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2007-06-05

YA ESTÁ EN EL SENADO: Proyecto para eliminar el obispado castrense

Tras la renuncia de Baseotto, buscan eliminar el obispado castrense

Una senadora presentó un proyecto en el que denuncia el acuerdo firmado entre Argentina y el Vaticano que, en 1957, estableció su creación. Según la iniciativa, "cesarán en sus funciones el obispo castrense, los sacerdotes militares de cada fuerza y quienes desempeñen funciones eclesiales análogas en las fuerzas de seguridad". Hoy la Santa Sede aceptó la dimisión del polémico obispo


Un proyecto para eliminar el obispado castrense fue presentado en el Senado por una legisladora justicialista, quien propuso denunciar el acuerdo firmado entre la Argentina y el Vaticano en 1957 que estableció su creación.

La senadora Adriana Bortolozzi de Bogado presentó la iniciativa el pasado 28 de marzo, cuando todavía estaba pendiente la aceptación de la renuncia del obispo castrense Antonio Baseotto que el Vaticano dio a conocer hoy.

El proyecto de Bortolozzi fue girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que encabeza Carlos Reutemann, donde aguarda ser tratado por el Senado.

"Denunciase el acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957 aprobado por el decreto 7623/57", dice el proyecto que busca dar por terminado el acuerdo que estableció la creación de la vicaría castrense.

El proyecto establece que, a partir de la vigencia de la norma, "cesarán en sus funciones el obispo castrense, el obispo auxiliar castrense, los capellanes mayores, los sacerdotes militares de cada una de las fuerzas armadas y quienes desempeñen funciones eclesiales análogas en las fuerzas de seguridad".

Indica también que "los miembros activos del ámbito castrense y las fuerzas de seguridad, sean cuales fueren su modalidad de contratación, gozan de la libertad de elegir, practicar y profesar su culto religioso" y señala que "ninguno de ellos podrá ser obligado a declarar sus creencias religiosas ni a participar de la celebración de ceremonias litúrgicas en actos oficiales".

Entre los considerandos, se señala que "parece anacrónico al contexto jurídico actual, discriminatorio para otros cultos y hasta incompatibles al principio de libertad religiosa, continuar aceptando la intervención de los capellanes y obispos en las estructuras de las fuerzas armadas".

Con la aceptación de la renuncia conocida hoy, el gobierno argentino y el Vaticano deberán continuar negociando el nombre del reemplazante de Baseotto que debe contar con el aval del Poder Ejecutivo, según el acuerdo firmado en 1957.

http://www.26noticias.com.ar/tras-la-renuncia-de-baseotto-buscan-eliminar-el-obispado-castrense-40111.html


2007-05-28

¿Continuidad o disolución del obispado castrense en Argentina?

Lunes, 28 de Mayo de 2007
OPINION
¿Continuidad o disolución del obispado castrense en Argentina?
Por Juan Cruz Esquivel *

La renuncia de Antonio Baseotto como obispo castrense por haber cumplido 75 años reactualiza la discusión sobre si es necesaria una estructura eclesiástica para la atención espiritual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Los fundamentos del auxilio religioso a los militares en el mundo estuvieron emparentados con la transmisión de valores para asistirlos y acompañarlos principalmente en tiempos de conflicto y de situaciones extremas, según se afirma en el documento papal Spiritualis Militaris Curae de 1986. En Argentina, sobrados testimonios y procedimientos han demostrado que la labor del clero castrense coadyuvó a la desestabilización del orden constitucional y a legitimación del terrorismo de Estado, por encima de su misión específica. La imbricada relación entre determinados sectores de la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas ha reforzado el rol protagónico desempeñado por los responsables de las estructuras castrenses en momentos de quiebre del régimen democrático.

Otro elemento que da cuenta de la especificidad del obispado castrense en nuestro país se refleja en el Acuerdo entre el Estado Argentino y la Santa Sede de 1957 y el intercambio de cartas reversales de 1992. Por medio de éstos, la jurisdicción religiosa militar se inserta dentro del organigrama estatal. Tal situación se traduce en una doble dependencia: en el orden eclesiástico, el obispo castrense encuentra su máxima autoridad en el Sumo Pontífice; en el orden administrativo, por corresponderle el rango de subsecretario de Estado, depende del presidente de la Nación. Según el artículo 4º del Acuerdo de 1957, su nombramiento depende del Vaticano, pero requiere el previo acuerdo del gobierno nacional. Asimismo, las capellanías mayores de las Fuerzas Armadas responden administrativa y financieramente al Ministerio de Defensa y las capellanías mayores de las Fuerzas de Seguridad están enroladas en el Ministerio del Interior. Esta serie de particularidades en nada contribuye a la debida autonomía recíproca entre el Estado y la Iglesia Católica.

Además, históricamente los miembros del clero castrense en Argentina han estado asimilados al régimen militar. Actualmente y a pesar de ser un tema en discusión, algunos capellanes conservan grado y uniforme militar.

Por último, la redacción de los acuerdos con el Vaticano contempla la asistencia espiritual del catolicismo a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, como si se tratara de un cuerpo uniforme en términos de religiosidad. De esta forma, se han visto obligados directa o indirectamente a asistir a ceremonias de un culto que no profesan ni comulgan. En consonancia con estas disposiciones, no sorprende el perfil de subtenientes que promueve el Colegio Militar de la Nación. En su página institucional, se enumera como cualidad de la vocación militar “la identificación con los valores y principios cristianos”. Cabría preguntarse, entonces, si se contempla el ingreso de aspirantes con valores judíos, islámicos o simplemente cívicos. Detrás de estas situaciones llamativas, se manifiesta una cosmovisión que equipara la identidad católica con la identidad nacional.

Por el conjunto de singularidades apuntadas, no todas vigentes en los obispados castrenses de otras latitudes, se torna imprescindible replantear la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, según los tiempos actuales de nuestra sociedad y de las realidades políticas y religiosas.

Dentro de la propia Iglesia Católica, muchos prelados, en forma reservada, aceptan la reformulación de la asistencia religiosa a los hombres de armas. Consideran que los organismos pastorales diocesanos podrían llevar adelante tal servicio. De esa manera, se evitarían los conflictos que devienen de la superposición de competencias entre las jurisdicciones locales y el obispado castrense de carácter nacional.

En otro orden, el proceso actual de reestructuración de las Fuerzas Armadas tiene, como uno de los ejes principales, la inserción social: se procura que los militares estudien en colegios y universidades públicas, reciban civiles en sus propios institutos de formación, vivan en barrios no militares y abran los barrios militares a la participación de los vecinos en actividades sociales y culturales.

En ese sentido, no existe ningún impedimento para que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que profesan una determinada religión concurran a una parroquia o un templo fuera del ámbito castrense, junto con los demás fieles, como en muchas ocasiones lo hacen. De este modo, estaríamos frente a una estrategia acertada, en el intento de integrar a dichas fuerzas con la sociedad argentina y de desestimular la conformación de ghettos o cuerpos especiales dentro de una misma sociedad.

Los argumentos aquí expuestos son más que suficientes para sostener la disolución del obispado castrense. Lejos de atentar contra la libertad religiosa, esta decisión garantizaría plenamente ese derecho, al respetar la independencia de los hombres de armas para decidir sobre sus convicciones religiosas y las prácticas de las mismas.

* Doctor en Sociología. Profesor en la UBA e investigador del Conicet.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-85643-2007-05-28.html

2007-05-27

IDENTIDADES

Domingo, 27 de Mayo de 2007
EL TE DEUM Y EL ACTO EN MENDOZA
Identidades
in anuncios explícitos, el acto en Mendoza ratificó la lenta disolución de identidades partidarias en un proceso de fusión simbolizado por la toma de manos de la pareja presidencial con el gobernador radical Cobos. Varias decisiones importantes en una semana de distensión y un Te Deum con un claro contenido político. Sigue pendiente una resolución sobre el Obispado castrense: continuidad, reforma o disolución.

Por Horacio Verbitsky

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Tal vez porque la oratoria no es su fuerte o porque hay cosas que aún no quiere decir, el presidente Néstor Kirchner ha desarrollado otras formas de comunicación que completan el mensaje. El cartel que decía “La Patria es de todos” como imagen de fondo mientras él alzaba las manos de su esposa CFK y del gobernador mendocino Julio Cobos es un buen ejemplo. En todo caso, no hubo ningún anuncio más concreto sobre la conformación de la fórmula que en octubre competirá por la presidencia y que marca la lenta pero persistente disolución de las identidades partidarias tradicionales, que van quedando como hilos con los que se borda un nuevo entramado. Así lo decía hace dos décadas el ex presidente Raúl Alfonsín y así lo implicó el viernes quien ocupa hoy el liderazgo partidario vacante, con sus menciones al aporte histórico de peronistas, radicales, desarrollistas y socialistas. Kirchner apareció relajado y sonriente, en la culminación de una semana que trajo novedades en distintos frentes: la decisión de despedir a funcionarios de cualquier nivel que aparezcan implicados en episodios de corrupción; el levantamiento del paro de los docentes de Santa Cruz, al cabo de complejas negociaciones; la revocación de la licencia de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur a un hombre de paja de las inversiones del Arzobispado de Buenos Aires; la inminente creación de un esquema múltiple para administrar el transporte ferroviario (con un Ente Regulador, una Administración de Infraestructura, una empresa estatal para explotar las líneas cuyas concesiones revirtieron al patrimonio público y que por ahora maneja una UTE compuesta por los demás concesionarios, y una instancia de coordinación entre esa empresa y las privadas que seguirán prestando el servicio en las líneas restantes); la creación de un programa de Verdad y Justicia que deberá sacar del pantano los procesos por el terrorismo de Estado, a cargo del politólogo Marcelo Sain, quien cumplirá esas funciones ad honorem y retendrá la dirección de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; la difusión del primer reportaje a agenda abierta que Kirchner concede a una periodista no complaciente con su gobierno.

De Buenos Aires a Mendoza

Como en Mendoza no hubo precisiones electorales más explícitas, la celebración del 25 de mayo deja espacio para el análisis de las relaciones del gobierno con la principal iglesia del país, la Católica, Apostólica, Romana. Eduardo María Taussig es uno de sus obispos más recientes. Egresó del seminario porteño en 1982 y hace menos de tres años el cardenal jesuítico Jorge Mario Bergoglio le impuso las manos, símbolo de sucesión apostólica. Desde entonces conduce la diócesis de San Rafael. El viernes ofició la misa y leyó la homilía en presencia del presidente porque el arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, estaba en Brasil donde participaba junto con Bergoglio y otros prelados en la asamblea general del Episcopado latinoamericano. Su predicación fue muy distinta de la que el año pasado Bergoglio asestó en la Catedral porteña al gobierno nacional en pleno.

El presidente del Episcopado se regodeó entonces en cada uno de los reproches que la oposición dirige al presidente y a su gobierno. Su belicoso discurso político implicó que Kirchner recurre a la propaganda y al juego de fuerzas para imponerse; que su poder y autoridad nacen de la manipulación, el amedrentamiento o la prepotencia; que se niega a la transitoriedad, a aceptarse como uno más del pueblo; que cultiva el hábito de polarizar y excluir; que busca enemigos y culpables sólo afuera; que practica la exclusión del contrario, la confrontación y el choque; que hace leña del árbol caído y consiente el abuso y la corrupción. Nada de eso forma parte de las bienaventuranzas bíblicas, como tampoco la hipótesis de que un presunto “permanente enfrentamiento nos deja rehenes de los imperios”. Esta última frase, propia de la guerra fría, no está tomada de los Evangelios sino del bagaje de Guardia de Hierro, la organización reaccionaria protegida por el ex almirante Massera, de la que Bergoglio formó parte. Desde entonces no ha escatimado gestos para unificar todas las fuerzas dispersas, de modo de presentar batalla a Kirchner y hace cinco semanas, al inaugurar la Asamblea Plenaria de los obispos argentinos, dijo que la Iglesia era difamada y perseguida. Sólo pudo ofrecer ejemplos de tiempos y lugares remotos, porque no hubiera quedado muy apostólico que mencionara los procesos contra el capellán policial Christian von Wernich y el cura pedófilo Julio César Grassi, que en vano trató de impedir y que exponen la realidad terrenal de una institución que prefiere amonestar desde los cielos.

El federalismo

Durante el reportaje con Magdalena Ruiz Guiñazú, Kirchner explicó que no mudó el Te Deum Laudamus a Mendoza para eludir el sermoneo impertinente de Bergoglio, sino porque como provinciano prefiere llevar el festejo de las fechas patrias a distintos lugares del país. Agregó que no le parecía dramático polemizar con el cardenal en aquellos puntos en que disientan, ambos como ciudadanos con iguales derechos. Claro que esa horizontalidad es inaceptable para la Iglesia, que se refiere a sí misma con la modesta expresión El Magisterio.

