LA IGLESIA Y SU TAJADA EN LA FIESTA MENEMISTA

SOCIEDAD

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LA IGLESIA Y SU TAJADA EN LA FIESTA MENEMISTA

Benditos sobresueldos

Los obispos de confianza de Menem también cobraron sobresueldos, que obraron milagros. Interior los pagó con Aportes del Tesoro Nacional, concebidos para paliar desequilibrios transitorios de las provincias. José Luis Manzano puso a los obispos en la lista, práctica que continuaron Beliz, Rückauf y Corach, hasta cubrir 29 millones de pesos. Esto fue al margen de los pagos legales de la Cancillería por el culto, de las provincias por los colegios y de otros aportes negros de SIDE y Presidencia.

Por Horacio Verbitsky

Tiempos de sonrisas: Menem comparte la mesa festejando el Día Nacional del Niño por Nacer, uno de sus originales regalos a la Iglesia.

Entre 1991 y 1999 un reducido grupo de obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana recibió por lo menos 29 millones de pesos “por debajo de la mesa”, según la expresiva calificación del único prelado que rechazó esa dádiva arguyendo que no era transparente. Esta cifra surge del registro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se conserva en el ministerio del Interior, lo cual no excluye otros aportes, del mismo ministerio, de la SIDE y de la secretaría general de la Presidencia, que eran los demás organismos que en aquellos años manejaron las cadenas de la felicidad con las que el gobierno del presidente Carlos Menem aseguró la gobernabilidad mientras sacaba a remate a precio vil el patrimonio social acumulado por generaciones de argentinos.

Estas cuentas de fondos reservados se computan aparte de los 12 millones anuales que en forma legal transfirió a la Iglesia Católica el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como parte de la obligación constitucional de sostener esa religión, y de los casi mil millones anuales que los ministerios de Educación de la Capital y las provincias aportan para el funcionamiento de 2200 colegios católicos en todo el país.

La cuestión fue suscitada esta semana por el responsable de asuntos sociales de la Iglesia, Carmelo Giaquinta, cuando dijo que “nos duele saber hoy que se pagaban sobresueldos en vez de generar empleos”. Giaquinta no puede ser acusado de doble mensaje. Durante su desempeño como presidente del Consejo de Asuntos Económicos del Episcopado pidió que se transparentaran los aportes estatales y que todos se canalizaran a través de la Secretaría de Culto. No encontró eco entre sus pares cuando propuso que la Iglesia renunciara al aporte estatal. Pero esta semana Giaquinta también dijo que poco había cambiado desde el derrumbe de 2001 y que la “pasividad ciudadana” era peor que la deuda pública, “que se puede renegociar, o las secuelas del terror de Estado de la dictadura, que se pueden llorar”.

El ranking:

Las transferencias legales fueron (y siguen siendo) de sumas fijas iguales para cada obispo. Cuando Menem dejó el gobierno eran de 2500 pesos, ahora de 4200 pesos mensuales.

En noviembre de 2000 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refirió al “trato preferencial, incluidas subvenciones financieras, que recibe la Iglesia Católica en comparación con otras confesiones, lo que constituye discriminación por razones religiosas en virtud del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Pero el relator de la ONU para la libertad religiosa, el tunecino Abdelfattah Amor, también consignó que durante su visita de inspección a la Argentina le explicaron que el sostenimiento del culto fue incluido en la Constitución para compensar la expropiación de propiedades eclesiásticas por el presidente Bernardino Rivadavia hace dieciocho décadas.

En cambio las transferencias que se pagaron con Aportes del Tesoro Nacional beneficiaron sólo a algunos prelados y sus sumas fueron variando según las conveniencias del gobierno nacional en cada momento.

Los principales fueron los obispos:

JORGE ARTURO MEINVIELLE (5,6 millones),

Emilio Ogñenovich (4 millones),

Antonio Baseotto y

Juan Rodolfo Laise (1,5 millón cada uno),

Raúl Francisco Primatesta,

Rubén Héctor Di Monte y

Alfredo Guillermo Disandro (1,2 millón cada uno),

Italo Di Stéfano (1,1 millón),

Martín de Elizalde (un millón),

Norberto Martina (630.000) y

Rómulo García (300.000).

