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2007-05-20

CUANDO NO SE TIENE MEMORIA: "UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS"

ArgAtea:

Fascistas

Según parece, intentan formar "lideres para el dialogo y la convivencia" ,
según parece dicen de superar "la ignorancia y el anonimato mediante el diálogo que implica un esfuerzo más que humano, trascendente".

Muy cierto cuando no se sabe hacer uso de la memoria y no se aprende de la experiencia. Acaso alguien puede olvidarse de los GENOCIDIOS?

De que se trata la JUSTICIA? No se confunda la
creencia con la ley civil ante el estado, el que no la cumple es un delincuente, su creencia no lo exime.

Marcó dijo que la formación de "lideres" "no busca poner en duda las creencias de nadie, sino que, a partir de la reafirmación de lo propio, enriquecerse con el aporte de otras tradiciones".
Quizás quieran enriquecerse olvidando e
ignorando la historia de cada una de las tradiciones que en nuestro país habitan.

No se confundan. Quién es CHRISTIAN VON WERNICH? Quién es Baseotto? Quién es Bergoglio? Quienes son sus aliados?
Nosotros no olvidamos. GENOCIDIOS, NUNCA MÁS!!


















































































2007-05-08

CHRISTIAN VON WERNICH, EL EX CAPELLÁN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Un grupo de tareas cibernético defiende al capellán de Camps

El cura Christian von Wernich, que hasta el viernes estaba preso en la sede de Cavia de la Policía Federal, hizo una “denuncia pública” por su situación en una página web de “amigos”. La mediática Cecilia Pando se indignó por el traslado del cura a Marcos Paz.

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El ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, Christian von Wernich.

Por Nora Veiras

“Tengo la seguridad –y no es ‘sensación’– de que hay una ‘animosidad’ muy grande –y para nada oculta– no sólo desde el Gobierno sino desde la Justicia también, sobre mi persona, sobre los capellanes y sobre los testigos, sus familias y mi familia. Es todo lo que tengo que denunciar hoy, mañana puede haber más de continuar esta persecución que parece no se detendrá.” El ex capellán Christian von Wernich eligió la página www.politicaydesarrollo.com.ar para hacer su “denuncia pública” ante la inminencia del juicio que debe enfrentar por delitos de lesa humanidad. El ciberespacio le ofrece otras solidaridades esperables. El grupo de tareas se horrorizó durante el fin de semana con el traslado del cura a la prisión de Marcos Paz. “Dios, que en su infinita sabiduría sabe escribir derecho con las conductas torcidas de los hombres, seguramente encontrará en este injusto traslado la posibilidad de que otros detenidos encuentren la paz y el apoyo espiritual que necesitan para soportar su calvario”, escribió Cecilia Pando, como presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, que –como se sabe– no son otros que los represores.

La página que tiene como leyenda “No le buscamos la quinta pata al gato y tampoco lo dejamos rengo” es un compendio del lugar común de la derecha recalcitrante. La defensa del “padre” Julio César Grassi alterna con el horror por la expansión del psicoanálisis en la Argentina –“en el extranjero el psicoanálisis se ha hecho marginal (...) En Estados Unidos, sólo cinco mil personas se psicoanalizan: en relación con los 295 millones de norteamericanos. A la célebre Sociedad Psicoanalítica de Nueva York cada día le cuesta más reclutar candidatos”– y la reivindicación de cuanto militar o cura haya desempeñado algún rol como brazo ejecutor del terrorismo de Estado.

En este contexto, la figura de Von Wernich es ensalzada como un mártir: “No pueden quedarnos dudas de que la incipiente persecución religiosa a la Iglesia Católica va tomando mayor cuerpo. Enviamos nuestra solidaridad al padre, capellán de la policía que debió ejercer su ministerio en plena guerra terrorista en el peor de los distritos, cuando los agentes y los oficiales morían como moscas abatidos por las balas guerrilleras desde las sombras, en los asaltos, con las bombas y de cualquier otra forma vesánica. Gracias, padre, por su sacrificio silencioso”.

Fue el propio general Ramón Camps, el dueño de la vida y la muerte en la provincia de Buenos Aires, el que describió la función que había cumplido el cura bajo su mando. “Yo tengo una persona que puede dar fe de los distintos lugares en los que estuvo el señor (Jacobo) Timerman, es el padre Von Wernich, que era el sacerdote que yo tenía para que los detenidos recibieran asistencia espiritual. Incluso fue condecorado por la acción que desarrolló con los detenidos”, dijo el ex jefe de policía de la provincia de Buenos Aires con la intención de probar su sensibilidad. El cura negó sistemáticamente que haya asistido a los secuestrados en centros clandestinos, sí admitió que lo había hecho en comisarías, como si bajo la dictadura las dependencias policiales no hubiesen mutado en campos de concentración.

Treinta años después, la esposa del mayor retirado Rafael Mercado apeló a su prosa para divulgar en la red que “mientras este servidor de Cristo, a escondidas y en silencio, fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz, los que deseamos que la justicia y la ley se cumplan en nuestra patria, observamos sorprendidos que quienes en la década del ’70 intentaron tomar por asalto las instituciones de la República, para imponernos a sangre y fuego un modelo político, hoy disfrutan de la impunidad que les otorga el poder”. Para Pando, la dictadura parece haber sido, en realidad, el otro nombre de la democracia.

Como presidenta de AfyAPPA, Pando se muestra desesperada por las cárceles comunes que empezaron a acechar a los oficiales, no sólo al consejero espiritual de Camps y su brazo derecho, Miguel Etchecolatz. El traslado a Marcos Paz del coronel Alejandro Guillermo Duret también la motivó: “Nada justificaba el cambio en las condiciones de detención, salvo el intento desesperado de un gobierno que quiere callar los gritos desgarradores de una sociedad que comienza a clamar por una verdadera justicia, donde los terroristas también sean sometidos a proceso judicial por los crímenes cometidos”.

Pero quizá donde la confesión de parte de los columnistas de politicaydesarrollo.com.ar alcanza su plenitud es en la prosa de un tal Eduardo Palacio Molina: “Nada le pasará al padre Christian. Los que deben temer que les pase algo malo son los falsos jueces del Sanedrín y sus fiscales obsecuentes. Porque la vida de todos pende de la voluntad de Dios, que es el creador del universo que nos manda a dejar este cuerpo mortal cuando él lo ordene y que nos pedirá cuenta de toda nuestra vida por nuestras acciones y omisiones. ¡Ay de aquellos que privaron de la libertad y llegaron a condenar a un inocente! Molina se entusiasma y llega a pronosticar: “Creemos que hoy el que más miedo debe tener es el presidente Kirchner. Sus propios custodios pueden ser en pocos segundos sus raptores. Kirchner tiene al enemigo en sus propias filas y él lo sabe, pero no puede escapar a su propia trampa (...). El padre Christian no se desanima y nos pide que por ahora recemos por la Iglesia, por la Patria y por todos los fieles que conformamos la Iglesia. ¡Dios es justo!

AMENAZAS "EN EL MARCO DE UN GENOCIDIO"

Martes, 08 de Mayo de 2007
LAS AMENAZAS LUEGO DEL JUICIO A ETCHECOLATZ
Cartas que llegan puntuales
El 19 de septiembre del año pasado, Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral 1 de La Plata, leyó en voz alta la condena a reclusión perpetua contra el represor Miguel Etchecolatz que él mismo había escrito a lo largo de varios meses. Una semana después, cuando los organismos de derechos humanos salieron a la calle a reclamar la aparición con vida del testigo Julio López, el magistrado recibía una amenaza por carta. “Esta farsa tendrá su fin”, “¡¡La verdadera justicia llegará!!”, decía el texto. Ayer volvió a ser blanco de intimidaciones. El episodio coincide con la reciente decisión de su tribunal de mudar al capellán Christian von Wernich a una cárcel común, mientras avanzan los preparativos para su juicio por siete homicidios y 45 privaciones ilegales de la libertad.