El tono y el contenido de la homilía de Taussig en Mendoza no podrían haber contrastado más con los de Bergoglio. Pero esas mismas diferencias ayudan a entender cuánto permanece de inmutable en ese tipo de ceremonia, cuya mera reiteración menoscaba la soberanía popular y la somete a una autoridad que se pretende superior. Por cierto, esos signos no son de comprensión simple ni inmediata.

Sin la entonación meliflua que enmascara la crispación, Taussig leyó un mensaje sereno y que culminó con un saludo cordial a Kirchner y a su esposa CFK, con abrazo y sonrisas incluidos. En la primera mitad reseñó la historia de esa ceremonia, lo cual revela la conciencia que la Iglesia romana tiene de que en la Argentina el Te Deum ya no es tan natural como el sol y la nieve y por primera vez motiva reflexión y análisis. El obispo de San Rafael recordó el origen medieval del himno que se canta en alabanza de Dios, su trasplante a la Argentina colonial y su continuación luego de la Independencia. Mencionó los Te Deum celebrados en los primeros años de vida independiente del país pero por supuesto se abstuvo de recordar que la Asamblea Constituyente de 1813 declaró al Estado “independiente de toda autoridad eclesiástica”, que en 1816 el papa Pío VII exhortó a los arzobispos y obispos “de la América Católica súbdita del Rey de España” a condenar “los movimientos sediciosos” contra la debida sumisión a las autoridades y a no escatimar esfuerzos para arrancar y destruir la funesta cizaña de la rebelión, y que su sucesor, León XII, dispuso en 1824 que los eclesiásticos ilustraran a los fieles sobre las virtudes del católico rey Fernando, “nuestro queridísimo hijo en Cristo”.

Taussig usó una metáfora de apariencia ingenua para fundamentar la subordinación que la Iglesia apostólica pretende del poder civil. Contó que un niño formuló la pregunta fundamental ¿para que hemos sido creados? Su catequista le respondió: “Para conocer, amar y servir a Dios”. El chico pensó que eso sería muy aburrido, pero al crecer y madurar percibió la sencilla profundidad y riqueza de esa lección. Por si el texto escrito no hubiera sido bastante claro respecto de lo que la Iglesia Católica espera de las autoridades, el prelado improvisó durante la ceremonia que el niño era como cualquiera de los presentes y podía llamarse Eduardo María, Néstor, Cristina o Julio, los nombres de pila del propio Taussig, del presidente, de su esposa y del gobernador mendocino. No menos sutil fue la referencia a una ley superior, que la Iglesia Católica llama “natural”, y que Dios habría inscripto en la conciencia de cada persona. Tampoco se privó de recordar que el primero de esos mandamientos dice “amar a Dios sobre todas las cosas” y sostuvo que el cuarto, “honrarás a tu padre y a tu madre” funda el amor a la patria, la tierra o herencia de los padres. Para servir bien a la patria, es necesario observar el decálogo, agregó, y la fidelidad a Dios es necesaria para erradicar el crimen y la deshonestidad en la tierra heredada. En síntesis: la Patria es católica y más vale que los gobernantes dejen de conducirse como niños, maduren y lo entiendan de una buena vez.

La democracia

La gran novedad fue la alabanza eclesiástica a la democracia, aunque escondió algunas espinas. El sacerdote agradeció a Dios por la inminencia de la sexta elección presidencial consecutiva en dos décadas. Dijo que a lo largo de la historia, los desencuentros entre los argentinos impidieron muchas veces que “fuera el pueblo el que confiriera la autoridad y mando” (expresión de Cornelio Saavedra) y frenaron “nuestra fidelidad a la democracia” (según una cita de Benedicto XVI, que amplió luego). Con una precisión histórica poco común en este tipo de oraciones recapituló que “de 1930 a 1983, sólo dos presidentes concluyeron el mandato para el que fueron elegidos”. Es una lástima que no haya ahondado en el rol que cumplieron para que ello ocurriera los cuerpos episcopales de la época y el Vicariato castrense, como sustento dogmático del Partido Militar y legitimación espiritual de sus intervenciones. Recién en el ocaso de la última dictadura, con el documento “Iglesia y Comunidad Nacional”, la jerarquía católica se resignó a la democracia. Taussig comenzó su carrera sacerdotal en 1982, al año siguiente de ese documento, por lo que no hay motivos para dudar de la sinceridad de su agradecimiento. Con otra cita de Benedicto XVI, quien a su vez citaba a Pablo VI, y a quien Taussig confundió en un tramo con Juan Pablo II, instó a “la fidelidad a la democracia”, que “puede garantizar la igualdad y los derechos de todos”, en especial “de los débiles o marginados”. Pero la “condición de posibilidad de una democracia real y no aparente” sería la búsqueda de “la verdad”, que es como la humilde Iglesia católica llama a su propia doctrina. “De aquí la invitación a trabajar para que aumente el consenso en torno a un marco de referencias comunes. De lo contrario, el llamamiento a la democracia corre el riesgo de ser una mera formalidad de procedimiento, que perpetúa las diferencias y acentúa los problemas”. No es necesario aclarar quiénes cree la Iglesia Católica que están llamados a fijar ese marco y cuáles son las referencias comunes que está dispuesta a aceptar.

La súplica

Lo puso de manifiesto en la súplica que sucede a la alabanza y que constituyó el golpe maestro de la ceremonia. Taussig hizo leer por dos monaguillos los siete puntos del programa que la Asamblea Episcopal difundió el 28 de abril como desafíos prioritarios en este año electoral y dispuso que los fieles imploraran a Dios por su cumplimiento. Los jovencitos leyeron:

“Preservemos la vida, don de Dios y el primero de los derechos humanos, desde el momento de la concepción y cuidemos su existencia y dignidad hasta su fin natural”. El presidente y el vice, sus esposas, los ministros del gabinete nacional, los gobernadores de las provincias argentinas, musitaron obedientes: “Te suplicamos, Señor”. El diálogo siguió así:

–Que la familia, fundada en el matrimonio entre varón y mujer, se fortalezca como célula básica de la sociedad y sea la primera responsable de la educación de los hijos.

–Te suplicamos, Señor.

–Que el bien común prime por sobre los bienes particulares y sectoriales, fortalezca los tres poderes del Estado, cuya autonomía se hace imprescindible para el ejercicio de la democracia, y se afiance por la sanción de leyes justas y por su acatamiento.

–Te suplicamos, Señor

–Que la inclusión de todos los ciudadanos permita a todos la participación en los bienes espirituales, culturales y materiales.

–Te suplicamos, Señor.

–Que el verdadero federalismo contribuya al fortalecimiento institucional de las provincias, con su necesaria y justa autonomía respecto del poder central

–Te suplicamos, Señor.

–Que la sociedad crezca en su capacidad de diálogo y en su habilidad para gestar consensos que se traduzcan en políticas de Estado, que orienten hacia un proyecto común de Nación.

–Te suplicamos, Señor.

–Que la fragmentación y enfrentamientos, que se manifiestan tanto en la impunidad como en desencuentros y resentimientos, den paso a las condiciones para establecer una paz verdadera con la restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón.

–Te suplicamos, Señor.

En una de las filas de bancos de la basílica escuchaban con sus pañuelos blancos cinco Madres de Plaza de Mayo, que saben cómo se traduce al lenguaje político argentino la reconciliación y el perdón que postula la jerarquía episcopal.

La información histórica suministrada por el obispo de San Rafael queda incompleta si no se agrega que la celebración del Te Deum no tiene rango constitucional ni legal, que es apenas una costumbre anacrónica y que solicitarlo o no constituye una facultad de los autoridades políticas. Kirchner llega al final de su mandato sin haberse perdido ni uno.

2007-05-16

QUE HAY DEBAJO DE LA SOTANA? LOS CANDIDATOS

Miércoles, 16 de Mayo de 2007
OPINION
Apenas el comienzo
Por Washington Uranga

Siguiendo el estilo vaticano, la renuncia del obispo castrense Antonio Baseotto fue aceptada ayer cuando nadie tenía la mirada puesta en esa situación. De esta manera, el Vaticano y la jerarquía católica argentina volvieron a enviar un mensaje: las decisiones referidas a la Iglesia se toman en el ámbito eclesiástico. Si bien gran parte de los obispos coincidían con el Gobierno en el sentido de que, en su momento, dos años atrás, las declaraciones de Baseotto en contra del ministro Ginés González García estuvieron fuera de lugar, casi la misma irritación que le produjo el hecho al Gobierno le generó a los obispos la decisión adoptada por el presidente Néstor Kirchner de desconocer al castrense.

Comenzó allí una pulseada que pasó más por los gestos que por las palabras. La Iglesia guardó silencio frente a la decisión oficial, pero decidió imponer su propia metodología para la remoción del obispo castrense. Se esperó a que el propio Baseotto presentara su renuncia al cumplir los 75 años. La dimisión podría haber sido aceptada de inmediato. Es lo que el Gobierno habría esperado. Esto no ocurrió, pero tampoco se le extendió en demasía el mandato al castrense: el retiro efectivo llegó apenas cuarenta días después de la fecha límite.

Al margen de estas consideraciones y de las pulseadas políticas detrás del caso, con Baseotto retirado el camino se allana para dar los pasos que siguen en búsqueda de un sucesor. Y así como la Iglesia utilizó sus tiempos para llegar hasta la separación de Baseotto de su cargo, no sería extraño que el Gobierno ahora utilice el mismo mecanismo para dar su acuerdo –en los plazos que considere oportuno– a la terna propuesta por la Iglesia. Sería una forma de pagar con la misma moneda la maniobra política del Vaticano.
Los candidatos a ocupar el obispado castrense son los obispos Carlos Malfa (Chascomús), Carlos Franzini (Rafaela) y Rubén Frassia (Avellaneda-Lanús). Si el Gobierno da su acuerdo a estos nombres, el que cuenta con más chances es Malfa, pero será la Santa Sede la que finalmente decida. Sin embargo, este nombramiento es sólo un capítulo de una discusión más amplia entre la Iglesia y el Gobierno.
En la Casa Rosada existe la firma voluntad de cuestionar la institución misma del obispado castrense y de los capellanes militares. En la Iglesia local hay disposición para comenzar un proceso de negociación en la materia, pero esto requerirá la revisión de los tratados internacionales que regulan la relación entre Argentina y el Vaticano. Será un largo proceso que todavía no comienza.

SIN CURAS EN LOS CUARTELES

Miércoles, 16 de Mayo de 2007
EL PROYECTO PARA ELIMINAR EL OBISPADO CASTRENSE
Sin curas en los cuarteles
Por Eduardo Tagliaferro

El proyecto no lleva ni dos meses desde que su autora, Adriana Bortolozzi de Bogado, lo presentó en la mesa de entradas. El impacto de la iniciativa excede largamente sus tres artículos. En su punto principal propone eliminar la figura del obispado castrense y los demás rangos religiosos que desempeñan funciones en las Fuerzas Armadas y de seguridad. Una propuesta que en otro contexto no hubiera llamado la atención, luego de que se conociera que el Vaticano le aceptó la renuncia al obispo castrense Antonio Baseotto comenzó a ser mirado con otros ojos.

Integrante del bloque oficialista, Bortolozzi de Bogado, esposa del vicegobernador de Formosa, Floro Bogado, es una outsider dentro de su bancada. Su condición de líbero quedó reflejada en más de una sesión legislativa. Girada únicamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el santafesino Carlos Reutemann, la propuesta no fue tratada y no figura en la agenda de temas urgentes. Claro que en un año electoral, las urgencias son otras. “La Rosada no emitió ninguna señal”, comentó un miembro de la bancada mayoritaria cuando este diario preguntó por la viabilidad de la iniciativa.

El primero de los artículos propone dar por terminado el acuerdo firmado por el Estado y el Vaticano en 1957. Reglamentado en tiempos de la Revolución Libertadora y modificado posteriormente con un decreto de Carlos Menem, el acuerdo establecía la jurisdicción castrense sobre las Fuerzas Armadas. El segundo artículo elimina la figura del obispo castrense, auxiliar, capellanes y sacerdotes militares. El tercer punto garantiza a los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad la “libertad para elegir, practicar y profesar su culto religioso”.

En sus fundamentos, la senadora formoseña repasa el papel religioso que la Iglesia mostró en más de una misión militar, campañas o cruzadas. Luego de ese racconto histórico, sostiene que muchos de los fundamentos que dieron origen a la figura del vicariato castrense han quedado en el pasado. En palabras de Bortolozzi de Bogado, “esta realidad parece anacrónica en el contexto jurídico actual”.

