Las otras relaciones

Domingo, 29 de Abril de 2007

De qué hablamos

3 leyes regulan el pago de salarios mensuales a obispos, sacerdotes y párrocos. Todas fueron promulgadas por la dictadura militar.

1.391.992 pesos es la partida mensual.

336 pesos es la cápita por seminarista.

7287,13 pesos netos, no imponibles, es el ingreso de un obispo diocesano.

6376,24 pesos netos al mes cobran los obispos retirados por razones de salud o invalidez.

2 obispos que renunciaron por otros motivos, en circunstancias escandalosas, perciben igualmente ese subsidio. Uno de ellos, Edgardo Storni, está siendo juzgado penalmente por sus acciones.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/84238-27053-2007-04-29.html

Rosario: DOCENTE DEJADA CESANTE POR DENUNCIAR CORRUPCIÓN EN LA UCA

El destino de los residuos, el gobierno de la uca y el intendente de Rosario

El martes 13 de febrero, hace un mes, no renovaron el contrato de la Secretaria Académica de la Facultad de Química e Ingeniería "Fray Rogelio Bacon" de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Prof. Lic. Patricia Mónica Sartor, por expresar su opinión acerca de la contaminación ambiental producida por los residuos urbanos.

El motivo esgrimido por la UCA: extinción del contrato de trabajo. El motivo esgrimido por la Decana, Prof. Estad. Susana Lola Gorziglia vda. de Boccio: una llamada telefónica del Intendente de Rosario, Miguel Lifschitz.

¿Cómo sucedieron los hechos?

El 13 de febrero la UCA discontinuó mi contrato como Secretaria Académica de la Facultad de Química e Ingeniería "Fray Rogelio Bacon" y como Profesora de las cátedras Química General, Química Ambiental, Contaminación Atmosférica, Ingeniería Ambiental y Trabajo de Aplicación en las carreras de grado y de Ecología, Saneamiento Ambiental y Contaminación Ambiental de las carreras de posgrado Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo y Maestría en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable.

¿Cuáles fueron los motivos?

Todo comenzó el 28 de noviembre de 2006, cuando la Decana de dicha Facultad me solicitó que le explicara mi participación en la opinión técnica emitida sobre la contaminación del suelo y agua subterránea para la ONG "Amigos de la Costa" de la Ciudad de San Lorenzo, argumentando que el Sr. Intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lifschitz, la había llamado a su domicilio particular, el sábado 26 de noviembre, para solicitarle explicaciones.

Gorziglia insistía en la importancia de la llamada telefónica de Lifschitz diciendo que él estaba molesto por dicho informe, entonces le pregunté qué tenía que ver la Municipalidad de Rosario con la Facultad, ya que la UCA es Pontificia y depende directamente del Vaticano, de hecho su Rector Supremo es Benedicto XVI y los Decanos son nombrados por la Comisión Episcopal. Además, las Universidades Privadas no reciben subsidios ni aportes económicos de ninguna repartición estatal, ni ejecutan órdenes de estos estamentos, por lo que el hecho me resultó sumamente llamativo. Esto sin contar que, como cualquier persona medianamente informada sabe, Lifschitz no comparte las creencias religiosas, mucho menos católicas. Por ello el reclamo telefónico no parecía tener coherencia.

¿A qué hacía referencia el reclamo del Intendente de la ciudad de Rosario? Antes que nada quiero dejar claro que la opinión de un profesor sobre temas vinculados a sus saberes académicos y profesionales no constituye un delito sino, más bien, es una obligación para no desvincularse de la realidad circundante. Como vivo en la ciudad de San Lorenzo y el Ambiente es un tema que me preocupa sobremanera, además de ser mi especialidad profesional colaboré con la ONG "Amigos de la Costa" en un informe fisicoquímico acerca de los resultados de los análisis de agua subterránea, suelo y lixiviado de suelos que ellos habían extraído por medio de un perito ambiental, en el marco de una presentación por la Ley 10.000 sobre contaminación, proveniente del relleno sanitario de la localidad de Ricardone.

El 28 de noviembre, Gorziglia me preguntó varias veces si mi opinión había sido realizada en nombre de la UCA, a lo que contesté que no, porque había sido requerida en virtud de mis antecedentes profesionales sobre la materia. Ante la insistencia de la Decana, imprimí una copia del informe entregado a la ONG, se lo entregué en papel y, como ella no es química, procedí a explicarle la gravedad de los problemas detectados. Ella sólo dijo "ahora hay que esperar, para ver cómo continúa el tema".

¿Y entonces?

El 15 de diciembre, a las 19.30, me llamó a su oficina para informarme que había decidido no renovar mi contrato como Secretaria Académica y que esperaba que siguiera trabajando hasta el final del mismo, en febrero de 2007, para entrenar a mi reemplazante.

