2007-04-29

LA PENOSA CONDICIÓN HUMANA DE LOS OBISPOS

Domingo, 29 de Abril de 2007

OPINION

Palabras sutiles, silencios ruidosos

Por Mario Wainfeld

El presidente Néstor Kirchner y el cardenal Jorge Bergoglio obran un quid pro quo para determinar quién tiene la tozudez más larga. Se comenta, verosímilmente, que se detestan y que esa sensibilidad compartida es parte del problema. En ese contexto se inscribe la larga crónica de una reunión no nata entre ambos.

Entre tanto, la jerarquía de la Iglesia Católica se da por ofendida porque Alberto Balestrini no contesta un pedido de encuentro formulado por el cardenal. “No es el jefe de un bloque, sino la autoridad de la Cámara”, se enfadó el cardenal frente a un par de funcionarios oficiales con los que dialoga a diario. Su punto es atendible, Balestrini debería dar una respuesta y (¿por qué no?) recibirlo.

Menos entendible es que el Cardenal pretenda, aunque no lo verbalice, que sea el Presidente quien le pida un encuentro. Tal vez sí se entienda, tal vez crea que es la suya una autoridad superior a la del primer mandatario de Argentina. Tal argumento comulga con su visión del mundo. Pero es inaceptable, en una república. Las organizaciones no gubernamentales deben gozar de plena libertad, pero no valorarse como superiores al poder democrático.

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El interés republicano que flamea en los discursos de la jerarquía eclesiástica es, en buena medida, una novedad. La Iglesia no es una organización vertebrada en base a los principios liberales: su estructura es monárquica, los manejos de sus autoridades y los vocativos que eligen para designarse (“monseñor”), de estricta raíz aristocrática.

Persecuciones feroces hubo en nuestra historia cercana. Muchos cristianos de base, algunos sacerdotes y obispos fueron martirizados o asesinados. Pero la jerarquía, como en casi todo el siglo XX, estuvo orgánicamente en la facción de los perseguidores, a menudo en su vanguardia.

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Bergoglio hace política con un discurso antipolítico. Se trata de un manejo bastante convencional del que también se valen unos cuantos políticos profesionales. Su derecho está fuera de discusión, su ingreso al ágora lo expone a un debate entre pares, que lo son todos los ciudadanos.

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No es sencillo, para quien se juzga portador de verdades absolutas, avenirse al pluralismo propio de la sociedad democrática. La jerarquía católica argentina no ha tenido buenos desempeños en esa liza. Muchas veces transgrede el lícito ejercicio de pregonar su posición y de conducir a sus fieles, derrapando a procurar imponer sus premisas sectoriales al conjunto de la sociedad.

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Una de las ventajas a las que aspira, y en muchos casos consigue, la jerarquía de la Iglesia es que sus incursiones políticas sean tratadas con un standard distinto al que se aplica a otros actores. Sus códigos, sus elipsis de lenguaje, sus medias palabras, que serían fulminadas en boca de otros, son aceptados mansamente por muchos comunicadores. Sus movidas no son sometidas al pensamiento crítico. Su relato es repetido como un texto sagrado, siendo que se trata de incursiones mundanas. En estos días se ha explicado que la Iglesia poco injiere en la política cotidiana, que sólo le preocupan temas de extrema gravedad, como la despenalización del aborto. Ese relato no resiste un archivo ni un ejercicio mínimo de memoria. Lo cierto es que la Iglesia se ha movilizado enérgicamente en los últimos años, en distintas cruzadas cívicas, que a menudo le salieron mal. Reseñemos las más ostensibles:

- Se opuso a la incorporación de Eugenio Raúl Zaffaroni y (con mucho más fervor) a la de Carmen Argibay a la Corte Suprema.

- Bregó contra una polémica exposición artística de León Ferrari.

- Militó contra todas las leyes de educación sexual dictadas en los últimos años.

- También se plantó contra la ley de unión civil entre personas del mismo sexo, sancionada en la Capital.

Y añadamos una menos conspicua, contada ya en este diario, que tuvo éxito. Interfirió para impedir que se distribuyeran píldoras anticonceptivas y preservativos a través del Programa Remediar. El obispo Jorge Casaretto presionó al Gobierno en su carácter de titular de Caritas. Esa ONG ejercita la auditoría social del programa y Casaretto amenazó con renunciar a esa condición si se efectivizaban los envíos. Tras perder el debate democrático sobre la ley de salud reproductiva, abusando de su poder fáctico, le impuso su parecer ultraminoritario al Gobierno y, lo que es peor, a muchas personas que podrían haber hecho buen (libre) uso de las píldoras o los preservativos.

Ese juego fue condenable. Las otras intervenciones no, aunque sería edificante no disfrazarlas o negarlas.

Lo que incordia a la Iglesia, lo que motiva a Bergoglio a hablar de persecución no es la mutilación de sus libertades sino su creciente pérdida de predicamento en la sociedad.

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La secularización es la amenaza que pone en guardia a la jerarquía. Un conjunto de fenómenos se repiten en el mundo, no se los lee como una tendencia histórica sino como una conspiración. La laicización creciente, el mayor respeto a las opciones sexuales, la expansión de las prácticas anticonceptivas. En sociedades menos opresivas, con gran presencia de medios masivos de difusión, algunos temores atávicos aminoran: proliferan las denuncias contra los abusos sexuales (abusos de poder) que siempre existieron y se acallaron. Entre ellos, los perpetrados por hombres con sotana o vestidos de púrpura. En la Argentina fueron muy sonados los casos del obispo Edgardo Storni y del sacerdote Julio Grassi, ominosos de por sí, agravados (moral y jurídicamente) por la eminencia del abusador. El reflejo de la jerarquía fue clásicamente corporativo, cerrar filas, silenciar, imaginar una conjura. Ni una palabra de la Conferencia Episcopal, ni una línea en un documento de una Iglesia que es implacable cuando los laicos caen en la tentación carnal.

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“Bergoglio piensa en dos fechas”, dice un funcionario que le presta atención. “El encuentro con el Papa en Brasil y el 25 de mayo.” El 25 de mayo es la fecha del Tedéum, una penosa rutina local en la que la autoridad secular va al pie de la eclesiástica. Kirchner la puso en crisis, aunque el año pasado alteró su sano criterio: pidió el Tedéum (hacerlo es su facultad) y recibió de cuerpo presente una reprimenda del cardenal. El sentido común dominante describe al Tedéum como un derecho eclesial, el sustrato subyacente de esa caracterización incorrecta es la superioridad del que sermonea.

Una tercera fecha importante no se zarandea, pero también incide en el crescendo político episcopal. Está al caer el juicio oral contra el capellán policial Cristian von Wernich por su participación en crímenes de lesa humanidad. La política de derechos humanos, el avance de la Justicia en pos de castigar los crímenes del terrorismo de Estado no cuentan, por usar un eufemismo, con la bendición de la jerarquía católica.

Pero eso no se confiesa, menos se comenta en voz alta. Tampoco toman estado público las críticas de obispos como Casaretto y Agustín Radrizzani a la ofensiva de Bergoglio. El discurso político acumula paradojas. No sólo es antipolítico, también se construye con estridentes silencios.

Las otras relaciones

Domingo, 29 de Abril de 2007

De qué hablamos

3 leyes regulan el pago de salarios mensuales a obispos, sacerdotes y párrocos. Todas fueron promulgadas por la dictadura militar.

1.391.992 pesos es la partida mensual.

336 pesos es la cápita por seminarista.

7287,13 pesos netos, no imponibles, es el ingreso de un obispo diocesano.

6376,24 pesos netos al mes cobran los obispos retirados por razones de salud o invalidez.