La legisladora concluye que la derogación de la figura del obispado castrense y demás estructuras religiosas, es “un avance en el proceso de laicización del Estado y sus instituciones, de acuerdo con los principios rectores de la última reforma constitucional”. También destacó que de esta manera “se garantiza la libertad religiosa y el albedrío espiritual para que todos los empleados de las Fuerzas Armadas y de seguridad, por el solo hecho de que tengan que cumplir disposiciones superiores, no sean obligados directa o indirectamente a participar de ceremonias o cultos con los que no comulgan”.

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MALLIMACI: “La mayoría de los países no tiene obispo militar”

Miércoles, 16 de Mayo de 2007

“La mayoría de los países no tiene obispo militar”

El sociólogo Mallimaci cuestiona la necesidad del vicariado.

“La sociedad argentina debe preguntarse si le hace falta un obispado militar”, es lo primero que dice el sociólogo Fortunato Mallimaci al comentar la renuncia del vicario castrense Antonio Baseotto. Para el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, especialista en la historia del catolicismo, la respuesta a ese interrogante es que no. “De hecho, la mayoría de los países democráticos no lo tienen, porque los militares no son ningún cuerpo especial y pueden asistir al culto como lo hace cualquier ciudadano.”

–¿Por qué en la Argentina tenemos un obispado castrense?

–Porque el gobierno militar de (Pedro Eugenio) Aramburu, siguiendo el consejo del gobierno peronista anterior, creó la vicaría militar. Después, (Carlos) Menem la convertiría en obispado.

–¿Existían antes de Aramburu sacerdotes militares?

–Sí, desde la creación de las Fuerzas Armadas burocráticas, a fines del siglo XIX. Lo que no existía era un vínculo especial, creando un obispo a cargo y una relación estrecha entre el episcopado y las Fuerzas Armadas. Por eso durante mucho tiempo el vicario de las Fuerzas Armadas fue el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Menem creó la cláusula por la cual el nombramiento del vicario castrense es del Vaticano, pero el presidente debe dar su acuerdo.

–¿Qué función ha cumplido históricamente el vicariado?

–Tiene la función de atender a los militares, y en la medida en que los capellanes, el vicario y el obispo funcionan más como militares que como civiles, cumplieron la función de acompañar todo el proceso de militarización y acompañaron el terrorismo de Estado, como hemos conocido por innumerables testimonios, aconsejando y legitimando la política de la dictadura. El ejemplo del obispo Baseotto yendo a la Corte Suprema de Justicia para pedir que no se deroguen las leyes de Obediencia Debida y el Punto Final, los discursos del obispo Baseotto apoyando una revisión de la memoria para que no sean condenados los militares, el discurso del obispo Baseotto proponiendo tirar al mar al ministro de Salud Ginés González García porque distribuía preservativos muestra a un sector del obispado que funciona más como militar que como ciudadano.
Ahora, quiero dejar en claro que estas declaraciones de Baseotto, sean pidiendo a la Corte Suprema que no derogue las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuando dijo que había que tirar al mar al ministro de Salud, o cuando pidió condenar a los movimientos de derechos humanos, jamás fueron repudiadas por el resto de los obispos ni por los partidos políticos. El hecho de que exista en la Argentina un salario para todos los obispos y una retribución especial al obispo militar muestra que aún quedan resabios de la dictadura en el vínculo entre Iglesia, Estado y partidos políticos.


–¿La renuncia de Baseotto va a modificar la relación entre el Gobierno y la Iglesia?

–No. El problema no es Baseotto. No va a cambiar nada en la medida en que el obispado militar continúe. Hay numerosos países democráticos que no tienen vicaría militar, porque las fuerzas democráticas piden que los militares, como los policías, como cualquier otro grupo social, vayan a la parroquia como va el empleado, el obrero, la docente: que se junten en el mismo lugar. En un proceso de profundizar la democracia es importante que ningún grupo tenga privilegios.

POR LA ANULACIÓN DEL OBISPADO CASTRENCE

Miércoles, 16 de Mayo de 2007

EL VATICANO LE ACEPTO LA RENUNCIA A BASEOTTO

“Siamo fuori”, dijo el Papa

Benedicto XVI aceptó la renuncia que el obispo castrense le envió cuando cumplió 75 años. El Gobierno evalúa ahora elegir un reemplazante de una terna que ya preparó el Episcopado o directamente disolver la vicaría castrense. En una entrevista, el sociólogo Mallimaci se pronuncia por esta alternativa.

En las misas de Baseotto solían participar represores.

El papa Benedicto XVI aceptó ayer la renuncia como obispo castrense de monseñor Antonio Baseotto, un icono de los sectores más críticos de la política de derechos humanos del Gobierno. Baseotto será reemplazado provisoriamente por el vicario general Pedro Candia hasta que la administración kirchnerista se incline por alguna de las dos alternativas que por estas horas se barajan: la de evaluar el nombre de un reemplazante definitivo o la de disolver directamente el obispado.

Baseotto había presentado su dimisión el 4 de abril, al cumplir 75 años, el límite de edad que establecen las normas canónicas para cumplir tareas pastorales. El Papa tenía que resolver al respecto, aunque sin plazos perentorios. Finalmente sucedió ayer.

“La Nunciatura Apostólica en la Argentina comunica que el Santo Padre Benedicto XVI ha aceptado la renuncia presentada por monseñor Antonio Juan Baseotto, ordinario castrense para la Argentina, por razones de edad”, subraya la comunicación oficial. Baseotto pasará a ser obispo castrense emérito.

En su lugar asumirá Candia, un protegido del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, y de Esteban Caselli, el ex secretario de Culto de Eduardo Duhalde y de Carlos Ruckauf. Aguer y Caselli solicitaron en un momento al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, que la Cancillería propusiera la designación de Candia como obispo coadjutor, con derecho a sucesión de Baseotto. El entonces canciller Rafael Bielsa se negó, aduciendo que no compete al Gobierno sino al Vaticano la propuesta, a partir de una terna elevada por el Episcopado.

Candia nació en 1957, ingresó al Colegio Militar tres semanas antes del golpe militar de 1976. Egresó en 1979 como subteniente de la Promoción 110 del Ejército. En mayo de 1987, abortada la rebelión carapintada, se fue de baja con el grado de teniente primero e ingresó al seminario. En la actualidad se desempeñaba como vicario general del obispado castrense.

La aceptación de la renuncia de Baseotto se conoció en Roma a través de L’Osservatore Romano y, en Buenos Aires, a través de la agencia AICA, luego de que lo informara el nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini. La versión ya había circulado el lunes en medios gubernamentales y eclesiásticos, que se mostraron molestos por la difusión de la noticia antes de que el Vaticano la hiciera oficialmente pública.

La cúpula del Episcopado argentino recibió la noticia en Aparecida, Brasil, donde participa de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Voceros de la delegación comentaron que el cardenal Jorge Bergoglio se enteró ayer mismo de la noticia.

La última aparición pública de Baseotto se produjo el pasado 29 de abril. Fue durante la celebración de los 50 años de ordenación sacerdotal en la Congregación del Santísimo Redentor, con una misa en el templo parroquial de Nuestra Señora de las Victorias.

La Secretaría de Culto evitó hacer comentarios para sumar “prudencia” a la negociación que ahora deberá entablar para la designación del sucesor de Baseotto. La Iglesia argentina ya envió a Roma una terna de candidatos integrada por los obispos de Chascomús, Carlos Malfa; de Avellaneda, Rubén Frassia, y un tercero que podría ser el obispo de Rafaela, Carlos Franzini, o el vicepresidente segundo del Episcopado, Agustín Radrizzani, según distintas fuentes.

Desde algunos sectores del Gobierno también se atiza un camino más drástico, como la disolución del vicariado castrense. Concretamente, un sector del oficialismo aspira directamente a denunciar el acuerdo firmado entre la Argentina y el Vaticano en 1957, que estableció la creación de esa vicaría con el fin de eliminarla. Existe un proyecto de ley en la Comisión de Relaciones Exteriores que promueve ese mismo camino.

El gobierno de Néstor Kirchner había pedido la remoción de Baseotto en marzo de 2005, luego de que se conociera una carta del prelado al ministro de Salud, Ginés González García, en la que lo criticaba por su postura sobre la despenalización del aborto. En esa misiva, Baseotto utilizó una cita bíblica donde Jesús afirma que “los que escandalizan a los pequeños merecen que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”, lo que para el Gobierno se trató de una apología de los temibles “vuelos de la muerte” que se realizaban en la dictadura militar.

La polémica se desató luego de un reportaje que Página/12 le realizó a González García el 14 de febrero de 2005.

–¿Hay que despenalizar el aborto? –preguntó este diario.

–Sí, yo pienso que hay que despenalizar el aborto.

–Va a generar discusión.

–Me parece bien. Yo trato de no hacerlo porque ya tengo demasiado combate, pero cuando alguien me pregunta digo lo que pienso.

–Aunque se irrite la Iglesia.

–Con esto se irrita todo el mundo, pero qué quiere que haga. No soy mentiroso. Además yo creo que la despenalización del aborto tiene que ver con cuestiones sanitarias. Si el aborto se hubiera despenalizado, muchas de esas mamás que no concurren al médico, o que llegan al borde de la vida, se salvarían. Creo que el programa de salud reproductiva previene muchos abortos a través de la prevención de embarazos no deseados.

Tras la carta de Baseotto, el Gobierno inició una ofensiva para desplazarlo del obispado. El Vaticano se negó a removerlo inmediatamente, por eso la administración kirchnerista le quitó el rango de subsecretario y el sueldo que el Estado paga al obispo castrense. Además lo desconoció en ese cargo, algo que desde ayer no deberá seguir haciendo, sencillamente porque ya lo dejó

2007-05-14

RENUNCIA DE BASEOTTO, SIN SUCESOR

El Papa puede aceptar mañana la renuncia de Baseotto pero no nombrar a su sucesor

BUENOS AIRES, may 14 (DyN) - El papa Benedicto XVI puede aceptar mañana la renuncia como obispo castrense de monseñor Antonio Baseotto, a quien el presidente Néstor Kirchner quiso echar en 2005, pero sin anunciar el nombre de su sucesor en el cargo, anticiparon hoy a DyN fuentes eclesiásticas y gubernamentales.
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"Mañana puede oficializarse el anuncio de su renuncia", subrayaron las fuentes consultadas por esta agencia, que además aclararon que el prelado militar "no debe realizar ningún trámite de renuncia ante el Poder Ejecutivo porque el único que tiene potestad para aceptársela es el Papa, que lo designa".

Trascendió, además, que el Vaticano no dará a conocer mañana el nombre del sucesor de Baseotto en el cargo, porque "todavía no hay acuerdo con el gobierno".

Monseñor Baseotto formalizó su dimisión el 4 de abril último al cumplir los 75 años, tal como establece el Código Derecho Canónico.

El cambio es esperado en la Casa Rosada, que en marzo de 2005 desconoció la autoridad de Baseotto como obispo castrense y pidió su remoción a la Santa Sede, aunque las demoras se evaluaron como un "fracaso".

La idea original del gobierno era que el Vaticano desplazara hace dos años al obispo castrense y nombrara otro en su lugar.

La postergación, que generó tensiones con el Episcopado, se produjo porque la Santa Sede consideró que Kirchner actuó en forma unilateral al exigir un nuevo obispo, cuestión de exclusiva competencia del Papa, y hasta -según advirtió entonces el vocero de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls- pudo poner en juego la libertad religiosa en el país.

Todavía no hay un candidato firme a la sede eclesiástica castrense pero la terna elevada a Roma por el nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, tendría a priori -trascendió- la venia del gobierno.

Los candidatos para suceder a monseñor Baseotto -según fuentes oficiosas- son los obispos Rubén Frassia (Avellaneda-Lanús) y Carlos Malfa (Chascomús), y un tercero que se mantiene "en reserva", aunque podría ser el propio vicepresidente segundo del Episcopado, monseñor Agustín Radrizzani (Lomas de Zamora).

Desde febrero de 2005, cuando Baseotto apeló a una alegoría evangélica -que habla de tirar al mar a quienes escandalicen a los niños- para criticar la política sanitaria oficial, el gobierno y el Vaticano analizaron al menos tres opciones para que el obispo se vaya anticipadamente a cuarteles de invierno.

En todos los casos, chocaron con la letra fina del Código de Derecho Canónico y el Concordato que estable las relaciones bilaterales desde 1957.