¿Le dio las razones por las cuales la reemplazaba por otra persona? Me dijo que me "había perdido la confianza" y que eso no le permitía continuar trabajando conmigo. Además agregó que como yo era joven e inteligente, seguramente no tardaría en obtener otras propuestas laborales. Me asombró el argumento y le pedí que me lo explicara mejor. En la conversación subsiguiente descubrimos juntas que el motivo era la molestia que yo le producía al contradecir algunas de sus decisiones, a lo que yo agregué que sólo las contradecía cuando eran improcedentes o no ajustadas a los reglamentos.

¿Una Decana puede obrar en contra de los reglamentos?

Puede hacerlo cuando las circunstancias son extraordinarias, por ejemplo, la Decana puede justificar las inasistencias por encima del 25% permitido por los Estatutos y Ordenanzas de la UCA cuando un alumno presenta un problema de salud importante pero no puede hacerlo por motivos laborales o de descanso; puede designar un docente interino hasta tanto se concrete el llamado a cobertura de cátedras pero no puede imponer a un amigo al frente de una asignatura; puede disponer que alumnos de cuarto año realicen prácticas en empresas si cumplen con el requisito de tercer año aprobado y cuarto año regular, aunque lo normal fuera que estuvieran cursando quinto año, pero no puede autorizar prácticas en empresas que no se encuentran en funcionamiento; puede renovar a sus directivos pero no debe hacerlo por presión política.

¿Cuál es el procedimiento para remover a los directivos de la UCA? En el año 2003, la UCA fue evaluada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y se publicaron en el Boletín Oficial de la República Argentina sus Estatutos y Ordenanzas. Allí se explicita muy claramente que la propuesta de renovación del personal directivo es una facultad del Decano oído el Consejo Directivo, propuesta que se eleva a la Secretaría Académica de la UCA, ésta la presenta al Rector, que en conjunto con el Consejo Superior decide la renovación o remoción de los directivos y sus reemplazantes.

¿Se cumplieron estos pasos?

No. En ninguna reunión de Consejo Directivo de la Facultad se trató el tema. Claramente es una decisión personal que la Decana implementó, con la anuencia de las autoridades de la UCA, como se evidenció el 13 de febrero, día en que se hicieron presentes el responsable de Recursos Humanos y el Secretario Académico de la UCA. Ambos arribaron con la decisión de extinción de mi contrato de trabajo, de lo que podemos inferir que el miedo a lo que pueden opinar los políticos tocó hasta lo más alto de la propia UCA. ¿Lifschitz gobernando la UCA? Suena extraño, pero a la luz de los hechos, es totalmente factible.

Este tema es complejo, ya la CONEAU había analizado el hecho de que los docentes y directivos de la UCA sean personal contratado anualmente diciendo que esto "expone a los docentes a posibles arbitrariedades por parte de la autoridad académica por cuanto todos los años podrían darlos de baja sin causa aparente" (informe CONEAU sobre la UCA) El informe de CONEAU agrega "desde la perspectiva de los docentes quita incentivos y motivos para volcarse hacia mayores dedicaciones y aumentar su compromiso con la institución, ya que el costo de oportunidad es demasiado grande cuando todos los años se puede poner en cuestión su continuidad." (informe CONEAU sobre la UCA)

¿Me está diciendo que los profesores pueden ser removidos en cualquier momento?

Exactamente, pueden ser removidos cuando termina el dictado de la asignatura ya que su contrato es renovado si el Decano evalúa que es conveniente su continuidad.

También pueden ser removidos en otros momentos del año, que no tienen que ver con el final del contrato, si se demuestra falta de capacidad científica, falta de capacidad pedagógica o falta de rectitud de doctrina en el profesor. Estas son las tres causales que pueden motivar el cese de un docente, en los estatutos se prevé el procedimiento para este caso, aunque estas causas no son esgrimidas frecuentemente, porque es más sencillo esperar a que culmine el período de contrato.

¿Qué opinan los profesores acerca de este tema?

Algunos se sienten inseguros, otros piensan que a ellos no les puede suceder. Este sistema impacta mayoritariamente en los alumnos, pues produce inseguridad al no saber si su profesor continuará en la facultad, con lo que no saben quién les tomará los exámenes. Además no tienen oportunidad de opinar acerca de ellos porque, si bien son encuestados, los resultados de las encuestas frecuentemente no tienen devolución en sus reclamos, funcionan como diagnósticos que nunca llevan a soluciones. De todos modos, no es la primera vez que esto sucede, esta misma Decana tiene en su haber varios intentos de remoción de docentes y una remoción concretada efectivamente, en marzo de 2005, cuando se había otorgado el cargo de una asignatura que había quedado vacante por fallecimiento de su docente.