Estos obispos, más Antonio Quarracino y Desiderio Colino, fueron el núcleo básico de apoyo eclesiástico al gobierno de entonces, con el respaldo del ex Nuncio Vaticano, Ubaldo Calabresi, y la coordinación de Esteban Caselli, funcionario en distintos cargos en los gobiernos nacional y provincial de Menem, Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf.

“Debajo de la mesa”:

La Iglesia sabía que ese sistema sigiloso era incorrecto. Así lo hizo público en 1998 el obispo Rafael Rey, quien estaba a cargo de la organización de beneficencia “Caritas”. Rey dijo que el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, le había ofrecido entregarle para sus obras de caridad 300.000 pesos por mes. Pero “no queremos dinero por debajo de la mesa”. Rey reclamó “que las donaciones sean transparentes tanto en su origen como en su aplicación”. No era el caso. El responsable de “Caritas” fue invitado por Caselli a reunirse con Corach luego de haber afirmado que eran mentirosas las cifras de pobreza citadas por Menem (quien pugnaba por forzar la interpretación constitucional para obtener una nueva rrreelección). En contestación a la protesta de Rey, Caselli dijo que “Caritas” también había recibido dinero del gobierno, por lo que no debía extrañarse por el ofrecimiento de una cuota mensual. En los registros del ministerio del Interior figura “Caritas” de Entre Ríos con 900 mil pesos recibidos en 1994 y también el Obispado de Zárate-Campana, que ocupaba Rey, con partidas por 150 mil pesos. El episodio terminó con la remoción del secretario de Culto, Angel Centeno, quien propiciaba que la relación entre el gobierno y la Iglesia fuera de autonomía y cooperación, con mutuo respeto y no manipulación.

También la revista Criterio, que desde su creación en la tercera década del siglo pasado expresó en forma extraoficial las posiciones del Episcopado, dijo que se hacían pagos por debajo de la mesa, como parte de una política “del amiguismo y de la dádiva”, de la que “el dinero no ha faltado”. Si en muchos casos el dinero se emplea “en obras encomiables, como la construcción de templos o seminarios”, la revista se preguntó “por qué no puede hacerse lo mismo abiertamente, como se espera de los hijos de la luz”. Agregó Criterio que sólo una minoría se prestaba a esa política. Es verdad que uno de cada diez obispos se beneficiaron de ese modo. Pero sólo uno declinó el ofrecimiento e hizo conocer su repudio. Dos meses después del episodio con Rey, Menem intentó congraciarse con la Iglesia por medios inmateriales, al crear por decreto un “Día del Niño por Nacer”, para lo cual atribuyó a la Constitución reformada en 1994 la condena del aborto que su gobierno promovió y los convencionales rechazaron. Entre quienes le contestaron estuvo su exposa, Zulema Yoma, quien contó que Menem la había acompañado a abortar.

Subasta de conciencias:

En 1988, la ley 23.548 de coparticipación federal creó un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, formado con el uno por ciento de la recaudación de los impuestos nacionales. Según la ley su finalidad sería “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. El Ministerio del Interior informaría “trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación”. La obligación de rendir cuentas no provocó ningún fanatismo y el Fondo se convirtió en un instrumento político discrecional para el Poder Ejecutivo. La transferencia a los obispados no estaba autorizada por la ley. Fue concebida en agosto de 1991 por el flamante ministro del Interior José Luis Manzano, y su subsecretario y jefe político, Juan Carlos Mazzón, en respuesta a un aluvión de críticas eclesiásticas. En marzo de ese año la Conferencia Episcopal había clamado por la “corrupción generalizada”, que Quarracino ejemplificó sin rodeos: “La coima, la justicia mal administrada y los negociados”. Al mes siguiente la Asamblea Plenaria sesionó en la Catamarca de las manifestaciones masivas contra el gobierno saádico por el asesinato de María Soledad Morales y allí denunció que “la brecha entre los más ricos y los más pobres se agranda” mientras la “corrupción generalizada se manifiesta en el comercio de drogas, la coima, el soborno”.