2 obispos que renunciaron por otros motivos, en circunstancias escandalosas, perciben igualmente ese subsidio. Uno de ellos, Edgardo Storni, está siendo juzgado penalmente por sus acciones.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/subnotas/84238-27053-2007-04-29.html

LA IGLESIA CATÓLICA ES LA MAYOR SUBSIDIADA EDUCATIVA EN EL PAIS: Cómo el Estado les paga los colegios

LA IGLESIA ES LA MAYOR SUBSIDIADA EDUCATIVA EN EL PAIS

Cómo el Estado les paga los colegios

Por Nora Veiras

El golpe militar del 4 de junio de 1943 impuso la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. El primer gobierno de Juan Domingo Perón le dio fuerza de ley en 1947 y la anuló en 1954 al romper relaciones con la cúpula eclesiástica. Sin embargo, esa ruptura dejó vigente otra norma que había promulgado el mismo gobierno: el otorgamiento de subsidios a la educación privada destinado al pago de los salarios docentes. A lo largo de más de cincuenta años el sistema privado consolidó su presencia y no hubo gobierno que se atreviera a modificarlo.

El año pasado, la Iglesia intentó que la nueva Ley de Educación ampliara el beneficio para que “el Estado financie equitativamente a la educación de gestión pública como de gestión privada, de manera que los colegios religiosos puedan ser gratuitos”. A pesar del lobby, no lograron el objetivo.

Desde que en 1992 se completó la descentralización del sistema educativo con el traspaso de las escuelas secundarias a las provincias y los institutos de formación docente, son las distintas jurisdicciones las que garantizan la liquidación de subsidios.

En la Dirección Nacional de Educación Privada, dependiente de la cartera educativa nacional, explicaron que “es muy difícil establecer el monto total destinado a ese fin, pero por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires la partida asciende a 320 millones de pesos sobre un presupuesto de 2400 millones para educación”. En la comuna porteña casi la mitad de los establecimientos son privados, es la jurisdicción con más alta incidencia del sector. La media del país no supera el 25 por ciento de los alumnos en las escuelas particulares.

La absoluta mayoría de los establecimientos subsidiados son confesionales. Por la magnitud del sistema, la provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de establecimientos de gestión privada, casi 7300, de los cuales 2449 no reciben aporte estatal y los 4850 restantes sí para atender a una matrícula global de 1,4 millón de alumnos sobre un total de 4,5 millones. De ese total, 2667 recibe el cien por ciento de subsidio para financiar los salarios docentes; 1315, el 80 por ciento, y 868 bandas de subsidios que bajan hasta un 20 por ciento. El monto del aporte estatal es inversamente proporcional al de la cuota: a mayor subsidio menor arancel.

La defensa del financiamiento público de la enseñanza privada es un principio inclaudicable de los purpurados. En los corrillos del poder siempre se comenta que hasta el papa Juan Pablo II llegó a plantearle la preocupación por cualquier modificación del sistema a un funcionario argentino durante una protocolar audiencia en el Vaticano.

El año pasado, el obispo de Bahía Blanca y presidente de la Comisión Episcopal de Educación, Guillermo Garlatti, redobló el reclamo. En pleno debate sobre la nueva ley de Educación dijo:

“Pedimos que el Estado, por un principio de justicia distributiva, financie equitativamente. Queremos que el principio de libertad de enseñanza sea llevado hasta las últimas implicancias”,
y abundó: “El deseo de la Iglesia es que sus instituciones educativas sean gratuitas para que los padres no se vean impedidos por razones económicas de brindarles a sus hijos la educación que desean”.

En buen romance, a Dios lo que es del César.

La continuidad de los subsidios para mantener ese reducto inmejorable de formación ideológica es una lucha siempre renovada para los obispos.

En cambio, sobre la educación religiosa en el sistema público en los últimos años vienen perdiendo algunas batallas.

A pesar de que las normas nacionales consagran la educación laica, en Santiago del Estero, Jujuy y Salta la religión –católica, por supuesto– sigue formando parte de la currícula escolar.

En cambio, en Catamarca y San Luis se sacó a Dios de las aulas con no pocos embates purpurados. El ex gobernador catamarqueño Oscar Castillo tomó la decisión ante un planteo por discriminación realizado por la comunidad judía a través de la DAIA.

En definitiva, la Iglesia Católica sigue considerando que el Estado tiene la obligación de atender sus necesidades terrenales.

NÚMEROS DE COMO SE "SOSTIENEN LAS OTRAS RELACIONES CARNALES DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL VATICANO

Domingo, 29 de Abril de 2007

SUBSIDIOS, SALARIOS, JUBILACIONES DE PRIVILEGIO, EXENCIONES IMPOSITIVAS
La otra relación con la Iglesia

Gobierno y obispos se llevan públicamente mal, pero en lo político.
En otros rubros la relación entre la Iglesia y el Estado es múltiple, aceitada y regida por legislación de la dictadura.
El resumen es que los sueldos de obispos, párrocos de frontera y hasta seminaristas se pagan con dinero público.
Por Mario Wainfeld


La relación entre el Ejecutivo nacional y la jerarquía de la Iglesia Católica no es buena.
El diálogo no fluye, la comunicación escasea. Eso, en materia política, se entiende.
En otros rubros, los flujos de información se intercambian a diario. Se transmiten altas y bajas burocráticas, se detallan datos sobre sacerdotes y seminaristas, se remesan partidas.
Ocurre que, según la interpretación legal vigente de la Constitución, el Estado paga haberes mensuales a obispos y a párrocos de frontera. También obla una cápita por seminarista.
Las cifras, como todo lo que hace al gasto público, son controversiales, aunque (a diferencia de lo que ocurre en otros casos) poco se las conoce.
Un obispo diocesano, como Jorge Bergoglio o Jorge Casaretto, percibe una mensualidad de 7287,13 pesos. Los purpurados que se retiran reciben una significativa “asignación mensual y vitalicia”.
La norma respectiva alude a retiros por edad o por motivos de salud, pero quienes se alejaron de sus obispados por causales más chocantes también acceden al subsidio.
Entre ellos Edgardo Storni, quien renunció al obispado de Santa Fe envuelto en escándalos sexuales y económicos por los que está siendo juzgado penalmente, y Juan Carlos Maccarone, despedido del obispado de Santiago del Estero por revelaciones sobre su vida personal. La expresión “jubilación de privilegio”, tan denostada cuando concierne a laicos, suena demasiado piadosa en ciertos casos.


La Constitución nacional estipula que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano.

Regular ese mandato queda sujeto a legislación ulterior. Las que rigen la cuestión que nos ocupa fueron sancionadas durante la dictadura militar, algo digno de mención.


El sostén del culto se efectiviza por conductos muy variados, lo que dificulta una estimación global de los recursos imputados, que se canalizan a través de casi todos los ministerios del gabinete nacional.

Un cálculo riguroso exigiría tomar en cuenta las generosas exenciones impositivas en danza.


Un puntal del sostén del culto son los aportes para la educación privada, cuya magnitud amerita un debate de gran densidad, ajeno a este artículo.

La subsistencia de capellanes y obispos castrenses, pagados con fondos públicos, es una rémora antirrepublicana de los infaustos discursos autoritarios que enraizaban a la cruz con la espada.
Su pervivencia en el siglo XXI es un anacronismo en el que incurren pocas naciones. Chile es una de ellas, tributando al peso que aún conserva el pinochetismo en su esquema de poder.
Conseguir una nómina precisa de la cantidad de capellanes castrenses y de los dineros públicos destinados a su actividad excede las competencias de esta nota y de su autor. La información pública se extravía en varios despachos, casi nadie sabe, casi todos no contestan. Los pagos a obispos, seminaristas y párrocos de frontera, en cambio, son relativamente sencillos de aprehender.

Página/12 tuvo acceso a la documentación.


Papeles en regla

El Programa de registro y sostenimiento de Cultos es el número 17 del Presupuesto nacional. En el ejercicio 2007 se han asignado poco más de 16,6 millones de pesos para las “transferencias” que se reseñan en esta nota. El organismo de ejecución es la Secretaría de Culto, dependiente de la Cancillería. Los fondos no se entregan personalmente a los beneficiarios, se envían a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que tiene a su cargo la distribución.