Siempre los perjudicados son los alumnos, que por razones diversas eligen a la UCA de Química e Ingeniería para estudiar. El capital humano de la UCA nunca es consultado, ni alumnos ni profesores, la misma CONEAU lo advirtió en 2004 "...resulta natural pensar en instancias a partir de las cuales los propios docentes tomen participación sugiriendo al rector las mejores opciones para la conducción de las distintas unidades académicas (...) en la medida en que los propios profesores se vean identificados con la orientación académica de las distintas facultades de la universidad, y para ello es importante que, al menos, resulten consultados al momento de la designación de los decanos." (informe CONEAU)

Explíqueme cómo puede influir la opinión de un Intendente en la UCA. Desde mi punto de vista, la única manera en que Lifschitz puede influenciar en la UCA es mediante la manipulación de las personas que, como yo siempre digo, pertenecen a la cultura del miedo y asumen el temor, la aceptación y la pasividad como estrategia. En este caso, la Decana consideró que debía removerme, aceptando sumisamente el pedido que le hiciera el Sr. Intendente de la ciudad de Rosario, al no parecerle adecuadas mis conclusiones acerca de la contaminación producida por los metales pesados en el suelo y en el agua cercanos al Relleno Sanitario de la localidad de Ricardone.

Gorziglia solicitó a la UCA el cese de mi contrato alegando que yo había emitido "opiniones contrarias a las opiniones de la facultad" y que existía "incompatibilidad de funciones" entre mi tarea como Secretaria Académica y la posibilidad de brindar opiniones profesionales. Lo extraño es esto último, porque todos los Decanos y Secretarios que tiene y ha tenido la Facultad y otras Facultades de la UCA mantienen sus actividades profesionales, inclusive Susana Gorziglia, que desarrolla sus actividades con su consultora de calidad; el actual Secretario Académico, Néstor Cavallero, que conserva su cargo de vicedirector en una escuela secundaria de Rosario; la Secretaria de Extensión, Ana Espinosa, que también trabaja en una consultora y es docente y miembro del Consejo Directivo de la UNR; el Director de Investigación, Ignacio Daniel Coria, que dirige líneas de investigación en la UCA, la UAI y trabaja con su consultora privada; la Secretaria de Relaciones Institucionales, Nora Castiglioni, que a su vez es Directora Ejecutiva del Centro Franciscano. ¿Cómo es que sólo se juzga incompatible mi desempeño profesional y no el de los demás? Si yo afirmo que el Relleno Sanitario de Ricardone impacta en la calidad del agua subterránea y del suelo, lo hago con los cr iterios científicos suficientes como para estar segura de ello. La única explicación que encuentro para el cese de mis actividades en UCA es que si soy llamada a declarar en el marco del juicio por la Ley 10.000 sobre este tema, tendré que exponer que ya no soy profesora de la UCA, pero ello no invalidará mi opinión, porque la fuerza de la misma no la hace mi ser docente UCA sino mis estudios, antecedentes y trayectoria en trabajos ambientales.

¿Usted piensa que no deben utilizarse los rellenos sanitarios? Pienso y sustento científicamente, que si se construyen adecuadamente, se gestionan con responsabilidad y se procesan los gases y líquidos lixiviados que de ellos resultan, los rellenos sanitarios son una opción válida para la República Argentina, al lo menos hasta que los costos de la separación, reciclado, reutilización y producción de energía sean más accesibles. Pero lo más importante es la gestión del Relleno Sanitario, que no puede ser realizada por cualquier persona. Dicha persona o grupo de profesionales debe tener el criterio suficiente como para darse cuenta que no se puede cambiar el uso de un relleno como el de Ricardone, que estaba dimensionado para cerca de 70 toneladas/día y utilizarlo para 800 o más toneladas/día. Ante este desvarío es lógico que el relleno se salga de control. Hoy los lixiviados corren por las laderas de la "sierra ricardonense", derramando sustancias que afectan o pueden afectar a la salud de los seres humanos, animales y vegetales de la región. Se trata de un verdadero delito ecológico. En dicha localidad se siembran vegetales de consumo directo, se crían animales para consumo humano, se siembran cereales y oleaginosas, las personas de la región consumen el agua subterránea, recordemos que San Lorenzo, Ricardone, Ibarlucea, entre otras localidades, no poseen acceso al agua potabilizada del río Paraná, ASSA y las Cooperativas de la zona extraen el agua de las napas subterráneas para su distribución por red con un único tratamiento, su cloración.

Y ¿cómo se soluciona este problema?