La plegaria fue oída: en agosto Manzano reemplazó a Julio Mera Figueroa y de inmediato hizo la primera transferencia, de medio millón de pesos. En la primera semana de noviembre, Menem se presentó sin previo aviso en la sede donde sesionaba la Asamblea Plenaria en San Miguel y al retirarse negó cualquier discrepancia con la Iglesia aunque dijo que le pidieron “un poco más de acción en el campo social”. El presidente había dicho que “en la Argentina no trabaja el que no quiere”. Al recibir a Menem, Quarracino destacó que “los más humildes” lo besaban y aclamaban. No sólo ellos: el presidente también se despidió del cardenal arzobispo de Buenos Aires con ese beso en la mejilla que en la última década se ha generalizado en la Argentina y que tanto llama la atención a los extranjeros. Ogñéñovich alabó a Menem ante sus pares y cuando se fue lo despidió con un aplauso.

Sectas y relojes:

Tras una semana de reuniones, la CEA resolvió no pronunciarse sobre la cuestión social. “No hemos tratado ese tema. Un problema que preocupa mucho a la Iglesia es la invasión de las sectas”, explicó Quarracino. En lo que quedaba del año las transferencias llegaron a los dos millones. El 16 de diciembre, el diario patronal Ambito Financiero publicó un comentario que vale la pena reproducir en su rústica textualidad, incluyendo la pintoresca grafía de algunos apellidos: “Cacho Caselli es un colaborador de Eduardo Bauzá, en apariencia, sólo de mañana (por la tarde se dedica a los negocios). Se propuso acercar la parte que domina el arzobispo Quarracino –con sus sacerdotes más devotos: Meinvielle, Ogñenovich, Biassotti, Di Monti, García– con un grupo de funcionarios: Anzorreguy, el propio Bauzá, Domingo Cavallo, Aráoz, Beliz. Todos en el departamento de Caselli. Esta línea interna de la Iglesia se preocupa por el traspaso de escuelas: teme que las provincias no le concedan los subsidios que, ahora a regañadientes, le suministra el Estado. Cavallo garantizó que no habrá problemas. Ogñenovich le obsequió un reloj a Bauzá.”

Ogñéñovich llevó esa relación al terreno de los negocios. Su hermano Danilo fue designado miembro del directorio del PAMI que encabezó la hoy injustamente olvidada Matilde Sbatetz de Menéndez. Todos ellos terminaron procesados por defraudación y violación de los deberes de los funcionarios públicos, por haber utilizado en préstamos a particulares amigos y sin garantías suficientes los excedentes por 17 millones de pesos que según la legislación deberían haber depositado en plazos fijos en bancos oficiales. Sólo se recuperó una parte de ese dinero. Cuando se volvió a reunir, en abril de 1992, la Asamblea Plenaria no emitió el documento crítico que atemorizaba al gobierno sino apenas un comunicado de prensa con genéricas expresiones de deseos sobre “honestidad, eficiencia y sensibilidad para con los más desamparados”. Durante la última plenaria de 1992, Primatesta hizo pública una llamativa reflexión. “¿Hay corrupción en la Iglesia? Depende de lo que se entienda por corrupción, porque si soy permisivo estoy alentando y aprobando la corrupción y no corrigiéndola.” Ese año fue el mejor remunerado para los obispos de confianza.

El precio de la amistad:

En sus dieciocho meses como ministro, Manzano repartió 12 millones. Otros 15 fueron distribuidos durante la gestión de Corach, desde enero de 1995 hasta la conclusión de la segunda presidencia de Carlos Menem, en diciembre de 1999. Del resto, dos millones y medio fueron repartidos por Carlos Rückauf (entre agosto de 1993 y enero de 1995) y un millón por Gustavo Beliz (entre diciembre de 1992 y agosto de 1993). Si se calcula según el tiempo de desempeño de cada funcionario, Manzano encabeza con comodidad el ranking, ya que dispuso para la Iglesia 800.000 pesos mensuales; Corach 250.000, pero durante cinco años; Rückauf 156.000 y Beliz 125.000 cada treinta días. Este método consigue milagros. En 1996 el vocero Vaticano Joaquín Navarro Vals llegó a rectificar las afirmaciones de Juan Pablo II sobre la desocupación, la corrupción y la impunidad en la Argentina, luego de una gestión del gobierno nacional ante sus obispos más próximos. La audacia de este grupo reconoció pocos límites.

