de grupos religiosos?

—El Estado no puede intervenir si no hay una denuncia penal previa. Pero desde el 2003 no tenemos denuncias ni bajas por problemas legales. Ahora, si usted pregunta por las "sectas", le recuerdo que en general no se inscriben en el Registro.

http://www.clarin.com/suplementos/zona/2006/04/23/z-03401.htm

2006-08-30

EL SACERDOTE CATÓLICO, GRASSI FRENTE A CARGOS DE ABUSO SEXUAL Y MALVERSACIÓN DE FONDOS

SOCIEDAD
ABUSO SEXUAL DE MENORES
EL SACERDOTE CATÓLICO, GRASSI FRENTE A CARGOS DE ABUSO SEXUAL Y MALVERSACIÓN DE FONDOS EN LA FUNDACIÓN FELICES LOS NIÑOS

El país/ www.pagina12.com.ar
Miércoles, 30 de Agosto de 2006
RENUNCIARON CUATRO ABOGADOS DE GRASSI. DENUNCIA POR PAGOS ILEGALES
Más que defensa, una diáspora
Cuatro de los cinco abogados del cura renunciaron a su defensa. El único que queda seguiría el mismo camino. Grassi optaría por un defensor oficial, con asesoramiento de Telleldín. La Justicia investiga una denuncia por pagos irregulares a abogados con fondos de la Fundación Felices los Niños.
Por Raúl Kollmann

Julio César Grassi adoptó a Carlos Telleldín como uno de sus asesores de mayor confianza.
Cuatro derrotas consecutivas pusieron al padre Julio César Grassi contra las cuerdas y ayer se quedó sin sus principales defensores. Los cuatro abogados del sacerdote que tenían un papel protagónico, Laura Fechino, Adriana Novello, Luis Osler y Adrián Maloney, presentaron su renuncia y al anochecer en la página de Internet del sacerdote se informaba que Jorge Sandro, que fue penalista, entre otros, de Alfredo Yabrán, queda como único letrado de la defensa.
Otra versión indicaba que Grassi se inclinaría por un defensor oficial que, a su vez, sería asesorado por Carlos Telleldín, el hombre que resultó el principal imputado en la causa AMIA, estudió Derecho en la cárcel y tras ser absuelto ejerce la abogacía.
Telleldín tiene estrecha relación con Grassi, ya que uno de sus hijos estuvo en la Fundación Felices los Niños durante los años de prisión de El Enano, como le decían a Telleldín.
Los ex abogados de Grassi mantuvieron ayer su hermetismo y no quisieron explicar por qué renunciaron. Anoche se manejaban distintas versiones. Que una parte de la defensa renunció por una denuncia de cobro irregular de cheques provenientes de la Fundación, otros dicen que dieron el paso al costado porque ya Telleldín ejercía demasiada influencia en Grassi y, por otro lado, se menciona que esas cuatro graves derrotas de los últimos tiempos ponían a Grassi en situación muy difícil de cara al juicio oral, por lo cual hubo una especie de pase de facturas y un desgaste en la relación con el cura.

Hace seis meses, la defensa de Grassi cantaba victoria. Consideraban que el juicio oral conduciría inevitablemente a la absolución del sacerdote. Sin embargo, cuatro derrotas consecutivas cambiaron el escenario en forma total:

- Lo más reciente y más grave para los defensores fue el desplazamiento del Tribunal Oral Criminal número 4, integrado por los jueces Pedro Rodríguez, Carlos Torti y Rodolfo Castañares. La fiscal Sandra Míngolo tuvo la iniciativa en la recusación y la Cámara de Garantías le dio la razón apartando al tribunal por prejuzgamiento, es decir por jugar a favor de Grassi, admitiendo medidas que lo beneficiaban y bloqueando otras que lo perjudicarían. Desde ayer, el juicio oral quedó en manos de un nuevo tribunal, el número 1, integrado por Luis María Anduela, Jorge Eduardo Carrera y Mario Daniel Gómez (ver página 2).

- Un giro trascendente en el caso fue adelanto de Página/12: el joven Luis Gutiérrez, que integró el entorno del cura y que figuraba en una causa en Santa Cruz como abusado por Grassi, declaró ante una fiscalía de Morón que dos veces el sacerdote lo llevó a su cama para hacer juegos sexuales. Gutiérrez, que hasta ese momento era el principal testigo a favor de Grassi, luego dio una lista de otros jóvenes que pasaron por lo mismo.

- Otro golpe a la defensa del cura también fue revelado por este diario: en una causa civil existente en Santa Cruz, el sacerdote aceptó realizarse una pericia psiquiátrica cuyos resultados fueron totalmente negativos para él, al punto que se lo equipara con el perfil de un “delincuente sexual”. Esa pericia iba camino a ser admitida como documento en la causa principal de Morón.

- Por último, el joven Gabriel, que aparecía testimoniando los abusos en su contra en el informe de Telenoche Investiga que dio origen a toda la causa, supuestamente había firmado su renuncia a ser parte querellante y se perdía entonces a un acusador fundamental. Sin embargo, representado por el abogado Eduardo Valdés, Gabriel se presentó otra vez en el expediente y sostuvo que le hicieron firmar la renuncia con un engaño. Reiteró su voluntad de ser tomado como parte en el juicio contra Grassi y eso lo debe resolver la Cámara de Casación. También el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, con Juan Pablo Gallego a la cabeza, pidió a la Casación ser tenido como parte en el proceso. Todos estos cambios fueron desfavorables para Grassi y, según parece, este motivo y otros provocaron ayer la renuncia de los defensores, aunque los letrados sólo dijeron que dan un paso al costado por razones personales y creyendo en la inocencia del cura.

En ese terreno de la defensa, ayer se produjo otra novedad de importancia. Valdés, el abogado de Gabriel, presentó hace varios meses una denuncia por manejo irregular de fondos de la fundación Felices los Niños, en concreto por el desvío de cheques destinados a pagar carne para los chicos hacia una cuenta a nombre de Viviana Galli, madre de la (ahora ex) defensora de Grassi Laura Fechino. Valdés descubrió que tres cheques, por valor de 23.000 pesos, librados a favor del Frigorífico Cañuelas, nunca llegaron a ese proveedor de carne de la Fundación, sino que habrían servido para pagar la defensa del sacerdote. Según parece, en la misma situación se detectaron otros treinta cheques por un monto que rondaría los 600.000 pesos.

Ayer fue citado a la Fundación el dueño del Frigorífico, Rubén Barga, quien declaró que él nunca recibió ninguno de esos cheques, que las firmas de endoso le resultaban desconocidas y que por lo tanto existía una maniobra irregular de derivación hacia la defensa de Grassi de fondos destinados a la comida de los chicos. Hasta el momento siempre se dijo que los gastos de abogados eran pagados por empresarios que respaldan al sacerdote, no por la Fundación, que no podría hacerlo en forma legal ya que tiene sus propios abogados, por lo que se habría optado por esa forma encubierta de sacar fondos. En el encuentro de ayer a las 14 en Felices los Niños, Barga anunció que ante la justicia contaría la verdad: que no recibió los cheques ni los endosó. En la mira quedó entonces el estudio que encabezan Novello y Fechino, esencialmente porque según la denuncia de Valdés ante la Fiscalía general, los cheques fueron depositados en la cuenta de la madre de Fechino. Este diario se comunicó con ambas letradas, pero no hubo respuesta a las llamadas.

Otro factor de choque en la defensa de Grassi fue la irrupción con un papel protagónico de Telleldín. El Enano afirma que no es defensor, sino amigo de Grassi, a quien le está agradecido por haber recibido a su hijo mientras él estaba en la cárcel. De todas maneras, mediáticamente Telleldín apareció en escena e incluso hizo comentarios sobre la vida sentimental de los defensores, lo que provocó gran malestar. No faltó quien deslizó que en los últimos tiempos Grassi escuchaba más a Telleldín que a sus abogados. En un diálogo que este diario mantuvo con un hombre del estudio en el que revista Maloney no se quisieron dar explicaciones por la renuncia: “La relación con Grassi se desgastó. Entendimos que habíamos cumplido un ciclo y él está ahora en libertad para tomar otras determinaciones. Respecto del vendedor de autos (Telleldín) tenemos que decir que no lo conocemos, nadie nos pidió que trabajáramos con él en la defensa y no lo hubiéramos hecho. Tampoco recibimos cheques de la Fundación: tuvimos quién pagara nuestros servicios”.

Tras la renuncia de los principales abogados, quedó como único defensor el conocido penalista Jorge Sandro. El letrado figura como designado en la causa desde el principio, pero hace muchísimos meses que no firma ninguno de los escritos presentados en el expediente. Estaba casi apartado. Y lo cierto es que no queda para nada claro que se vaya a hacer cargo de la defensa. El rumor más extendido es que Grassi recurriría a un defensor oficial, pero asesorado por Telleldín o algún otro abogado. Todo esto está por verse.