La sentencia contra Etchecolatz no sólo decía que sus crímenes fueron “delitos de lesa humanidad”, sino que incluía un concepto novedoso, que los situaba “en el marco de un genocidio”. El día de la condena, los amigos y allegados a Julio López esperaban verlo en la sala del juicio oral, pero no estaba. Rozanski también advirtió su ausencia. López había estado en casi todas las inspecciones oculares y había dado detalles muy precisos. Era un testigo “sólido” y “había coherencia aún en el dolor que produce el testimonio”, describió el juez en un reportaje publicado por Página/12, cuando se produjeron las primeras amenazas.

Aquellas intimidaciones alcanzaron también a otros jueces y fiscales de todo el país que investigan los crímenes dictatoriales y a organismos de derechos humanos. En La Plata se abrió una causa judicial para esclarecer el origen, pero no se llegó a los autores. En rigor, la primera amenaza provino del propio Etchecolatz, cuando al final del juicio oral le preguntaron si quería hacer uso de su “última palabra”. “Señor presidente –dijo, mirando a Rozanski–, tómelo no como una irrespetuosidad: no es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan.”

“Si la amenaza logra que uno no trabaje, entonces está haciendo efecto. No significa que no las sienta. Es doloroso, pero se debe buscar ponerla en el lugar en que corresponde como un delito calificado en un contexto específico y darle la dimensión que tiene. Ni más, ni menos”, le dijo Rozanski a este diario en aquel entonces. Los juicios a represores, aseguró, “son irreversibles”. En las cartas que recibieron él y sus colegas se les advertía: “Usted, directa o indirectamente está recibiendo presiones del Gobierno para actuar en función de intereses que agredieron a la Nación”. “Le sugerimos vehementemente que no ceda”, añadían. “Los (jueces) que no hayan honrado su cargo deberán rendir cuentas ante un tribunal particularmente imparcial”, advertía.

Sobre las nuevas advertencias que recibió, esta vez por teléfono, el juez prefirió no hablar por ahora. Pero hay un dato elocuente: las llamadas se produjeron dos días después del traslado de Von Wernich al penal de Marcos Paz. El enjuiciamiento, que estará a cargo de los mismos magistrados que condenaron a Etchecolatz, comenzaría en menos de dos meses.

Rozanski fue el primer juez federal nombrado por el sistema de concurso que se implementó con la creación del Consejo de la Magistratura. Fue camarista en Bariloche y presidió el Tribunal de Superintendencia Penal de Río Negro. Es uno de los más reconocidos especialistas en la temática de maltrato y abuso sexual infantil. Es autor, en ese rubro, del libro Denunciar o silenciar y del texto de la ley que modificó el Código de Procedimientos para que los niños no puedan ser interrogados en ninguna instancia judicial y policial en forma directa, sino sólo a través de expertos o una Cámara Gesell.

De ahí proviene su enfoque y su preocupación sobre los testigos de las causas sobre violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Sostiene que la protección a estas personas no debe limitarse a ofrecerles una custodia armada, sino que se deben abrir otras alternativas superadoras “que contemplen la dimensión del sufrimiento”. Esto implica, a su entender, evitar que haya miles de juicios en los que sobrevivientes y familiares de desaparecidos tengan que declarar y revivir una y otra vez su calvario.

LUEGO DE ORDENAR EL TRASLADO DE VON WERNICH, AMENAZARON AL JUEZ ROZANSKI

Martes, 08 de Mayo de 2007
LUEGO DE ORDENAR EL TRASLADO DE VON WERNICH, AMENAZARON AL JUEZ ROZANSKI
Obra de los conocidos de siempre
El presidente del Tribunal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, recibió diez llamados con amenazas telefónicas en su domicilio. Ocurrieron luego de que el viernes dispusiera el traslado de Von Wernich a una cárcel común. El gobernador Solá anunció que le darían protección.
Por Alejandra Dandan
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El juez Carlos Rozanski leyó la sentencia contra el represor Miguel Etchecolatz. Luego, también recibió amenazas.

Nadie olvida que el juicio oral al ex comisario Miguel Etchecolatz concluyó el año pasado con la primera condena por genocidio y con la desaparición inmediata de Julio López. Aquello incluyó una serie de amenazas a jueces, fiscales y testigos que ahora parece reeditarse. El presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, aquel que leyó personalmente la condena a Etchecolatz, ahora trabaja en los preparativos del próximo juicio oral al ex capellán de policía Christian von Wernich. El domingo pasado a la madrugada, el juez Carlos Rozanski recibió diez llamados al teléfono de su casa con amenazas. La Justicia investiga si el traslado del ex capellán a una cárcel común ordenada por el juez el viernes pasado está detrás de los llamados. El entorno de Von Wernich, en tanto, está que trina: el ex capellán acusado por la ejecución de siete personas y por 45 casos de torturas y secuestros hizo un descargo (a su manera) en Internet, apoyado por amigos como Cecilia Pando (ver aparte). El gobernador Felipe Solá ofreció apoyo en la investigación.

“Compréndame pero no puedo hablar porque son horas clave y estamos en plena etapa de investigación”, dijo Rozanski a Página/12. Las amenazas a los jueces y las víctimas de las causas de terrorismo de Estado, explicó, “es sí un tema central para nosotros, de todos modos vamos a tener un encuentro clave para analizarlo”.

El último fin de semana Rozanski atendió varias llamadas en el teléfono de su casa. Los datos sobre el origen de esas comunicaciones o sobre el contenido de los mensajes aún son escasos. El mismo radicó la denuncia ante el Juzgado 1 de La Plata, a cargo de Manuel Blanco. Según fuentes judiciales, recibió los telefonazos en la madrugada. Una misma persona le habría hecho varias de las llamadas y esa persona tuvo la oportunidad de hasta discutir con el juez durante uno o dos minutos. Desde el comienzo, Blanco intenta determinar si hay una unidad penitenciaria en el punto de origen de las comunicaciones y si el caso tiene relación con la orden de traslado dictada la semana pasada para el ex capellán.

–¿Usted cree que ese episodio pudo estar detrás de las amenazas? –le preguntó este diario a Rozanski.

–De eso justamente es de lo que no puedo hablar.

Von Wernich fue capellán de la policía de Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura; está detenido desde 2003 en el Cuerpo de Policía Montada de la Federal, una decorosa unidad VIP en Tagle y Alcorta, una dependencia con baño compartido, por donde pasaron María Julia Alsogaray y Rubén Beraja. El viernes pasado los días de privilegio del ex cura empezaron a concluir: el Tribunal Oral 1 de La Plata, formado por Horacio Insaurralde, Norberto Lorenzo y Rozanski ordenó el traslado “en forma inmediata, resguardando debidamente su integridad psicofísica” a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

Von Wernich llega a las audiencias del juicio tras un cuidadoso, pero duro, proceso de recolección de pruebas. El mismo juez del caso Etchecolatz, Arnaldo Corazza, elevó la causa y lo acusó por su responsabilidad en siete homicidios calificados del llamado “Grupo de los Siete”, militantes de Montoneros, y por 45 casos de privación ilegal de la libertad y torturas, entre ellos el de Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo. Según los cálculos, el juicio podría empezar en los próximos dos meses y durante unos tres meses pasarán unos 150 testigos.

Las amenazas a Rozanski cayeron en ese escenario. Tanto él como numerosos jueces y fiscales recibieron amenazas el año pasado, una semana después del juicio a Etchecolatz. A fines de septiembre se encontraron con cartas iguales: “Sabemos que usted directa o indirectamente está recibiendo presiones del gobierno nacional”, les dijeron. Los jueces de La Plata descargaron la denuncia por las cartas en el juzgado de Corazza, entre ellos lo hizo Rozanski. Esta vez su denuncia llegó a manos de Blanco y quienes lo conocen dicen que no la hubiese hecho si no intuyera el caso Von Wernich detrás de las llamadas.