Eso sí, las resoluciones respectivas detallan los nombres y apellidos de los obispos o sacerdotes y los importes que les corresponden. La partida general para el mes de marzo fue de $ 1.391.992, lo que multiplicado por doce se empareja con la previsión anual. Claro que los números podrían ser retocados en alza, si hay decisión en tal sentido, merced a las amplias facultades (alias superpoderes) delegadas al Ejecutivo en la persona del jefe de Gabinete.

Varios son los rubros por los que se remesa dinero a la CEA. Vaya un repaso a vuelo de pájaro.

a) Sostenimiento del clero argentino: Es una cápita de 336 pesos por seminarista, en base a cifras que proporcionan las respectivas jurisdicciones eclesiásticas.

b) Asignaciones para los obispos diocesanos y auxiliares: Corresponden $ 7287,13 a aquéllos y 6376,24 a éstos.

c) Asignaciones de $ 470,40 por párroco de frontera.

d) Asignaciones mensuales y vitalicias de $ 530 a un grupo particular (mínimo) de sacerdotes seculares.

e) Asignaciones mensuales y vitalicias a obispos retirados, que oscilan entre $5465,35 y $ 6376,24.

En ningún caso se trata, técnicamente, de sueldos, lo que tiene distintas implicancias. No existen aguinaldo ni pago de vacaciones. Tampoco tributan impuestos ni cargas sociales de ninguna especie. El Estado no retiene, por caso, impuesto a las ganancias. Los beneficiarios no hacen aportes jubilatorios.

Razones y sinrazones

Las diferencias antedichas no obstan a que los haberes en cuestión cumplan el rol de salarios, por su regularidad. Funcionarios avezados explican que en muchos casos el dinero no deriva al patrimonio personal del beneficiario sino que se consagra a gastos de la respectiva diócesis. Las normas no consagran ningún control al respecto, ni obligación de informar sobre el destino del dinero pagado.

El argumento de los gastos de la diócesis no parece aplicable al caso de las asignaciones vitalicias y mensuales a las que tienen derecho los obispos eméritos, esto es, retirados. La legislación prevé el beneficio para quienes se alejan por razones de edad. Pero acceden a esa mesada Edgardo Storni (como ya informó el periodista Horacio Verbitsky en este diario) y Juan Carlos Maccarone, quienes no dimitieron por el transcurso del tiempo o la enfermedad. Storni se retiró en medio de un escándalo de proporciones, acusado de abusos sexuales y malversación de fondos. Afronta juicios penales por esas causas. Maccarone fue desplazado tras habérsele probado relaciones homosexuales con fieles de su grey.

Seguramente se los beneficia merced a una interpretación extensiva de la norma. “Se paga a los eméritos”, explican en Cancillería, dando cuenta de una pirueta burocrática, favorable a los beneficiarios. El lector justipreciará si la interpretación es demasiado caritativa o algo peor.

El rango de los guarismos está predeterminado por ley. La que otorgó mensualidad a los obispos, en su texto original, la determina en el 80 por ciento del salario de un juez de primera instancia.

La asignación vitalicia que hace las veces de jubilación garantiza el setenta por ciento del sueldo del presidente de la Nación, excluidos los gastos de representación. Su montante ubica a los prelados muy por encima de la media de los trabajadores argentinos, aun de casi todos los funcionarios.

Antecedentes republicanos

El régimen actual se sustenta en leyes de matriz dictatorial, no se remonta a los orígenes de la patria. La ley 21.950, que estableció la asignación mensual a dignatarios católicos, fue dictada por Jorge Rafael Videla y conformada por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Los mismos demócratas rubricaron la ley 22.161 que previó una asignación mensual a curas párrocos de frontera. La ley 22.950, firmada en octubre de 1983 (ya de salida) por el republicano Reynaldo Benito Bignone, impuso el “sostenimiento para la formación del clero de nacionalidad argentina”. Sucesivos gobiernos democráticos, incluido el actual, no introdujeron cambios relevantes en esas normas.

Su (previsible) correspondencia ideológica con la dictadura es un tema abierto a debate. La institución de los párrocos de frontera tributa sin duda a una idea perimida y nazionalista con zeta de los límites territoriales, muy propia del pensamiento militar del siglo pasado y muy chocante a la actual tendencia de integración regional. “Garantizar” la presencia de sacerdotes argentinos como un dique a temibles invasiones bárbaras de brasileños, chilenos, paraguayos, uruguayos o bolivianos. Es innegable el tufillo de las “hipótesis de conflicto” que cimentaron el pensamiento estratégico autoritario nativo.

Transparencia, igualdad, debate

Toda ley debe aplicarse, al mismo tiempo es discutible y mejorable. En todo caso, son muy contados los países no fundamentalistas cuyos Estados pagan sueldo a obispos. No lo hacen Uruguay, Brasil ni Chile, por dar ejemplos de repúblicas muy vinculadas a la Argentina, usualmente mentadas como ejemplos para la civilidad.

La relación entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Estado argentino amerita, como se postula en estos días, un debate profundo de raíz republicana. En ese trajín, un issue interesante sería debatir acerca de si los recursos que recibe la Iglesia se avienen a las reglas republicanas y al principio de igualdad, cardinal en la Constitución.

En la modesta percepción del cronista, las jubilaciones privilegiadas no cumplen esos requisitos. No es un cuestionamiento personal a quienes las reciben, entre quienes se cuentan obispos de razonable reputación pública como Justo Laguna y también un referente moral y ejemplo de vida como Miguel Hesayne. Se trata de un tema institucional.

Y las pagas de por vida son afrentosas si, para colmo, se confieren a quien ha sido acusado, con enorme fundamento, de delitos de toda laya.

Muy pocas leyes relevantes de la dictadura subsisten vigentes hoy día, frisando un cuarto de siglo de consolidación democrática. Las contadas que perduran están muy vinculadas a factores de poder: la de radiodifusión y las que terminamos de glosar. Todo un detalle.

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-84238-2007-04-29.html

Cual es la realidad del misterio detrás de "Cristo vence"?

Advertencia

En las páginas que siguen no se encontrará ningún juicio de valor sobre el dogma ni el culto. Sólo un análisis del comportamiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana como “realidad sociológica de pueblo concreto en un mundo concreto”, según los términos de la propia Conferencia Episcopal Argentina. En cambio su “realidad teológica de misterio” sólo corresponde a los creyentes, que merecen todo mi respeto.


Domingo, 29 de Abril de 2007

UN SIGLO DE HISTORIA POLITICA (1884-1983)
Cristo Vence
Hoy a las 18.30 Verbitsky presentará en la Feria del Libro Cristo Vence, primer tomo de una historia política de la Iglesia Católica. Lo acompañarán Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Pigna y Fortunato Mallimaci.

A continuación, el comienzo de un trabajo histórico que aparece en el momento oportuno, cuando la máxima jerarquía se declara perseguida por un gobierno que podría retomar el proceso secularizador interrumpido.

Por Horacio Verbitsky


Advertencia

En las páginas que siguen no se encontrará ningún juicio de valor sobre el dogma ni el culto. Sólo un análisis del comportamiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana como “realidad sociológica de pueblo concreto en un mundo concreto”, según los términos de la propia Conferencia Episcopal Argentina. En cambio su “realidad teológica de misterio” sólo corresponde a los creyentes, que merecen todo mi respeto.

Sin estudiar el papel central de la Iglesia Católica Apostólica Romana es imposible entender la historia de la Argentina moderna y la tragedia que marcó el último tercio de su siglo XX con extremos de crueldad propios de las contiendas de religión. Tal hipótesis es el origen de esta Historia Política de la Iglesia en la Argentina, que también puede leerse como una historia de la Argentina con la Iglesia Católica como hilo conductor.

Cada uno a su manera, víctimas y victimarios de la última dictadura vinculan el método del exterminio clandestino con la Iglesia Católica.

–Sería preferible que dictaran la ley marcial y aplicaran la pena de muerte, pero con oportunidad de defensa ante un tribunal –argumentó el editor periodístico Jacobo Timerman durante un almuerzo con un íntimo colaborador del jefe de la Armada, Emilio Massera.

–Estamos apurados. No tenemos tiempo. En ese caso intervendría el Papa, y contra la presión del Papa sería muy difícil fusilar –le contestó.