Como se sabe, el sacerdote está acusado por abuso deshonesto, corrupción de menores y amenazas, a raíz de las denuncias que hizo públicas el 23 de octubre de 2002 el programa Telenoche Investiga, donde se pusieron al aire los relatos de dos menores, Gabriel y Ezequiel. Tras un largo proceso en el que Grassi acusó a la Justicia de Morón de perseguirlo, finalmente eljuicio oral y público se iba a iniciar el 3 de octubre pasado. Sin embargo, la recusación de la fiscal contra los jueces por presunta parcialidad impidió el inicio de las audiencias y ahora éstas estarán en manos de un nuevo tribunal que deberá tomar una serie de decisiones de la máxima importancia. Entre ellas, si continúa con el proceso donde lo dejó el Tribunal Oral número 4, si espera las resoluciones de Casación –algo que es inminente– y si cita a una nueva audiencia para definir las medidas de prueba a tomar antes de iniciar el juicio.

2006-08-29

FRENTE LA DISCRIMINACIÓN EL DERECHO A UNA ATENCIÓN PÚBLICA Y GRATUITA

SOCIEDAD
LEGISLACIÓN
PRO DECIDIR

Martes, 29 de Agosto de 2006

COMPROMISO DE CIUDAD Y PROVINCIA ANTE ORGANIZACIONES DE MUJERES

A reglamentar el aborto no punible

El ministro de Salud porteño anunció que en diez días tendrá un proyecto de resolución para que los médicos sepan cómo actuar en casos como el de L.M.R. También lo hará su par bonaerense.

Por Mariana Carbajal

Organizaciones de mujeres reclamaron ante los ministerios de Salud de la ciudad y bonaerense.

El ministro de Salud porteño, Alberto de Micheli, se comprometió ayer a reglamentar, a través de una resolución, la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos de la ciudad para que los médicos sepan cómo actuar ante casos como el de L.M.R. y el de la joven mendocina y tengan garantías de que no serán criminalizados. En diez días, anunció, estará listo un borrador del texto. Paralelamente se estudiará la apertura de un registro de objetores de conciencia para los profesionales que se nieguen a interrumpir un embarazo en el marco de las excepciones previstas en el Código Penal. De Micheli hizo el anuncio al recibir en su despacho a una decena de integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal.

Militantes feministas que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se concentraron ayer frente a los ministerios de Salud de distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires con el mismo reclamo: que se deje asentado en una resolución que los médicos no exijan autorización judicial para practicar un aborto no punible.

El otro aspecto que se pidió es que se haga una interpretación amplia del inciso 2º del Código Penal, en el mismo sentido que lo hicieron la procuradora general de la provincia, María del Carmen Falbo, y algunos de los jueces de la Suprema Corte bonaerense al dictaminar en el caso L.M.R.: es decir, que se considere como “no punible” toda interrupción voluntaria de un embarazo producto de una violación y no sólo cuando se trata de una mujer con una discapacidad mental.

El ministro porteño afirmó que se tendrá en cuenta el primer punto del reclamo, pero dijo no poder garantizar que la normativa alcance a todos los casos de violación. De Micheli asumió el compromiso ante una delegación de mujeres de distintas organizaciones que se concentraron antes del mediodía frente al Ministerio de Salud de la ciudad, en Pellegrini 313, con pañuelos verdes, símbolo de la lucha por la despenalización del aborto en el país.

El funcionario consideró necesario crear un registro de objetores de conciencia. “Así no tendremos que andar corriendo para buscar un médico que lo haga (al aborto) y tenemos claro quiénes van a cumplir con esa reglamentación”, opinó durante el encuentro con integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. “Una reglamentación en la ciudad puede alentar a las provincias a seguir el mismo camino”, evaluó De Micheli.

En La Plata, las manifestantes de pañuelos verdes estuvieron acompañadas por la adolescente L.M.R., su madre Vicenta y su hermana Verónica. Y fueron recibidas por el ministro de Salud bonaerense, Claudio Mate. Como su par porteño, Mate también se comprometió a dictar una resolución que reglamente la atención de los abortos no punibles en el ámbito de la provincia. “Salimos muy satisfechas de la reunión”, dijo a Página/12 Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA. Díaz fue quien acompañó a L.M.R. y a su familia a la clínica privada donde finalmente le interrumpieron el embarazo a la adolescente de Guernica. A diferencia del ministro porteño, que prometió tener un borrador del texto en diez días, Mate no dio plazos. “Nos dijo que se va a poner a trabajar en el tema”, apuntó Díaz.

La reunión con De Micheli se extendió por más de una hora. El funcionario porteño recibió a la delegación feminista junto con la titular del Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la ciudad, Margarita Berkenwald. Participaron del encuentro la abogada Dora Coledesky, de la Comisión por el Derecho al Aborto; las ex diputadas María Elena Barbagelata y María José Lubertino; la ex legisladora porteña Clori Yelicic; Elsa Schvartzman, del Foro por los Derechos Reproductivos; Malena Haboba, de la Red de Mujeres Solidarias; Cecilia Lipszyc, de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer, y dirigentes de Pañuelos en Rebeldía y Amas de Casa del País. “Fue una reunión positiva. Nos recibió el ministro y nos vamos con algunos compromisos”, evaluó Lubertino. “Tendremos que esperar a ver los hechos”, acotó Coledesky. En la puerta de Pellegrini 313 esperaba un centenar de manifestantes de distintas organizaciones con cánticos y carteles a favor de la despenalización del aborto. “¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!”, entonaban. “Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, reclamaban algunas pancartas. Aprovecharon la movida para seguir sumando firmas en favor de la despenalización: ya han recolectado más de 50 mil. “No es una cuestión de religiones. Lo que han hecho los que se opusieron al aborto de la chica de La Plata y de Mendoza es una barbaridad”, comentaba una trabajadora social, Lucía Correa, de 67 años, que pasaba por allí y aceptó firmar en “acuerdo con la legalización del aborto”.

El compromiso de reglamentar rápidamente la atención de los abortos no punibles fue aprobado en la calle con un fuerte aplauso.


www.pagina12.com.ar

2006-08-28

Transparencia Intenacional, Pro vida = ??

Demanda ciudadana por transparencia y rendición de cuentas en el presupuesto, México

http://www.internationalbudget.org/resources/boletin23.htm

En la discusión presupuestaria para el ejercicio 2003, la Cámara de Diputados otorgó recursos presupuestales adicionales por 600 millones de pesos para salud de las mujeres y otros programas. De esta cantidad fueron extraídos arbitrariamente 30 millones para otorgárselos a la organización privada “Pro-Vida”, para instalar y reforzar "Centros de Ayuda para la Mujer". Estos recursos, originalmente, se habían etiquetado para el combate y prevención del VIH-SIDA.
A partir de este hecho, seis organizaciones de la sociedad civil iniciaron una investigación, que comenzó documentando la irregularidad que llevó a cabo el diputado Luis Pazos, Presidente de la Comisión de Presupuesto, excediendo sus facultades. A pesar de que se inició una labor de búsqueda de información para documentar esta irregularidad, la poca transparencia del poder legislativo no permitió tener acceso a todos los documentos necesarios.
Con la entrada en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en junio 2002, fue posible obtener la siguiente información:

  • La confirmación por parte de la Secretaría de Hacienda de la asignación de 30 millones de pesos al Comité Nacional Pro-Vida AC.
  • La solicitud de recursos que Pro-Vida presentó a la Secretaría de Salud el día 3 de diciembre del 2002.
  • El convenio firmado entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el Comité Nacional Pro-Vida AC.
  • El reporte financiero y el de impacto social de los recursos ya ejercidos.
  • El expediente financiero con 6525 hojas con copias de las facturas que amparan el gasto de los 30 millones.
  • La confirmación por parte de la Secretaría de Salud, de que en 2004 se habían asignado otra vez 30 millones a Pro-Vida.

Debido a que los recursos del 2003 ya se habían ejercido, las organizaciones decidieron indagar en qué se habían gastado. Las conclusiones de la auditoria ciudadana apuntaban a una clara malversación de recursos públicos.
Más del 80% de los recursos se utilizaron para contratar a tres empresas: una de publicidad, una importadora de inmobiliario y equipo médico y un salón de fiestas. Estas tres empresas están ligadas con Pro-Vida, compartiendo dirección, teléfono y director administrativo. En sus facturas hay irregularidades graves, tales como el hecho de que se adquirieron productos en julio, con facturas impresas en octubre del mismo año. Adicionalmente, se pudo documentar la compra de plumas, ropa y despensas de lujo.
Se dieron a conocer a la opinión pública los resultados de la auditoria y se lanzó una campaña de transparencia, respaldada por más de 700 organizaciones a nivel nacional. En esta campaña se exigió:

  • Que la Secretaría de Salud explique públicamente las razones de financiar a una organización privada que contradice las políticas públicas de salud.
  • Que se auditen los recursos y se deslinden responsabilidades;
  • Que se exija la devolución de los 30 millones y su reintegración al presupuesto del VIH/SIDA; y,
  • Que el Poder Legislativo legisle respecto a los vacíos legales que permiten ese tipo de discrecionalidades en la asignación y ejecución del presupuesto.

Se logró un exitoso impacto a nivel nacional en los medios de comunicación: durante dos semanas la campaña fue el centro de la noticia, saliendo en más de 10 periódicos, 20 noticieros radiofónicos y 7 noticieros televisivos, como la noticia principal. El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad dos puntos de acuerdo, en los cuales:

  • Se solicitó a comparecer al Secretario de Salud.
  • Se solicitó acelerar la auditoria oficial que se está llevando a cabo.
  • Se aprobó la conformación de una comisión especial bicameral para que investigue el caso desde sus inicios.