La Casa Rosada rechazó en setiembre de 2006 un ofrecimiento de la Santa Sede para nombrar un coadjutor con derecho a suceder a Baseotto recién cuando renuncie. Primó entonces la negativa de Cristina Fernández de Kirchner, que opinó que el caso exigía tener un obispo con plenas facultades y no que sólo acompañe al prelado cuestionado.

Tampoco prosperó la idea de cerrar el obispado castrense o darle otro marco jurídico a las capellanías militares, al permitir el ingreso a los cuarteles de rabinos y pastores evangélicos.

Y mucho menos, la propuesta de un reemplazo inmediato del obispo como pretendía Kirchner.

CGV JN

K-9531
http://ar.news.yahoo.com/s/14052007/7/l
DYN 14:11 05-14-07

2007-04-29

NÚMEROS DE COMO SE "SOSTIENEN LAS OTRAS RELACIONES CARNALES DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL VATICANO

Domingo, 29 de Abril de 2007

SUBSIDIOS, SALARIOS, JUBILACIONES DE PRIVILEGIO, EXENCIONES IMPOSITIVAS
La otra relación con la Iglesia

Gobierno y obispos se llevan públicamente mal, pero en lo político.
En otros rubros la relación entre la Iglesia y el Estado es múltiple, aceitada y regida por legislación de la dictadura.
El resumen es que los sueldos de obispos, párrocos de frontera y hasta seminaristas se pagan con dinero público.
Por Mario Wainfeld


La relación entre el Ejecutivo nacional y la jerarquía de la Iglesia Católica no es buena.
El diálogo no fluye, la comunicación escasea. Eso, en materia política, se entiende.
En otros rubros, los flujos de información se intercambian a diario. Se transmiten altas y bajas burocráticas, se detallan datos sobre sacerdotes y seminaristas, se remesan partidas.
Ocurre que, según la interpretación legal vigente de la Constitución, el Estado paga haberes mensuales a obispos y a párrocos de frontera. También obla una cápita por seminarista.
Las cifras, como todo lo que hace al gasto público, son controversiales, aunque (a diferencia de lo que ocurre en otros casos) poco se las conoce.
Un obispo diocesano, como Jorge Bergoglio o Jorge Casaretto, percibe una mensualidad de 7287,13 pesos. Los purpurados que se retiran reciben una significativa “asignación mensual y vitalicia”.
La norma respectiva alude a retiros por edad o por motivos de salud, pero quienes se alejaron de sus obispados por causales más chocantes también acceden al subsidio.
Entre ellos Edgardo Storni, quien renunció al obispado de Santa Fe envuelto en escándalos sexuales y económicos por los que está siendo juzgado penalmente, y Juan Carlos Maccarone, despedido del obispado de Santiago del Estero por revelaciones sobre su vida personal. La expresión “jubilación de privilegio”, tan denostada cuando concierne a laicos, suena demasiado piadosa en ciertos casos.


La Constitución nacional estipula que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

Regular ese mandato queda sujeto a legislación ulterior. Las que rigen la cuestión que nos ocupa fueron sancionadas durante la dictadura militar, algo digno de mención.


El sostén del culto se efectiviza por conductos muy variados, lo que dificulta una estimación global de los recursos imputados, que se canalizan a través de casi todos los ministerios del gabinete nacional.

Un cálculo riguroso exigiría tomar en cuenta las generosas exenciones impositivas en danza.


Un puntal del sostén del culto son los aportes para la educación privada, cuya magnitud amerita un debate de gran densidad, ajeno a este artículo.

La subsistencia de capellanes y obispos castrenses, pagados con fondos públicos, es una rémora antirrepublicana de los infaustos discursos autoritarios que enraizaban a la cruz con la espada.
Su pervivencia en el siglo XXI es un anacronismo en el que incurren pocas naciones. Chile es una de ellas, tributando al peso que aún conserva el pinochetismo en su esquema de poder.
Conseguir una nómina precisa de la cantidad de capellanes castrenses y de los dineros públicos destinados a su actividad excede las competencias de esta nota y de su autor. La información pública se extravía en varios despachos, casi nadie sabe, casi todos no contestan. Los pagos a obispos, seminaristas y párrocos de frontera, en cambio, son relativamente sencillos de aprehender.

Página/12 tuvo acceso a la documentación.


Papeles en regla

El Programa de registro y sostenimiento de Cultos es el número 17 del Presupuesto nacional. En el ejercicio 2007 se han asignado poco más de 16,6 millones de pesos para las “transferencias” que se reseñan en esta nota. El organismo de ejecución es la Secretaría de Culto, dependiente de la Cancillería. Los fondos no se entregan personalmente a los beneficiarios, se envían a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que tiene a su cargo la distribución.

Eso sí, las resoluciones respectivas detallan los nombres y apellidos de los obispos o sacerdotes y los importes que les corresponden. La partida general para el mes de marzo fue de $ 1.391.992, lo que multiplicado por doce se empareja con la previsión anual. Claro que los números podrían ser retocados en alza, si hay decisión en tal sentido, merced a las amplias facultades (alias superpoderes) delegadas al Ejecutivo en la persona del jefe de Gabinete.

Varios son los rubros por los que se remesa dinero a la CEA. Vaya un repaso a vuelo de pájaro.

a) Sostenimiento del clero argentino: Es una cápita de 336 pesos por seminarista, en base a cifras que proporcionan las respectivas jurisdicciones eclesiásticas.

b) Asignaciones para los obispos diocesanos y auxiliares: Corresponden $ 7287,13 a aquéllos y 6376,24 a éstos.

c) Asignaciones de $ 470,40 por párroco de frontera.

d) Asignaciones mensuales y vitalicias de $ 530 a un grupo particular (mínimo) de sacerdotes seculares.

e) Asignaciones mensuales y vitalicias a obispos retirados, que oscilan entre $5465,35 y $ 6376,24.

En ningún caso se trata, técnicamente, de sueldos, lo que tiene distintas implicancias. No existen aguinaldo ni pago de vacaciones. Tampoco tributan impuestos ni cargas sociales de ninguna especie. El Estado no retiene, por caso, impuesto a las ganancias. Los beneficiarios no hacen aportes jubilatorios.

Razones y sinrazones

Las diferencias antedichas no obstan a que los haberes en cuestión cumplan el rol de salarios, por su regularidad. Funcionarios avezados explican que en muchos casos el dinero no deriva al patrimonio personal del beneficiario sino que se consagra a gastos de la respectiva diócesis. Las normas no consagran ningún control al respecto, ni obligación de informar sobre el destino del dinero pagado.

El argumento de los gastos de la diócesis no parece aplicable al caso de las asignaciones vitalicias y mensuales a las que tienen derecho los obispos eméritos, esto es, retirados. La legislación prevé el beneficio para quienes se alejan por razones de edad. Pero acceden a esa mesada Edgardo Storni (como ya informó el periodista Horacio Verbitsky en este diario) y Juan Carlos Maccarone, quienes no dimitieron por el transcurso del tiempo o la enfermedad. Storni se retiró en medio de un escándalo de proporciones, acusado de abusos sexuales y malversación de fondos. Afronta juicios penales por esas causas. Maccarone fue desplazado tras habérsele probado relaciones homosexuales con fieles de su grey.

Seguramente se los beneficia merced a una interpretación extensiva de la norma. “Se paga a los eméritos”, explican en Cancillería, dando cuenta de una pirueta burocrática, favorable a los beneficiarios. El lector justipreciará si la interpretación es demasiado caritativa o algo peor.

El rango de los guarismos está predeterminado por ley. La que otorgó mensualidad a los obispos, en su texto original, la determina en el 80 por ciento del salario de un juez de primera instancia.

La asignación vitalicia que hace las veces de jubilación garantiza el setenta por ciento del sueldo del presidente de la Nación, excluidos los gastos de representación. Su montante ubica a los prelados muy por encima de la media de los trabajadores argentinos, aun de casi todos los funcionarios.

Antecedentes republicanos

El régimen actual se sustenta en leyes de matriz dictatorial, no se remonta a los orígenes de la patria. La ley 21.950, que estableció la asignación mensual a dignatarios católicos, fue dictada por Jorge Rafael Videla y conformada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Los mismos demócratas rubricaron la ley 22.161 que previó una asignación mensual a curas párrocos de frontera. La ley 22.950, firmada en octubre de 1983 (ya de salida) por el republicano Reynaldo Benito Bignone, impuso el “sostenimiento para la formación del clero de nacionalidad argentina”. Sucesivos gobiernos democráticos, incluido el actual, no introdujeron cambios relevantes en esas normas.

Su (previsible) correspondencia ideológica con la dictadura es un tema abierto a debate. La institución de los párrocos de frontera tributa sin duda a una idea perimida y nazionalista con zeta de los límites territoriales, muy propia del pensamiento militar del siglo pasado y muy chocante a la actual tendencia de integración regional. “Garantizar” la presencia de sacerdotes argentinos como un dique a temibles invasiones bárbaras de brasileños, chilenos, paraguayos, uruguayos o bolivianos. Es innegable el tufillo de las “hipótesis de conflicto” que cimentaron el pensamiento estratégico autoritario nativo.

Transparencia, igualdad, debate

Toda ley debe aplicarse, al mismo tiempo es discutible y mejorable. En todo caso, son muy contados los países no fundamentalistas cuyos Estados pagan sueldo a obispos. No lo hacen Uruguay, Brasil ni Chile, por dar ejemplos de repúblicas muy vinculadas a la Argentina, usualmente mentadas como ejemplos para la civilidad.

La relación entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Estado argentino amerita, como se postula en estos días, un debate profundo de raíz republicana. En ese trajín, un issue interesante sería debatir acerca de si los recursos que recibe la Iglesia se avienen a las reglas republicanas y al principio de igualdad, cardinal en la Constitución.

En la modesta percepción del cronista, las jubilaciones privilegiadas no cumplen esos requisitos. No es un cuestionamiento personal a quienes las reciben, entre quienes se cuentan obispos de razonable reputación pública como Justo Laguna y también un referente moral y ejemplo de vida como Miguel Hesayne. Se trata de un tema institucional.

Y las pagas de por vida son afrentosas si, para colmo, se confieren a quien ha sido acusado, con enorme fundamento, de delitos de toda laya.

Muy pocas leyes relevantes de la dictadura subsisten vigentes hoy día, frisando un cuarto de siglo de consolidación democrática. Las contadas que perduran están muy vinculadas a factores de poder: la de radiodifusión y las que terminamos de glosar. Todo un detalle.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-84238-2007-04-29.html

Cual es la realidad del misterio detrás de "Cristo vence"?

Advertencia

En las páginas que siguen no se encontrará ningún juicio de valor sobre el dogma ni el culto. Sólo un análisis del comportamiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana como “realidad sociológica de pueblo concreto en un mundo concreto”, según los términos de la propia Conferencia Episcopal Argentina. En cambio su “realidad teológica de misterio” sólo corresponde a los creyentes, que merecen todo mi respeto.


Domingo, 29 de Abril de 2007

UN SIGLO DE HISTORIA POLITICA (1884-1983)
Cristo Vence
Hoy a las 18.30 Verbitsky presentará en la Feria del Libro Cristo Vence, primer tomo de una historia política de la Iglesia Católica. Lo acompañarán Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Pigna y Fortunato Mallimaci.

A continuación, el comienzo de un trabajo histórico que aparece en el momento oportuno, cuando la máxima jerarquía se declara perseguida por un gobierno que podría retomar el proceso secularizador interrumpido.

Por Horacio Verbitsky


Advertencia

En las páginas que siguen no se encontrará ningún juicio de valor sobre el dogma ni el culto. Sólo un análisis del comportamiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana como “realidad sociológica de pueblo concreto en un mundo concreto”, según los términos de la propia Conferencia Episcopal Argentina. En cambio su “realidad teológica de misterio” sólo corresponde a los creyentes, que merecen todo mi respeto.

Sin estudiar el papel central de la Iglesia Católica Apostólica Romana es imposible entender la historia de la Argentina moderna y la tragedia que marcó el último tercio de su siglo XX con extremos de crueldad propios de las contiendas de religión. Tal hipótesis es el origen de esta Historia Política de la Iglesia en la Argentina, que también puede leerse como una historia de la Argentina con la Iglesia Católica como hilo conductor.

Cada uno a su manera, víctimas y victimarios de la última dictadura vinculan el método del exterminio clandestino con la Iglesia Católica.

–Sería preferible que dictaran la ley marcial y aplicaran la pena de muerte, pero con oportunidad de defensa ante un tribunal –argumentó el editor periodístico Jacobo Timerman durante un almuerzo con un íntimo colaborador del jefe de la Armada, Emilio Massera.

–Estamos apurados. No tenemos tiempo. En ese caso intervendría el Papa, y contra la presión del Papa sería muy difícil fusilar –le contestó.