–Pero Franco fusiló pese a la oposición del Papa –insistió el editor.

–Nosotros no estamos en condiciones –replicó el marino.

El general Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante y teorizador de la llamada guerra contrarrevolucionaria, también explicó la adopción del método de la desaparición forzada de personas por el temor a la reacción del Vaticano:

–Mire el lío que el Papa le armó a Franco cuando fusiló tres nomás. Usted no puede fusilar 7000 personas –le confesó a la periodista francesa Marie-Monique Robin.

Cuando entrevisté al oficial naval Adolfo Scilingo dijo que el método atroz de arrojar personas vivas al mar había sido consultado con la jerarquía eclesiástica, que lo aprobó por considerarlo “una forma cristiana y poco violenta” de muerte. Al regreso de cada misión, los capellanes calmaban el escrúpulo de los participantes con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo, pasando por alto que en la teología católica ésa no es una tarea de los hombres en el mundo sino de Dios el día del Juicio.

En la década de 1930 Francisco Franco contó con el apoyo del Episcopado español y de los papas Pío XI y Pío XII. Pero aquélla fue una verdadera guerra civil, en la que también los rojos colocaban frente al pelotón de fusilamiento a los nacionalistas, entre ellos centenares de sacerdotes. Como escribió el católico desencantado Georges Bernanos, en España se fusiló como quien talaba árboles.

En realidad tanto el interlocutor naval de Timerman como Díaz Bessone aludían al declinante Franco de 1975, que hasta el último día sostuvo su poder en el garrote vil pese al repudio universal, incluido el de Pablo VI. A eso se refería también el jefe de Operaciones Navales de la Armada al informar a Scilingo y al resto de sus oficiales que la jerarquía argentina recomendaba un método menos estrepitoso, la desaparición entre noche y niebla de los opositores, armados o no. Este sigilo no hubiera sido necesario en una guerra, que enfrenta a dos bandos armados de alguna equivalencia. Pero sí para ejecutar con medios criminales una operación de reingeniería social que abarcó mucho más que las organizaciones partisanas. La mitad de los detenidos-desaparecidos eran obreros o empleados y la dictadura envió comandos a Venezuela para secuestrar o asesinar a dirigentes gremiales empresarios.

Plan de masacre

Ese método del secuestro, la tortura y la eliminación clandestina en el nombre de Dios no fue transmitido a los militares argentinos por los veteranos ni por la literatura de la Falange española, que fue una de las múltiples influencias en el peronismo, sino por miembros militares y eclesiásticos de la poco conocida organización integrista francesa Cité Catholique. Cuando se produjo el golpe en Buenos Aires ya habían pasado cuarenta años del alzamiento franquista, sus antiguos partidarios ni querían recordarlo y la España contemporánea era exaltada como modelo tecnocrático de desarrollo, bendecido por el Opus Dei. En cambio estaba fresca la guerra de Argelia y su secuela de terrorismo paramilitar en París.

Varios de los principales cuadros de Cité Catholique fueron los responsables de la inteligencia del Ejército colonial francés y de sus despiadados métodos. Luego de la independencia de Argelia y del desmantelamiento de la OAS varios de ellos se refugiaron en la Argentina bajo la protección del presidente de la Conferencia Episcopal, vicario general castrense y cardenal primado de la Argentina, Antonio Caggiano, la figura central de la Iglesia argentina en el siglo XX.

En 1961 la Argentina fue el primer país después de Francia en el que se publicó el libro ideológico fundamental del grupo, “El marxismo-leninismo”, de Jean Ousset, que incluye una recopilación de encíclicas papales condenatorias del comunismo y una doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Su traductor fue el coronel Juan Francisco Guevara, que era el jefe de la Inteligencia del Ejército, y su prologuista el cardenal Caggiano. Para el líder de Cité Catholique enemigo es todo aquel que procure subvertir el orden cristiano, la ley natural o el plan del Creador, lo cual explica el amplio espectro de organizaciones y personas que cayeron bajo la atención de sus discípulos. Como dice Caggiano en el prólogo, hay que prepararse para una “lucha a muerte” que califica de “eminentemente ideológica” contra enemigos que todavía “no han presionado las armas”. Esta frase es otra constatación rotunda de los alcances del plan de masacre, elaborado antes de que surgiera la primera organización guerrillera.

El sucesor de Caggiano en el arzobispado de Buenos Aires pasaba los fines de semana en la casa de recreo El Silencio, donde también festejaban el fin de curso sus seminaristas. En 1979 la Armada escondió allí a medio centenar de detenidos-desaparecidos para que no los encontrara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el único caso conocido de un campo de concentración que funcionara en una propiedad eclesiástica.

¿Por qué la Iglesia Católica actuó de ese modo si en la Argentina nunca hubo un atentado de la guerrilla contra personas o lugares eclesiásticos que, en cambio, fueron blanco predilecto de la represión militar?

Para entenderlo es preciso alejarse en el tiempo y en el espacio porque la Iglesia Católica es una institución bimilenaria, universal y compleja.

Nuevas preguntas

Pero antes de llegar a la conclusión aparecen nuevas preguntas:

¿Por qué las demás dictaduras de la seguridad nacional carecieron del componente dogmático que impregnó al gobierno de facto argentino entre 1976 y 1983?

¿Cuál es el motivo por el que sólo aquí un grupo marginal como Cité Catholique cobró tal influencia sobre eclesiásticos y militares?

¿Qué razón hubo para que en Chile, Uruguay y Brasil la Iglesia fuera refugio de los perseguidos y no su azote como en la Argentina?

¿Cómo se entiende que ese Episcopado que santificó un poder ilegítimo y brutal tuviera más bajas en su jerarquía que los del resto del continente? ¿A qué se debe que un Pontífice como Pablo VI, que rechazó los intentos de cooptación del chileno Pinochet, sucumbiera sin resistencia a la seducción de los argentinos Videla y Massera?

La masa del iceberg

Cuando llevaba más de mil quinientas páginas escritas en procura de las respuestas, regresé al más sensato propósito inicial de contar la historia de El Silencio. La parte sumergida de ese iceberg era una masa imponente de documentos, entrevistas y bibliografía. Constituía el involuntario esbozo de una historia política de la Iglesia Católica en la Argentina a lo largo de un siglo: desde que el general-presidente Julio A. Roca expulsó al delegado apostólico Luis Matera en 1884 hasta que el liberal-radical laicista Raúl Alfonsín recibió el gobierno en 1983, como consecuencia del derrumbe de la dictadura sangrienta cuya praxis resulta inexplicable sin conocer aquel siglo de historia eclesiástica. El texto se abre con una imprescindible reseña de los cambios producidos en el mundo en el siglo previo, a partir de la Revolución Francesa.

En este ciclo de crisis, renacimiento, apogeo y declinación, la Iglesia fue el soporte espiritual de la clase dominante, a la que Walsh atribuyó una inclinación temperamental al asesinato. La forzada identidad entre la Nación Argentina y la dogmática católica y la investidura de sus militares y obispos con la autoridad de vigilar y castigar cualquier apartamiento de la única verdad admisible están en la base de lo sucedido.

La secularización de la sociedad argentina emprendida por una burguesía liberal que importó su modelo económico de Londres y su modelo cultural de París fue incompleta. Las leyes de enseñanza laica y del registro civil de nacimientos, matrimonios y sepelios redujeron la influencia eclesiástica. Pero, a diferencia de los países vecinos, el impulso reformista no alcanzó para separar al Estado de la Iglesia, pese a que en la Argentina ofreció menor resistencia que en Chile. Allí la oposición católica llegó a exhumar sus muertos de los cementerios para emparedarlos en las iglesias, por temor a la promiscuidad con los cadáveres de excomulgados, y el arzobispo de Santiago decretó la execración de los cementerios secularizados.

La Constitución brasileña aseguró en 1891 que ningún culto o iglesia gozaría de subvención oficial, ni tendría relaciones de dependencia o alianza con el gobierno. Todas las confesiones se ejercerían con libertad en forma pública. También dispuso que la enseñanza sería laica, los cementerios seculares y el matrimonio civil.