No hace falta ser químico para darse cuenta que la única manera de corregir un problema tan serio como éste es tomar dos medidas inmediatas: En primer lugar, discontinuar la actividad y en segundo lugar, proceder a la remediación del sitio contaminado. Si la actividad continúa de la misma manera en que se viene realizando, la limpieza no dará resultado y la contaminación será cada vez mayor. Si no se comprende, recuerden los mil días de limpieza del Riachuelo que fallaron, entre otras cosas, porque nunca se pidió que se dejaran de eliminar tóxicos al Riachuelo. Remediar sin discontinuar la actividad es como sembrar en tierra seca y contaminada, nada dará resultado, los vegetales no crecerán y, si lo hacen, portarán tóxicos que distribuirán a los demás seres vivos sembrando muerte y enfermedad. Si existe la solución ¿por qué no implementarla? Si el tiempo es adecuado, si no se ha desarrollado aún el tumor maligno ¿por qué no aplicar un tratamiento preventivo? Estamos hablando de la Vi da y de la solidaridad entre generaciones, no nos olvidemos de ello. Esto es lo que dije en mi informe a la ONG "Amigos de la Costa" y que tanta irritación produjo al Intendente de la ciudad de Rosario y, por ende, a la Decana de la Facultad de Química e Ingeniería. Lo que me indigna es que la UCA habla de la deuda social, su tema de investigación institucional, me pregunto ¿acaso no contribuye a incrementar la deuda social cuando al formar ingenieros ambientales, "humanistas y cristianos", para prevenir y solucionar problemas, les habla de su responsabilidad y ética profesional, pero en el momento en que un docente de su carrera, en este caso yo, pone en evidencia un indicador de alerta ambiental, la conducta demostrada por las autoridades de la Facultad es proponer la remoción del docente porque se tiene miedo de lo que pueden decir las autoridades políticas de turno?, ¿qué pensará el alumno y egresado de ingeniería ambiental? Los creerá unos hipócritas, con un razonamiento que hace cálculos, analiza qué es lo que le conviene y no arriesga.

¿No es contribuir al incremento de la deuda social actuar sin ética ni moral en el caso de uno de los bienes más valiosos que poseemos, que es la protección de la Vida?, ¿qué se puede decir, entonces, acerca de la ética de las charlas a favor de la Vida desde la concepción que propone la UCA, si permite que se dañe la Vida desde ese momento y a posteriori?, ¿no es ésta una contradicción demasiado perversa?, porque los metales pesados ingeridos por mujeres embarazadas producen daños en el embrión que no pueden revertirse.

Mis principios éticos me indican que si yo descubro que estos metales aparecen en el agua subterránea y pueden comprometer hoy, o en el futuro, a la Vida, debo contribuir a producir el cambio necesario para que el daño no se produzca. Eso es lo que hice y por ello me condenaron.

¿Con qué criterio la UCA, a través de Gorziglia, selecciona el campo del saber sobre el que se puede opinar?,
¿con el criterio de no molestar a nadie?,
entonces que se olviden de ser humanos, sólo los androides no son molestados por las opiniones ajenas, ellos no tienen conciencia, voluntad ni libertad.
Los seres humanos no somos androides. Quien no lo entiende, es porque no piensa en el otro ni en la sociedad como un conjunto, sino que se siente superior, quiere salvarse en soledad, de manera egoísta, sin darse cuenta que el planeta Tierra está reclamando que los que conocemos sus ciencias ayudemos a solucionar sus problemas y advirtamos sobre los riesgos que pueden producirse, previendo males futuros, para evitarlos. De lo contrario, ni aquel que quiso salvarse solo, podrá hacerlo. Queda en la conciencia de cada hombre de ciencia y tecnología el comprometerse o no con la realidad social que le rodea, yo tengo la esperanza de que siempre haya gente que exprese su parecer y lo fundamente, aunque muchos otros miren hacia los costados. Pero no es justo que el capricho de alguien, que dice llamarse autoridad de una Universidad, este caso católica y argentina, sea quien juzgue si una opinión científico-técnica se encuentra o no alineada con el pensamiento de la facultad; decida que no puede seguir participando de ella alguien que lo único que hizo fue manifestarse a favor de la Vida, mediante una opinión que se sustenta completamente en criterios químicos; muestre a la comunidad que lo único valioso es el miedo y tenga la suficiencia de sentir que su opinión es la única posible. ¿Será que esa gente nunca tuvo el coraje de decir la verdad?, ¿o será que no tiene la suficiente inteligencia como para darse cuenta de ello? Si es lo segundo, comprendo la reacción, es sólo una chiquilinada, un arrebato. Si es lo primero, no comprendo ni acepto la postura de la Decana, porque llega hasta el nivel de desconocer la propia historia de la facultad que actualmente dirige.

¿Cuál es la historia de la facultad en este tema?

La facultad participó con la comunidad de Ricardone en 2003, en forma institucional, a favor de la protección de la vida de sus habitantes y recursos naturales. Lo hizo mediante charlas en la escuela, apoyo técnico y consultorías ad honorem.