–Pero Franco fusiló pese a la oposición del Papa –insistió el editor.

–Nosotros no estamos en condiciones –replicó el marino.

El general Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante y teorizador de la llamada guerra contrarrevolucionaria, también explicó la adopción del método de la desaparición forzada de personas por el temor a la reacción del Vaticano:

–Mire el lío que el Papa le armó a Franco cuando fusiló tres nomás. Usted no puede fusilar 7000 personas –le confesó a la periodista francesa Marie-Monique Robin.

Cuando entrevisté al oficial naval Adolfo Scilingo dijo que el método atroz de arrojar personas vivas al mar había sido consultado con la jerarquía eclesiástica, que lo aprobó por considerarlo “una forma cristiana y poco violenta” de muerte. Al regreso de cada misión, los capellanes calmaban el escrúpulo de los participantes con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo, pasando por alto que en la teología católica ésa no es una tarea de los hombres en el mundo sino de Dios el día del Juicio.

En la década de 1930 Francisco Franco contó con el apoyo del Episcopado español y de los papas Pío XI y Pío XII. Pero aquélla fue una verdadera guerra civil, en la que también los rojos colocaban frente al pelotón de fusilamiento a los nacionalistas, entre ellos centenares de sacerdotes. Como escribió el católico desencantado Georges Bernanos, en España se fusiló como quien talaba árboles.

En realidad tanto el interlocutor naval de Timerman como Díaz Bessone aludían al declinante Franco de 1975, que hasta el último día sostuvo su poder en el garrote vil pese al repudio universal, incluido el de Pablo VI. A eso se refería también el jefe de Operaciones Navales de la Armada al informar a Scilingo y al resto de sus oficiales que la jerarquía argentina recomendaba un método menos estrepitoso, la desaparición entre noche y niebla de los opositores, armados o no. Este sigilo no hubiera sido necesario en una guerra, que enfrenta a dos bandos armados de alguna equivalencia. Pero sí para ejecutar con medios criminales una operación de reingeniería social que abarcó mucho más que las organizaciones partisanas. La mitad de los detenidos-desaparecidos eran obreros o empleados y la dictadura envió comandos a Venezuela para secuestrar o asesinar a dirigentes gremiales empresarios.

Plan de masacre

Ese método del secuestro, la tortura y la eliminación clandestina en el nombre de Dios no fue transmitido a los militares argentinos por los veteranos ni por la literatura de la Falange española, que fue una de las múltiples influencias en el peronismo, sino por miembros militares y eclesiásticos de la poco conocida organización integrista francesa Cité Catholique. Cuando se produjo el golpe en Buenos Aires ya habían pasado cuarenta años del alzamiento franquista, sus antiguos partidarios ni querían recordarlo y la España contemporánea era exaltada como modelo tecnocrático de desarrollo, bendecido por el Opus Dei. En cambio estaba fresca la guerra de Argelia y su secuela de terrorismo paramilitar en París.

Varios de los principales cuadros de Cité Catholique fueron los responsables de la inteligencia del Ejército colonial francés y de sus despiadados métodos. Luego de la independencia de Argelia y del desmantelamiento de la OAS varios de ellos se refugiaron en la Argentina bajo la protección del presidente de la Conferencia Episcopal, vicario general castrense y cardenal primado de la Argentina, Antonio Caggiano, la figura central de la Iglesia argentina en el siglo XX.

En 1961 la Argentina fue el primer país después de Francia en el que se publicó el libro ideológico fundamental del grupo, “El marxismo-leninismo”, de Jean Ousset, que incluye una recopilación de encíclicas papales condenatorias del comunismo y una doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Su traductor fue el coronel Juan Francisco Guevara, que era el jefe de la Inteligencia del Ejército, y su prologuista el cardenal Caggiano. Para el líder de Cité Catholique enemigo es todo aquel que procure subvertir el orden cristiano, la ley natural o el plan del Creador, lo cual explica el amplio espectro de organizaciones y personas que cayeron bajo la atención de sus discípulos. Como dice Caggiano en el prólogo, hay que prepararse para una “lucha a muerte” que califica de “eminentemente ideológica” contra enemigos que todavía “no han presionado las armas”. Esta frase es otra constatación rotunda de los alcances del plan de masacre, elaborado antes de que surgiera la primera organización guerrillera.

El sucesor de Caggiano en el arzobispado de Buenos Aires pasaba los fines de semana en la casa de recreo El Silencio, donde también festejaban el fin de curso sus seminaristas. En 1979 la Armada escondió allí a medio centenar de detenidos-desaparecidos para que no los encontrara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el único caso conocido de un campo de concentración que funcionara en una propiedad eclesiástica.

¿Por qué la Iglesia Católica actuó de ese modo si en la Argentina nunca hubo un atentado de la guerrilla contra personas o lugares eclesiásticos que, en cambio, fueron blanco predilecto de la represión militar?

Para entenderlo es preciso alejarse en el tiempo y en el espacio porque la Iglesia Católica es una institución bimilenaria, universal y compleja.

Nuevas preguntas

Pero antes de llegar a la conclusión aparecen nuevas preguntas:

¿Por qué las demás dictaduras de la seguridad nacional carecieron del componente dogmático que impregnó al gobierno de facto argentino entre 1976 y 1983?

¿Cuál es el motivo por el que sólo aquí un grupo marginal como Cité Catholique cobró tal influencia sobre eclesiásticos y militares?

¿Qué razón hubo para que en Chile, Uruguay y Brasil la Iglesia fuera refugio de los perseguidos y no su azote como en la Argentina?

¿Cómo se entiende que ese Episcopado que santificó un poder ilegítimo y brutal tuviera más bajas en su jerarquía que los del resto del continente? ¿A qué se debe que un Pontífice como Pablo VI, que rechazó los intentos de cooptación del chileno Pinochet, sucumbiera sin resistencia a la seducción de los argentinos Videla y Massera?

La masa del iceberg

Cuando llevaba más de mil quinientas páginas escritas en procura de las respuestas, regresé al más sensato propósito inicial de contar la historia de El Silencio. La parte sumergida de ese iceberg era una masa imponente de documentos, entrevistas y bibliografía. Constituía el involuntario esbozo de una historia política de la Iglesia Católica en la Argentina a lo largo de un siglo: desde que el general-presidente Julio A. Roca expulsó al delegado apostólico Luis Matera en 1884 hasta que el liberal-radical laicista Raúl Alfonsín recibió el gobierno en 1983, como consecuencia del derrumbe de la dictadura sangrienta cuya praxis resulta inexplicable sin conocer aquel siglo de historia eclesiástica. El texto se abre con una imprescindible reseña de los cambios producidos en el mundo en el siglo previo, a partir de la Revolución Francesa.

En este ciclo de crisis, renacimiento, apogeo y declinación, la Iglesia fue el soporte espiritual de la clase dominante, a la que Walsh atribuyó una inclinación temperamental al asesinato. La forzada identidad entre la Nación Argentina y la dogmática católica y la investidura de sus militares y obispos con la autoridad de vigilar y castigar cualquier apartamiento de la única verdad admisible están en la base de lo sucedido.

La secularización de la sociedad argentina emprendida por una burguesía liberal que importó su modelo económico de Londres y su modelo cultural de París fue incompleta. Las leyes de enseñanza laica y del registro civil de nacimientos, matrimonios y sepelios redujeron la influencia eclesiástica. Pero, a diferencia de los países vecinos, el impulso reformista no alcanzó para separar al Estado de la Iglesia, pese a que en la Argentina ofreció menor resistencia que en Chile. Allí la oposición católica llegó a exhumar sus muertos de los cementerios para emparedarlos en las iglesias, por temor a la promiscuidad con los cadáveres de excomulgados, y el arzobispo de Santiago decretó la execración de los cementerios secularizados.

La Constitución brasileña aseguró en 1891 que ningún culto o iglesia gozaría de subvención oficial, ni tendría relaciones de dependencia o alianza con el gobierno. Todas las confesiones se ejercerían con libertad en forma pública. También dispuso que la enseñanza sería laica, los cementerios seculares y el matrimonio civil.

El divorcio por mutuo consentimiento fue ley uruguaya en 1907 y por la sola voluntad de la mujer en 1913. La separación de la Iglesia Católica y el Estado fue incluida en la Constitución oriental en 1919.

La Iglesia y el Estado chileno fueron separados por la Constitución de 1925. Sólo la Argentina, Bolivia y Paraguay cruzaron el siglo XX sin aligerar ese lastre.

Ni hablar de la radical Constitución mexicana de 1917 y su legislación complementaria de 1924, que prohibió las escuelas religiosas, confinó los actos de culto al interior de los templos, transfirió al Estado todas las propiedades eclesiásticas, proscribió cualquier actividad o pronunciamiento político de sacerdotes y publicaciones religiosas, expulsó a prelados extranjeros e impuso a los nativos penas de prisión efectiva por criticar al gobierno y sus leyes o mostrarse con sus hábitos fuera de las iglesias.

Ruina económica y moral

En plena guerra civil estadounidense Pío IX reconoció al gobierno confederado sudista y a Jefferson Davis como su presidente. Una de las figuras centrales del Episcopado estadounidense consideró atroz la emancipación de los esclavos porque condenaría a la ruina económica a los estados del sur y a la ruina moral a sus presuntos beneficiarios, que no estaban preparados para la libertad. Abraham Lincoln fue asesinado el Viernes Santo de 1865. Uno de los acusados se refugió en Canadá con ayuda de un sacerdote, de allí llegó a Roma con protección eclesiástica y obtuvo un lugar en el regimiento papal que resistía la unidad italiana. En Estados Unidos las clases burguesas eran protestantes, leían la Biblia y oraban en inglés y la Iglesia Católica quedó asociada con los inmigrantes pobres, italianos e irlandeses. Todas las iglesias eran libres y el principio de separación del Estado y la religión era tan sagrado que recién en 1983 el gobierno de Estados Unidos designó un embajador en el Vaticano.

La derrota de los confederados en la guerra civil estadounidense terminó con la economía de plantación, sentó las bases para el desarrollo industrial y la democracia plena. El ordenamiento social argentino en cambio fue equivalente a una victoria del sur en la guerra civil norteamericana. La clase que había organizado la Nación Argentina y aprovechado los términos favorables del intercambio para integrar la producción pampeana al mercado mundial no contó con un partido político que defendiera sus intereses dentro de la competencia electoral, ni supo articular un discurso coherente de respuesta a los grandes movimientos de masas del siglo XX que por derecha e izquierda jaquearon al liberalismo en su cuna europea.

Aunque luego degeneró en una burocracia reelectiva, México llevó a cabo una revolución popular. Brasil, Chile y Uruguay tuvieron gobiernos burgueses basados en partidos relativamente poderosos, aquellos que cortaron el cordón umbilical según la consigna de Montalembert y Cavour: “La Iglesia libre en el Estado libre”.

A diferencia del estadounidense, el brasileño, el chileno o el uruguayo, el liberalismo argentino nunca comulgó con la democracia.

La fe sale a las calles

La burguesía modernizante no tenía respuesta para el desafío anarquista, socialista y sindicalista que se manifestó durante la primera década del siglo XX en Buenos Aires. La revolución bolchevique fallida de 1905 y la triunfal de 1917, le dieron una sensación de urgencia que la llevó a cerrar la brecha abierta con la Iglesia por las reformas secularizadoras, que se detuvieron por décadas.

Juntos enfrentaron los nuevos desafíos, según el libreto inmutable del orden jerárquico y la obediencia aportado por el socio eclesiástico. La burguesía no supo cómo ganar elecciones, la Iglesia despreciaba la soberanía popular que se oponía a la divina. Ambos se propusieron cortar el nudo político que no sabían cómo desatar. En el adoctrinamiento del Partido Militar que debía empuñar la espada para dar el tajo cumplieron un papel central los vicarios y capellanes castrenses, una institución que la ley eliminó en el Uruguay en 1911, al establecer que el Ejército no concurriría a ceremonias religiosas ni habría saludos de la bandera a personas o símbolos religiosos porque implicaban violentar las conciencias.

En 1925 Pío XI formuló la solemne proclamación de Cristo Rey. Su Encíclica Quas Primas añora la Edad Media y a Gregorio VII, el Papa del siglo XI que señaló su poder haciendo aguardar tres días en penitencia al emperador Enrique IV sobre la nieve y el hielo de Canosa, al pie de los Apeninos. A las fuerzas subversivas del orden clerical (el protestantismo, la masonería, el liberalismo, el socialismo, el comunismo), debían oponerse los principios de jerarquía y disciplina que habían regido la Cristiandad medieval, esa edad dorada en que los Vicarios de Cristo Rey eran los gobernantes supremos de una sociedad internacional de carácter total (que en realidad se ceñía a poco más que Europa). Según la definición de Pío XI la fe no debía recluirse en los templos o los hogares, sino salir a las calles. Sobre todo debía regir la conducta de los gobernantes, sometidos a la “realeza social de Cristo”, es decir el reino de su Iglesia sobre la sociedad.