En junio de 1997, Menem llegó a ofrecer al abogado del Opus Dei y embajador en el Vaticano, Francisco Eduardo Trusso, la oficina de Etica Pública. Antes de que llegara a asumir estalló el escándalo de su banco, que involucró gravemente al cardenal Quarracino. Esto mermó la influencia del grupo en el Vaticano y permitió que la nueva conducción episcopal (integrada por obispos no sobornables, como Estanislao Karlic, Bergoglio y Eduardo Mirás) intentara asumir la distancia del poder que la Iglesia no tuvo durante los años de Quarracino.

Según el presbítero cordobés José Guillermo Mariani la aceptación pasiva de todo el Episcopado a los sobresueldos con fondos reservados, se debió al apoyo de Menem a las posiciones del Vaticano y de los estados teocráticos musulmanes en la Cumbre sobre los Derechos de la Mujer realizada en Beijing en 1995. “Todo fue desde entonces muestras de amistad y reconocimiento eclesiástico” a Menem, escribió esta semana. A su juicio “las reacciones (eclesiásticas de los últimos meses) no responden evidentemente a los problemas que aparecen, sino a una disimulada actitud de resentimiento por no conservarse la situación de privilegio y amistad oficial con los dignatarios eclesiásticos, cultivada en la gestión precedente”, sostiene Mariani, ahora de 77 años, quien el año pasado confesó haber caído en su juventud en la tentación del sexo.

Mediaciones:

En septiembre de 1999, el ex ministro de Menem Roberto Dromi intervino como mediador entre el Ejército y la Iglesia, en la causa judicial iniciada luego de la quiebra del Banco de Crédito Provincial de La Plata. El Ejército había prestado 10 millones de dólares al Arzobispado, que desaparecieron en las maniobras del quebrado banquero Trusso. En el compromiso de pago, la firma de Quarracino no era suya, pero quien les entregó el contrato a los militares fue su asistente, quien además firmó dos cheques por cinco millones cada uno. Por esa causa estuvo detenido el monseñor Roberto Marcial Toledo. A la muerte de Quarracino, el cardenal Jorge Bergoglio recurrió a Dromi, quien llegó a un acuerdo por el cual el Ejército desistió de su reclamo económico y el arzobispado de una causa penal. El comunicado del Arzobispado dijo que “renace así un nuevo diálogo entre el Ejército y la Iglesia en un marco de paz judicial.” Era imprescindible saldar el litigio antes de que concluyera el mandato de Menem.

Durante la campaña electoral por la gobernación de Buenos Aires, Rückauf movilizó a los obispos amigos en su apoyo, luego de acusar a su oponente, Graciela Fernández Meijide de “atea, anticristiana y abortista”. Martina lo elogió por oponerse al aborto; Ogñéñovich apareció en un aviso de campaña de Rückauf y fustigó a Fernández Meijide; Laise emitió un documento laudatorio y Baseotto dijo que su actitud era encomiable. Rückauf distribuyó copias de todas esas declaraciones, más otras de Di Stéfano, de Elizalde y Mario Maulión, quienes, sin nombrar a Rückauf, exhortaron a votar por los candidatos que apoyaran las posiciones eclesiásticas. Maulión es el único de esa lista que no recibió ATN del ministerio del Interior. Duhalde y su esposa fueron los únicos dirigentes políticos que respaldaron a Rückauf en esa cruzada.

Sin desmentida:

Pocos días antes de dejar el gobierno, a fines de noviembre de 1999, Menem hizo una sorprendente revelación. Dijo que había consultado con Juan Pablo II el indulto a los militares procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad y que al Papa “le pareció una medida que tendía a la pacificación de la Argentina”. No reveló por qué medio se habría efectuado la consulta. También dijo que lo había analizado “con todos los jerarcas de la Iglesia”. Se sabía hasta entonces que Quarracino propuso cuando concluía la dictadura tender un manto de olvido sobre sus crímenes, lo cual motivó una dura respuesta de los organismos de derechos humanos. También era conocida la preparación de una denominada “misa de la reconciliación”, que Ogñéñovich se proponía celebrar en la basílica de Luján. Pero el involucramiento directo del Papa fue una novedad absoluta. Nadie, ni en el Vaticano ni en la Argentina lo confirmó ni lo desmintió.