Antes de ello había participado a través de cátedras de otros profesores en evaluaciones ambientales del relleno de Puente Gallego, colaborando con aquella comunidad preocupada por su futuro al lado de un relleno que los invadía.

¿Te parece que mi opinión es contraria a la opinión de la facultad? Me parece que lo que hacen es desconocer su propia historia. Además, los profesores de la carrera de Ingeniería Ambiental poseen actividades muy diversas, algunos trabajan en el Municipio de Rosario, otros son consultores de Rellenos Sanitarios, incluso del Relleno de Ricardone, también da clases quien realizó su diseño, otros asesoran a empresas que vuelcan sus residuos en ese lugar, otros militan en organizaciones ecologistas y tienen muy alta exposición pública, algunos trabajan en empresas de producción de bienes o de servicios, públicas o privadas, en resumen, todos los actores que se necesitan para un buen debate acerca del tema dictan clases en esa carrera. ¿Cómo es que sólo yo emito opiniones que no convienen? ¿qué pasará con los demás? ¿serán removidos? ¿serán acallados? ¿se alinearán detrás de la opinión de Gorziglia y su grupo de poder? ¿se transformarán en profesores que dictan sus clases y no se involucran en otro tipo de actividades? Probablemente opten por la última opción, es una pena, porque los alumnos además de aprender en c> lase contenidos teóricos, aprenden de la conducta de sus profesores, la ética profesional se vivencia en el actuar de quienes en distintos momentos de nuestras vidas han sido referentes importantes. De ahora en más sólo van a apreciar las conductas que no conviene repetir, ¿de qué vale tener una asignatura que se llama moral? ¿qué moral se transmite? ¿la moral del miedo? ¿la moral de la corrupción?

¿Por qué habla de corrupción?

Porque me pregunto si la incompatibilidad entre mis tareas en la UCA y mi opinión profesional surge del hecho de no tener precio ¿o mi tarea era incompatible porque atentaba contra los intereses de otras personas? Como sucede en todos los conflictos laborales la primera acción es tratar de resolver el problema dentro del ámbito de trabajo, en este caso la UCA y la Iglesia Católica, porque la UCA es una fracción de ella. Eso hice, pero nadie quiso investigar el origen del problema. Evidentemente hay muchos intereses en juego.

La llamada telefónica, si realmente existió, del Intendente de Rosario fue la mejor excusa. Removerme de mi cargo y de mis clases resulta aleccionador para aquellos profesores díscolos que se atreven a pensar.

Su reflexión final

Tengo que decir que mi conciencia está tranquila porque cumplí la misión que me había sido encomendada a fines del 2002 cuando asumí mi tarea: En primer lugar, descentralizar las actividades de la Secretaría Académica de la Facultad: hoy hay un área de profesores, otra de alumnos, otra de títulos y certificaciones, otra de posgrado y otra de libros de actas y exámenes; cada una con su archivo, su información y sus responsabilidades. En segundo término, las acreditaciones de las carreras de ingeniería ambiental e ingeniería industrial, que se cumplimentaron en tiempo y forma. Si bien fueron duras y difíciles pudieron resolverse satisfactoriamente en ambos casos, el 31 de julio de 2006 se entregó el último documento y a mediados de noviembre se recibió la resolución CONEAU dando lugar a la acreditación por tres años.

En tercer lugar se me había encomendado llevar adelante el plan de adaptación plena a las reglamentaciones UCA, siendo 2007 el año de cumplimiento completo de las reglamentaciones sobre alumnos, conforme al plan establecido 2002-2006.

En el marco de las acreditaciones surgió la necesidad de organizar el departamento de investigación conforme a los requerimientos de UCA y CONEAU, las Prácticas Profesionales Supervisadas con su correspondiente flujo de información y diagrama de procedimientos, la redacción del instructivo para investigación de cátedras y el diagrama de flujo de los servicios a terceros y consultorías.

Quedaron, por supuesto, cuestiones abiertas, entre ellas la organización del Departamento de Ingreso y del Ciclo Común a todas las carreras; la implementación efectiva de los talleres multidisciplinarios para integrar saberes, investigación de cátedra y prácticas profesionales supervisadas; la coordinación de las actividades de las asignaturas del área de las ciencias básicas para formar en el futuro un departamento de ciencias básicas; la reacreditación de los posgrados y la adecuación de la carrera de Sistemas a los estándares previstos para su acreditación por CONEAU.