Además:

  • La Secretaría de Salud solicitó la devolución de los 30 millones.

  • La Secretaría de Salud canceló el contrato que tenía con el Comité Nacional Pro-Vida, suspendiendo así los recursos para el 2004 y 2005.

La experiencia del monitoreo ciudadano está siendo analizada y comentada por los intelectuales más destacados del país y se convirtió en un tema de conversación de la población sobre el uso de los recursos públicos provenientes del pago de impuestos. Las organizaciones coordinadoras de la campaña decidieron continuar con dicho ejercicio ciudadano, ahora dedicando nuestros esfuerzos al seguimiento de los acuerdos logrados tanto con el Poder Legislativo como del Ejecutivo (Secretaría de Salud y Contraloría Interna).

TRANPARENCIA INTERNACIONAL, PRO VIDA = ?

CORRUPCIÓN
PRO VIDA, ONG
Caso Provida, en el Informe 2006 de Transparencia Internacional


Criterios.com |
Publicado el 2006-02-01 14:51:23

La corrupción afecta las políticas de salud en México

México, 1 Febrero.- El escándalo de Provida, donde el gobierno de
Vicente Fox desvió 30 millones de pesos, es usada por Transparencia Internacional en su Informe Global de la Corrupción 2006 como una muestra de la corrupción que afecta las políticas de salud y las prioridades de gastos y cómo los funcionarios públicos han abusado del poder para desviar fondos hacia sus proyectos "favoritos", independientemente de su coherencia con políticas sanitarias consensuadas.

Bajo el título 'Auditoría Ciudadana' en México revela los caminos de la corrupción, Helena Hofbauer, directora ejecutiva de Fundar de México afirma en el Informe Global de la Corrupción 2006 que a fines de 2002, cuando se discutía el presupuesto de 2003, el Congreso mexicano anunció un desembolso de 600 millones de pesos (US$ 56,5 millones) de fondos adicionales para programas que promovieran la salud de la mujer. El Presidente de la Comisión de Presupuesto envió instrucciones a tal efecto al Ministerio de Salud. Se incluía una declaración que establecía que 30 millones de pesos (US$ 2,8 millones) debían ser reasignados a una organización privada, Provida, como parte de la iniciativa para la salud de la mujer.

Recuerda que originalmente, la suma había sido asignada a campañas de salud pública para VIH/SIDA. Seis organizaciones mexicanas de la sociedad civil (OSCs) – Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana; y Salud Integral para la Mujer –lanzaron una investigación de porqué había sido alterado el presupuesto. Las seis se embarcaron en una investigación que llevó mucho tiempo y acabó durando 18 meses durante los cuales se documentaron irregularidades evidentes. Muchos de los esfuerzos de las OSC fueron posibles porque México implementó una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en junio de 2002.

Las organizaciones descubrieron un pedido de fondos que Provida presentó al Ministerio de Salud el 3 de diciembre de 2002 por 30 millones de pesos, así como también una confirmación de los Ministerios de Economía y Salud para que 30 millones de pesos fueran otorgados a la comisión nacional de Provida. También descubrieron el acuerdo firmado entre el administrador de becas y Provida, un informe de impacto social y financiero presentado por Provida sobre el uso de los recursos y un archivo financiero de 6.525 páginas con facturas que detallaban como se habían gastado los 30 millones de pesos.

Con este conocimiento, las OSC comenzaron a seguir su propio camino de auditoría, de cómo Provida había gastado los 30 millones de pesos de los contribuyentes en 2003. Encontraron pruebas de uso indebido y
corrupción. Más del 80% de los fondos fueron utilizados para contratar servicios de firmas de relaciones públicas para trabajos tales como una campaña contra el suministro de anticonceptivos de emergencia para
las mujeres. También se pagó dinero a una agencia importadora de instrumental médico con sobre-precios, y se alquiló un salón de fiesta. Las dos empresas y el dueño del salón de fiesta compartían con Provida la dirección, números de teléfono y director administrativo.

Las OSC también descubrieron que Provida había comprado lapiceras de lujo, ropa y mercaderías con algo de los fondos. Los documentos presentaban serias incoherencias fiscales. Recibos con fecha de octubre de 2003 de productos adquiridos en Julio de 2003. Además, las OSC hicieron algunas observaciones sobre violaciones en los procedimientos que habían tenido lugar. Primero, el presidente de la Comisión de Presupuesto no puede hablar por el plenario, ni dar instrucciones al Ministro; segundo, el Congreso no puede asignar dinero a organizaciones privadas, especialmente si se ha extraído de los programas públicos; tercero, el Ministerio de Salud sólo puede desembolsar recursos para ONG a través de un proceso público abierto,
luego de pedirvarias ofertas; y cuarto, la postura radical de Próvida se contradice con políticas significativas de salud pública de México dado que se opone activamente a la prevención del VIH/SIDA mediante el uso de condones, y rechaza sistemáticamente el derecho al aborto otorgado a mujeres violadas.

Con esta evidencia condenatoria, las OSC divulgaron su 'auditoría ciudadana' en una conferencia de prensa en junio de 2004 en la que lanzaron una campaña pidiendo la transparencia y responsabilidad, apoyadas por 700 ONG de México. La campaña solicitaba que el Ministerio de Salud explicara públicamente sus razones para financiar una organización privada que abogaba por políticas de salud contrarias al gobierno; que el gobierno llevara a cabo una auditoría oficial de los 30 millones de pesos y aclarara la responsabilidad de los
funcionarios del gobierno involucrados y la del representante legal de Provida; que se devolvieran los 30 millones de pesos al presupuesto del estado; y que se originara e implementara la legislación necesaria
para evitar trasgresiones similares con dinero del gobierno.

La campaña se convirtió en foco de atención nacional, golpeando a los titulares de los medios mexicanos durante un mes. Como resultado de la creciente presión del gobierno, el Congreso votó unánimemente en julio de 2004 convocar al Ministro de Salud para explicar el uso de los 30 millones de pesos y apresurar la auditoría oficial en curso. Poco tiempo después, el ministro pidió la devolución de los 30 millones de
pesos y canceló el contrato con Provida, suspendiendo la distribución de fondos adicionales a la organización durante 2004.

En septiembre de 2004, el Contralor Interno, responsable de iniciar las auditorías dentro del Poder Ejecutivo del gobierno, emitió los resultados de la auditoría oficial, que corrobora las irregularidades identificadas por las OSC. A fines de marzo de 2005, la fecha permitida más temprana, el Auditor General (del Poder Legislativo) también emitió los resultados del caso. Pero el informe del Auditor General iba aún más lejos, y establecía que el 90% del dinero que recibió Provida del gobierno fue utilizado de manera inadecuada. Por lo tanto, el Senado pidió que se iniciara un proceso judicial contra Próvida y sus representantes legales.

En abril de 2005, el Síndico removió a tres funcionarios de la cabeza del Ministerio del Salud que entregaron los recursos sin un proceso público; e inhabilitó al representante legal de Provida, Jorge Serrano Limón, para ocupar un cargo público y lo multó con 13 millones de pesos. Los 30 millones de pesos no han sido devueltos, la multa no ha sido pagada y el proceso judicial sigue en curso. Sin embargo, las OCS han promovido efectivamente la causa por mayor transparencia de modo importante. Demostraron el importante rol que las OSC pueden cumplir para que el gobierno se haga responsable, utilizando el marco legal del país. En particular, mostraron el valor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en la promoción de procesos que no hubieran sido posibles tres años atrás. Esta fue la primera vez que las OSC
rastrearon la mala asignación de recursos y su uso corrupto en todo el proceso del presupuesto. Fue posible identificar lo que había sucedido, auditar la ejecución de los recursos y alcanzar la etapa de supervisión del proceso para buscar la compensación. El mal uso de los recursos y la corrupción destacados por las OSC fueron confirmados por las instituciones oficiales y hubo acciones posteriores Se sentó precedente dado que la Ley de Responsabilidad de los Oficiales Públicos (en vigencia desde 1982, con varias reformas) fue aplicada
por primera vez a un individuo (Serrano Limón), quien hizo un uso indebido de los recursos públicos.

Fueron enfatizadas las inconsistencias entre las políticas de salud públicas y las actividades de Próvida, y los centros de salud que se deberían haber construido y gestionado con los 30 millones de pesos han sido desde entonces supervisados cuidadosamente para asegurar prácticas legítimas.

La unidad administrativa del Ministerio de Salud responsable de la distribución de los recursos entre las OSC revisó sus políticas y por primera vez, sus procedimientos son de dominio público.

PRO VIDA = ?

QUIÉN ESTÁ DETRAS DE PRO VIDA?

LOCURA AMERICANA, LA ULTRADERECHA Y BUSH

Por: Edgar González Ruiz

"El gobierno de Bush ha otorgado una influencia desmesurada a pequeñas organizaciones que forman parte del entramado 'pro life' como es el llamado Population Research Institute, fundado como una rama de Human Life y presidido por Steve Mosher, quien además promueve ideas de agresión militar contra China. Ese 'Instituto de Investigación sobre Población' se dedica, igual que Human Life, a 'denunciar' a ONGs y dependencias gubernamentales de todo el mundo que promueven la anticoncepción o la educación sexual. Han sido blanco de sus ataques el Consejo Nacional de Población, de México, así como el Fondo de Población de Naciones Unidas. En 2002, el presidente Bush decidió negarle recursos por 34 millones de dólares a la UNFPA, sobre la base de una denuncia que había hecho PRI de que el Fondo de Población de la ONU usaba el dinero para apoyar los abortos forzados y esterilizaciones en China.