El corpus ideológico integrista se afirmó a partir del largo reinado de Pío XI y no excluyó extremos estrambóticos como la cruzada del cardenal Louis-François-Desiré Edouard Pie para recuperar el Sagrado Prepucio de Cristo, la única parte de su cuerpo que no ascendió a los cielos. El integrismo guió la acción de la Iglesia en la Argentina durante buena parte del siglo XX, mucho más allá de su vigencia en Europa. Frente a él las corrientes católicas democráticas y liberales, inspiradas por el filósofo francés Jacques Maritain, nunca pasaron de ser una activa pero reducida minoría. El integrismo se sostenía en una mezcla inestable de conservadurismo tomista y doctrina social. Sólo variaría en cada momento la proporción de sus ingredientes. Trasladada al campo político, esa fórmula será el sustento de una de las vertientes principales del autoritarismo, con su predilección por el corporativismo y el nacionalismo, su aversión a la democracia, sus mitos sobre la armonía social, su rechazo de una sociedad pluralista, su antisemitismo y su espíritu de cruzada, que marcaron a la sociedad que los padeció. Apenas durante la década peronista el reformismo social tomaría la delantera sobre el autoritarismo político, que tampoco entonces faltó.

El Partido Militar

A mediados del siglo XIX Donoso Cortés había vaticinado en España que la Iglesia y las Fuerzas Armadas serían el único sostén de lo que llamaba civilización en lucha contra la barbarie, que identificaba con el comunismo y el socialismo. En el laboratorio argentino del siglo siguiente esa predicción se amplió hasta incluir al liberalismo y a la mera democracia representativa.

Cuando estaban por cumplirse treinta años del golpe de 1976 las intensas emociones que recorrían todos los estratos de la sociedad me desviaron por segunda vez de la secuencia cronológica. Así surgió “Doble juego. La Argentina católica y militar”, un libro que trata de la conducta del Episcopado durante aquel gobierno de facto.

Ya publicadas esas investigaciones, el plan es recorrer un siglo de la historia política de la Iglesia Católica en la Argentina con el deseo de identificar en cada momento aquellas tendencias a veces visibles y otras subterráneas que alcanzarían su máxima siniestra expansión durante la última dictadura.

Este primer volumen cubre desde la expansión del liberalismo laicista hasta el derrocamiento de Juan D. Perón por un golpe militar cuyos tanques y aviones lucían una cruz dentro de una letra V, que significaban Cristo Vence. Las actas de las reuniones episcopales manuscritas durante los años del peronismo por el obispo Antonio Plaza, la correspondencia de Caggiano y el arzobispo cordobés Lafitte, las hojas resecas por el fuego del incendio de 1955 que se deshacen al tocarlas, permiten atisbar en la penumbra de los salones las disputas entre los hombres, sus posiciones encontradas, que a menudo se dirimen por el humano método de la votación universal, obligatoria y secreta. No deja de ser una ironía, ya que ése era el nudo del conflicto con el peronismo, cuya legitimidad plebeya competía con la de origen divino que se arrogaba el Episcopado. La comunidad organizada de la Iglesia era una pirámide con Cristo en el vértice. Pero las dos personas de la pareja presidencial amenazaban con subrogar a las tres de la Santísima Trinidad. Paralela a esa tensión se desarrollaba la disputa de clases por el ingreso, cuando la rentabilidad del capital descendió a la mitad. El Episcopado volvió a alinearse entonces con los sectores tradicionales.

De Perón a Kirchner

El conflicto de Perón con la Iglesia tiene especial interés en el momento de la aparición de este volumen, dada la actitud de confrontación del presidente del Episcopado actual, cardenal Jorge Bergoglio, con el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Hace medio siglo el contraste entre la modernidad peronista y el arcaísmo eclesiástico escaló en el peor momento y de la peor manera. Entonces, la hostilidad fue iniciada por un gobierno en crisis política, económica e individual que perdió el control de las fuerzas que había desencadenado; ahora, por un líder eclesiástico que se debate contra su propia historia y sobreactúa la polarización con un gobierno que no agrede a la Iglesia pero que tampoco le brinda el trato reverencial al que se considera acreedora. Las diferencias entre uno y otro caso son tantas como las plagas de Egipto narradas en el Exodo y no es preciso explicitarlas aquí.

Los volúmenes siguientes tratarán las tres décadas que culminan con la caída del gobierno militar en 1983 y que comprenden el surgimiento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que tensionó a la Iglesia más que cualquier otro fenómeno surgido de sus filas, antes y después.

La intención es ofrecer un eje interpretativo sobre asuntos principales de nuestra historia, como el autoritarismo, las constantes intervenciones militares y la violencia. Esto no implica ignorar los aportes a estos males de la vertiente denominada liberal, que merecería un esfuerzo equivalente de investigación. Los hechos siempre tienen múltiples causas y cada autor privilegia algunas aunque no desdeñe el resto. Pero es llamativo que la línea que aquí se desarrolla haya sido tan subestimada. Existen valiosas indagaciones sobre diversos episodios y períodos en los que la Iglesia tuvo incidencia política y otras apologéticas o centradas sólo en la propia institución eclesiástica, pero ninguna que analice en esa clave la historia argentina moderna.

2007-03-23

LA RENUNCIA DEL OBISPO QUE ATENDIA A LAS FUERZAS ARMADAS

23.03.2007

LA RENUNCIA DEL OBISPO QUE ATENDIA A LAS FUERZAS ARMADAS

Tras la salida de Baseotto, evalúan suprimir el Obispado castrense

El Gobierno analiza la conveniencia de que siga funcionando o no la diócesis militar.

Sergio Rubin

El criterio del Vaticano terminó imponiéndose sobre el del Gobierno en el duro enfrentamiento por el caso Baseotto. Finalmente, Antonio Baseotto presentó su renuncia al papa Benedicto XVI por estar próximo a cumplir la edad límite de 75 años —los cumplirá el 4 de abril— y la Santa Sede abrió el proceso sucesorio.

De esta forma, su reemplazo se producirá por los mecanismos habituales que fijan las normas eclesiásticas y no de un modo anticipado como lo venía reclamando la Casa Rosada desde hacía 2 años, luego de que Baseotto criticara duramente a un ministro.

Sin embargo, un debate creciente va abriéndose paso cada vez con más fuerza en el Gobierno —e, incluso, en algunos sectores eclesiásticos progresistas— sobre la conveniencia de que la diócesis militar continúe funcionando o sea suprimida. O, cuanto menos, que sea sometida a una profunda reformulación. El Obispado castrense —que funcio na en más de 50 países— se ocupa de la atención espiritual de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, su personal civil y sus familias, a través de los capellanes castrenses.

La presentación de la renuncia de Baseotto parece que sería aceptada inmediatamente por el Vaticano. De hecho, ya se viene trabajando en una terna de candidatos que conforman el obispo de Chascomús, Carlos Malfa (el gran candidato, de perfil moderado y apoyo de sectores kirchneristas); el de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia, y el de Rafaela, Carlos Franzini. Incluso, ayer, el embajador ante la Santa Sede, Carlos Custer, estimó que seguramente "en abril vamos a tener novedades".

Pero hay dudas sobre un rápido recambio. Y no sólo por el debate abierto sobre la continuidad de la diócesis militar. Es que la designación del obispo castrense es el único nombramiento de un obispo que, por estar inserto en las estructuras del Estado, necesita el acuerdo del Presidente. La incógnita es si Kirchner prestará con prontitud el acuerdo o si, a modo de desaire, lo demorará. Nadie sabe tampoco si aceptará al número uno de la terna: Malfa.

Por lo demás, una eventual decisión del Gobierno de suprimir el Obispado castrense podría suscitar un enfrentamiento con el Vaticano e importantes sectores de la Iglesia argentina, que creen que sería una afrenta al sentimiento religioso mayoritario del país. No pocos en el oficialismo entienden que la diócesis militar es una institución arcaica y, en el caso de la Argentina, con antecedentes nefastos de capellanes militares que fueron cómplices de la represión ilegal.
Sostienen, además, que los militares y sus familias bien pueden ser atendidos espiritualmente por el clero ordinario de las diferentes diócesis del país. Los que más saben de cuestiones eclesiásticas en el Gobierno dicen que la atención religiosa especial a los militares viene de épocas en que éstos pasaban mucho tiempo embarcados o en misiones que los alejaban del acceso a un sacerdote. Pero que hoy la dinámica y los tiempos son otros.
Con todo, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y otros funcionarios no verían la conveniencia de que la eventual supresión del Obispado castrense se produzca como corolario del caso Baseotto, sino fruto de un diálogo sereno. Parecería más armonioso una reformulación de la diócesis militar y la apertura a otras confesiones religiosas, algo que la Iglesia Católica viene apoyando desde hace años.

http://www.clarin.com/diario/2007/03/23/elpais/p-01801.htm

2007-03-01

PROYECTO DE LEY Expediente 899-D-05 : SUPRESIÓN DEL OBISPADO CASTRENSE

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de diputados de la Nación Argentina,
Expediente 899-D-05

Fecha publicación: 22/3/2005

Artículo 1. - Denúnciase el Acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957, aprobado por Decreto 7623/57, y sus modificaciones aprobadas por decreto 1526/92 sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. - A partir de la publicación de la presente ley cesarán en sus funciones el Obispo Castrense, el Obispo Auxiliar Castrense, los capellanes mayores y capellanes militares de cada una de las fuerzas armadas, y quienes desempeñen funciones similares en las Fuerzas de Seguridad.

Artículo 3. - Queda prohibido dentro del ámbito castrense y de las fuerzas de seguridad la prédica religiosa de cualquier tipo y la celebración de oficios religiosos en actos oficiales.

Artículo 4. - En ningún caso se requerirá a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sean oficiales, suboficiales, soldados o personal civil, la declaración o manifestación de sus creencias religiosas o la ausencia de las mismas.

Artículo 5. - De forma.

Dr. Héctor T. Polino
Diputado Nacional


LA SAGRADA FAMILIA CASTRENSE Y SU INSTITUCIONALIDAD PRO-CLERICAL
SOBRE EL IMPERIALISMO RELIGIOSO
Por el Dr. Héctor T. Polino Diputado Nacional

Señor Presidente:
La adopción de los principios y valores del laicismo en la República Argentina a partir de 1880 constituyó un salto fundamental en términos de progreso social y avance hacia una sociedad democrática, pluralista e inclusiva. La sanción de la ley 1.420 de educación laica, gratuita y obligatoria, junto con la creación de los registros civiles y de los cementerios públicos municipales, constituyeron tres hitos de avanzada hacia una sociedad que cobijara a todos los argentinos y a todos aquellos inmigrantes que vinieron al país a integrarse al mismo y forjarlo en un esfuerzo común con los criollos.

La construcción de un estado laico, al servicio de todos los ciudadanos con independencia de su confesión religiosa -o la ausencia de ella- constituyó una de las bases de la nacionalidad argentina, país que se caracterizó por una gran capacidad de integrar a todos aquellos que vinieron a poblarlo, y no sólo los que eran mayoritariamente católicos -tal el caso de los inmigrantes españoles e italianos-, sino también los de otras confesiones como judíos, musulmanes, protestantes y cristianos ortodoxos. Se conformó así una sociedad pluralista que más allá de algunos resabios de intolerancia e intentos de volver hacia atrás en esta senda -como la instauración de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires en la década del 30-, se caracterizó por la convivencia pacífica de hombres de todos los credos religiosos o no pertenecientes a ninguno. Este proceso de integración ha sido valorado y tomado como ejemplo en todo el mundo.

En 1918, con la Reforma Universitaria, el laicismo arribó a los claustros, abriendo las casas de altos estudios a todos los argentinos y permitiendo el desarrollo de una amplia clase profesional compuesta por individuos de todo origen que tenían en común la vocación por la ciencia y el conocimiento racional.
Desgraciadamente este proceso de laicización del Estado no llegó a todos sus estamentos, destacándose dos en los que no pudo penetrar. En primer lugar la Justicia, en la que sólo en los últimos años se observa un proceso de mayor pluralismo en la selección de los jueces, ya no por sus creencias religiosas sino por otras aptitudes, si bien es mucho lo que se debe avanzar en ese campo.