En otro orden de cosas pienso que la UCA no ha tenido visión estratégica, porque deja afuera a una persona joven, incansable, inteligente, sólo por ser coherente con su pensamiento, crecer y animarse a pensar. Tal vez sea esto último lo que molesta sobremanera. Resulta incoherente que esto sea así, porque en todas las reuniones siempre he escuchado que los directivos de la UCA deben ser personas "con manos y cabezas", para poder dar lo mejor de sí en pro del bien común de la institución en la cual trabajan. Ahora que lo pienso mejor, descubro que el problema es que nunca definieron cuál es el bien común al que se deseaba llegar. Tal vez era el bien común acomodaticio de un grupo de personas que no molesta a nadie, que se comporta de manera hipócrita, que no vive de acuerdo a sus declamaciones teóricas y que cuando recibe el "apriete" del poder político, con "humildad cristiana", se allana y cumplimenta lo que les solicitan. No es esa la Universidad que yo quiero. Y no son esos los di rectivos que los alumnos merecen.

Patricia Mónica Sartor
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=48651

CORRUPCIÓN RELIGIOSA I

ArgAtea: Casos de corrupción religiosa

EQUIPO NIZKOR

DERECHOS
07 oct 05

Los vínculos con la Argentina de Roberto Calvi.

Estaba pintado de celeste y blanco, los colores de la bandera Argentina. Era el puente de los Monjes Negros de Londres, debajo del cual apareció ahorcado el banquero Roberto Calvi.
Muchos de los que investigaron y analizaron la muerte del "Banquero de Dios" estuvieron seguros de que no se trataba de una casualidad.
Y reforzaba la presunta existencia de una pista argentina otro hecho tal vez casual, pero que dio que hablar: Calvi fue ahorcado y colgado debajo del puente el 18 de junio de 1982, pocos días después de que concluyera la guerra de las Malvinas.

TODOS LOS ENLACES CONDUCEN A ROMA,

Domingo, 25 de Febrero de 2007

Aguer, nuevo consejero de la Justicia y de la Paz

El Vaticano anunció que el muy conservador obispo platense es el nuevo integrante de ese Pontificio Consejo.

Por Washington Uranga

El ascenso es un espaldarazo para este enemigo de los preservativos que criticó la anulación de las leyes de impunidad.

El Vaticano anunció ayer en Roma que el papa Benedicto XVI nombró al arzobispo de La Plata, Héctor Rubén Aguer, nuevo integrante del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. La designación constituye un respaldo vaticano y un reconocimiento para uno de los obispos más conservadores de la Argentina y un hombre que mantiene sólidos contactos en la curia romana. El Consejo para la Justicia y la Paz está presidido por el cardenal Renato Martino y lo integran unas cuarenta personalidades de todo el mundo, entre miembros y consultores. Junto con Aguer fueron nombrados miembros del Pontificio Consejo el cardenal Meter Kodwo Appiah Turkson, arzobispo de Cap Coast, en Ghana, y el arzobispo de Camagüey, en Cuba, Juan García Rodríguez.

La finalidad del organismo, que forma parte directa del gobierno central de la Iglesia Católica, es “promover la justicia y la paz en el mundo según el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia”. Según lo establece la Constitución Apostólica Pastor Bonus, del 28 de junio de 1988, por la cual el papa Juan Pablo II le dio al cuerpo su constitución actual, el Pontificio Consejo “mantiene particulares relaciones con la Secretaría de Estado (máximo instancia de la Santa Sede), especialmente cada vez que hay que tratar públicamente cuestiones referentes a la justicia y la paz mediante documentos o declaraciones”. De ello se desprende que de aquí en más, el arzobispo Aguer será consultado con asiduidad cuando el Vaticano se vaya a pronunciar sobre cuestiones vinculadas a la llamada “doctrina social de la Iglesia”, en la que al arzobispo platense es considerado un experto.

Aguer nació en Buenos Aires en 1943, estudió el seminario porteño, fue ordenado sacerdote en 1972 y es obispo desde 1992. Primero se desempeñó como obispo auxiliar de Buenos Aires y, desde 1998 como arzobispo de La Plata, primero como coadjutor y desde el 12 de junio del 2000 como titular de esa jurisdicción eclesiástica. Héctor Aguer, un hombre de perfil sumamente conservador, es una de las figuras más polémicas dentro del episcopado católico argentino, donde no cuenta con mucho apoyo de sus pares, pese a lo cual sigue gozando de influencia en Roma. En la última elección en el Episcopado el arzobispo Aguer no obtuvo ningún cargo de relevancia, como podría haber sido la presidencia de una de las comisiones a las que se accede por voto de la asamblea. Es miembro de la Comisión Episcopal de Educación y en su condición de arzobispo de La Plata integra la Comisión Permanente del Episcopado. Por otra parte es capellán de la Orden de Malta en la Argentina, cuyo embajador es Antonio Manuel Caselli, hijo de Esteban Caselli, ex secretario de Culto y embajador argentino ante el Vaticano en tiempos de Carlos Menem.