¿Qué buscan los amenazantes? ¿Cuál puede ser el impacto sobre los juicios? ¿O cuál es la interpretación de quienes tienen en sus manos las causas? Las respuestas son variadas, pero coinciden en algún punto: en el avance de las causas por las responsabilidades de la última dictadura militar los testigos y las amenazas son “una cuestión central” y una verdadera “cuenta pendiente” cuyos efectos vuelven a verse en casos como estos, de puertas al inicio de otro juicio oral.

“A todos nos inquieta que a alguien con causas tan importantes le ocurran estas cosas”, dice a Página/12 Carlos Dulau Dumm, el fiscal general de La Plata que intervino en el juicio a Etchecolatz y volverá a intervenir con Von Wernich. “Una de las deudas pendientes que tiene este país es el hecho de no poder determinar en tiempo rápido la procedencia de estas llamadas.” Hace dos años, al fiscal lo subieron a punta de pistola en un auto, durante ocho o diez cuadras para amedrentarlo. “Estoy con una persona de seguridad por las amenazas, yo sé en carne propia que esta gente existe, que estas amenazas a Rozanski puede ser que sean por el capellán, pero estamos en un país donde todo está agarrado con alfileres y nos va a costar mucho machacar sobre las instituciones democráticas para hacer ver a la gente que la Justicia funciona.”

Los querellantes sabían que Von Wernich estaba donde estaba, lo denunciaron oportunamente, pero ya no esperaban nada. El cambio de cárcel también los sorprendió a ellos. “El traslado lo resolvió Rozanski por lo que sé”, dice Guadalupe Godoy, abogada y querellante de algunos familiares de las víctimas en este juicio y con Etchecolatz. “No hubo un pedido de nadie, supongo que el juez lo hizo por una cuestión de principios”, dice. “En el contexto de impunidad que se agravó con la desaparición de López –agrega– el escenario de los juicios cambió y sin medidas, éste va a ser el marco en el que se van a llevar adelante.”

Norberto Liwski formará parte del encuentro en el que participará Rozanski, un coloquio sobre estos temas organizado por Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el jueves y viernes próximos. “Mi impresión es que lo predominante es una voluntad manifiesta de parte de los administradores de justicia de llevar esto adelante y garantizar el proceso debido, más allá de los nostálgicos del terrorismo de Estado.”

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-84656.html

2007-04-19

EL TRIBUNAL DE LA INQUICISIÓN DEL OPUS DEI, DESAFIA LA VOLUNTAD DE LA NACIÓN ARGENTINA

Kirchner le contestó al juez Bisordi

(Periodismo.com) - El presidente Néstor Kirchner salió nuevamente al cruce del titular de la Cámara Nacional de Casación, Alfredo Bisordi. "Nadie nos a prohibir opinar cuando notamos que la Justicia se atrasa", dijo ayer el mandatario, durante un acto realizado en la Casa Rosada.

El conflicto entre el Gobierno y Bisordi se remonta al 24 de marzo pasado. Ahí, durante un acto por el 31 aniversario del golpe de Estado, Kirchner instó al Consejo de la Magistratura a "proceder" contra Bisordi y otros tres camaristas de Casación a los que reprochó dilaciones en los juicios a represores, lo cual generó una pública queja del presidente del tribunal por la "intromisión" presidencial.

A partir de ahí Bisordi protestó y las declaraciones de uno y otro lado fueron en un increscendo. Luego, durante las últimas horas, el titular de Casación reiteró que no renunciará pese al público reclamo que le hizo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para que deje el cargo.
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LA INQUICISIÓN METIDA EN LA MÉDULA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA:

Una historia con jueces

Un quién es quién de la cuestionada cámara recuerda nombramientos menemistas, dichos sobre el Opus Dei y a mucha honra, y hasta insólitas desmentidas de vínculos militares.

Acusado de pertenecer al Opus Dei y de tener buenas relaciones con la corporación militar, el camarista Eduardo Riggi hizo una desmentida antológica: “No tengo el honor de ser del Opus Dei y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”. Fue días antes de que lo nombraran integrante de la Cámara de Casación, como uno de los postulantes impulsados por Carlos Menem. El entonces presidente apadrinaba también a Ana María Capoluppo de Durañona y Vedia, a pesar de que la candidata generaba dudas sobre sus conocimientos para desempeñarse en lo que sería el máximo tribunal penal del país. Ella las despejó con una frase. “No sé nada sobre derecho penal, pero voy a aprender”, prometió. Aquí, un poco de historia sobre los cuatro camaristas para quienes hoy, quince años más tarde, se pide el juicio político por demorar intencionalmente las causas sobre violaciones a los derechos humanos.

Alfredo Bisordi

El juez que acaba de tomarse una licencia de 30 días en medio de la pelea con el Gobierno había sido impugnado, al asumir en Casación, “por haber tomado pública posición a favor del terrorismo de Estado”.
Bisordi se desempeñó en el gobierno militar como secretario del juez federal Norberto Angel Giletta, en un juzgado que se hizo conocido por su rechazo a los hábeas corpus que presentaban los familiares de desaparecidos.
En 1984 fue fiscal adjunto en el juicio a Mario Firmenich por el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born; de ese caso nació su amistad con el fiscal Juan Romero Victorica, que todavía se mantiene. En cambio, cuando se abrió el juicio a las juntas lo designaron adjunto del fiscal Julio César Strassera y duró una semana.
Su padrino para el ascenso a Casación fue el entonces presidente de la Corte, Ricardo Levene, con quien tenía una inmejorable llegada: era en aquel momento secretario penal del máximo tribunal.
Bisordi recibió en 2005 un apercibimiento del Consejo de la Magistratura por llamar “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, una ex detenida de la Esma. En 1999, la DAIA había pedido su destitución por actuar bajo motivaciones antisemitas y forzar un expediente para favorecer a tres skinheads. La Asociación de Abogados de Buenos Aires, a cuyos miembros Bisordi describió como “enemigos ideológicos míos porque tienen una posición ideológica de extrema izquierda”, había señalado entre las objeciones a su aptitud para el cargo una de tipo emocional: su tendencia a desbordarse y caer en crisis de llanto “ante cualquier contradicción”.

Eduardo Rafael Riggi

Fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”. En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, Riggi fue cesanteado. Volvió al poco tiempo, tras ser rebajado al último puesto del escalafón, pero recuperaría posiciones a medida que se acercaba el golpe de Estado.

Carlos Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación, junto con el de otros dos candidatos, Ana Capoluppo y Juan Martín Romero Victorica. Los antecedentes de estos candidatos provocaron la renuncia del entonces ministro de Justicia León Arslanian, quien dejó el gobierno tras señalar que no quería avalar a “ningún Frankenstein”. Arslanian había sido uno de los constructores de la reforma penal de 1992 que creó la Cámara de Casación y puso en marcha el sistema de juicios orales.

Riggi fue acusado de tener buenas relaciones con los militares y ser del Opus Dei. Lo desmintió en estos términos: “No tengo el honor de ser del Opus Dei, y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”

Ana María Capoluppode Durañona y Vedia

El mayor problema para la designación de Ana María Capolu-ppo de Durañona y Vedia fue que se dudaba sobre su capacidad para asumir en la máxima instancia penal del país. Ella, que siempre se había desempeñado en el fuero civil, despejó todas las dudas: “No sé nada sobre derecho penal, pero voy a aprender”, prometió.

El Senado aprobó su pliego el 18 de noviembre de 1992.

Había tenido hasta entonces una carrera sin nada para destacar, hasta que en 1990 el subsecretario de Justicia, César Arias, la promovió a jueza en lo Civil. El ascenso fue posterior a que la UCeDé votara a favor de la ampliación de la Corte Suprema, con lo que Menem obtuvo la mayoría automática. Capoluppo estaba casada entonces con el diputado Francisco de Durañona y Vedia.
Según Horacio Verbitsky en su libro Hacer la Corte, su cargo en la Cámara de Casación fue ofrecido por Menem a Francisco de Durañona y Vedia en compensación por su relevo como interventor en la provincia de Corrientes.

