YA ESTÁ EN EL SENADO: Proyecto para eliminar el obispado castrense

Tras la renuncia de Baseotto, buscan eliminar el obispado castrense

Una senadora presentó un proyecto en el que denuncia el acuerdo firmado entre Argentina y el Vaticano que, en 1957, estableció su creación. Según la iniciativa, "cesarán en sus funciones el obispo castrense, los sacerdotes militares de cada fuerza y quienes desempeñen funciones eclesiales análogas en las fuerzas de seguridad". Hoy la Santa Sede aceptó la dimisión del polémico obispo


Un proyecto para eliminar el obispado castrense fue presentado en el Senado por una legisladora justicialista, quien propuso denunciar el acuerdo firmado entre la Argentina y el Vaticano en 1957 que estableció su creación.

La senadora Adriana Bortolozzi de Bogado presentó la iniciativa el pasado 28 de marzo, cuando todavía estaba pendiente la aceptación de la renuncia del obispo castrense Antonio Baseotto que el Vaticano dio a conocer hoy.

El proyecto de Bortolozzi fue girado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que encabeza Carlos Reutemann, donde aguarda ser tratado por el Senado.

"Denunciase el acuerdo con la Santa Sede del 28 de junio de 1957 aprobado por el decreto 7623/57", dice el proyecto que busca dar por terminado el acuerdo que estableció la creación de la vicaría castrense.

El proyecto establece que, a partir de la vigencia de la norma, "cesarán en sus funciones el obispo castrense, el obispo auxiliar castrense, los capellanes mayores, los sacerdotes militares de cada una de las fuerzas armadas y quienes desempeñen funciones eclesiales análogas en las fuerzas de seguridad".

Indica también que "los miembros activos del ámbito castrense y las fuerzas de seguridad, sean cuales fueren su modalidad de contratación, gozan de la libertad de elegir, practicar y profesar su culto religioso" y señala que "ninguno de ellos podrá ser obligado a declarar sus creencias religiosas ni a participar de la celebración de ceremonias litúrgicas en actos oficiales".

Entre los considerandos, se señala que "parece anacrónico al contexto jurídico actual, discriminatorio para otros cultos y hasta incompatibles al principio de libertad religiosa, continuar aceptando la intervención de los capellanes y obispos en las estructuras de las fuerzas armadas".

Con la aceptación de la renuncia conocida hoy, el gobierno argentino y el Vaticano deberán continuar negociando el nombre del reemplazante de Baseotto que debe contar con el aval del Poder Ejecutivo, según el acuerdo firmado en 1957.

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