En noviembre del 2003, en una de sus actuaciones más criticadas dentro y fuera de la Iglesia, Aguer actuó como fiador de Francisco Tru-sso, comprometiendo en ello un millón de pesos, para que el ex banquero pudiera obtener su excarcelación. Según lo testimonia el sacerdote Eduardo De La Serna, el hoy arzobispo Aguer echó a jóvenes de la parroquia de Belgrano (Buenos Aires) en los años de la dictadura por “leer los documentos de Medellín (Conferencia General de los Obispos Latinoamericanos de 1968)”. Según el propio De La Serna, el mismo Aguer fue el denunciante del sacerdote Pablo Gazzarri, detenido-desaparecido en 1976.

Aguer se opuso también a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final por considerar el hecho como “una venganza” y en materia de salud sexual y reproductiva, además de ser un firme defensor de la doctrina de la Iglesia en la materia, ha criticado el uso del preservativo argumentado “fallas en el adminículo de látex y que no se deben al mal uso del mismo”. Según Aguer “entre el 10 y el 15 por ciento de los usos fallan precisamente debido a eso y las cifras son más o menos parejas si se refiere al fracaso en cuanto a la transmisión de enfermedades o al fracaso en cuanto a la prevención del embarazo”.

“tenemos la facultad de hacer las excepciones que querramos”: COTO "YO TE CONOZCO"

15 Feb 2007 - 12:23

http://www.seprin.com/portal2/portal/mostrar.php?subaction=showfull&id=1171553038&archive=&start_from=&ucat=4&

Coto es protagonista de un escándalo que involucra al Gobierno

El empresario está acostumbrado a hacer negocios poco claros a costa de los terrenos públicos y con privilegios que no tienen la mayoría de los empresarios argentinos. Gracias al acuerdo secreto que mantiene con el Gobierno, ahora quiere abrir una nueva sucursal en una zona prohibida -barrio residencial de Banfield- por el código urbano.

El conflicto se desató cuando los vecinos y cámaras empresarias de la zona se resistieron al proyecto impulsado rápida y sospechosamente por el intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, pese a violar el código de planeamiento urbano que impide instalar centros de compras como el de Coto. Más allá de lo urbanístico, la cuestión revela la íntima relación de negocios entre Gobierno y el empresario. Para acelerar el trámite, Julio De Vido habría llamado para dar la orden de que se aprobara la excepción al código urbano y que la directiva de dar vía libre al expansionismo de Alfredo Coto venía directamente del Presidente. A pie juntillas Rossi aseguró que el visto bueno estaría antes de marzo.

La resistencia de los vecinos

Más de 70 vecinos del barrio de Banfield, los concejales del bloque del Frente Para la Victoria del Municipio de Lomas de Zamora, Claudio Morel y Claudio Maiello, y los representantes de la Multisectorial de Lomas de Zamora, Osvaldo Bassano, Alfredo Uralde, Aurelio Lugo y Luis Torres, se manifestaron contra la instalación de una sucursal de la cadena de supermercados COTO.

El reclamo tuvo lugar porque a pedido del intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, el Concejo Deliberante convocó a sesión extraordinaria para solicitar la “excepción” de tres ordenanzas municipales (3861- 3933 y 10787) que declaran la inhabilitación para la instalación de cualquier supermercado.

“Es una vergüenza en Lomas de Zamora”, expresó el concejal Claudio Morell, y agregó que “una vez más sufrimos las consecuencias de las negociaciones de este intendente con las grandes firmas empresariales y en contra del pueblo. Además, tiene la aprobación de sus concejales, porque él mismo declaró una vez que les paga para que se callen la boca”.

Los vecinos pudieron reunirse con el presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista, Jorge Ferreyra, para pedir explicaciones. El edil se excusó afirmando que como cuerpo legislativo “tenemos la facultad de hacer las excepciones que querramos”. Fue ahí cuando los vecinos se encolerizaron y declararon que “vamos a llevar esto a una instancia legal si no escuchan el reclamo de los vecinos”.

http://argentina.indymedia.org/news/2006/09/438995.php

COTO "YO TE CONOZCO"

Por UADH Rosario - Tuesday, Sep. 05, 2006 at 8:30 PM

ACTO EN COTO. NO SOPORTEMOS MÁS A LOS QUE PRIMERO ESPÍAN, LUEGO PRETENDEN METER PRESOS A COMPAÑEROS Y MAÑANA...AUTODEFENSA POPULAR CONTRA ESTA AMENAZA .

En el acto realizado en la puerta del COTO de 3 de Febrero y Presidente Roca, donde se encuentra plantada la carpa de compañeros despedidos de ese supermercado, la empresa puso en la puerta a milicos privados (pero milicos igual) pertenecientes a dos empresas que, como tantas otras, son un nido de represores.