Gustavo Hornos

Menem lo propuso para ser juez de Casación luego de un episodio del que quedaron unas pocas líneas en el archivo. La noticia fue publicada en noviembre de 1994. Amira Yoma estaba a un paso de ser sobreseída definitivamente en la causa por lavado de dólares provenientes del narcotráfico. Gustavo Hornos, fiscal ante la Cámara Federal, podía evitarlo con la presentación de un recurso extraordinario, pero el recurso no fue presentado. Días antes, el gobierno lo había candidateado sin aviso para ocupar un lugar que el menemismo había prometido a un radical, Juan José Avila.

Hornos ya había tenido otro ascenso imprevisto, en 1992, cuando fue nombrado fiscal de Cámara en reemplazo de Luis Moreno Ocampo. Tenía apenas 34 años. Desde esa función, se ganó una imagen de independiente del Poder Ejecutivo; fue él quien denunció el otorgamiento irregular de un pasaporte a Monzer Al Kassar, en un escándalo que involucró a varias figuras de la Casa Rosada.

Hijo de un oficial retirado del ejército, ex alumno de la Escuela de Defensa Nacional, el juez ha ejercido la docencia en la Academia Superior de la Policía Federal y la Universidad Católica.
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Otros Artículos:
Duros con los jueces
REVOCAN UNA CONDENA A JEFES PENITENCIARIOS
http://www.bloqueucr.gov.ar/verContenido.php?contenidoID=2944

La denuncia sacudió hace ocho años: guardiacárceles del penal de Caseros sacaban a la calle a distintos presos para que robaran para ellos. Once penitenciarios fueron a juicio y dos terminaron sentenciados. Sin embargo, ahora la Cámara de Casación resolvió revocar ambas condenas y la investigación quedó en la nada.
La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país —integrada por Liliana Catucci, Alfredo Bisordi y Raúl Madueño— favoreció a Omar Alfredo Romero, quien era el jefe de la División Seguridad Interna de Caseros, y a Pedro Ensina, otro ex jefe del penal.
El 14 de noviembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 había condenado a cinco años de prisión a Romero y a cuatro y medio a Ensina. El delito que se les imputaba era el de "cohecho" (cobrar coimas).

2007-03-24

EL INSOLITO TEXTO DE VON WERNICH

ArgAtea:
Aquí no se trata de ningún tema religioso, simplemente que quizas, detrás de La Excusa Religiosa se esconda un complice de privación de libertad agravada y torturas a presos políticos en la época de la dictadura
, y que ahora por sus declaraciones está haciendo apología de la violencia.

Aquí no se trata de ser ni león ni demonio, aqui es unicamente justicia humana, ya es hora que se dejen de hacer de este país un circo y dejarse de espectaculos de la Edad Media. Este hombre debe ser sometido a La justicia de la ley como cualquier ser humano, para probar en este caso, su muy poco probable inocencia.

"Sentencia del juez platense Arnaldo Corazza declarando inválidas e inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y dictando orden de detención contra el sacerdote Christian Federico Von Wernich
"...Que ante todos estos casos, la actividad del sindicado ya sea por acción u omisión, importó la contribución a la privación ilegal de la libertad agravada, la mortificación que entrañaban las condiciones de detención como también y valiéndose de su calidad de sacerdote, procuraba obtener de los detenidos la información necesaria ello mediante la mortificación física que lograría quebrar la resistencia moral de aquellos..."

http://www.nuncamas.org/juicios/argentin/baires/laplata/vw7768/resoluc/vw7768_19sep03.htm


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Sábado, 24 de Marzo de 2007
INSOLITO TEXTO DE VON WERNICH, EX CAPELLAN PRESO POR SECUESTRO Y TORTURAS
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-82236-2007-03-24.html
Carta de “un prisionero de guerra”

Fue confesor de Camps y está detenido por 41 casos de tortura y secuestro. El suyo es el próximo juicio oral y el primero después de la desaparición de López. Para el aniversario del golpe, publicó una carta donde se define como un cristiano “tirado a los leones”, difundida en webs de ex militares y en la revista Cabildo.

Por Laura Vales
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Christian Federico von Wernich está preso y espera su juicio oral por participar de torturas.

El próximo juicio oral por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura será el del capellán policial Christian Federico von Wernich, confesor de Ramón Camps. El sacerdote está acusado de participar en siete homicidios y 41 casos de secuestro y torturas, entre ellos el de Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. Será un proceso significativo, no sólo por la gravedad de los delitos que se investigan, sino porque posiblemente se convierta en el primer juicio oral a un represor luego de la desaparición de Julio López. En este marco, Von Wernich acaba de hacer pública una declaración en la que se define como un “prisionero de guerra” y se compara con los cristianos arrojados por el César a los leones. “Un nuevo Coliseo abre sus puertas y prepara la arena, no ya en Roma, sino en nuestro país”, dice el capellán en una carta en la que se define como una víctima del “revanchismo”. La declaración es un pedido de apoyo, se supone que dirigido a jerarquía católica y a los cristianos, que convoca a “orar para vivir esta persecución con la misma fuerza y valentía que los hombres, mujeres y niños que, entregados a los leones, bañaron con su sangre de mártires a nuestra Iglesia”.

El escrito fue publicado por la revista de ultraderecha Cabildo en su última edición y también fue difundido por páginas de Internet de militares retirados, que tienen como lectores al planeta procesista. Cabildo presentó al capellán como “el reverendo padre Christian von Wernich”; previsiblemente, habló de “ultraje” y de “odio a Jesucristo” como móviles del juicio. La declaración del sacerdote ocupa una página.

Comienza el texto: “Durante el Imperio Romano, dos mil años atrás, el César ordenó que el uso del Coliseo fuese para grandes espectáculos, promoviendo la distracción y diversión del pueblo”.

“Uno de esos ‘espectáculos’ fue el feroz aniquilamiento de los primeros cristianos que eran llevados al Coliseo, en cumplimiento de una persecución –llena de odios y venganzas– que los entregaba a los leones para una cacería humana, mientras una parte del pueblo con su emperador presente gozaban del ‘espectáculo’”. Párrafos más adelante, Von Wernich habla de sí como si fuera uno de aquellos antiguos cristianos “sometidos a todo tipo de torturas”, lo que no es una alucinación lisérgica sino que está escrito por Von Wernich así como se lee.

La declaración salta luego al presente: “Pasaron veinte siglos y un nuevo Coliseo abre sus puertas y prepara la arena, pero no ya en Roma sino en nuestro país, gobernado por un módico César que ocupa, por ahora temporalmente, el gobierno”, señala. “El módico César (...) inspirándose en aquellos crueles paganos de la Roma antigua, ya ha bajado el dedo a los ‘tribunales populares’ urgiéndolos a que actúen y condenen a las víctimas elegidas (...) A ese ‘tribunal popular’ pronto entraré como entraban los cristianos al Coliseo romano, para ser también devorado (...) Ya han encontrado su presa ideal para despedazar. Esa presa deseada soy yo, Christian Federico von Wernich, sacerdote de la Iglesia Católica y ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante los años 1975-1985”.

El capellán Von Wernich fue asesor de los grupos de tareas de Camps. Tenía rango de oficial de la policía y estuvo adscripto a la Dirección de Investigaciones que comandó el ex comisario Miguel Etchecolatz, la mano derecha de Camps. En aquellos años de la dictadura, Von Wernich recorría los centros clandestinos de detención manejados por Camps y Etchecolatz. Visitaba a los prisioneros e intentaba quebrarlos emocionalmente.

Luis Velazco, que estuvo detenido en la comisaría 5ª de La Plata, es uno de los principales testigos del caso. Tenía 20 años cuando lo secuestraron; el sacerdote lo visitó luego de que Velazco pasara por su primer sesión de torturas. “Tuve un relación extraña con él –contó a Página/12 el año pasado–. La primera vez que lo vi trató de demostrarme que sabía mucho de mí y de mis hermanos. Yo me sentía muy nervioso; me dijo ‘tranquilo, soy primo de Monona’, la mujer de mi tío. Tenía una foto mía, que le había dado mi familia creyendo que iba a localizarme. Nunca les dijo nada.” Velazco relató que Von Wernich estaba al tanto del destino de una niña nacida en cautiverio, la hija de Héctor Baratti y Elena de la Cuadra, a quien su abuela todavía busca.