Otra de las organizaciones Provida y ProBush es la National Abstinence Clearinghouse, que se autocalifica como la mayor organización mundial dedicada a defender la abstinencia sexual, y cuyo 'esfuerzo comprometido' elogiaba Bush en julio de 2001. Coincidiendo con ese grupo, afirmaba que 'La abstinencia es la única forma eficaz e infalible de eliminar el riesgo de infectarse con el VIH... es 100% segura, 100% eficaz, el 100% del tiempo.'

Asimismo, personajes de la derecha religiosa, como Jerry Falwell, quien se proclama fundamentalista y hace décadas fue fundador de Moral Majority, que en 1980 decía contar con casi medio millón de miembros, han querido hacer de Dios un cómplice de guerras y agresiones. Luego de los atentados del 11 de septiembre, Falwell acusaba de ellos nada menos que a liberales, ateos, feministas y 'abortistas', a quienes calificaba como 'enemigos de Norteamérica'. En un programa de televisión, Falwell explicó que la divinidad había permitido esos hechos pues le 'daba rabia' el alto índice de abortos, así como las tentativas de secularizar Norteamérica.

También simpatizan con Bush sectores radicales del exilio cubano, que desde hace tiempo han establecido vínculos con la CIA, e incluso hay casos de destacados ex-nazis que han estado cercanos a varios miembros de la familia Bush. Uno de ellos fue el húngaro Laszlo Pastor, quien en la Segunda Guerra Mundial formó parte de los cuadros pronazis de su país, al que representó ante Alemania. Pastor fue colaborador de la campaña Bush-Quayle, en 1988, de la que tuvo que ser despedido luego de que se denunciaron públicamente sus antecedentes.

Este último dato nos recuerda que el ascenso de la ultraderecha estadounidense ha sido un proceso largo. El huevo de la serpiente estaba formado ya durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sectores de Estados Unidos simpatizaban en realidad con las fuerzas del Eje, por ser antisemitas, racistas, autoritarios, militaristas y anticomunistas, si bien los derechistas americanos se identificaban además como cristianos, enemigos del laicismo y promotores de una moral sexual represiva e incluso mojigata. En su novela Los Desnudos y los Muertos (1948), al retratar a varios combatientes americanos de la Segunda Guerra, Norman Mailer hizo notar la presencia de esos rasgos e incluso puso en boca de uno de ellos la profecía de que algún día el espíritu del fascismo triunfaría en Estados Unidos, profecía que parece haberse cumplido.

http://argentina.indymedia.org/news/2004/09/223392.php

LA MORALINA DE LA INQUISICIÓN DEL 2006

Lunes, 28 de Agosto de 2006
OPINION
Los inmorales
Por Eduardo Aliverti
Recorrer estos días noticiosos casi no deja lugar para elegir otro tema.

El cisma de los radicales es un elemento de incidencia nula en el ajedrez dirigente: hace ya bastante que la UCR no tiene nada novedoso que decir ni proponer, como si no bastaran sus fracasos estrepitosos en la conducción gubernamental.

El lanzamiento o medición de Blumberg como candidato electoral de Macri, en la marcha del próximo jueves, tampoco es más que constatar el intento de la derecha por agrupar sus fuerzas. Y el juicio oral a Chabán. O el video sobre las coimas en el Senado. O el intento de abrir el sepulcro de Perón. O la renovada promesa de limpiar el Riachuelo. O el modo en que la interna cordobesa se metió entre Kirchner y De la Sota. O el lanzamiento del Plan Nuclear. Todo eso es una suma noticiosa en la que se entremezclan lo insustancial, lo importante para algunos, que no le cambia la vida a ninguna mayoría o conjunto de la sociedad; y los compromisos anunciados ya una y mil veces y ya una y mil veces no cumplidos: se concede beneficio de inventario, y punto. Sí podría atenderse el llamamiento oficial a no pagar los aumentos de la medicina prepaga, porque tensa hasta dónde aplica el Gobierno su discurso progre y hasta dónde deja a los consumidores a solas con los mastines. Y sí podrían ponerse acentos en la tragedia que viven los pobladores del Chaco afectados por la sequía, y antes que eso por la tala indiscriminada. Pero también se trata de paisajes habituales. En uno porque es la conocida retórica contestataria del kirchnerismo; y en otro porque es la tragedia de los marginados eternos, que sólo aparecen en los medios como artilugio sensiblero.

En cambio, abordar la problemática del aborto, y meterse con las decenas de miles de pobres operadas de forma clandestina y mugrienta, y de las pobres muertas en esas operaciones, y de la hipocresía descomunal de los curas, y de la batalla ideológica ya mismo con los herederos de la Inquisición, contornea un panorama en el que se siente estar abordando algo verdaderamente estructural, presente, urgente y solucionable –al revés de la pobreza y la marginación endémicas– de un modo expeditivo. Las pibas de Mendoza y Guernica son la prueba de que no hay lobby ni amenazas que valgan cuando surge una voluntad con la suficiente fuerza contraria.

El punto de cuándo empieza la vida, de si un embrión es un ser y de a partir de qué instancia podría definírselo como tal, implica consideraciones científicas y filosóficas que exceden o podrían exceder la capacidad de estas líneas. Pero además, no es ésa la intención. Porque un debate vale cuando lo rige la honestidad intelectual, y éste no es el caso. En consecuencia, lo primero que debe hacerse es quitar la paja del trigo para recién después inmiscuirse en otras profundidades.

Los casos de estas pibas fueron una afrenta legal que horroriza, al estar perfectamente tipificado que procedía la interrupción del embarazo sin temer a la incursión en delito alguno. Sin embargo, peor que eso es el grado de autoridad moral de uno de los actores institucionales intervinientes en el debate. Que en realidad no fue debate, sino la lucha de/en los estrados judiciales y la comprensión o conciencia colectivas contra una manga de cavernícolas desaforados que en el nombre de Dios no sólo no atienden razón alguna sino que, como producto de su dogmatismo enfermizo, demostraron estar dispuestos a atravesar el límite del respeto a la vida. No la vida de un feto: la vida concreta de un par de adolescentes ultrajadas, y la de sus familias.

Es lamentable, pero parece necesario insistir con ciertos señalamientos elementales. O quizá no sea tan lamentable porque, gracias a que estas razones se hacen carne en cada vez más gente, debido a su obviedad escandalosa, fue y es que se les puede ganar la guerra a los monstruos. ¿Desde dónde pueden hablar de la vida y de los “inocentes” estos príncipes ensotanados que justificaron al fascismo toda vez que les fue menester? ¿Cuándo emitieron documento alguno condenando a la espeluznante cantidad de sus violadores de menores? ¿Por qué el padre Grassi no les despierta ímpetu acusatorio? Si no quieren aborto, ni forros, ni planificación familiar, ni leyes de procreación responsable, ni ligadura de trompas, ni vasectomía, ni acabar afuera, ni masturbaciones, ni sexo sin amor, ni terminar con el celibato, ¿cuál es el problema de que se refugien en sus catacumbas sin joder a nadie, y felices con el cielo que les espera? ¿Les interesa la defensa de la vida o les importa la defensa de intereses que podrían irse al mismísimo diablo si la extorsión de la culpa dejase de existir? ¿No hacen abortos asépticos y bien pagados en las clínicas de su propiedad y de la clase social que protegen? ¿La ignorancia no es el mejor negocio para asegurarse la clientela? ¿La pobreza no les es funcional? ¿La prédica del sufrimiento no es lo que les garantiza la supervivencia? Si a los oídos del monseñor llega el caso de una adolescente violada y retardada pero de buena familia, ¿el monseñor le tira los perros a la Justicia? ¿Cómo es el Dios ese que grita o calla según las condiciones de riqueza?

Nuevamente: separemos la paja –perdón– del trigo. Bienvenidos el “debate” y la victoria contra estos canallas. Suena feo, muy feo, porque lo que medió fueron tragedias personales y familiares. Pero la sensibilidad y el análisis frío no siempre quedan de la mano. Las pibas de Mendoza y de Guernica fueron un drama y una esperanza.

El drama no hace falta explicarlo. La esperanza sí, un poquito. Sus tragedias terminaron de la mejor manera posible. Y sirvieron para avanzar un paso de frente a un debate sin comillas, en el que puedan quedar afuera los que, por ausencia absoluta de entidad moral, no deben participar nunca más. Más que para ratificar que son el enemigo.

2006-08-27

DÍA DE ACCIÓN POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

El Grupo Estrategias por el Derecho al aborto estará todos los martes de 18 a 20 en la esquina de la confitería del Molino, frente al Congreso, Rivadavia y Callao.
En el barrio de Belgrano, Cabildo y Juramento, los sábados la mediodía habrá una mesa para juntar firmas.