En segundo lugar, e ingresando en lo que es materia de este proyecto, en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En efecto, como producto de una visión conservadora de la Argentina, que asociaba a la Patria con el Ejército y la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y de Seguridad continuaron practicando la liturgia católica en sus actos públicos como si ésta fuere la religión del Estado Argentino, pese a que éste es, por mandato constitucional, claramente laico.

En efecto, el art. 2 de la Constitución Nacional decididamente establece que 'el Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano' pero no que lo adopta, y a renglón seguido garantiza en innumerables artículos la libertad religiosa de todos los habitantes (art. 14, 20, etc.). La Reforma de 1994 afianzó esta senda al suprimir el requisito de pertenecer a la comunión católica para ser presidente de la Nación (art. 89), eliminar la obligatoriedad de toda referencia a los Evangelios en el juramento (art. 93) y suprimir también el antiguo régimen del patronato (art. 75 inc. 22).

Pese a ello, en los cuarteles existen iglesias y capillas, se practican oficios religiosos y se impone a todo el personal militar una suerte de religión oficial en detrimento de quienes no la practican, contribuyendo a crear un clima que aleja de las mismas a los que adhieren a otras religiones o a ninguna. Puede decirse que se pretende mantener incólume la vieja alianza entre la cruz y la espada, de triste recuerdo en el mundo hispánico.

El Acuerdo con la Santa Sede del 28-6-57. Creación del Vicariato
En consonancia con esta ideología, el gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1955, firmó el Acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957, aprobado por decreto Nº7623/57, sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, por el que se creó el Vicariato Castrense y con él las capellanías de cada una de las Fuerzas Armadas. El Gobierno de Carlos S. Menem, por decreto Nº1526/92, de conformidad con el Vaticano, elevó el Vicariato al rango de Oispado.
Los considerandos de dicho acuerdo expresan que 'La Santa Sede y el Gobierno Argentino, deseando proveer de manera conveniente y estable a la mejor asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas de la Tierra, Mar y Aire, según su tradición desde los orígenes y sus anhelos han decidido llegar a un acuerdo…'. Obsérvese que en ningún caso el acuerdo habla de prestar dicha asistencia a aquellos que profesen la religión católica, ya que da por supuesto que dada la 'tradición desde los orígenes' ningún miembro del Ejército, Marina o Aeronáutica puede profesar otra religión o ninguna.

Sin embargo, el acuerdo entre la República de Venezuela y el Vaticano de 1996 expresa algo muy distinto, ya que partiendo de un encabezado similar, en el mismo se afirma 'deseando proveer de manera conveniente y estable a la mejor asistencia religiosa del personal católico de las Fuerzas Armadas Nacionales' aceptando la posibilidad de la existencia de integrantes no católicos.

Expresando de este modo una concepción totalitaria -en tanto no admite la diversidad de cultos- el artículo 10 del tratado argentino dispone que 'La jurisdicción del Obispo Castrense y de los Capellanes es personal, se extiende a todos los militares de Tierra, Mar y Aire en servicio activo, a sus esposas, hijos, familiares y personal doméstico que conviven con ellos en los establecimientos militares, a los cadetes de las instituciones de formación y aspirantes de los institutos de suboficiales y a todos los religiosos y civiles que de manera estable viven en los hospitales militares o en otras instituciones o lugares reservados a los militares'. Es decir, se sobreentiende que son todos católicos -hasta el personal civil y doméstico- y no se admite excepción alguna.
Curiosamente, se aparta así de su fuente, la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae dada por Juan Pablo II el 21 de abril de 1986, que en su capítulo X sostiene que pertenecen al Ordinariato militar (léase Obispado) y están bajo su jurisdicción 'todos los fieles que son militares y los empleados civiles…', de donde surge la posibilidad de que algunos no sean fieles y por lo tanto ajenos a esa jurisdicción. Como dice el dicho, más papistas que el Papa.

La indicada constitución apostólica, no obstante, establece en el capítulo IX que 'Puesto que todos los fieles deben cooperar a la edificación del Cuerpo de Cristo, el Ordinario y su presbiterio deben procurar que los fieles laicos del ´Ordinariato´, tanto individual como colectivamente, actúen como fermento apostólico y también misionero entre los demás militares con los que conviven'. Esta norma, que es derecho positivo por remisión del artículo 1 del Tratado, resulta inadmisible, ya que los cuarteles deben ser ajenos a toda tarea de propaganda religiosa que pueda sembrar el disenso en las Fuerzas Armadas o crear un clima de intolerancia hacia la disidencia, fuente de discriminación y persecución. Las Fuerzas Armadas, como la escuela pública, la Justicia, el sistema de salud, deben ser laicas y abiertas a todos los ciudadanos de la República Argentina, cualquiera sea su credo, incluso los que carecen del mismo, sin que se creen requisitos implícitos o ambientes en los que ser diferente por no pertenecer a la religión oficial constituya un signo de descalificación personal.

Los militares o miembros de las fuerzas de seguridad que profesan una determinada confesión religiosa pueden hacerlo fuera del ámbito castrense, con los sacerdotes que asisten a los demás argentinos de ese mismo credo, siendo esto lo más conveniente, del mismo modo que es bueno para su integración social que compartan el vecindario con otros argentinos, la escuela de sus hijos y todas aquellas prácticas tendientes a no crear compartimentos estancos y diferenciados con la sociedad, que tantos perjuicios han traído en el pasado.

La triste historia del Vicariato castrense
El primer vicario castrense fue Emilio Fermín Lafitte, desde la creación en 1957 hasta 1959. Le sucedió el Cardenal Antonio Caggiano, quien se desempeñó hasta 1975, conocido por su activo respaldo a la dictadura militar del Gral. Juan Carlos Onganía.
Reemplazó a Caggiano, Monseñor Adolfo Servando Tortolo, quien se desempeñó hasta 1982 y fue un activo cómplice de la última dictadura militar y del terrorismo de Estado instaurado por ésta. Durante largos períodos de enfermedad lo reemplazó el Vicario Auxiliar, Victorio Bonamín, golpista confeso y propiciador del exterminio de los que consideraba 'subversivos'.
A Tortolo lo sucedió José Miguel Medina, también cómplice del último gobierno militar. Secretario privado de Tortolo y Medina fue Emilio Graselli, también de triste memoria. Tanto Medina como Graselli fueron denunciados como encubridores y colaboradores de la represión en el capítulo I del Nunca Más, informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, CONADEP.

Pero para tener una cabal idea del papel que cumpliera en la Argentina el Vicariato castrense prefiero transcribir el Auto del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional Española, en el caso de los ciudadanos españoles desaparecidos en la República Argentina del once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el juicio al ex Capitán de la Armada Adolfo Scilingo:
'De dicho análisis, se desprende, cada vez con mayor claridad, como se expondrá, que una de las finalidades perseguidas por la Jerarquía Militar que propicia el Golpe de Estado, desde antes de dicho momento, y con el apoyo instigación y bendición de las jerarquías de la Iglesia Católica Argentina oficial, es la destrucción pura y simple a través de la violencia de todo lo que sea contrario a esa doctrina, y, en esa contradicciones basa la definición de lo subversivo - todo ello como un mal necesario para la 'purificación de la nación argentina'. En definitiva, se trata de una verdadera filosofía que mueve la acción delictiva; se trata de una 'cruzada' contra todo aquel que comparta la ideología atea o no occidental o no cristiana. Ese elemento de no pertenencia a la ideología cristiana y occidental según los limites marcados a la ideología cristiana y occidental, por las Jerarquías Militares y la Iglesia oficial argentina, es el que cohesiona verdaderamente a todos los que son victimas de la represión, y, entre los que se va a incluir judíos, ateos, cristianos de base o no oficialistas, etc, y, es el que da sentido a la afirmación, que se contiene en el auto impugnado de que el genocidio de un grupo religioso es la destrucción sistemática y organizada, total o parcial de un grupo por su ideología atea o no cristiana; es decir, para imponer una ideología religiosa cristiana determinada.

'No se trata por tanto, como expone el Ministerio Público y de hecho suscribe el Abogado recurrente, de que 'el tirano argentino haga afirmación de sus creencias religiosas', pero no persiga por creencias religiosas sino que precisamente se trata de lo contrario. En efecto, la Jerarquía Militar, cuando comienza su acción, parte precisamente de la necesidad de defender esas creencias religiosas cristianas y occidentales. Ello es lo que justifica su propio quebrantamiento; así se conciente al asesinato, la tortura, el secuestro, o robar, como elementos necesarios para conseguir el fin, que no es otro que la destrucción de todo o todos los que contradicen aquella ideología. Sólo partiendo de este planteamiento los represores se van a considerar justificados y en paz consigo mismos, porque están haciendo lo necesario para salvar los valores cristianos y occidentales de los que la 'Nación Argentina' se considera portadores.

'Para comprobar la certeza de este planteamiento es conveniente recopilar algunas afirmaciones de la Jerarquía eclesiástica militar antes y durante la época estudiada y que explican el verdadero sentido y alcance de la acción genocida que se enjuicia. Así, cuando se observan los precedentes contenidos en los Cursos de Guerra Contrarrevolucionaria se comprueba que su impartición se hace con el beneplácito eclesiástico. Entre las ideas difundidas conviene resaltarse la de que 'la democracia basada en el sufragio universal o soberanía popular es el medio eficaz para promover la subversión legal'. Se insiste en que el militar debe asumir la doctrina católica ya que sin ella 'no sabrá que hacer con las armas que tiene en las manos'.

'Estas ideas no son nuevas sino que ya habían sido acunadas en 1966, cuando el primado de Argentina y Vicario General Castrense, Antonio Caggiano, en acto público afirmaba que: 'La represión no es una mala palabra'.
'La Jerarquía eclesiástica oficial en los años sucesivos continua perfilando su punto de vista sobre la situación argentina, y, así, en 1974 al concluir la 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se da a conocer un documento en que los obispos expresan su preocupación por 'la difusión de doctrinas e ideologías totalitarias y marxistas' y el avance de mentalidades estatizantes, y, el peligro que ello supone para Argentina.

'Posteriormente, en agosto de 1.975, Monseñor Tortolo, presidente de la CEA, dice en un documento pastoral sobre desapariciones, torturas y muertes en la provincia de Tucumán que el Ejército en el 'Operativo Independencia' de Tucumán -anuncio cruento de la represión posterior- había sido limpia y eficaz.
'Por su parte, el Vicario y Provicario General Castrense de las Fuerzas Armadas Argentinas Vitorio Bonamín, en septiembre de 1975 y en presencia del general Viola, hace una afirmación llamativa 'saludo a todos los hombres de armas aquí presentes purificados en el Jordán de la Sangre, para ponerse al frente de todo el país. El ejército está expiando las impurezas de nuestro país. ¿No querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función?'.
'Posteriormente el mismo prelado, en enero de 1.976, -según consta en las declaraciones testificales que obran en la causa-, afirma de nuevo: 'La patria rescató en Tucumán su grandeza mancillada en otros ambientes, renegada en muchos sitiales y la grandeza se salvó gracias al Ejército Argentino. Estaba escrito en los planes de Dios que Argentina no iba a perder su grandeza y que la salvaría su natural custodio: El Ejército'.
'Una vez producido el golpe de estado el 24 de marzo de 1976, la Iglesia Oficial, representada por los Obispos Tortolo y Arambre, -Obispo de Buenos Aires-, y, Bonamín, mantienen el apoyo oficial al Ejército y efectúan pronunciamientos sucesivos que reafirman esa postura que a veces llega a comparar al General Videla con Jesucristo. Así Monseñor Tortolo, en ocasión de la celebración de la Pascua, el 20.4.76, con referencia al mismo dice: '...los pueblos son como los hombres, también son libres para aceptar la salvación de Cristo ... ocurre lo mismo con nuestra querida nación: Cristo resucitado está en las puertas de nuestro pueblo y lo llama para ofrecerle el río desbordante de nuestra vida'.

'Por su parte, el Obispo Bonamín, el día 4 de marzo de 1976, poco antes de la detención de los sacerdotes Orlando Virgilio Yiorio y Francisco Jalias -23 de mayo de 1.976- desaparecidos en la ESMA y Quinta del Viso, dirá: 'la lucha antiguerrillera es una lucha por la República Argentina, por su integridad, pero también por sus Altares'.