LA IGLESIA Y EL GOBIERNO INVOLUCRADOS

LA TIERRA PROMETIDA DE ALFREDO COTO

Por Catalina Vázquez y Juan Darune

El forzado kirchnerista Alfredo Coto, tendría en su pasado inmediato algunas poderosas razones para explicar el esfuerzo diario que realiza para evitar por parte del actual gobierno el mínimo fastidio, ya que de ocurrir esto, en la Casa Rosada con facilidad podrían empezar a preguntarse sobre los negocios inmobiliarios con tierras del Estado que tanto lo beneficiaron en la década pasada.

La Política Online presentará a continuación una investigación especial sobre el lado oscuro de uno de los empresarios más poderosos de la Argentina.

La Tierra Prometida

La repetida discrecionalidad en el manejo de tierras del Estado pusieron en evidencia a lo largo de esta investigación, un modus operandi que permitió la transferencia de costosas propiedades estatales ubicadas en el municipio de La Matanza, al empresario Alfredo Coto, y la consecuente "bonificación" de quienes hicieron posible el traspaso.

Los vértices del triángulo fueron, entonces, por un lado el Estado menemista entre el 95 y el 99, por el otro el empresario Alfredo Coto, representado por la empresa Gepal S.A, y por último los intermediarios que facilitaron el traspaso: en el primer caso el sindicato que agrupa al Personal Civil de la Nación (UPCN), en el segundo, el Obispado de San Justo, del partido de La Matanza.

En su sentido amplio la corrupción supone el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común. En los casos que siguen, el aprovechamiento ocurre en la más absoluta legalidad: escrituras, boletos de compra venta, intermediarios con nombre y apellido y hasta carteles con anuncios, son los documentos que enmascararon estos ilegítimos negociados.

El caso UPCN

El sindicato que agrupa al personal civil de la nación (UPCN), a través de su obra social OSPCN, recibió el 13 de diciembre de 1995 la donación de un predio estatal de 29 hectáreas, ubicadas en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, a la altura del kilómetro 21 de la Ruta Nacional Nº 3, partido de La Matanza.

Aunque el traspaso fue realizado con el cargo de disponer el terreno para la prestación asistencial de sus afiliados, a tan sólo dos meses de la formalización de la donación del bien - en febrero de 1996- la Obra Social hipotecó el predio y se lo vendió a la empresa Sol Inversiones S.A. Casi un año más tarde, esta empresa le vendió el mismo predio a otra de nombre GEPAL S.A, propiedad de Alfredo Coto.

El terreno en cuestión, era propiedad del Estado nacional y lo usaba el Instituto de Obra Social (IOS) como centro polideportivo para las actividades de recreación de sus afiliados. La donación se realizó cumpliendo todos los pasos burocráticos previos.

Primero se conformó una comisión, integrada por la Obra Social sindical, UPCN, el Ministerio de Salud y Acción Social y la Dirección Nacional de Bienes del Estado, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, que redactó un informe para dejar sentado que el IOS usaba el predio para "el disfrute de sus afiliados" y se determinó que el inmueble fuese transferido a "título gratuito" a la OSPCN, con el cargo de continuar destinando el terreno al mismo uso.

Ratificando lo actuado por esta heterogénea comisión, el Poder Ejecutivo a cargo de Carlos Saúl Menem, emitió el decreto número 622, el 7 de junio de 1996, firmado por el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, el ministro de Salud y Acción Social, Alberto Mazza y el ministro de Economía, Domingo Cavallo.