El sacerdote también deberá responder en el juicio oral por siete detenidos a quienes Camps había ofrecido sacar del país y fueron asesinados. Las familias de los desaparecidos habían entregado dinero para pagar sus rescates que, al menos en un caso, se encargó de recolectar el capellán. En 1984 el policía Julio Emed relató este hecho a la Conadep y contó cómo, en presencia de Von Wernich, el médico policial Jorge Bergés les aplicó a tres de estos prisioneros “dos inyecciones a cada uno, directamente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno”. El policía dijo que se había sentido “impresionado por lo ocurrido”. “El padre Von Wernich habló conmigo –recordó el policía–, me dijo que lo que habíamos hecho era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del país.”

Entre los casos elevados a juicio está el de Jacobo Timerman. Sus hijos Héctor y Javier, representados por el abogado Alejo Ramos Padilla, pidieron que se juzgue al cura por el secuestro y las torturas sufridas por su padre cuando estuvo detenido en Puesto Vasco y Coti Martínez. Von Wernich está acusado en la causa elevada al tribunal oral por su participación en siete asesinatos y 41 casos de secuestros y torturas.

Sin condena pero expuesto al repudio social, Von Wernich se había ido del país en 1996. Fue descubierto dando misa en Quisco, un paradisíaco pueblo chileno. En septiembre del 2003 fue detenido por orden del juez Arnaldo Corazza y desde entonces permanece arrestado en la División Antiterrorista de la Policía Federal, en Palermo. En los tribunales de La Plata, donde se realiza el proceso oral, cuentan que el cura no es el único de los represores que autotitula “prisionero de guerra”. Todos los integrantes de la banda de Etchecolatz están poniendo su firma seguida de esa leyenda en los escritos judiciales. El juicio oral no tiene fecha, aunque se espera que comience entre mayo y julio. Si es así, Von Wernich llegará a las audiencias con 69 años; en el 2008 cumplirá 70, el piso para solicitar el arresto domiciliario.


Durrieu, a declarar

El abogado Alejo Ramos Padilla, patrocinante de los hijos de Jacobo Timerman, pedirá que se cite a declarar en el juicio oral contra Von Wernich a Roberto Durrieu, que figura en los agradecimiento del libro El caso Timerman, punto final, escrito por Ramón Camps. Durrieu fue secretario de Justicia durante el gobierno de Jorge Rafael Videla, ocupó también el cargo de fiscal de Estado bonaerense y es en la actualidad abogado de Juan Carlos Blumberg.

“En el libro, Camps transcribió todas las declaraciones que a Timerman le extrajeron bajo tortura en los centros clandestinos de detención manejados por Miguel Etchecolatz y la patota que operó en la provincia de Buenos Aires”, señaló Ramos Padilla. “Allí agradece a quienes colaboraron en la investigación de lo que él llama ‘el caso Timerman’, y entre los agradecimientos figura Durrieu. Queremos que explique cuál fue su rol en el caso de torturas, apremios y detención ilegal que sufrió Jacobo Timerman”.

El expediente está en manos del Tribunal Oral Nº 2 de La Plata, aunque en el ambiente judicial circulan versiones de que los jueces se declararían incompetentes para entender en el caso. Si así sucede, el juicio quedará en manos del Tribunal Nº 1, que preside Carlos Rosanski, y que condenó al represor Miguel Etchecolatz

2007-03-01

PROYECTO DE LEY Expediente 899-D-05 : SUPRESIÓN DEL OBISPADO CASTRENSE

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de diputados de la Nación Argentina,
Expediente 899-D-05

Fecha publicación: 22/3/2005

Artículo 1. - Denúnciase el Acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957, aprobado por Decreto 7623/57, y sus modificaciones aprobadas por decreto 1526/92 sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. - A partir de la publicación de la presente ley cesarán en sus funciones el Obispo Castrense, el Obispo Auxiliar Castrense, los capellanes mayores y capellanes militares de cada una de las fuerzas armadas, y quienes desempeñen funciones similares en las Fuerzas de Seguridad.

Artículo 3. - Queda prohibido dentro del ámbito castrense y de las fuerzas de seguridad la prédica religiosa de cualquier tipo y la celebración de oficios religiosos en actos oficiales.

Artículo 4. - En ningún caso se requerirá a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sean oficiales, suboficiales, soldados o personal civil, la declaración o manifestación de sus creencias religiosas o la ausencia de las mismas.

Artículo 5. - De forma.

Dr. Héctor T. Polino
Diputado Nacional


LA SAGRADA FAMILIA CASTRENSE Y SU INSTITUCIONALIDAD PRO-CLERICAL
SOBRE EL IMPERIALISMO RELIGIOSO
Por el Dr. Héctor T. Polino Diputado Nacional

Señor Presidente:
La adopción de los principios y valores del laicismo en la República Argentina a partir de 1880 constituyó un salto fundamental en términos de progreso social y avance hacia una sociedad democrática, pluralista e inclusiva. La sanción de la ley 1.420 de educación laica, gratuita y obligatoria, junto con la creación de los registros civiles y de los cementerios públicos municipales, constituyeron tres hitos de avanzada hacia una sociedad que cobijara a todos los argentinos y a todos aquellos inmigrantes que vinieron al país a integrarse al mismo y forjarlo en un esfuerzo común con los criollos.

La construcción de un estado laico, al servicio de todos los ciudadanos con independencia de su confesión religiosa -o la ausencia de ella- constituyó una de las bases de la nacionalidad argentina, país que se caracterizó por una gran capacidad de integrar a todos aquellos que vinieron a poblarlo, y no sólo los que eran mayoritariamente católicos -tal el caso de los inmigrantes españoles e italianos-, sino también los de otras confesiones como judíos, musulmanes, protestantes y cristianos ortodoxos. Se conformó así una sociedad pluralista que más allá de algunos resabios de intolerancia e intentos de volver hacia atrás en esta senda -como la instauración de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires en la década del 30-, se caracterizó por la convivencia pacífica de hombres de todos los credos religiosos o no pertenecientes a ninguno. Este proceso de integración ha sido valorado y tomado como ejemplo en todo el mundo.

En 1918, con la Reforma Universitaria, el laicismo arribó a los claustros, abriendo las casas de altos estudios a todos los argentinos y permitiendo el desarrollo de una amplia clase profesional compuesta por individuos de todo origen que tenían en común la vocación por la ciencia y el conocimiento racional.
Desgraciadamente este proceso de laicización del Estado no llegó a todos sus estamentos, destacándose dos en los que no pudo penetrar. En primer lugar la Justicia, en la que sólo en los últimos años se observa un proceso de mayor pluralismo en la selección de los jueces, ya no por sus creencias religiosas sino por otras aptitudes, si bien es mucho lo que se debe avanzar en ese campo.

En segundo lugar, e ingresando en lo que es materia de este proyecto, en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En efecto, como producto de una visión conservadora de la Argentina, que asociaba a la Patria con el Ejército y la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y de Seguridad continuaron practicando la liturgia católica en sus actos públicos como si ésta fuere la religión del Estado Argentino, pese a que éste es, por mandato constitucional, claramente laico.

En efecto, el art. 2 de la Constitución Nacional decididamente establece que 'el Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano' pero no que lo adopta, y a renglón seguido garantiza en innumerables artículos la libertad religiosa de todos los habitantes (art. 14, 20, etc.). La Reforma de 1994 afianzó esta senda al suprimir el requisito de pertenecer a la comunión católica para ser presidente de la Nación (art. 89), eliminar la obligatoriedad de toda referencia a los Evangelios en el juramento (art. 93) y suprimir también el antiguo régimen del patronato (art. 75 inc. 22).