El Arzobispo de la ciudad de Bahía Blanca , Jorge Mayer, el 27 de Junio de 1976 afirma que 'La guerrilla subversiva quiere arrebatar la cruz, símbolo de todos los cristianos para aplastar y dividir a todos los argentinos mediante la hoz y el martillo'. Como consecuencia inmediata, el 4 de julio, tres sacerdotes Palotinos y dos seminaristas de la misma congregación, caracterizados por ayudar a los más desfavorecidos son muertos por miembros del grupo de Tareas 33.3 de la ESMA. Entre las víctimas aparece el ciudadano español SALVADOR BARBEITO.
'No puede cerrarse este apartado, sin retomar la cita de las afirmaciones y doctrinas del Provicero General Castrense de las Fuerzas Armadas Argentinas, porque de ellas se desprende la doctrina y filosofía que guiará todas las actuaciones represoras de las jerarquías militares, tal como se hace constar en el auto impugnado y en éste.

'En octubre de 1.976, tal como se publica por el diario 'La Nación' el 11 de octubre de ese año, el mencionado prelado afirma con contundencia que 'Esta lucha, se refería a las acciones de los Grupos de Tareas, es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre, en definitiva es una lucha en defensa de Dios. Por ello pido la protección divina en esta guerra sucia en la que estamos empeñados'.
'En el mismo sentido, el 5 de Diciembre de 1.977 el Obispo Bonamín, en ocasión de una conferencia pronunciada en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, dice: 'el mundo está dividido por dos filosofías incompatibles, perfiladas por dos fronteras ideológicas: el materialismo ateo y el humanismo cristiano. Las Fuerzas Armadas, en representación de la civilización occidental y cristiana deben utilizar todos los medios para combatir el enemigo'.
'Con estos apoyos y orientaciones cobran absoluto sentido la dirección y el fundamento ideológico que guió a los militares, en el desarrollo de la represión y ejecución calculada del genocidio. Esta orientación y motor ya queda reflejada en el auto impugnado, pero debe completarse ahora con alguna cita y ejemplo más' (la negrita corresponde al original).
Reseñados estos antecedentes resulta casi natural que el actual Obispo castrense, Monseñor Antonio Baseotto, se haya manifestado partidario de arrojar al mar con una piedra de molino atada al cuello, a quienes propicien la despenalización del aborto, el mismo método usado por la Armada Argentina para hacer desaparecer a sus víctimas, tal como surgiera de las confesiones del Sr. Scilingo. Los oficiales que hacían esto, según sus dichos, tenían asistencia espiritual de los capellanes militares, evidentemente en el marco del Acuerdo con la Santa Sede de 1957.
El informe de la CONADEP, al hacer referencia a la conducta de Medina y Graselli, alude a las 'actitudes de algunos miembros de la Iglesia' como un hecho aislado, señalando que 'El Episcopado Argentino condenó reiteradamente la modalidad represiva que investigó esta Comisión' y destacando que 'calificó como ´pecado´ los métodos empleados'. En honor a la verdad, se impone decir que la Iglesia Argentina mantuvo en todo esto un doble discurso, pues nada hizo efectivamente para hacer cesar esta conducta. No olvidemos que el Vicariato castrense forma parte de la Conferencia Episcopal (Cap. III de la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae).
Por los antecedentes reseñados se impone la denuncia del Acuerdo con la Santa Sede de 1957 y el inmediato cese de funciones del Obispado castrense en las Fuerzas Armadas y de quienes desempeñen funciones análogas en las de Seguridad.

La necesidad de extender el laicismo

Si algo define a Occidente como tal es el proceso de secularización iniciado a fines de la Edad Media y que tuvo como resultado la separación de la Iglesia del Estado, del poder espiritual y del poder temporal, como se decía en aquel entonces. Por contrapartida, el rasgo característico de las sociedades cerradas y de todos los fundamentalismos es la identidad entre el Estado y una determinada fe religiosa que se impone a todos los individuos. Sólo se admite la convivencia con otras religiones como un acto de tolerancia y no como un derecho de los súbditos de ese Estado a profesar libremente su culto. La mayoría de las veces se admiten otros credos en minorías étnicas, pero no en los individuos pertenecientes al propio pueblo que se apartan de la religión mayoritaria y mucho menos se tolera que no se profese religión alguna.

La sociedad democrática es una sociedad laica. En tal sentido son claras las palabras del filosofo español Fernando Savater, formuladas al calor del debate sobre el laicismo que se da en ese país: 'Durante siglos, ha sido la tradición religiosa -institucionalizada en la iglesia oficial- la encargada de vertebrar moralmente las sociedades. Pero las democracias modernas basan sus acuerdos axiológicos en leyes y discursos legitimadores no directamente confesionales, es decir, discutibles y revocables, de aceptación en último caso voluntaria y humanamente acordada. Este marco institucional secular no excluye ni mucho menos persigue las creencias religiosas: al contrario, las protege a las unas frente a las otras. Porque la mayoría de las persecuciones religiosas han sucedido históricamente a causa de la enemistad intolerante de unas religiones contra las demás o contra los herejes. En la sociedad laica, cada iglesia debe tratar a las demás como ella misma quiere ser tratada... y no como piensa que las otras se merecen. Convertidos los dogmas en creencias particulares de los ciudadanos, pierden su obligatoriedad general pero ganan en cambio las garantías protectoras que brinda la Constitución democrática, igual para todos.

'En la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber que pueda imponerse a nadie. De modo que es necesaria una disposición secularizada y tolerante de la religión, incompatible con la visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para otros o para todos' (El País, Madrid, 30-4-04).
En igual sentido Gonzalo Puente Ojea, Presidente de Europa Laica, nos dice: 'El principio laicista postula, en cuanto señal y cifra de la modernidad como hito histórico irreversible del autoconocimiento y la autoliberación del ser humano, la protección de la conciencia libre del individuo y de su privacidad, desalojando radicalmente de la res publica toda pretensión de instaurar en ella un régimen normativo privilegiado en favor de cualquier fe religiosa que aspire a 'institucionalizarse' en forma de ente público al servicio de alguna supuesta revelación sagrada o mandato divino'.

El autor cita al filósofo Suizo Alexandre Vinet, en Essai sur la manifestation des convictions (1839): 'Si la sociedad tiene una religión, es que tiene conciencia, ¿cómo prevalecerá la conciencia del individuo contra la de la sociedad? Sólo con su conciencia se enfrenta el hombre a la sociedad (...) Es imposible oponer soberanía a soberanía, omnipotencia a omnipotencia, imposible suponer que de todas las conciencias individuales y diversas resultaría una conciencia social (...) No, si la sociedad tiene una conciencia, lo es a condición de que el individuo no la tenga, y ya que la conciencia es la sede de la religión, si la sociedad es religiosa, el individuo no lo es'.
Y agrega Puente Ojea: 'Como quiera que es incuestionable que solamente el ser humano como individuo psicofísico, la persona física, posee el atributo óntico de la conciencia y la autoconciencia, sólo él puede ser religioso o profesar una fe. Este sencillo teorema laicista de Vinet está saturado de consecuencias teóricas y prácticas'. Frente a la ominosa tradición católica y a los desarrollos organicistas de los totalitarismos de nuestro tiempo, es urgente, en aras de la libertad, afirmar con energía que sólo existe un ser dotado de conciencia, y ese ser es el individuo humano. Al no existir ni mente colectiva, ni conciencia societaria, sólo el portador singular y único de una mente puede poseer conciencia y albergar en la intimidad de ese fuero interno sentimientos y convicciones de orden religioso, es decir, relaciones con supuestas instancias de carácter sobrenatural. Así, sólo el individuo es, en último término, sujeto de derechos, y cualesquiera otros titulares de derechos lo son en cuanto imputables a los individuos. Es en el ámbito de la privacidad donde se configura la personalidad moral y jurídica del ser humano. La sociedad como tal no puede pensar, ni tener conciencia, ni poseer derechos en virtud de su propio estatuto ontológico colectivo. Sólo metafóricamente, y como reunión de individuos, es posible atribuir personalidad jurídica a las asociaciones, empleando al efecto una fictio mentis, y específicamente, en cuanto sujetos de derechos, una fictio iuris. Son 'personas' exclusivamente per analogiam, pues los individuos que las constituyen son los únicos entes 'imputables' y protagonistas del sistema jurídico. Como las sociedades no pueden tener religión alguna, tampoco pueden tener institucionalización alguna como unidad funcionalmente religiosa en la res publica. Perteneciendo ontológicamente la religiosidad al ámbito de lo privado, los poderes públicos en general, y a su cabeza el Estado, o en su caso la comunidad internacional, carecen ex natura del atributo de la religiosidad, así como de cualquier tipo de convicciones que habiten el espacio de la conciencia. Es ésta la premisa fundadora del laicismo.

'En el espacio público es preciso practicar, como regla usual, un relativismo metodológico como premisa de la tolerancia de quien admite que otro pueda tener razón, aunque en el fuero recóndito de su conciencia tenga la convicción de estar en posesión de la verdad. Por lo demás, el creyente tiene el pleno derecho a difundir su peculiar verdad. Pero sin reclamar privilegio alguno para su actividad proselitista en el plano convivencial de la privacidad y sin invadir el ámbito de lo público. El concepto de un Estado laico no admite ni la práctica de persecuciones políticas o administrativas contra iglesia o asociación civil alguna que se someta a las normas del Derecho civil común, pero tampoco consiente la concesión de mercedes o privilegios.
'El laicismo entraña por su ideario una vocación universalista, racionalista y civilizadora; y, por todo ello, postula el movimiento comprometido con la profundización y expansión de los derechos humanos en un contexto de un universalismo civilizatorio con los seres humanos en tanto que individuos como principales protagonistas de la historia. La igualdad y la libertad que reclama el laicismo es el desarrollo integral y autónomo de la conciencia libre como valor supremo del proceso de humanización y civilización de los ciudadanos' (El laicismo, principio indisociable de la democracia, http://www.inisoc.org/).

Laicismo y libertad religiosa

Al contrario de la posición integrista o fundamentalista en materia religiosa, la adopción del laicismo en la sociedad garantiza por sobre todas las cosas garantiza la más plena libertad religiosa, ya que elimina el elemento de coacción que surge de considerar a la fe una cuestión de Estado.
Según Horacio Gentile, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba, 'La Iglesia Católica ha acentuado en los últimos tiempos su prédica a favor de la libertad religiosa. En la declaración ´Dignitatis humanae´, del 7 de diciembre de 1965, del Concilio Vaticano II ´(...) ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana´ y, agrega, ´para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano se requiere que en todas partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad´. ´Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y eso de tal manera que, en materia religiosa, no se obligue a nadie de obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos(...) Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal modo que llegue a convertirse en un derecho civil´.' (Gentile, Horacio, Libertad Religiosa y de Culto, el subrayado es mío).

Por ello, la mejor forma de garantizar la más plena libertad religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es suprimir todo elemento de coacción, que de por sí se plantea cuando la institución que la persona integra asume una confesión determinada como religión oficial o de Estado, generando un temor en dicho individuo a manifestarse como diferente o disidente.
Este tipo de imposiciones se tornan en contra de quienes las promueven. Recientes estudios sobre el grado de secularización de la sociedad Europea y la estadounidense, muestran cómo en los países del Viejo Continente en los que históricamente la religión fue cuestión de Estado aquellas es mayor, mientras en los Estados Unidos en los que las distintas iglesias actuaron siempre como asociaciones privadas, sin apoyo estatal, es menor, e inversamente la religiosidad mucho mayor.
Por los motivos que expongo el proyecto de ley no debe limitarse a suprimir el Obispado castrense, sino que se impone también prohibir la prédica religiosa de cualquier tipo y la celebración de oficios religiosos en actos oficiales, eliminando la liturgia religiosa que hace suponer a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como a la población en general, que existe una religión oficial del Estado Argentino. De esta manera seguiremos la senda de quienes al organizar la Nación, más allá de los errores y deficiencias que puedan haber expresado en otros ámbitos, tuvieron la lucidez de crear un país para todos, abierto a todos los individuos, cualquiera fueran sus creencias.

Por los motivos expuestos solicito el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de Ley:

Artículo 1. - Denúnciase el Acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957, aprobado por Decreto 7623/57, y sus modificaciones aprobadas por decreto 1526/92 sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. - A partir de la publicación de la presente ley cesarán en sus funciones el Obispo Castrense, el Obispo Auxiliar Castrense, los capellanes mayores y capellanes militares de cada una de las fuerzas armadas, y quienes desempeñen funciones similares en las Fuerzas de Seguridad.

Artículo 3. - Queda prohibido dentro del ámbito castrense y de las fuerzas de seguridad la prédica religiosa de cualquier tipo y la celebración de oficios religiosos en actos oficiales.

Artículo 4. - En ningún caso se requerirá a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, sean oficiales, suboficiales, soldados o personal civil, la declaración o manifestación de sus creencias religiosas o la ausencia de las mismas.

Artículo 5. - De forma.

Dr. Héctor T. Polino
Diputado Nacional