MIERCOLES 28 DE SETIEMBRE
GRAN FESTIVAL DE MUSICA POPULAR
EN PLAZA HOUSSAY ( Avda. Córdoba entre Junín y Uriburu)
DE 17 A 20 hs
EN EL DÍA DE ACCIÓN POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CONDUCCIÓN : LILIANA DAUNES

Actúan: Silvia Palumbo, Lesbianbanda, Q´acelga, TU EX, Bad Sundays, María
Vives, Ciudadvitecos, Patricia Pietrafiesa y varias Murgas…
CIERRE: TERESA PARODI

Contactos para la prensa:
15 5885 3333 – 15 4972 8668 - 15 5468 2416 - 15 5374 8008
estrategias_aborto@yahoo.com.ar

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito,

SOCIEDAD

CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.

Domingo, 27 de Agosto de 2006

LA HISTORIA DE COMO SE HIZO EL ABORTO A LA JOVEN VIOLADA

La campaña por L. M. R.

Estela Díaz, de la CTA, explica cómo se dio contención a la familia, cómo se ubicó un médico que aceptara hacer la intervención y cómo se reunieron los cinco mil pesos que costó. Una verdadera red de apoyo para remediar “una injusticia”.

Por Mariana Carvajal

Por tres semanas, Estela Díaz dejó de lado todas sus actividades personales y laborales para acompañar a la familia de L. M. R. “La ayudamos a que pueda hacer efectivo el ejercicio de un derecho”, dice la secretaria de Género de la CTA sobre el trabajo que se hizo desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Fue en apoyo a la adolescente discapacitada mental de Guernica, para que finalmente pudiera interrumpir el embarazo producto de una violación, en el marco del artículo 86 inciso 2º del Código Penal. En una entrevista con Página/12, esta militante feminista y dirigente gremial reveló las dificultades que tuvieron para conseguir un profesional que hiciera la intervención a pesar de que contaba con el aval de la Suprema Corte bonaerense. “Hubo médicos que nos dijeron que ni por todo el oro del mundo se lo iban a realizar, por el grado de exposición pública que había tenido el caso”, señaló.

Estela Díaz no actuó sola: se movió en articulación con alrededor de un centenar de personas de todo el país que colaboraron en la búsqueda, todas ellas integrantes de organizaciones de mujeres y sociales que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanzada hace más de un año y a la que ya han adherido el ministro de Salud Ginés González García, Cipe Lincovsky, Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, Teresa Parodi, Attaque 77, Kevin Johanssen, Adrián Paenza, Felipe Pigna, Eva Giberti, Soledad Villamil, Soledad Silveyra, Julio Bocca y muchísimas personalidades más del mundo de la cultura, político, social y estudiantil.

“Después del caso de L. M. R. y el de la joven mendocina, quedó clara la imperiosa necesidad de que las autoridades sanitarias reglamenten el acceso a los abortos no punibles previstos por la ley”, consideró la dirigente de la Central de los Trabajadores Argentinos. Con ese reclamo –entre otros– las entidades que forman parte de la Campaña Nacional se concentrarán mañana a partir de las 11 frente a los ministerios de Salud de cada provincia y de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

La interrupción del embarazo a la adolescente de Guernica costó 5000 pesos que se cubrieron con dinero recaudado en el movimiento de mujeres, con aportes voluntarios individuales llegados de distintos puntos del país. Estela Díaz se encargó de acompañar personalmente a la familia de la jovencita a la clínica privada donde se llevó a cabo el procedimiento, cuya dirección es un secreto. “El médico aceptó con la condición de que nunca se dé a conocer ni su nombre ni la provincia donde está la clínica donde la atendió”, apuntó y cuestionó la actitud de los sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica que hicieron lo posible por impedir el aborto tanto en el caso de L. M. R. como en el de Mendoza. “Esas posiciones fundamentalistas no hacen otra cosa que expresar intolerancia. Terminan protegiendo a los violadores como han hecho con los curas abusadores que son apañados y no reciben condena dentro de la misma Iglesia.”

–¿Por qué se acercaron a la familia de L. M. R.?

–Mientras el caso estuvo en la Justicia desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto no tuvimos contacto con la familia. Una vez que falló la Suprema Corte bonaerense avalando el aborto suponíamos que se iba a hacer efectiva la interrupción del embarazo, como ocurrió en junio de 2005 con un pedido de aborto terapéutico que también fue autorizado por el mismo tribunal de la provincia. Pero cuando el Hospital San Martín se negó a hacerlo y esta negativa fue avalada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires, resolvimos que era necesario conocer qué quería hacer la mamá, si quería seguir adelante con el embarazo o persistía en su decisión de interrumpirlo. Es ahí cuando nos acercamos a Vicenta y nos manifiesta su enojo y amargura. Ella y su otra hija, Verónica, estaban convencidas de que el Comité de Bioética las habían engañado, que les habían mentido para impedir que L. M. R. pudiera cumplir con el derecho que tenía de abortar. Incluso, tenían dudas sobre el tiempo de gestación del embarazo que les habían dicho. Entonces la acompañamos a hacer otra ecografía. Se la hicieron el 10 de agosto y demostró que recién en esa fecha, y no el 2 de agosto, estaba de 20 semanas. Con esa información y la decisión firme de Vicenta de interrumpir el embarazo de su hija, decidimos que íbamos a tratar de ayudarla para que la chica pudiera acceder a su derecho.

–¿Qué puede decir ahora de la decisión del Comité de Bioética del Hospital San Martín que alegó que no se podía interrumpir ese embarazo?

–Quedó claro que cedió a presiones y en realidad hubo una objeción de conciencia encubierta de toda la institución. La vida de L. M. R. no corría peligro como se demostró. Ella salió caminando de la clínica y volvió a sonreír. Pero hay que decir que fueron muy preocupantes las declaraciones que hizo el ministro de Salud, Claudio Mate, en un reportaje que publicó Página/12 donde dijo que no podía garantizar que un médico que practicara un aborto no punible no fuera criminalizado. El es quién debe garantizar que se pueda acceder a ese derecho y que la ley se cumpla. Por eso es fundamental que en cada provincia se reglamente el acceso a los abortos legales previstos en el Código Penal, para que los casos de Mendoza y Buenos Aires no se repitan.

–¿Qué debería incluir esa reglamentación?

–Debe ser muy clara. Ya lo dijeron la corte bonaerense y la de Mendoza: en estos casos no es necesaria una autorización judicial. Se debe respetar la decisión de la persona que pide el aborto no punible. Para esto no es necesaria la reforma de ninguna ley. Si una institución no accede a realizarlo debe ser sancionada por abandono de persona. En Perú, a partir del caso de Karen, una mujer con un feto anencefálico a la que no se le permitió abortar, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó a ese país a reglamentar los abortos no punibles.

–¿Cómo fue la búsqueda de un médico que aceptara interrumpir el embarazo de L. M. R.?

–Fue dificilísima. Con todas las organizaciones que integran la Campaña Nacional empezamos a buscar uno en todo el país, en el sistema público y en el privado. También extendimos la búsqueda a países limítrofes y evaluamos la posibilidad de ir a España, donde una clínica se había ofrecido a hacerle el aborto gratuitamente y pagándole el pasaje a ella y a un acompañante. Pero para salir del país L. M. R., además de pasaporte (que no tenía), requería la autorización del padre, a quien no ve desde hace más de diez años. Alrededor de cien personas se movieron y cada vez se nos iban cerrando más puertas. Teníamos claro que la búsqueda la teníamos que hacer con cautela, en silencio, porque eran muy fuertes las presiones para que no se concretara. Hubo médicos que nos decían que ni por todo el oro del mundo se lo iban a realizar por el grado de exposición pública que había tenido caso. Otros, muy pocos, se ofrecían pero no tenían dónde realizarlo. En un hospital público de una provincia que tenía antecedentes de haber realizado un aborto en un caso similar no quisieron hacerlo. Buscamos en Río Negro, Neuquén, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Hablamos con secretarios y directores de Salud y hasta con intendentes. Al final, un médico se ofreció con la condición de mantener su nombre y el lugar donde se iba a hacer bajo absoluta reserva. Y brindó un servicio de excelente calidad. Fue un triunfo en el sentido de que se hizo efectivo el ejercicio de un derecho. Lamentablemente con un costo tan alto para la familia de L. M. R.

–¿Le sorprendió la dificultad que enfrentaron para encontrar un médico?

–De alguna forma si. Los médicos se han corrido de su lugar y deberían involucrarse en este debate de otra manera.

–Los médicos del San Martín alegaron que por lo avanzado de la gestación de L. M. R. ya no se podía hablar de aborto. ¿Qué puede decir al respecto?

–En primer lugar no estaba tan avanzado como ellos decían. Pero la interrupción de un embarazo hasta la vigésimo segunda semana es aborto porque el feto es no viable. Esto es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud y coincide con la posición del Comité de Etica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).

–¿Qué rescata del caso?

–La actitud de Vicenta, la madre: cuánta dignidad en la defensa del derecho de su hija. Y cómo le cambió la cara a esa chica la interrupción del embarazo. Esa nena no levantaba la cabeza, no hablaba, y después volvió a reírse, a estar alegre, a contestar. Eso también es dignidad.

www.pagina12.com.ar

"POR EL DERECHO DE RECIBIR EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL"

SOCIEDAD

LEGISLACIÓN


Quieren dictar educación sexual desde el preescolar

Domingo 27 de Agosto de 2006

El gobierno porteño avanza para aplicarla desde marzo

Mientras que el proyecto de educación sexual avanza en la Legislatura porteña y se espera que sea convertido en ley en octubre, el gobierno de la ciudad trabaja para ponerlo en marcha, en las escuelas, en marzo próximo.