Pese a ello, en los cuarteles existen iglesias y capillas, se practican oficios religiosos y se impone a todo el personal militar una suerte de religión oficial en detrimento de quienes no la practican, contribuyendo a crear un clima que aleja de las mismas a los que adhieren a otras religiones o a ninguna. Puede decirse que se pretende mantener incólume la vieja alianza entre la cruz y la espada, de triste recuerdo en el mundo hispánico.

El Acuerdo con la Santa Sede del 28-6-57. Creación del Vicariato
En consonancia con esta ideología, el gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1955, firmó el Acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957, aprobado por decreto Nº7623/57, sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, por el que se creó el Vicariato Castrense y con él las capellanías de cada una de las Fuerzas Armadas. El Gobierno de Carlos S. Menem, por decreto Nº1526/92, de conformidad con el Vaticano, elevó el Vicariato al rango de Oispado.
Los considerandos de dicho acuerdo expresan que 'La Santa Sede y el Gobierno Argentino, deseando proveer de manera conveniente y estable a la mejor asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas de la Tierra, Mar y Aire, según su tradición desde los orígenes y sus anhelos han decidido llegar a un acuerdo…'. Obsérvese que en ningún caso el acuerdo habla de prestar dicha asistencia a aquellos que profesen la religión católica, ya que da por supuesto que dada la 'tradición desde los orígenes' ningún miembro del Ejército, Marina o Aeronáutica puede profesar otra religión o ninguna.

Sin embargo, el acuerdo entre la República de Venezuela y el Vaticano de 1996 expresa algo muy distinto, ya que partiendo de un encabezado similar, en el mismo se afirma 'deseando proveer de manera conveniente y estable a la mejor asistencia religiosa del personal católico de las Fuerzas Armadas Nacionales' aceptando la posibilidad de la existencia de integrantes no católicos.

Expresando de este modo una concepción totalitaria -en tanto no admite la diversidad de cultos- el artículo 10 del tratado argentino dispone que 'La jurisdicción del Obispo Castrense y de los Capellanes es personal, se extiende a todos los militares de Tierra, Mar y Aire en servicio activo, a sus esposas, hijos, familiares y personal doméstico que conviven con ellos en los establecimientos militares, a los cadetes de las instituciones de formación y aspirantes de los institutos de suboficiales y a todos los religiosos y civiles que de manera estable viven en los hospitales militares o en otras instituciones o lugares reservados a los militares'. Es decir, se sobreentiende que son todos católicos -hasta el personal civil y doméstico- y no se admite excepción alguna.
Curiosamente, se aparta así de su fuente, la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae dada por Juan Pablo II el 21 de abril de 1986, que en su capítulo X sostiene que pertenecen al Ordinariato militar (léase Obispado) y están bajo su jurisdicción 'todos los fieles que son militares y los empleados civiles…', de donde surge la posibilidad de que algunos no sean fieles y por lo tanto ajenos a esa jurisdicción. Como dice el dicho, más papistas que el Papa.

La indicada constitución apostólica, no obstante, establece en el capítulo IX que 'Puesto que todos los fieles deben cooperar a la edificación del Cuerpo de Cristo, el Ordinario y su presbiterio deben procurar que los fieles laicos del ´Ordinariato´, tanto individual como colectivamente, actúen como fermento apostólico y también misionero entre los demás militares con los que conviven'. Esta norma, que es derecho positivo por remisión del artículo 1 del Tratado, resulta inadmisible, ya que los cuarteles deben ser ajenos a toda tarea de propaganda religiosa que pueda sembrar el disenso en las Fuerzas Armadas o crear un clima de intolerancia hacia la disidencia, fuente de discriminación y persecución. Las Fuerzas Armadas, como la escuela pública, la Justicia, el sistema de salud, deben ser laicas y abiertas a todos los ciudadanos de la República Argentina, cualquiera sea su credo, incluso los que carecen del mismo, sin que se creen requisitos implícitos o ambientes en los que ser diferente por no pertenecer a la religión oficial constituya un signo de descalificación personal.

Los militares o miembros de las fuerzas de seguridad que profesan una determinada confesión religiosa pueden hacerlo fuera del ámbito castrense, con los sacerdotes que asisten a los demás argentinos de ese mismo credo, siendo esto lo más conveniente, del mismo modo que es bueno para su integración social que compartan el vecindario con otros argentinos, la escuela de sus hijos y todas aquellas prácticas tendientes a no crear compartimentos estancos y diferenciados con la sociedad, que tantos perjuicios han traído en el pasado.

La triste historia del Vicariato castrense
El primer vicario castrense fue Emilio Fermín Lafitte, desde la creación en 1957 hasta 1959. Le sucedió el Cardenal Antonio Caggiano, quien se desempeñó hasta 1975, conocido por su activo respaldo a la dictadura militar del Gral. Juan Carlos Onganía.
Reemplazó a Caggiano, Monseñor Adolfo Servando Tortolo, quien se desempeñó hasta 1982 y fue un activo cómplice de la última dictadura militar y del terrorismo de Estado instaurado por ésta. Durante largos períodos de enfermedad lo reemplazó el Vicario Auxiliar, Victorio Bonamín, golpista confeso y propiciador del exterminio de los que consideraba 'subversivos'.
A Tortolo lo sucedió José Miguel Medina, también cómplice del último gobierno militar. Secretario privado de Tortolo y Medina fue Emilio Graselli, también de triste memoria. Tanto Medina como Graselli fueron denunciados como encubridores y colaboradores de la represión en el capítulo I del Nunca Más, informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP.

Pero para tener una cabal idea del papel que cumpliera en la Argentina el Vicariato castrense prefiero transcribir el Auto del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional Española, en el caso de los ciudadanos españoles desaparecidos en la República Argentina del once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio al ex Capitán de la Armada Adolfo Scilingo:
'De dicho análisis, se desprende, cada vez con mayor claridad, como se expondrá, que una de las finalidades perseguidas por la Jerarquía Militar que propicia el Golpe de Estado, desde antes de dicho momento, y con el apoyo instigación y bendición de las jerarquías de la Iglesia Católica Argentina oficial, es la destrucción pura y simple a través de la violencia de todo lo que sea contrario a esa doctrina, y, en esa contradicciones basa la definición de lo subversivo - todo ello como un mal necesario para la 'purificación de la nación argentina'. En definitiva, se trata de una verdadera filosofía que mueve la acción delictiva; se trata de una 'cruzada' contra todo aquel que comparta la ideología atea o no occidental o no cristiana. Ese elemento de no pertenencia a la ideología cristiana y occidental según los limites marcados a la ideología cristiana y occidental, por las Jerarquías Militares y la Iglesia oficial argentina, es el que cohesiona verdaderamente a todos los que son victimas de la represión, y, entre los que se va a incluir judíos, ateos, cristianos de base o no oficialistas, etc, y, es el que da sentido a la afirmación, que se contiene en el auto impugnado de que el genocidio de un grupo religioso es la destrucción sistemática y organizada, total o parcial de un grupo por su ideología atea o no cristiana; es decir, para imponer una ideología religiosa cristiana determinada.

'No se trata por tanto, como expone el Ministerio Público y de hecho suscribe el Abogado recurrente, de que 'el tirano argentino haga afirmación de sus creencias religiosas', pero no persiga por creencias religiosas sino que precisamente se trata de lo contrario. En efecto, la Jerarquía Militar, cuando comienza su acción, parte precisamente de la necesidad de defender esas creencias religiosas cristianas y occidentales. Ello es lo que justifica su propio quebrantamiento; así se conciente al asesinato, la tortura, el secuestro, o robar, como elementos necesarios para conseguir el fin, que no es otro que la destrucción de todo o todos los que contradicen aquella ideología. Sólo partiendo de este planteamiento los represores se van a considerar justificados y en paz consigo mismos, porque están haciendo lo necesario para salvar los valores cristianos y occidentales de los que la 'Nación Argentina' se considera portadores.