El divorcio por mutuo consentimiento fue ley uruguaya en 1907 y por la sola voluntad de la mujer en 1913. La separación de la Iglesia Católica y el Estado fue incluida en la Constitución oriental en 1919.

La Iglesia y el Estado chileno fueron separados por la Constitución de 1925. Sólo la Argentina, Bolivia y Paraguay cruzaron el siglo XX sin aligerar ese lastre.

Ni hablar de la radical Constitución mexicana de 1917 y su legislación complementaria de 1924, que prohibió las escuelas religiosas, confinó los actos de culto al interior de los templos, transfirió al Estado todas las propiedades eclesiásticas, proscribió cualquier actividad o pronunciamiento político de sacerdotes y publicaciones religiosas, expulsó a prelados extranjeros e impuso a los nativos penas de prisión efectiva por criticar al gobierno y sus leyes o mostrarse con sus hábitos fuera de las iglesias.

Ruina económica y moral

En plena guerra civil estadounidense Pío IX reconoció al gobierno confederado sudista y a Jefferson Davis como su presidente. Una de las figuras centrales del Episcopado estadounidense consideró atroz la emancipación de los esclavos porque condenaría a la ruina económica a los estados del sur y a la ruina moral a sus presuntos beneficiarios, que no estaban preparados para la libertad. Abraham Lincoln fue asesinado el Viernes Santo de 1865. Uno de los acusados se refugió en Canadá con ayuda de un sacerdote, de allí llegó a Roma con protección eclesiástica y obtuvo un lugar en el regimiento papal que resistía la unidad italiana. En Estados Unidos las clases burguesas eran protestantes, leían la Biblia y oraban en inglés y la Iglesia Católica quedó asociada con los inmigrantes pobres, italianos e irlandeses. Todas las iglesias eran libres y el principio de separación del Estado y la religión era tan sagrado que recién en 1983 el gobierno de Estados Unidos designó un embajador en el Vaticano.

La derrota de los confederados en la guerra civil estadounidense terminó con la economía de plantación, sentó las bases para el desarrollo industrial y la democracia plena. El ordenamiento social argentino en cambio fue equivalente a una victoria del sur en la guerra civil norteamericana. La clase que había organizado la Nación Argentina y aprovechado los términos favorables del intercambio para integrar la producción pampeana al mercado mundial no contó con un partido político que defendiera sus intereses dentro de la competencia electoral, ni supo articular un discurso coherente de respuesta a los grandes movimientos de masas del siglo XX que por derecha e izquierda jaquearon al liberalismo en su cuna europea.

Aunque luego degeneró en una burocracia reelectiva, México llevó a cabo una revolución popular. Brasil, Chile y Uruguay tuvieron gobiernos burgueses basados en partidos relativamente poderosos, aquellos que cortaron el cordón umbilical según la consigna de Montalembert y Cavour: “La Iglesia libre en el Estado libre”.

A diferencia del estadounidense, el brasileño, el chileno o el uruguayo, el liberalismo argentino nunca comulgó con la democracia.

La fe sale a las calles

La burguesía modernizante no tenía respuesta para el desafío anarquista, socialista y sindicalista que se manifestó durante la primera década del siglo XX en Buenos Aires. La revolución bolchevique fallida de 1905 y la triunfal de 1917, le dieron una sensación de urgencia que la llevó a cerrar la brecha abierta con la Iglesia por las reformas secularizadoras, que se detuvieron por décadas.

Juntos enfrentaron los nuevos desafíos, según el libreto inmutable del orden jerárquico y la obediencia aportado por el socio eclesiástico. La burguesía no supo cómo ganar elecciones, la Iglesia despreciaba la soberanía popular que se oponía a la divina. Ambos se propusieron cortar el nudo político que no sabían cómo desatar. En el adoctrinamiento del Partido Militar que debía empuñar la espada para dar el tajo cumplieron un papel central los vicarios y capellanes castrenses, una institución que la ley eliminó en el Uruguay en 1911, al establecer que el Ejército no concurriría a ceremonias religiosas ni habría saludos de la bandera a personas o símbolos religiosos porque implicaban violentar las conciencias.

En 1925 Pío XI formuló la solemne proclamación de Cristo Rey. Su Encíclica Quas Primas añora la Edad Media y a Gregorio VII, el Papa del siglo XI que señaló su poder haciendo aguardar tres días en penitencia al emperador Enrique IV sobre la nieve y el hielo de Canosa, al pie de los Apeninos. A las fuerzas subversivas del orden clerical (el protestantismo, la masonería, el liberalismo, el socialismo, el comunismo), debían oponerse los principios de jerarquía y disciplina que habían regido la Cristiandad medieval, esa edad dorada en que los Vicarios de Cristo Rey eran los gobernantes supremos de una sociedad internacional de carácter total (que en realidad se ceñía a poco más que Europa). Según la definición de Pío XI la fe no debía recluirse en los templos o los hogares, sino salir a las calles. Sobre todo debía regir la conducta de los gobernantes, sometidos a la “realeza social de Cristo”, es decir el reino de su Iglesia sobre la sociedad.

El corpus ideológico integrista se afirmó a partir del largo reinado de Pío XI y no excluyó extremos estrambóticos como la cruzada del cardenal Louis-François-Desiré Edouard Pie para recuperar el Sagrado Prepucio de Cristo, la única parte de su cuerpo que no ascendió a los cielos. El integrismo guió la acción de la Iglesia en la Argentina durante buena parte del siglo XX, mucho más allá de su vigencia en Europa. Frente a él las corrientes católicas democráticas y liberales, inspiradas por el filósofo francés Jacques Maritain, nunca pasaron de ser una activa pero reducida minoría. El integrismo se sostenía en una mezcla inestable de conservadurismo tomista y doctrina social. Sólo variaría en cada momento la proporción de sus ingredientes. Trasladada al campo político, esa fórmula será el sustento de una de las vertientes principales del autoritarismo, con su predilección por el corporativismo y el nacionalismo, su aversión a la democracia, sus mitos sobre la armonía social, su rechazo de una sociedad pluralista, su antisemitismo y su espíritu de cruzada, que marcaron a la sociedad que los padeció. Apenas durante la década peronista el reformismo social tomaría la delantera sobre el autoritarismo político, que tampoco entonces faltó.

El Partido Militar

A mediados del siglo XIX Donoso Cortés había vaticinado en España que la Iglesia y las Fuerzas Armadas serían el único sostén de lo que llamaba civilización en lucha contra la barbarie, que identificaba con el comunismo y el socialismo. En el laboratorio argentino del siglo siguiente esa predicción se amplió hasta incluir al liberalismo y a la mera democracia representativa.

Cuando estaban por cumplirse treinta años del golpe de 1976 las intensas emociones que recorrían todos los estratos de la sociedad me desviaron por segunda vez de la secuencia cronológica. Así surgió “Doble juego. La Argentina católica y militar”, un libro que trata de la conducta del Episcopado durante aquel gobierno de facto.

Ya publicadas esas investigaciones, el plan es recorrer un siglo de la historia política de la Iglesia Católica en la Argentina con el deseo de identificar en cada momento aquellas tendencias a veces visibles y otras subterráneas que alcanzarían su máxima siniestra expansión durante la última dictadura.

Este primer volumen cubre desde la expansión del liberalismo laicista hasta el derrocamiento de Juan D. Perón por un golpe militar cuyos tanques y aviones lucían una cruz dentro de una letra V, que significaban Cristo Vence. Las actas de las reuniones episcopales manuscritas durante los años del peronismo por el obispo Antonio Plaza, la correspondencia de Caggiano y el arzobispo cordobés Lafitte, las hojas resecas por el fuego del incendio de 1955 que se deshacen al tocarlas, permiten atisbar en la penumbra de los salones las disputas entre los hombres, sus posiciones encontradas, que a menudo se dirimen por el humano método de la votación universal, obligatoria y secreta. No deja de ser una ironía, ya que ése era el nudo del conflicto con el peronismo, cuya legitimidad plebeya competía con la de origen divino que se arrogaba el Episcopado. La comunidad organizada de la Iglesia era una pirámide con Cristo en el vértice. Pero las dos personas de la pareja presidencial amenazaban con subrogar a las tres de la Santísima Trinidad. Paralela a esa tensión se desarrollaba la disputa de clases por el ingreso, cuando la rentabilidad del capital descendió a la mitad. El Episcopado volvió a alinearse entonces con los sectores tradicionales.