La intención del gobierno de Jorge Telerman es impartir los contenidos de educación sexual a partir del preescolar, el primer paso de la escolaridad obligatoria, y extender la enseñanza progresivamente a los años posteriores, de acuerdo con las distintas etapas de desarrollo de los niños.

Así lo anticipó a LA NACION el ministro de Educación de la Ciudad, Alberto Sileoni. “En el nivel inicial habrá una presencia clara del cuidado y descubrimiento del cuerpo, y habrá, también, otro eje temático sobre la construcción de la identidad”, adelantó el funcionario.

“Hay temas que recorrerán todos los niveles educativos, como los casos de maltrato y abuso, en colaboración con la familia y de acuerdo con la madurez de los pibes en cada momento”, explicó Sileoni, que ya discute con especialistas y distintas áreas del gobierno la elaboración de cinco cuadernillos, uno para nivel inicial y dos para primaria y secundaria, respectivamente.

A todo esto, el borrador que los distintos bloques discuten en la Comisión de Educación de la Legislatura señala que la Ciudad "asume la responsabilidad de garantizar el derecho a recibir educación sexual integral en los distintos niveles del sistema educativo público de gestión estatal y privada, teniendo en cuenta las distintas etapas de desarrollo de sus destinatarios".

Mientras tanto, sigue su curso en el Congreso de la Nación un proyecto, que ya fue aprobado en Diputados con un amplio consenso, que propone la creación de un Plan Nacional de Educación Sexual en escuelas públicas y privadas de todo el país, y establece la edad de cinco años como mínima para empezar a recibir instrucción en esta materia (ver aparte).

"El gobierno porteño está trabajando con psicólogos, pedagogos y antropólogos, entre otros especialistas, para ver los límites del Estado, en qué no se debe meter y qué debe proveer. Hicimos un registro del buen material que está circulando y estamos recopilando experiencias internacionales", dijo a LA NACION el ministro de Educación porteño, Alberto Sileoni.

En varias materias

El borrador que discute la Comisión de Educación, que preside el macrista Marcos Peña, establece que los contenidos serán curriculares, graduales, transversales y obligatorios. La transversalidad implica que no será una asignatura nueva, sino que se impartirá dentro de áreas curriculares y materias existentes.

"La cuestión de la transversalidad hay que vigilarla para que no suceda que, por no ser una materia específica, nadie se termine haciendo cargo de dictar el tema. Hay un piso mínimo de contenidos que deberá ser dado. Habrá cartillas y cuadernillos para los docentes y los alumnos", explicó Sileoni.

Al ser de dictado obligatorio, ¿se evaluarán los contenidos?, preguntó LA NACION. "Si está dentro de la materia el contenido será evaluable. Aunque hay temas que son más difíciles para pensar en una forma de evaluación, por ejemplo, el tema del respeto al propio cuerpo. Pero en este caso tal vez se pueda recurrir al análisis de un artículo de un periódico u otros textos que permitan evaluar este contenido dentro de la materia en que se dicte", precisó el funcionario de Telerman.

En cuanto al nivel primario, se está pensando en incluir los contenidos en un área definida como "conocimiento del mundo", que incluye los temas de sociedades y culturas, y donde se tratan cuestiones referidas a los derechos humanos. También se impartirán en el área de ciencias naturales.

En el secundario, la educación sexual estará presente en ciencias naturales y formación ética y ciudadana. "Hay consenso en que se trata de una temática integral y que abarcará varias áreas", explicó Sileoni.

Pese a la intención del gobierno de Telerman de comenzar a dictarla en el preescolar, aún no se acordó en la Legislatura a partir de qué edad debe impartirse educación sexual. La Comisión de Educación se propone compatibilizar las posturas de los diez proyectos que existen en la Legislatura. La mayoría de ellos coincide en que debe impartirse desde preescolar.

Pero no todos están de acuerdo. El legislador Jorge Enríquez considera que debe ser a partir de 7° grado. "Hasta la pubertad, los niños no están preparados para recibir educación sexual", consideró.

Capacitación docente

La legisladora kirchnerista Ana Suppa observó que "no está suficientemente claro que deben ser capacitados todos los docentes, no sólo los de biología", según comentó a LA NACION.

El ministro Sileoni ya se reunió con supervisores y directores de institutos de formación docente para presentarles la agenda y metodología de trabajo a seguir. La idea es que para marzo estén capacitados, por lo menos, los docentes de las asignaturas en las que se incluirá educación sexual.

Además, Sileoni se reunió la semana pasada con los gremios docentes. Francisco Nenna, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), expresó: "Para nosotros es necesario que la Legislatura llegue a un consenso que permita dictar contenidos desde el nivel inicial y no sea una materia específica".

Por Laura Casanovas

De la Redacción de LA NACION

http://www.lanacion.com.ar


2006-08-25

LOS FUNDAMENTALISTAS DE BERGOGLIO, LE TEMEN A LA LEY

Villalba y Bergoglio, durante la reunión episcopal
Foto: Luis Paz

La Iglesia seguirá el debate educativo
Presentará nuevos aportes a Filmus
El Episcopado, presidido por el cardenal Jorge Bergoglio, anunció que seguirá sumando aportes "superadores" al proyecto de ley de educación que el gobierno nacional prometió enviar a fines de octubre al Congreso Nacional.
Los obispos que integran la comisión permanente terminaron ayer al mediodía su segunda reunión anual, encabezada por Bergoglio y el arzobispo de Tucumán, Luis Villalba, luego de haber recibido un informe de la Comisión de Educación Católica, que conduce el arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Guillermo Garlatti.
Según fuentes de ese organismo, los prelados decidieron "seguir aportando ideas al proyecto del Poder Ejecutivo, que sean coincidentes y superadoras" para hacer que "la nueva ley sea un bien nacional".
A través de la citada comisión, el Episcopado viene siguiendo de cerca el proceso de consulta sobre la nueva ley que abrió el Gobierno. Por eso, ya entregó al ministro de Educación, Daniel Filmus, tres documentos con los aportes que colegios e instituciones católicas hicieron al proyecto oficial.

Al entregar los aportes, Garlatti dijo que tanto la comisión episcopal como el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) van a "brindar el apoyo y la colaboración necesaria para lograr una ley que favorezca una educación de calidad para todos los ciudadanos".
La Iglesia teme que la nueva norma deseche los principios básicos de la actual ley federal de educación y altere el respeto a la libertad de enseñanza y el papel subsidiario del Estado. El sábado último, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, expresó su preocupación por el debate educativo y criticó las "definiciones de familia" incluidas en los "núcleos de aprendizajes prioritarios" que el Ministerio de Educación envía a las escuelas.
Finalizada ayer la reunión del Episcopado, la Comisión de Educación Católica seguía reunida anoche para designar al nuevo presidente del Consudec. El anterior, el padre Hugo Salaberry, asumió el lunes último como obispo de Azul.
Además, los obispos emitieron una declaración al cumplirse el próximo 4 de noviembre 140 años de la ordenación sacerdotal del cura José Brochero. Pidieron por su "pronta beatificación" e invitaron a todas las comunidades a rezar por el aumento de las vocaciones religiosas.

http://www.lanacion.com.ar/

LA VIDA QUE LA IGLESIA IGNORA - BASEOTTO Y LAS PRÁCTICAS DURANTE LA DICTADURA

SOCIEDAD
SANTIAGO DEL ESTERO - MAR DEL PLATA
ABUSOS SEXUALES - TRAFICO DE BEBES
BASEOTTO Y LAS PRÁCTICAS DURANTE LA DICTADURA
Y SIGUEN LAS AMENAZAS
LA VIDA QUE LA IGLESIA IGNORA
Viernes, 25 de Agosto de 2006
La Iglesia argentina, a través de la Conferencia Episcopal, sumó su voz al caso de la joven mendocina discapacitada justo cuando la Justicia había cerrado la polémica.
Una voz muda frente a otras acusaciones que implican directamente a la institución: los abusos sexuales en colegios y hogares católicos y la venta de niños y niñas en Santiago del Estero. ¿De qué habla este silencio?

El dedo en alto
Ana Rosa Gazzoli tiene 68 años, cinco hijos, veinte nietos, nueve bisnietos y desde hace 25 años cuida a C., su hija menor, que tiene la edad mental de una chica de 4. El cuerpo de Ana Rosa no necesita hablar para contar la palabra sacrificio. Ana Rosa tiene la autoridad que da levantarse y acostarse cuidando a una hija (con oligofrenia, síndrome de Lennox-Gastaut y epilepsia) que nunca puede ni podrá cuidarse sola, que no se baña, ni come, ni habla, ni sale a la puerta sin la ayuda de su mamá. A Ana Rosa no le van a venir a enseñar de la palabra vida. Por eso, fue ella la que levantó el dedo cuando le fueron a levantar el suyo las militantes de la organización no gubernamental (de médicos católicos) Vitam.

–Nosotras queremos ayudarla –le dijo la activista católica Sonia Cano.

–Ustedes no me ayudan, sino todo lo contrario –contestó Ana Rosa que, con un Cristo cerquita del pecho, puso el cuerpo a la exposición pública –por primera vez en la Argentina– y levantó el dedo para decir que su hija se iba a realizar un aborto cueste lo que cueste. “Me pedían que parara el aborto y hasta me ofrecieron adoptar al niño”, se indignó Ana Rosa.