'Para comprobar la certeza de este planteamiento es conveniente recopilar algunas afirmaciones de la Jerarquía eclesiástica militar antes y durante la época estudiada y que explican el verdadero sentido y alcance de la acción genocida que se enjuicia. Así, cuando se observan los precedentes contenidos en los Cursos de Guerra Contrarrevolucionaria se comprueba que su impartición se hace con el beneplácito eclesiástico. Entre las ideas difundidas conviene resaltarse la de que 'la democracia basada en el sufragio universal o soberanía popular es el medio eficaz para promover la subversión legal'. Se insiste en que el militar debe asumir la doctrina católica ya que sin ella 'no sabrá que hacer con las armas que tiene en las manos'.

'Estas ideas no son nuevas sino que ya habían sido acunadas en 1966, cuando el primado de Argentina y Vicario General Castrense, Antonio Caggiano, en acto público afirmaba que: 'La represión no es una mala palabra'.
'La Jerarquía eclesiástica oficial en los años sucesivos continua perfilando su punto de vista sobre la situación argentina, y, así, en 1974 al concluir la 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se da a conocer un documento en que los obispos expresan su preocupación por 'la difusión de doctrinas e ideologías totalitarias y marxistas' y el avance de mentalidades estatizantes, y, el peligro que ello supone para Argentina.

'Posteriormente, en agosto de 1.975, Monseñor Tortolo, presidente de la CEA, dice en un documento pastoral sobre desapariciones, torturas y muertes en la provincia de Tucumán que el Ejército en el 'Operativo Independencia' de Tucumán -anuncio cruento de la represión posterior- había sido limpia y eficaz.
'Por su parte, el Vicario y Provicario General Castrense de las Fuerzas Armadas Argentinas Vitorio Bonamín, en septiembre de 1975 y en presencia del general Viola, hace una afirmación llamativa 'saludo a todos los hombres de armas aquí presentes purificados en el Jordán de la Sangre, para ponerse al frente de todo el país. El ejército está expiando las impurezas de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función?'.
'Posteriormente el mismo prelado, en enero de 1.976, -según consta en las declaraciones testificales que obran en la causa-, afirma de nuevo: 'La patria rescató en Tucumán su grandeza mancillada en otros ambientes, renegada en muchos sitiales y la grandeza se salvó gracias al Ejército Argentino. Estaba escrito en los planes de Dios que Argentina no iba a perder su grandeza y que la salvaría su natural custodio: El Ejército'.
'Una vez producido el golpe de estado el 24 de marzo de 1976, la Iglesia Oficial, representada por los Obispos Tortolo y Arambre, -Obispo de Buenos Aires-, y, Bonamín, mantienen el apoyo oficial al Ejército y efectúan pronunciamientos sucesivos que reafirman esa postura que a veces llega a comparar al General Videla con Jesucristo. Así Monseñor Tortolo, en ocasión de la celebración de la Pascua, el 20.4.76, con referencia al mismo dice: '...los pueblos son como los hombres, también son libres para aceptar la salvación de Cristo ... ocurre lo mismo con nuestra querida nación: Cristo resucitado está en las puertas de nuestro pueblo y lo llama para ofrecerle el río desbordante de nuestra vida'.

'Por su parte, el Obispo Bonamín, el día 4 de marzo de 1976, poco antes de la detención de los sacerdotes Orlando Virgilio Yiorio y Francisco Jalias -23 de mayo de 1.976- desaparecidos en la ESMA y Quinta del Viso, dirá: 'la lucha antiguerrillera es una lucha por la República Argentina, por su integridad, pero también por sus Altares'.

El Arzobispo de la ciudad de Bahía Blanca , Jorge Mayer, el 27 de Junio de 1976 afirma que 'La guerrilla subversiva quiere arrebatar la cruz, símbolo de todos los cristianos para aplastar y dividir a todos los argentinos mediante la hoz y el martillo'. Como consecuencia inmediata, el 4 de julio, tres sacerdotes Palotinos y dos seminaristas de la misma congregación, caracterizados por ayudar a los más desfavorecidos son muertos por miembros del grupo de Tareas 33.3 de la ESMA. Entre las víctimas aparece el ciudadano español SALVADOR BARBEITO.
'No puede cerrarse este apartado, sin retomar la cita de las afirmaciones y doctrinas del Provicero General Castrense de las Fuerzas Armadas Argentinas, porque de ellas se desprende la doctrina y filosofía que guiará todas las actuaciones represoras de las jerarquías militares, tal como se hace constar en el auto impugnado y en éste.

'En octubre de 1.976, tal como se publica por el diario 'La Nación' el 11 de octubre de ese año, el mencionado prelado afirma con contundencia que 'Esta lucha, se refería a las acciones de los Grupos de Tareas, es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre, en definitiva es una lucha en defensa de Dios. Por ello pido la protección divina en esta guerra sucia en la que estamos empeñados'.
'En el mismo sentido, el 5 de Diciembre de 1.977 el Obispo Bonamín, en ocasión de una conferencia pronunciada en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, dice: 'el mundo está dividido por dos filosofías incompatibles, perfiladas por dos fronteras ideológicas: el materialismo ateo y el humanismo cristiano. Las Fuerzas Armadas, en representación de la civilización occidental y cristiana deben utilizar todos los medios para combatir el enemigo'.
'Con estos apoyos y orientaciones cobran absoluto sentido la dirección y el fundamento ideológico que guió a los militares, en el desarrollo de la represión y ejecución calculada del genocidio. Esta orientación y motor ya queda reflejada en el auto impugnado, pero debe completarse ahora con alguna cita y ejemplo más' (la negrita corresponde al original).
Reseñados estos antecedentes resulta casi natural que el actual Obispo castrense, Monseñor Antonio Baseotto, se haya manifestado partidario de arrojar al mar con una piedra de molino atada al cuello, a quienes propicien la despenalización del aborto, el mismo método usado por la Armada Argentina para hacer desaparecer a sus víctimas, tal como surgiera de las confesiones del Sr. Scilingo. Los oficiales que hacían esto, según sus dichos, tenían asistencia espiritual de los capellanes militares, evidentemente en el marco del Acuerdo con la Santa Sede de 1957.
El informe de la CONADEP, al hacer referencia a la conducta de Medina y Graselli, alude a las 'actitudes de algunos miembros de la Iglesia' como un hecho aislado, señalando que 'El Episcopado Argentino condenó reiteradamente la modalidad represiva que investigó esta Comisión' y destacando que 'calificó como ´pecado´ los métodos empleados'. En honor a la verdad, se impone decir que la Iglesia Argentina mantuvo en todo esto un doble discurso, pues nada hizo efectivamente para hacer cesar esta conducta. No olvidemos que el Vicariato castrense forma parte de la Conferencia Episcopal (Cap. III de la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae).
Por los antecedentes reseñados se impone la denuncia del Acuerdo con la Santa Sede de 1957 y el inmediato cese de funciones del Obispado castrense en las Fuerzas Armadas y de quienes desempeñen funciones análogas en las de Seguridad.

La necesidad de extender el laicismo

Si algo define a Occidente como tal es el proceso de secularización iniciado a fines de la Edad Media y que tuvo como resultado la separación de la Iglesia del Estado, del poder espiritual y del poder temporal, como se decía en aquel entonces. Por contrapartida, el rasgo característico de las sociedades cerradas y de todos los fundamentalismos es la identidad entre el Estado y una determinada fe religiosa que se impone a todos los individuos. Sólo se admite la convivencia con otras religiones como un acto de tolerancia y no como un derecho de los súbditos de ese Estado a profesar libremente su culto. La mayoría de las veces se admiten otros credos en minorías étnicas, pero no en los individuos pertenecientes al propio pueblo que se apartan de la religión mayoritaria y mucho menos se tolera que no se profese religión alguna.