De Perón a Kirchner

El conflicto de Perón con la Iglesia tiene especial interés en el momento de la aparición de este volumen, dada la actitud de confrontación del presidente del Episcopado actual, cardenal Jorge Bergoglio, con el gobierno del presidente Néstor Kirchner. Hace medio siglo el contraste entre la modernidad peronista y el arcaísmo eclesiástico escaló en el peor momento y de la peor manera. Entonces, la hostilidad fue iniciada por un gobierno en crisis política, económica e individual que perdió el control de las fuerzas que había desencadenado; ahora, por un líder eclesiástico que se debate contra su propia historia y sobreactúa la polarización con un gobierno que no agrede a la Iglesia pero que tampoco le brinda el trato reverencial al que se considera acreedora. Las diferencias entre uno y otro caso son tantas como las plagas de Egipto narradas en el Exodo y no es preciso explicitarlas aquí.

Los volúmenes siguientes tratarán las tres décadas que culminan con la caída del gobierno militar en 1983 y que comprenden el surgimiento del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que tensionó a la Iglesia más que cualquier otro fenómeno surgido de sus filas, antes y después.

La intención es ofrecer un eje interpretativo sobre asuntos principales de nuestra historia, como el autoritarismo, las constantes intervenciones militares y la violencia. Esto no implica ignorar los aportes a estos males de la vertiente denominada liberal, que merecería un esfuerzo equivalente de investigación. Los hechos siempre tienen múltiples causas y cada autor privilegia algunas aunque no desdeñe el resto. Pero es llamativo que la línea que aquí se desarrolla haya sido tan subestimada. Existen valiosas indagaciones sobre diversos episodios y períodos en los que la Iglesia tuvo incidencia política y otras apologéticas o centradas sólo en la propia institución eclesiástica, pero ninguna que analice en esa clave la historia argentina moderna.

Documento del Episcopado " Como ya lo hicieron antes de las elecciones en 1982, 1983, 1989 y 1999, los obispos enumeraron "desafíos"

Los obispos de confianza de Menem también cobraron sobresueldosMenem compartía la mesa con los Obispos

Por Horacio Verbitsky Regresar a Prensa Alternativa Diario Mar de Ajó (el diarito) Prensa Popular
Entre 1991 y 1999 un reducido grupo de obispos de la Iglesia Católica Apostólica Romana recibió por lo menos 29 millones de pesos “por debajo de la mesa”, según la expresiva calificación del único prelado que rechazó esa dádiva arguyendo que no era transparente. Esta cifra surge del registro de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se conserva en el ministerio del Interior, lo cual no excluye otros aportes, del mismo ministerio, de la SIDE y de la secretaría general de la Presidencia, que eran los demás organismos que en aquellos años manejaron las cadenas de la felicidad con las que el gobierno del presidente Carlos Menem aseguró la gobernabilidad mientras sacaba a remate a precio vil el patrimonio social acumulado por generaciones de argentinos. Estas cuentas de fondos reservados se computan aparte de los 12 millones anuales que en forma legal transfirió a la Iglesia Católica el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como parte de la obligación constitucional de sostener esa religión, y de los casi mil millones anuales que los ministerios de Educación de la Capital y las provincias aportan para el funcionamiento de 2200 colegios católicos en todo el país. La cuestión fue suscitada esta semana por el responsable de asuntos sociales de la Iglesia, Carmelo Giaquinta, cuando dijo que “nos duele saber hoy que se pagaban sobresueldos en vez de generar empleos”. Giaquinta no puede ser acusado de doble mensaje. Durante su desempeño como presidente del Consejo de Asuntos Económicos del Episcopado pidió que se transparentaran los aportes estatales y que todos se canalizaran a través de la Secretaría de Culto. No encontró eco entre sus pares cuando propuso que la Iglesia renunciara al aporte estatal. Pero esta semana Giaquinta también dijo que poco había cambiado desde el derrumbe de 2001 y que la “pasividad ciudadana” era peor que la deuda pública, “que se puede renegociar, o las secuelas del terror de Estado de la dictadura, que se pueden llorar”.

El ranking:

Las transferencias legales fueron (y siguen siendo) de sumas fijas iguales para cada obispo. Cuando Menem dejó el gobierno eran de 2500 pesos, ahora de 4200 pesos mensuales. En noviembre de 2000 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refirió al “trato preferencial, incluidas subvenciones financieras, que recibe la Iglesia Católica en comparación con otras confesiones, lo que constituye discriminación por razones religiosas en virtud del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Pero el relator de la ONU para la libertad religiosa, el tunecino Abdelfattah Amor, también consignó que durante su visita de inspección a la Argentina le explicaron que el sostenimiento del culto fue incluido en la Constitución para compensar la expropiación de propiedades eclesiásticas por el presidente Bernardino Rivadavia hace dieciocho décadas.
En cambio las transferencias que se pagaron con Aportes del Tesoro Nacional beneficiaron sólo a algunos prelados y sus sumas fueron variando según las conveniencias del gobierno nacional en cada momento. Los principales fueron los obispos Jorge Arturo Meinvielle (5,6 millones), Emilio Ogñenovich (4 millones), Antonio Baseotto y Juan Rodolfo Laise (1,5 millón cada uno), Raúl Francisco Primatesta, Rubén Héctor Di Monte y Alfredo Guillermo Disandro (1,2 millón cada uno), Italo Di Stéfano (1,1 millón), Martín de Elizalde (un millón), Norberto Martina (630.000) y Rómulo García (300.000). Estos obispos, más Antonio Quarracino y Desiderio Colino, fueron el núcleo básico de apoyo eclesiástico al gobierno de entonces, con el respaldo del ex Nuncio Vaticano, Ubaldo Calabresi, y la coordinación de Esteban Caselli, funcionario en distintos cargos en los gobiernos nacional y provincial de Menem, Eduardo Duhalde y Carlos Rückauf.

“Debajo de la mesa”:

La Iglesia sabía que ese sistema sigiloso era incorrecto. Así lo hizo público en 1998 el obispo Rafael Rey, quien estaba a cargo de la organización de beneficencia “Caritas”. Rey dijo que el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, le había ofrecido entregarle para sus obras de caridad 300.000 pesos por mes. Pero “no queremos dinero por debajo de la mesa”. Rey reclamó “que las donaciones sean transparentes tanto en su origen como en su aplicación”. No era el caso. El responsable de “Caritas” fue invitado por Caselli a reunirse con Corach luego de haber afirmado que eran mentirosas las cifras de pobreza citadas por Menem (quien pugnaba por forzar la interpretación constitucional para obtener una nueva rrreelección). En contestación a la protesta de Rey, Caselli dijo que “Caritas” también había recibido dinero del gobierno, por lo que no debía extrañarse por el ofrecimiento de una cuota mensual. En los registros del ministerio del Interior figura “Caritas” de Entre Ríos con 900 mil pesos recibidos en 1994 y también el Obispado de Zárate-Campana, que ocupaba Rey, con partidas por 150 mil pesos. El episodio terminó con la remoción del secretario de Culto, Angel Centeno, quien propiciaba que la relación entre el gobierno y la Iglesia fuera de autonomía y cooperación, con mutuo respeto y no manipulación.
También la revista Criterio, que desde su creación en la tercera década del siglo pasado expresó en forma extraoficial las posiciones del Episcopado, dijo que se hacían pagos por debajo de la mesa, como parte de una política “del amiguismo y de la dádiva”, de la que “el dinero no ha faltado”. Si en muchos casos el dinero se emplea “en obras encomiables, como la construcción de templos o seminarios”, la revista se preguntó “por qué no puede hacerse lo mismo abiertamente, como se espera de los hijos de la luz”. Agregó Criterio que sólo una minoría se prestaba a esa política. Es verdad que uno de cada diez obispos se beneficiaron de ese modo. Pero sólo uno declinó el ofrecimiento e hizo conocer su repudio. Dos meses después del episodio con Rey, Menem intentó congraciarse con la Iglesia por medios inmateriales, al crear por decreto un “Día del Niño por Nacer”, para lo cual atribuyó a la Constitución reformada en 1994 la condena del aborto que su gobierno promovió y los convencionales rechazaron. Entre quienes le contestaron estuvo su exposa, Zulema Yoma, quien contó que Menem la había acompañado a abortar.