Sin embargo, y más allá del claro derecho de C. a realizarse el aborto, el ofrecimiento no es caritativo ni necesario. En la Argentina no faltan familias dispuestas a adoptar. En cambio, sí hay religiosos directamente involucrados en el negocio de la venta de bebés. Por eso, sorprende que la embestida antiaborto de los sectores católicos no solamente desconozca las sentencias de la Suprema Corte de Mendoza (como ya lo hizo con el máximo tribunal bonaerense en el caso de L. M. R.) sino que llegue tan lejos con la prédica antiaborto como no lo hace –ni en esbozos– con la defensa al derecho de la maternidad de las mujeres más vulnerables de la Argentina.

La Iglesia se opone al aborto en defensa –según sus palabras– del derecho a la vida. Sin embargo, no se pronuncia sobre las denuncias que involucran directamente a religiosos en el negocio del tráfico de chicos en Santiago del Estero, un delito que afecta, directamente, la vida de los chicos y sus familias. Aunque la Iglesia no alza la voz para defender a las madres obligadas –a veces por la pobreza, a veces por la violencia– a dar o vender a sus hijos, ni investiga o busca esclarecer si hay religiosos que ven en los pobres una máquina de producir hijos. Una máquina que da ganancias.

No al aborto,¿si al negocio?
“La Iglesia participó del negocio en forma directa”, acusa el periodista Aldo Sanagua, desde Añatuya, Santiago del Estero. El 16 de agosto pasado, Aldo se levantó con su casa baleada –en un pueblo en el que nadie bosteza sin que el bostezo haga eco– después de tratar que se exhiba la película Nordeste, de Juan Solanas, sobre la triangulación entre europeos en busca de bebés de las zonas más humildes de la Argentina. “Dejate de joder con el tráfico de chicos”, lo amenazaron. El sigue diciendo: “Es difícil sacar un bebe en Añatuya sin el consentimiento de los curas y menos en la cantidad que lo hicieron. Se calcula que desde hace cuarenta años se han vendido alrededor de 30 mil bebés, según una auditoría al juzgado de Añatuya del 2002. A veces sacaban a los bebés de forma legal y otras de manera ilegal, total, quién va a investigar a los curas con semejante poder que tienen”.

Un dato paradigmático es que uno de los cruzados antiaborto es Antonio Baseotto acusado de estar involucrado en la venta de bebés. ¿Quién defiende a quién? Baseotto, ex obispo de Añatuya, perdió su cargo de vicario castrense cuando expresó que al ministro de Salud, Ginés González García, había que tirarlo al mar por su postura a favor de despenalizar el aborto. ¿Hasta qué punto Baseotto legitimó o participó del delito de privar a las madres pobres del derecho de criar a sus hijos?

“El era el obispo y en Añatuya nada se movía sin la autorización del obispo”, asegura Sanagua. Julio Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, que denunció judicialmente el tráfico de chicos, describe la acusación contra el ex vicario castrense: “Tenemos videos con testimonios de personas que acusan a Baseotto de haber ejercido presión para que se produzca la entrega de bebés”.

El 23 de agosto, la Conferencia Episcopal Argentina declaró en un comunicado: “En estos días se ha reavivado la polémica sobre la despenalización del aborto con motivo de casos muy dolorosos. Lo trágico de estas situaciones no puede hacernos olvidar que podemos asesinar a un inocente”. En esta línea filosófica, ¿los chicos arrancados ilegalmente de su mamá, papá y hermanos biológicos sin el derecho –ni siquiera– a que se resguarde el derecho a su identidad –como marca la ley de adopción– no son inocentes? ¿No merecen pronunciamiento los casos denunciados en Añatuya?

La Iglesia va más allá en su comunicado: “Muchas veces se nos quiere hacer aparecer como retrógrados o fundamentalistas ante el tema del aborto. Se acepta y valora el trabajo de la Iglesia en favor de los pobres, pero se nos descalifica cuando defendemos el derecho a la vida. No sembremos la cultura de la muerte en nuestra sociedad. Por el contrario, sembremos la esperanza y la alegría que provienen del amor de Dios por sus criaturas”.

No todos creen que todo el trabajo de la Iglesia sea a favor de todos los y las pobres. “A pesar de que el 10 de octubre del 2005 le efectuamos una presentación escrita a monseñor (Jorge) Bergoglio, con copia de la denuncia penal que involucraba a miembros de la Iglesia de Añatuya, jamás nos respondieron, ni mantuvieron ningún tipo de contacto con nosotros”, expone el silencio Julio Ruiz. Tampoco Sanagua confía en que la venta de bebés se haya traspapelado de la agenda eclesiástica. El acusa: “La Iglesia argentina fue cómplice de esto porque para sacar la cantidad de chicos que sacan sin que nadie diga nada se necesita una gran estructura y mucha luz verde de los principales poderes religiosos de la Argentina. Por eso, nunca hubo una investigación o una homilía condenando el tráfico de bebés”.

De espaldas al abuso
Nuestra Señora del Camino es el nombre del colegio religioso de Mar del Plata en donde se denunciaron –en octubre del 2002– más de 39 casos de abusos sexuales (aunque sólo 13 llegaron a juicio) de chicos de entre 3 y 4 años. El 28 de marzo de este año la Justicia marplatense absolvió al principal acusado –el profesor Fernando Melo Pacheco– y el caso se convirtió en una causa emblemática de los que luchan contra la impunidad frente a los abusos sexuales. La psicóloga Patricia Gordon, especialista en abuso sexual, fue terapeuta de siete chicos y acusa: “Este fallo es considerado aberrante, porque ignora la voz de los niños y de profesionales idóneos que, basados en pruebas científicas y en un minucioso análisis de los relatos de los niños, llegaron a la conclusión de que el abuso ocurrió”.

¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia en lo que sucedía en el colegio religioso? “Los niños no nombraron solamente al profesor, sino también al cura y casi todos los relatos hablan de un fotógrafo del colegio”, detalla la psicóloga. Por eso, ella advierte: “El fallo de Mar del Plata es la antesala del juicio al padre Grassi, otro ejemplo de que el mundo de los poderosos pareciera pretender decirnos que la sexualidad de nuestros niños puede ser violentada impunemente y ser objeto de prácticas perversas”.

El caso Grassi es un ejemplo de la indiferencia de la jerarquía católica ante un proceso polémico y mediático en el que un testigo –Luis Gutiérrez– propuesto para defender al sacerdote terminó contando cómo el cura “lo metió en su cama, lo desnudó, lo puso boca abajo y se montó sobre él jadeante y haciendo movimientos sexuales”, según describió Miguel Jorquera en Página/12.

M. es una de las mamás que denunció el abuso sexual de su hijos en el jardín de infantes Nuestra Señora del Camino y es una de las que –con máscaras, para preservar la identidad de los chicos– decidió manifestarse en la Catedral de Mar del Plata. Pero de espaldas. “Les damos la espalda porque es lo que nos hicieron a nosotros. Desde un primer momento la Iglesia nos dio la espalda, jamás propuso una misa por nuestros hijos”, le contó M. a Las 12. “También el párroco tuvo una actitud distante para con nosotros y nunca quiso contenernos. La Iglesia ni siquiera tomó una posición neutra. Por ejemplo, el obispado de Mar del Plata puso peritos especializados a favor de Melo Pacheco. El ex obispo José María Arancedo nos dio dos reuniones –porque nosotros se las pedimos– en la cual dijo que un abuso no significaba tanto y que él no tenía la autoridad suficiente para separar a los docentes de sus cargos, mientras que el obispo actual, Juan Alberto Puiggari, nos dijo que no estaba al tanto de nuestra situación y nuevamente nos cerró las puertas”.

“Sí a la despenalización del aborto en algunos casos”
Por Jose Guillermo “Quito” Mariani *
En el caso de la joven mendocina, la ley tiene un fundamento suficiente como para que se elija por la vida de la madre. Teóricamente al aborto hay que tomarlo como un delito en contra de la vida, pero en perspectiva hay que interpretarlo como el mal menor. Por eso, yo estoy a favor de la despenalización del aborto en algunos casos, como éste, en el que existe una situación de injusticia.

Hay que ponerse en los zapatos del otro y no exagerar en la subordinación a lo que se decide desde la cúpula. Hay muchos que tienen una actitud muy severa con este tema y que no levantaron la voz cuando se pensaba que se purificaba la sociedad torturando y matando. Pero, por ahora, la Iglesia no presenta actitudes que hablen de una actualización de sus integrantes.

* Sacerdote de 79 años. Escribió el libro Sin Tapujos (en donde relató experiencias amorosas de su juventud) y se enfrentó con el Arzobispado de Córdoba.

“Sólo son posturas ideológicas medievales”
Por Marta Alanis *
La Iglesia somos todas y todos. La jerarquía son sólo unos cuantos que por dignidad debieran investigar los crímenes cometidos por su propio clero. En EE.UU. muchas iglesias católicas tuvieron que ser vendidas para pagar las deudas por juicios contra curas violadores y abusadores.