La sociedad democrática es una sociedad laica. En tal sentido son claras las palabras del filosofo español Fernando Savater, formuladas al calor del debate sobre el laicismo que se da en ese país: 'Durante siglos, ha sido la tradición religiosa -institucionalizada en la iglesia oficial- la encargada de vertebrar moralmente las sociedades. Pero las democracias modernas basan sus acuerdos axiológicos en leyes y discursos legitimadores no directamente confesionales, es decir, discutibles y revocables, de aceptación en último caso voluntaria y humanamente acordada. Este marco institucional secular no excluye ni mucho menos persigue las creencias religiosas: al contrario, las protege a las unas frente a las otras. Porque la mayoría de las persecuciones religiosas han sucedido históricamente a causa de la enemistad intolerante de unas religiones contra las demás o contra los herejes. En la sociedad laica, cada iglesia debe tratar a las demás como ella misma quiere ser tratada... y no como piensa que las otras se merecen. Convertidos los dogmas en creencias particulares de los ciudadanos, pierden su obligatoriedad general pero ganan en cambio las garantías protectoras que brinda la Constitución democrática, igual para todos.

'En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros o para todos' (El País, Madrid, 30-4-04).
En igual sentido Gonzalo Puente Ojea, Presidente de Europa Laica, nos dice: 'El principio laicista postula, en cuanto señal y cifra de la modernidad como hito histórico irreversible del autoconocimiento y la autoliberación del ser humano, la protección de la conciencia libre del individuo y de su privacidad, desalojando radicalmente de la res publica toda pretensión de instaurar en ella un régimen normativo privilegiado en favor de cualquier fe religiosa que aspire a 'institucionalizarse' en forma de ente público al servicio de alguna supuesta revelación sagrada o mandato divino'.

El autor cita al filósofo Suizo Alexandre Vinet, en Essai sur la manifestation des convictions (1839): 'Si la sociedad tiene una religión, es que tiene conciencia, ¿cómo prevalecerá la conciencia del individuo contra la de la sociedad? Sólo con su conciencia se enfrenta el hombre a la sociedad (...) Es imposible oponer soberanía a soberanía, omnipotencia a omnipotencia, imposible suponer que de todas las conciencias individuales y diversas resultaría una conciencia social (...) No, si la sociedad tiene una conciencia, lo es a condición de que el individuo no la tenga, y ya que la conciencia es la sede de la religión, si la sociedad es religiosa, el individuo no lo es'.
Y agrega Puente Ojea: 'Como quiera que es incuestionable que solamente el ser humano como individuo psicofísico, la persona física, posee el atributo óntico de la conciencia y la autoconciencia, sólo él puede ser religioso o profesar una fe. Este sencillo teorema laicista de Vinet está saturado de consecuencias teóricas y prácticas'. Frente a la ominosa tradición católica y a los desarrollos organicistas de los totalitarismos de nuestro tiempo, es urgente, en aras de la libertad, afirmar con energía que sólo existe un ser dotado de conciencia, y ese ser es el individuo humano. Al no existir ni mente colectiva, ni conciencia societaria, sólo el portador singular y único de una mente puede poseer conciencia y albergar en la intimidad de ese fuero interno sentimientos y convicciones de orden religioso, es decir, relaciones con supuestas instancias de carácter sobrenatural. Así, sólo el individuo es, en último término, sujeto de derechos, y cualesquiera otros titulares de derechos lo son en cuanto imputables a los individuos. Es en el ámbito de la privacidad donde se configura la personalidad moral y jurídica del ser humano. La sociedad como tal no puede pensar, ni tener conciencia, ni poseer derechos en virtud de su propio estatuto ontológico colectivo. Sólo metafóricamente, y como reunión de individuos, es posible atribuir personalidad jurídica a las asociaciones, empleando al efecto una fictio mentis, y específicamente, en cuanto sujetos de derechos, una fictio iuris. Son 'personas' exclusivamente per analogiam, pues los individuos que las constituyen son los únicos entes 'imputables' y protagonistas del sistema jurídico. Como las sociedades no pueden tener religión alguna, tampoco pueden tener institucionalización alguna como unidad funcionalmente religiosa en la res publica. Perteneciendo ontológicamente la religiosidad al ámbito de lo privado, los poderes públicos en general, y a su cabeza el Estado, o en su caso la comunidad internacional, carecen ex natura del atributo de la religiosidad, así como de cualquier tipo de convicciones que habiten el espacio de la conciencia. Es ésta la premisa fundadora del laicismo.

'En el espacio público es preciso practicar, como regla usual, un relativismo metodológico como premisa de la tolerancia de quien admite que otro pueda tener razón, aunque en el fuero recóndito de su conciencia tenga la convicción de estar en posesión de la verdad. Por lo demás, el creyente tiene el pleno derecho a difundir su peculiar verdad. Pero sin reclamar privilegio alguno para su actividad proselitista en el plano convivencial de la privacidad y sin invadir el ámbito de lo público. El concepto de un Estado laico no admite ni la práctica de persecuciones políticas o administrativas contra iglesia o asociación civil alguna que se someta a las normas del Derecho civil común, pero tampoco consiente la concesión de mercedes o privilegios.
'El laicismo entraña por su ideario una vocación universalista, racionalista y civilizadora; y, por todo ello, postula el movimiento comprometido con la profundización y expansión de los derechos humanos en un contexto de un universalismo civilizatorio con los seres humanos en tanto que individuos como principales protagonistas de la historia. La igualdad y la libertad que reclama el laicismo es el desarrollo integral y autónomo de la conciencia libre como valor supremo del proceso de humanización y civilización de los ciudadanos' (El laicismo, principio indisociable de la democracia, http://www.inisoc.org/).

Laicismo y libertad religiosa

Al contrario de la posición integrista o fundamentalista en materia religiosa, la adopción del laicismo en la sociedad garantiza por sobre todas las cosas garantiza la más plena libertad religiosa, ya que elimina el elemento de coacción que surge de considerar a la fe una cuestión de Estado.
Según Horacio Gentile, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba, 'La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa. En la declaración ´Dignitatis humanae´, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II ´(...) ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana´ y, agrega, ´para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad´. ´Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(...) Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil´.' (Gentile, Horacio, Libertad Religiosa y de Culto, el subrayado es mío).

Por ello, la mejor forma de garantizar la más plena libertad religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es suprimir todo elemento de coacción, que de por sí se plantea cuando la institución que la persona integra asume una confesión determinada como religión oficial o de Estado, generando un temor en dicho individuo a manifestarse como diferente o disidente.
Este tipo de imposiciones se tornan en contra de quienes las promueven. Recientes estudios sobre el grado de secularización de la sociedad Europea y la estadounidense, muestran cómo en los países del Viejo Continente en los que históricamente la religión fue cuestión de Estado aquellas es mayor, mientras en los Estados Unidos en los que las distintas iglesias actuaron siempre como asociaciones privadas, sin apoyo estatal, es menor, e inversamente la religiosidad mucho mayor.
Por los motivos que expongo el proyecto de ley no debe limitarse a suprimir el Obispado castrense, sino que se impone también prohibir la prédica religiosa de cualquier tipo y la celebración de oficios religiosos en actos oficiales, eliminando la liturgia religiosa que hace suponer a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como a la población en general, que existe una religión oficial del Estado Argentino. De esta manera seguiremos la senda de quienes al organizar la Nación, más allá de los errores y deficiencias que puedan haber expresado en otros ámbitos, tuvieron la lucidez de crear un país para todos, abierto a todos los individuos, cualquiera fueran sus creencias.

Por los motivos expuestos solicito el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de Ley:

Artículo 1. - Denúnciase el Acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957, aprobado por Decreto 7623/57, y sus modificaciones aprobadas por decreto 1526/92 sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. - A partir de la publicación de la presente ley cesarán en sus funciones el Obispo Castrense, el Obispo Auxiliar Castrense, los capellanes mayores y capellanes militares de cada una de las fuerzas armadas, y quienes desempeñen funciones similares en las Fuerzas de Seguridad.

Artículo 3. - Queda prohibido dentro del ámbito castrense y de las fuerzas de seguridad la prédica religiosa de cualquier tipo y la celebración de oficios religiosos en actos oficiales.

Artículo 4. - En ningún caso se requerirá a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sean oficiales, suboficiales, soldados o personal civil, la declaración o manifestación de sus creencias religiosas o la ausencia de las mismas.

Artículo 5. - De forma.

Dr. Héctor T. Polino
Diputado Nacional