Subasta de conciencias:

En 1988, la ley 23.548 de coparticipación federal creó un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, formado con el uno por ciento de la recaudación de los impuestos nacionales. Según la ley su finalidad sería “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”. El Ministerio del Interior informaría “trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación”. La obligación de rendir cuentas no provocó ningún fanatismo y el Fondo se convirtió en un instrumento político discrecional para el Poder Ejecutivo. La transferencia a los obispados no estaba autorizada por la ley. Fue concebida en agosto de 1991 por el flamante ministro del Interior José Luis Manzano, y su subsecretario y jefe político, Juan Carlos Mazzón, en respuesta a un aluvión de críticas eclesiásticas. En marzo de ese año la Conferencia Episcopal había clamado por la “corrupción generalizada”, que Quarracino ejemplificó sin rodeos: “La coima, la justicia mal administrada y los negociados”. Al mes siguiente la Asamblea Plenaria sesionó en la Catamarca de las manifestaciones masivas contra el gobierno saádico por el asesinato de María Soledad Morales y allí denunció que “la brecha entre los más ricos y los más pobres se agranda” mientras la “corrupción generalizada se manifiesta en el comercio de drogas, la coima, el soborno”.
La plegaria fue oída: en agosto Manzano reemplazó a Julio Mera Figueroa y de inmediato hizo la primera transferencia, de medio millón de pesos. En la primera semana de noviembre, Menem se presentó sin previo aviso en la sede donde sesionaba la Asamblea Plenaria en San Miguel y al retirarse negó cualquier discrepancia con la Iglesia aunque dijo que le pidieron “un poco más de acción en el campo social”. El presidente había dicho que “en la Argentina no trabaja el que no quiere”. Al recibir a Menem, Quarracino destacó que “los más humildes” lo besaban y aclamaban. No sólo ellos: el presidente también se despidió del cardenal arzobispo de Buenos Aires con ese beso en la mejilla que en la última década se ha generalizado en la Argentina y que tanto llama la atención a los extranjeros. Ogñéñovich alabó a Menem ante sus pares y cuando se fue lo despidió con un aplauso.

Sectas y relojes:

Tras una semana de reuniones, la CEA resolvió no pronunciarse sobre la cuestión social. “No hemos tratado ese tema. Un problema que preocupa mucho a la Iglesia es la invasión de las sectas”, explicó Quarracino. En lo que quedaba del año las transferencias llegaron a los dos millones. El 16 de diciembre, el diario patronal Ambito Financiero publicó un comentario que vale la pena reproducir en su rústica textualidad, incluyendo la pintoresca grafía de algunos apellidos: “Cacho Caselli es un colaborador de Eduardo Bauzá, en apariencia, sólo de mañana (por la tarde se dedica a los negocios). Se propuso acercar la parte que domina el arzobispo Quarracino –con sus sacerdotes más devotos: Meinvielle, Ogñenovich, Biassotti, Di Monti, García– con un grupo de funcionarios: Anzorreguy, el propio Bauzá, Domingo Cavallo, Aráoz, Beliz. Todos en el departamento de Caselli. Esta línea interna de la Iglesia se preocupa por el traspaso de escuelas: teme que las provincias no le concedan los subsidios que, ahora a regañadientes, le suministra el Estado. Cavallo garantizó que no habrá problemas. Ogñenovich le obsequió un reloj a Bauzá.”
Ogñéñovich llevó esa relación al terreno de los negocios. Su hermano Danilo fue designado miembro del directorio del PAMI que encabezó la hoy injustamente olvidada Matilde Sbatetz de Menéndez. Todos ellos terminaron procesados por defraudación y violación de los deberes de los funcionarios públicos, por haber utilizado en préstamos a particulares amigos y sin garantías suficientes los excedentes por 17 millones de pesos que según la legislación deberían haber depositado en plazos fijos en bancos oficiales. Sólo se recuperó una parte de ese dinero. Cuando se volvió a reunir, en abril de 1992, la Asamblea Plenaria no emitió el documento crítico que atemorizaba al gobierno sino apenas un comunicado de prensa con genéricas expresiones de deseos sobre “honestidad, eficiencia y sensibilidad para con los más desamparados”. Durante la última plenaria de 1992, Primatesta hizo pública una llamativa reflexión. “¿Hay corrupción en la Iglesia? Depende de lo que se entienda por corrupción, porque si soy permisivo estoy alentando y aprobando la corrupción y no corrigiéndola.” Ese año fue el mejor remunerado para los obispos de confianza.

El precio de la amistad:

En sus dieciocho meses como ministro, Manzano repartió 12 millones. Otros 15 fueron distribuidos durante la gestión de Corach, desde enero de 1995 hasta la conclusión de la segunda presidencia de Carlos Menem, en diciembre de 1999. Del resto, dos millones y medio fueron repartidos por Carlos Rückauf (entre agosto de 1993 y enero de 1995) y un millón por Gustavo Beliz (entre diciembre de 1992 y agosto de 1993). Si se calcula según el tiempo de desempeño de cada funcionario, Manzano encabeza con comodidad el ranking, ya que dispuso para la Iglesia 800.000 pesos mensuales; Corach 250.000, pero durante cinco años; Rückauf 156.000 y Beliz 125.000 cada treinta días. Este método consigue milagros. En 1996 el vocero Vaticano Joaquín Navarro Vals llegó a rectificar las afirmaciones de Juan Pablo II sobre la desocupación, la corrupción y la impunidad en la Argentina, luego de una gestión del gobierno nacional ante sus obispos más próximos. La audacia de este grupo reconoció pocos límites. En junio de 1997, Menem llegó a ofrecer al abogado del Opus Dei y embajador en el Vaticano, Francisco Eduardo Trusso, la oficina de Etica Pública. Antes de que llegara a asumir estalló el escándalo de su banco, que involucró gravemente al cardenal Quarracino. Esto mermó la influencia del grupo en el Vaticano y permitió que la nueva conducción episcopal (integrada por obispos no sobornables, como Estanislao Karlic, Bergoglio y Eduardo Mirás) intentara asumir la distancia del poder que la Iglesia no tuvo durante los años de Quarracino.
Según el presbítero cordobés José Guillermo Mariani la aceptación pasiva de todo el Episcopado a los sobresueldos con fondos reservados, se debió al apoyo de Menem a las posiciones del Vaticano y de los estados teocráticos musulmanes en la Cumbre sobre los Derechos de la Mujer realizada en Beijing en 1995. “Todo fue desde entonces muestras de amistad y reconocimiento eclesiástico” a Menem, escribió esta semana. A su juicio “las reacciones (eclesiásticas de los últimos meses) no responden evidentemente a los problemas que aparecen, sino a una disimulada actitud de resentimiento por no conservarse la situación de privilegio y amistad oficial con los dignatarios eclesiásticos, cultivada en la gestión precedente”, sostiene Mariani, ahora de 77 años, quien el año pasado confesó haber caído en su juventud en la tentación del sexo.