Más allá del abuso, la Iglesia debería reconciliarse con la sexualidad y tomarla como un don de Dios. La jerarquía católica tan masculina y misógina, que predica la defensa de la vida del embrión de manera absoluta, está condenando, en el fondo, el placer. Por supuesto, nosotras reivindicamos una sexualidad libre de coerción y violencia y queremos que la maternidad sea voluntaria y amorosa, no sólo una casualidad biológica.

Por otro lado, ellos saben de la necesidad y derechos que tiene la gente de tener fe y creencias y abusan con la utilización del poder simbólico de la religión para condicionar la vida sexual de todas las personas y especialmente de las mujeres. Nosotras, como católicas por el derecho a decidir, trabajamos para hacer el cielo en la Tierra y generar cada día más espacios de justicia y equidad para cada una de las mujeres y no prestamos tanta atención a discursos que pretenden ser dogmas inapelables y sólo son posturas ideológicas medievales.

* Coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba.

www.pagina12.com.ar

2006-08-24

QUÉ ES LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA?

SOCIEDAD/ DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

¿Qué es la Salud Sexual y Reproductiva?

La salud sexual y reproductiva se refiere al estado de bienestar físico, mental y social de la persona en todo lo relativo al aparato genital y sus funciones. Va mucho más allá de la ausencia de enfermedades; consiste en la posibilidad de llevar una vida sexual satisfactoria. Por otra parte, va mucho más allá de la planificación familiar al considerar los distintos factores que determinan los comportamientos sexuales, tales como las relaciones de poder entre los géneros o el papel de las instituciones en las estrategias de reproducción.
La Declaración de Buenos Aires sobre Salud Sexual y Reproductiva afirma que los programas de información destinados a mejorar los niveles de salud de las mujeres y sus familias han quedado relegados a pesar de que la Argentina se ha comprometido mediante distintos acuerdos internacionales a que todas las parejas tendrían libre acceso a los métodos anticonceptivos.
Algunos de los puntos más importantes de esta declaración son:
- El derecho a la salud sexual y reproductiva como componente de la salud general a lo largo de la vida.
- El derecho a adoptar decisiones con respecto a la procreación, que incluye la elección voluntaria del cónyuge, la formación de una familia y la determinación del número y espaciamiento de los hijos.
- El derecho a condiciones de igualdad y equidad de varones y mujeres, para el ejercicio de opciones libres de discriminación por motivos de género.
- El derecho a la seguridad sexual y reproductiva, es decir a una vida libre de violencia y coacción sexual y con derecho a la privacidad.
De la misma manera, estos derechos se encuentran respaldados por el artículo 75 de la Constitución Nacional que asegura la protección de la madre durante el embarazo, así como también, condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a servicios de atención médica.

Fuente: Instituto Social y Político de la Mujer
http://www.ispm.org.ar/ddssrr/index.htm

INVESTIGACIÓN Y MUESTREO, UN ANALISIS CIENTÍFICO DEL PROBLEMA.

HARAN EN LA PROVINCIA UN MUESTREO SOBRE EL ABORTO
“Para conocer más del problema”
Por Pedro Lipcovich - Página 12
11/8/06
El Ministerio de Salud bonaerense planea hacer una encuesta –bajo rigurosametodología de investigación– para aproximarse al gran dato ignorado:cuántos abortos se efectúan realmente cada año.
Según Claudio Mate, ministrodel área, los resultados tendrían una doble utilidad: por un lado, servirían para “saber mejor en qué lugares hay que focalizar los programas de saludreproductiva para reducir la cantidad de abortos”; por otro, “permitiríaconocer la magnitud del problema que enfrentamos cuando discutimos la actualcriminalización del aborto”.
En los hospitales públicos bonaerenses seefectúan unas 21.000 consultas al año como consecuencia de complicacionesposaborto, con 20 muertes anuales por esa misma causa.
El año pasado, 226 delas consultas fueron efectuadas por niñas de 10 a 15 años.
“Hace tres años, desde la Subsecretaría de Adicciones de la provincia,hicimos un estudio sobre uso de drogas ilegales que abarcó 4800 hogares:para el muestreo, la preparación del cuestionario y el diálogo con losentrevistados utilizamos criterios muy rigurosos, al punto de que esainvestigación quedó como referencia hacia dentro y fuera del país –recordóClaudio Mate, ministro de Salud bonaerense–: bueno, al mismo equipo deinvestigación que efectuó ese estudio lo consulté sobre si es posible unaencuesta similar respecto del aborto, garantizando condiciones de privacidady anonimato, y me contestaron que sí.”

El muestreo permitiría “obtener, para toda la población femenina en edadfértil, información acerca de si alguna vez se hizo un aborto, en quémomento de su vida, en qué etapa del embarazo y si efectuó alguno en elúltimo año”, detalló Mate, y señaló que “estos datos, por una parte,contribuirán a una sintonía fina en los programas de procreación responsabley salud reproductiva que, en la provincia, abarcan ya a medio millón demujeres que reciben consejería y, si ellas así lo deciden, dispositivosanticonceptivos: la información permitiría saber en qué lugares hay queasignar más esfuerzos para reducir la cantidad de abortos”.

Y, “por otra parte, el estudio permitiría conocer con alguna precisión cuáles la magnitud del problema que enfrentamos cuando discutimos la cuestióndel aborto. Sabemos que en los hospitales bonaerenses mueren 20 mujeres poraño a causa de complicaciones del aborto criminalizado. Yo estimo que,levantando la criminalización, evitaríamos esas 20 muertes maternas y lacantidad de abortos no aumentaría –sostuvo el ministro–. En todo caso, laencuesta nos permitiría incorporar cifras ciertas a este debate”.

Entretanto, “los únicos datos que tenemos sobre abortos se refieren a losque terminan en los hospitales públicos –observó Claudio Mate, ministro deSalud bonaerense–: en la provincia de Buenos Aires, se registran entre 30 y35 mil por año: a veces, la interrupción del embarazo obedece a razonesterapéuticas, pero en muchos casos, estimados en alrededor del 60 por cientodel total, se trata de abortos efectuados o iniciados en ámbitosextrahospitalarios. De hecho, hoy por hoy muchas chicas en barriadas delconurbano saben cómo empezar el aborto (el ministro se refiere a recursosfarmacológicos) y van al hospital con el propósito de concluirlo encondiciones más seguras”.

El 40 por ciento de los abortos que llegan a hospitales públicos bonaerensescorresponde a chicas menores de 24 años.
Y, el año pasado, hubo 226 casos en niñas de entre diez y 15 años de edad.

LOS FUNDAMENTALISTAS CATÓLICOS AMENAZAN

SALUD UN HOSPITAL RECIBIO ANOCHE UNA AMENAZA DE BOMBA
Mendoza: intimidan a médicos, jueces y funcionarios públicos

Rafaél Morán

La irritación ganó terreno entre los sectores contrarios al aborto de la chica discapacitada, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que autorizó la operación, y ahora son amenazados médicos, jueces y funcionarios públicos.
Anoche, incluso, autoridades del hospital Luis Lagomaggiore, donde podría realizarse el aborto, recibieron una amenaza de bomba en el establecimiento.
Un grupo de diez policías de la Brigada de Explosivos de la Policía mendocina revisaba el hospital, entrada la noche, para constatar la existencia de explosivos en el lugar o si se trataba de una falsa alarma.
Las amenazas habían obligado a las autoridades del hospital a pedir refuerzo policial.
En la central telefónica recibieron 8 llamadas intimidatorias, con insultos y otras agresiones, según el coordinador general de seguridad del hospital, Roberto Candio. "Eran voces anónimas, de hombres y de mujeres", dijo Candio.
Esas y otras advertencias se hicieron habituales después que la Corte resolvió que "está firme y ejecutable" la sentencia del juez de Familia Germán Ferrer, quien había fundado su decisión en el artículo 86 inciso 2 del Código Penal.
Este apartado autoriza el aborto cuando "proviene de una violación cometida sobre una mujer idiota o demente".El vocero del arzobispado, padre Sergio Buenaventura, salió a calmar a los descontentos al decir que algunos grupos "se manifiestan un poco exageradamente y exacerban los ánimos".
La chica a la que se le practicará el aborto en las próximas horas —no se sabe aún en qué hospital— tiene 25 años, retraso mental severo y un embarazo de 12 semanas. También padece de convulsiones, para los que toma medicación.
A su vez, el fármaco puede generar malformaciones y cardiopatías y daños irreversibles en la futura médula del embrión.La madre de la joven hizo la denuncia policial por la violación, y reclamó que se le practicara un aborto porque corre peligro la vida de su hija.
El caso tuvo idas y vueltas hasta que la Organización no Gubernamental (ONG) VITAM interpuso un recurso de amparo en una cámara del fuero civil, la que ordenó no realizar la operación.
Los abogados de la familia afectada llegaron a la Corte mediante la vía del Per Saltum (por salto) y el máximo tribunal avaló la práctica abortiva.Varias ONG católicas cuestionaron el fallo de la Corte y a realizar "advertencias".
El titular de "Vida más Humana", José Murri, sostuvo que la entidad no quiere médicos, jueces ni gobernantes "nazis", y advirtió que los demandará "civil y penalmente" si se involucran en el aborto.
Sin embargo, el abogado de la familia, Dante Vega, respondió que "más van a tardar en escribir las demandas que los fiscales en archivarlas".

http://www.clarin.com/diario/2006/08/24/sociedad/s-03301.htm