El terreno se escrituró el 15 de julio de 1997 a nombre de la OSPCN y dos meses más tarde, el 18 de septiembre, se efectuó el cambio de denominación de la titularidad del predio a favor de la OSPCN. Ese mismo día, por la misma escritura y ante la misma escribanía, se hipotecó el bien a favor de la Obra Social en 3 millones de dólares. Y también ese mismo día y en el mismo acto, los "representantes" de los trabajadores del Estado le vendieron las 29 hectáreas a la empresa "Sol Inversiones S.A".

Acaso para despejar toda duda sobre lo oportuno de la inversión, Sol Inversiones contrajo una nueva deuda por hipoteca de 6 millones de dólares, el 8 de julio de 1998, según la escritura número 224, firmada ante el escribano José M.R. Orelle -el escribano del hipermercadista-, momento en el que el inmueble fue vendido definitivamente a GEPAL S.A, propiedad, de Coto.

En el informe redactado años antes por la comisión, se establecía entre otros puntos que los bienes que componían el patrimonio de la Obra Social se transferían "no ofreciendo duda alguna que dicha transferencia se realiza con el fin de asegurar a la nueva Obra Social Sindical la posibilidad de continuar con las prestaciones a su cargo, mínimamente, de la forma en que se estaban desarrollando".

En el mismo informe también se dejó asentado que: "Si bien la transferencia de bienes no incluyen reserva o condición alguna, sí existe una condición implícita, que es su afectación a la prestación de los servicios médicos asistenciales a su cargo".

Pese a estas resoluciones, el cargo de la donación no fue cumplido y los afiliados de UPCN deben conformarse con ver en el predio que les pertenece, los andamios ya dispuestos para construir un "moderno centro comercial de última generación", según reza el gran cartel apostado delante del predio, a la vera de la ruta tres, con el logo de Coto.

El caso Obispado de San Justo

El 4 de enero de 1999 -finales del gobierno de Carlos Menem- por ley 25.060 el Estado Nacional le dona al Obispado de San Justo un predio de quince hectáreas, ubicadas en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza. La cesión fue realizada con cargo de destinar el predio a la construcción de viviendas económicas, para la población de limitados y medianos recursos.

Sin embargo, a tan sólo unos días de recibir la donación, Monseñor JORGE ARTURO MEINVIELLE decide vender las tierras al empresario Alfredo COTO, en un millón seiscientos mil dólares, además de una gratificación mensual de cinco mil dólares pagaderos en cash al propio Obispo. El cargo nunca fue cumplido y la especulación inmobiliaria se convirtió en el verdadero negocio de la triangulación de estas tierras, hoy valuadas en cerca de 20 millones de dólares.

El proyecto de Ley ingresó en la Cámara de Senadores el 21 de noviembre de 1997, pero fue sancionado definitivamente -tras su aprobación en Diputados- el 26 de noviembre de 1998. El Poder Ejecutivo la promulgó el 4 de enero del 99, con las firmas de los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alberto Pierri y Eduardo Menem, respectivamente y el texto fue publicado en el Boletín Oficial el 7 de enero del mismo año.

Casualmente el autor de dicho proyecto fue el ex - senador del PJ por la provincia de Mendoza, Eduardo Bauzá, hombre de confianza del ex presidente. En los fundamentos, Bauzá aseguraba que con esta donación de tierra "el Obispado de San Justo contribuirá a paliar en parte el déficit habitacional de la zona, creará mano de obra genuina, colaborando en la merma del índice de desocupación que aqueja a nuestro país y seguirá brindando su atención espiritual a la comunidad que cobija".

Llamativamente el proyecto fue aprobado en una de esas sesiones maratónicas de fin de año en las que se votan paquetes enteros a mano alzada y sin mayor revisión. Aunque resultaba evidente que el obispado de San Justo, en tanto expresión de la Iglesia argentina, nada tenía que ver con una empresa constructora ni era capaz de enfrentar semejante cargo, a nadie pareció importarle.

Tampoco llamó la atención que el cargo dispuesto en la norma no contemplara un plazo de cumplimiento efectivo, ni que el bien haya pasado formalmente a manos de la Iglesia tan solo un mes después de su publicación en el Boletín Oficial.