De esos, muchos son ex cadetes de la Escuela de Policía, que sin haber sido “llamados a las filas de la repartición”, cumplen de cualquier modo con su vocación.

La provocación que significa la sola presencia de estos individuos se agranda si consideramos que pretendían desalojar a participantes del acto de los escalones de entrada -que por supuesto avanzan sobre la vereda como si la propiedad se extendiera hasta donde se les antoja- y aunque no tuvieron éxito porque toparon con la firme actitud de una Madre de Plaza de Mayo de las dignas, y compañeros que no les dieron ni bola, no deja por ello de ser eso: el ejercicio de la prepotencia patronal hasta en las mínimas conductas y por lo tanto, una provocación.

Además se esmeraron en filmar a los asistentes y sacarles fotos que van a engrosar los archivos de los servicios con la clara finalidad de ser usados como se usaron en la Dictadura , es decir, hicieron “inteligencia” descaradamente, cosa que en un país como Argentina no debe tolerarse sin respuesta.

Y decimos esto con total seguridad dadas las características de las bandas de sicarios a que pertenecen. Para explicarlo mejor, damos algunos datos singulares de las mismas.

CI 5 (Los Profesionales).

Los que se ven en este afiche son los “ 007” (código del “permiso para matar” en los servicios ingleses) que se veían a principios de 1976 en la serie de los CI 5. Eran una “Brigada A” antiterrorista apropiada a la política de ultra derecha de Ronald Reagan y Margarete Tatcher, un “grupo de tareas” como los que atacaron al pueblo durante la Dictadura Militar . COTO ha contratado bajo un nombre de fantasía precisamente a una empresa que reivindica esta “tradición ”.

En Archivo de ArgAtea: LA IGLESIA Y SU TAJADA EN LA FIESTA MENEMISTA

El caso Obispado de San Justo

El 4 de enero de 1999 -finales del gobierno de Carlos Menem- por ley 25.060 el Estado Nacional le dona al Obispado de San Justo un predio de quince hectáreas, ubicadas en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza. La cesión fue realizada con cargo de destinar el predio a la construcción de viviendas económicas, para la población de limitados y medianos recursos.

Sin embargo, a tan sólo unos días de recibir la donación, Monseñor JORGE ARTURO MEINVIELLE decide vender las tierras al empresario Alfredo COTO, en un millón seiscientos mil dólares, además de una gratificación mensual de cinco mil dólares pagaderos en cash al propio Obispo. El cargo nunca fue cumplido y la especulación inmobiliaria se convirtió en el verdadero negocio de la triangulación de estas tierras, hoy valuadas en cerca de 20 millones de dólares.

El proyecto de Ley ingresó en la Cámara de Senadores el 21 de noviembre de 1997, pero fue sancionado definitivamente -tras su aprobación en Diputados- el 26 de noviembre de 1998. El Poder Ejecutivo la promulgó el 4 de enero del 99, con las firmas de los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alberto Pierri y Eduardo Menem, respectivamente y el texto fue publicado en el Boletín Oficial el 7 de enero del mismo año.

Casualmente el autor de dicho proyecto fue el ex - senador del PJ por la provincia de Mendoza, Eduardo Bauzá, hombre de confianza del ex presidente. En los fundamentos, Bauzá aseguraba que con esta donación de tierra "el Obispado de San Justo contribuirá a paliar en parte el déficit habitacional de la zona, creará mano de obra genuina, colaborando en la merma del índice de desocupación que aqueja a nuestro país y seguirá brindando su atención espiritual a la comunidad que cobija".

Llamativamente el proyecto fue aprobado en una de esas sesiones maratónicas de fin de año en las que se votan paquetes enteros a mano alzada y sin mayor revisión. Aunque resultaba evidente que el obispado de San Justo, en tanto expresión de la Iglesia argentina, nada tenía que ver con una empresa constructora ni era capaz de enfrentar semejante cargo, a nadie pareció importarle.

Tampoco llamó la atención que el cargo dispuesto en la norma no contemplara un plazo de cumplimiento efectivo, ni que el bien haya pasado formalmente a manos de la Iglesia tan solo un mes después de su publicación en el Boletín Oficial.

Nunca en la historia del mercado inmobiliario una operación se realizó de manera tan eficiente: a tan sólo siete días de la escrituración del bien a nombre del Obispado, el 17 de febrero, el mismísimo monseñor Jorge Arturo Meinvielle y don Alfredo Coto, firmaron un boleto de compra-venta sobre el mismo inmueble. Nueve meses más tarde, el 2 de noviembre del 99, Menvielle vendió definitivamente el predio a la empresa GEPAL S.A., firma que pertenece como es sabido, a Coto, de acuerdo a la escritura firmada por el ya mentado escribano Dr. José M. R. Orelle .