Nunca en la historia del mercado inmobiliario una operación se realizó de manera tan eficiente: a tan sólo siete días de la escrituración del bien a nombre del Obispado, el 17 de febrero, el mismísimo monseñor Jorge Arturo Meinvielle y don Alfredo Coto, firmaron un boleto de compra-venta sobre el mismo inmueble. Nueve meses más tarde, el 2 de noviembre del 99, Menvielle vendió definitivamente el predio a la empresa GEPAL S.A., firma que pertenece como es sabido, a Coto, de acuerdo a la escritura firmada por el ya mentado escribano Dr. José M. R. Orelle .

A la fecha, la empresa propietaria de las tierras, GEPAL S.A, no cumplió con el cargo y ningún funcionario de las áreas de control del Estado ha intervenido. Evidentemente, por la proximidad de las fechas, tanto los promotores de la donación como sus favorecidos directos -el Obispado- e indirectos -GEPAL S.A./COTO-, actuaron en complicidad y se beneficiaron mutuamente. Sin duda, perdieron los mismos de siempre, los sectores de "la población con bajos recursos", que aún esperan las viviendas económicas.

La diputada santafesina Alicia Tate, secretaria general del Bloque Radical, presentó este año un proyecto de Ley para revocar la donación, explicando en sus fundamentos que "no se construyó en el lugar ni una sola vivienda en las 15 hectáreas, valuadas hoy en el mercado inmobiliario en cerca de 20 millones de dólares, que pasaron a manos de GEPAL S.A., empresa de Alfredo Coto, a tan sólo 10 días de firmada la escritura de donación". "Los hechos se encadenaron tan velozmente que hasta el más despistado tendría preguntas para hacer al respecto", afirmó la diputada santafesina.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los bloques del ARI y del Socialismo y lo firman los diputados nacionales Fernando Chironi (UCR, Río Negro), Elisa Carrió, Eduardo Macaluse y Marcela Rodríguez (ARI, Capital), Eduardo Di pollina (PS, Capital), Patricia Panzoni (UCR, Buenos Aires), Susana García (ARI, Santa Fe) y Laura Sesma. (PS, Córdoba).

Por su parte, desde el Arzobispado de Buenos Aires, manifestaron que se debe "mantener distancia de los años de corrupción" y avalaron las investigaciones "del caso de Coto y el Obispado de San Justo".

EL EX OBISPO DE SAN JUSTO MEINVILLE,

EL SOCIO JUSTO

JORGE ARTURO MEINVIELLE.

Su Excelencia Reverendísima monseñor Jorge Arturo Meinvielle, ex Obispo de San Justo -localidad que tiene una población de 800 mil habitantes de los cuales el 90 por ciento se declara católico- murió el 3 de marzo de 2003 y fue reemplazado por el actual obispo Baldomero Carlos Martín.

El cura salesiano llegó al obispado de San Justo nombrado por Juan Pablo II en abril del 91 y tomó posesión como tercer obispo de esa Diócesis el 31 de mayo de ese año. No tardó mucho tiempo en hacer buenas migas con funcionarios menemistas y empresarios.

En un artículo publicado por Horacio Verbitsky titulado "Los obispos de confianza de Menem también cobraron sobresueldos", se encuentran algunos antecedentes de Menvielle: "Entre 1991 y 1999 un reducido grupo de obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana recibió por lo menos 29 millones de pesos ´por debajo de la mesa´, según la expresiva calificación del único prelado que rechazó esa dádiva arguyendo que no era tan transparente".

Según explica el periodista, esta cifra surge de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se conservan en el Ministerio del Interior. "Estas cuentas de fondos reservados se computan aparte de los 12 millones anuales que en forma legal transfirió a la Iglesia Católica el Ministerio de relaciones Exteriores y Culto, como parte de la obligación constitucional de sostener esa religión, y de los casi mil millones anuales que los ministerios de educación de la capital y las provincias aportan para el funcionamiento de 2200 colegios católicos en todo el país", agrega.

Dentro del "ranking" de beneficiarios de los ATN figura en primer lugar de un listado de doce prelados "VIP", el obispo Jorge Arturo Meinvielle, que según la información consignada cobró una suma de 5,6 millones de pesos.

http://www.lapoliticaonline.com.ar/index.php?pagetype=detail&newid=920&seccion=1008