Mediaciones:

En septiembre de 1999, el ex ministro de Menem Roberto Dromi intervino como mediador entre el Ejército y la Iglesia, en la causa judicial iniciada luego de la quiebra del Banco de Crédito Provincial de La Plata. El Ejército había prestado 10 millones de dólares al Arzobispado, que desaparecieron en las maniobras del quebrado banquero Trusso. En el compromiso de pago, la firma de Quarracino no era suya, pero quien les entregó el contrato a los militares fue su asistente, quien además firmó dos cheques por cinco millones cada uno. Por esa causa estuvo detenido el monseñor Roberto Marcial Toledo. A la muerte de Quarracino, el cardenal Jorge Bergoglio recurrió a Dromi, quien llegó a un acuerdo por el cual el Ejército desistió de su reclamo económico y el arzobispado de una causa penal. El comunicado del Arzobispado dijo que “renace así un nuevo diálogo entre el Ejército y la Iglesia en un marco de paz judicial.” Era imprescindible saldar el litigio antes de que concluyera el mandato de Menem.
Durante la campaña electoral por la gobernación de Buenos Aires, Rückauf movilizó a los obispos amigos en su apoyo, luego de acusar a su oponente, Graciela Fernández Meijide de “atea, anticristiana y abortista”. Martina lo elogió por oponerse al aborto; Ogñéñovich apareció en un aviso de campaña de Rückauf y fustigó a Fernández Meijide; Laise emitió un documento laudatorio y Baseotto dijo que su actitud era encomiable. Rückauf distribuyó copias de todas esas declaraciones, más otras de Di Stéfano, de Elizalde y Mario Maulión, quienes, sin nombrar a Rückauf, exhortaron a votar por los candidatos que apoyaran las posiciones eclesiásticas. Maulión es el único de esa lista que no recibió ATN del ministerio del Interior. Duhalde y su esposa fueron los únicos dirigentes políticos que respaldaron a Rückauf en esa cruzada.

Sin desmentida:

Pocos días antes de dejar el gobierno, a fines de noviembre de 1999, Menem hizo una sorprendente revelación. Dijo que había consultado con Juan Pablo II el indulto a los militares procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad y que al Papa “le pareció una medida que tendía a la pacificación de la Argentina”. No reveló por qué medio se habría efectuado la consulta. También dijo que lo había analizado “con todos los jerarcas de la Iglesia”. Se sabía hasta entonces que Quarracino propuso cuando concluía la dictadura tender un manto de olvido sobre sus crímenes, lo cual motivó una dura respuesta de los organismos de derechos humanos. También era conocida la preparación de una denominada “misa de la reconciliación”, que Ogñéñovich se proponía celebrar en la basílica de Luján. Pero el involucramiento directo del Papa fue una novedad absoluta. Nadie, ni en el Vaticano ni en la Argentina lo confirmó ni lo desmintió.

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Campaña procelitista de la iglesia católica" Como ya lo hicieron antes de las elecciones en 1982, 1983, 1989 y 1999, los obispos enumeraron "desafíos"

ArgAtea: La otra lectura Documento del Episcopado: "Compromiso ciudadano y las próximas elecciones"
Basta de mentir!!

Como ya lo hicieron antes de las elecciones en 1982, 1983, 1989 y 1999, los obispos enumeraron "desafíos" que consideran significativos con respecto a los cuales indican el rumbo que, a su parecer, debería seguirse. En ellos se incluyen los principales temas que discutieron en la asamblea plenaria que tuvieron desde el lunes hasta ayer en la casa de retiros El Cenáculo-La Montonera, en Pilar."

http://www.diariomardeajo.com.ar/losobisposdeconfianzademenem.htm


Documento del Episcopado: "Compromiso ciudadano y las próximas elecciones"
La Iglesia reclamó evitar la demagogia y el clientelismo

Dijo que la reconciliación aún está pendiente y exigió autonomía para los tres poderes

En su calidad de “miembros” de la “sociedad política”, los obispos pidieron ayer que las próximas elecciones sean transparentes y se alejen de “prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva”, tras reclamar también que los poderes del Estado sean real y auténticamente autónomos.

En un documento titulado “Compromiso ciudadano y las próximas elecciones”, distribuido ayer al término de la primera reunión anual del Episcopado, que preside el cardenal Jorge Mario Bergoglio, la Iglesia recuerda que “está pendiente la deuda de la reconciliación”, la obligación de los ciudadanos de “controlar la gestión del gobernante” y la posibilidad de incumplir las leyes si se oponen a la ley natural.

El pronunciamiento se difundió cuando falta poco más de un mes para los comicios porteños, en medio de una relación distante entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno nacional.

La Iglesia advierte que las elecciones constituyen una ocasión propicia para hacer un “examen serio” sobre la forma en que todos –obispos, autoridades y simples ciudadanos– cumplen con su compromiso social, sus deberes y obligaciones. Sin mencionar directamente al Gobierno, los prelados afirman que ese compromiso debe ser del ciudadano que concurre a votar, pero también del postulante.

En dos carillas y media, los obispos describen sus "preocupaciones" y advirtieron: "Es urgente que todos los argentinos, y especialmente los cristianos, descubramos mejor nuestra vocación por el bien común, y así nos convirtamos de habitantes en ciudadanos, corresponsables de la vida social y política".

Como ya lo hicieron antes de las elecciones en 1982, 1983, 1989 y 1999, los obispos enumeraron "desafíos" que consideran significativos con respecto a los cuales indican el rumbo que, a su parecer, debería seguirse. En ellos se incluyen los principales temas que discutieron en la asamblea plenaria que tuvieron desde el lunes hasta ayer en la casa de retiros El Cenáculo-La Montonera, en Pilar.

Como problemáticas que reclaman un compromiso ciudadano, citaron la vida, la familia, el bien común, la inclusión, el federalismo y las políticas de Estado.

Diálogo y consensos

Con el estilo y el lenguaje característicos de quienes lo redactaron, los monseñores Jorge Casaretto -obispo de San Isidro y presidente de la comisión de Pastoral Social de la CEA- y Carmelo Giaquinta -arzobispo emérito de Resistencia-, se reivindica para las políticas de Estado la validez del diálogo y de los consensos.

Afirmaron que el bien común "sustenta y fortalece los tres poderes del Estado, cuya autonomía, real y auténtica, se hace imprescindible para el ejercicio de la democracia".

También reclamaron la "necesaria y justa autonomía" de las provincias respecto del poder central y diagnosticaron: "Nuestro país sufre todavía fragmentación y enfrentamiento que se manifiestan tanto en la impunidad, como en desencuentros y resentimientos".

A tono con los términos políticos de moda, los prelados también hablaron de inclusión. Lo hicieron al afirmar que "no obstante el crecimiento económico y los esfuerzos realizados", la pobreza y la inequidad siguen siendo problemas fundamentales.

Una vez más, y en evidente alusión a los intentos legislativos de despenalizar el aborto y de reglamentar la eutanasia, repitieron que "la vida es un don y el primero de los derechos humanos" que se debe respetar. "Corresponde" preservarla desde el momento de la concepción y cuidar "su existencia y dignidad hasta su fin natural".

No fue incluida, sin embargo, la inquietud sobre los fundamentos y orientación de la educación que el cardenal Bergoglio y otros obispos han reiterado con énfasis en los últimos tiempos.

Al respecto sólo se afirmó que la familia es la "primera responsable de la educación de los hijos" -en contraposición con los que reclaman para el Estado esta potestad- y, en alusión a los programas de educación sexual, indicaron que "debe promoverse la educación de los jóvenes en el verdadero sentido del amor".

El hermetismo con el que se manejaron los prelados impidió conocer, hasta el momento, los términos en los que la comisión ejecutiva, que preside Bergoglio, informó a la asamblea sobre los frustrados pedidos de audiencia a los titulares de las cámaras legislativas. Según había informado el secretario general de la CEA, monseñor Sergio Fenoy, el Episcopado viene pidiendo sin éxito desde diciembre ser recibidos por el presidente del Senado, Daniel Scioli, y de Diputados, Alberto Balestrini. "El Episcopado en pleno lo está pidiendo. No veo por qué no nos pueden recibir", dijo Fenoy.

En el documento, los obispos señalaron también que "está pendiente la deuda de la reconciliación" e invitan a levantar la mirada de la coyuntura para que la celebración del Bicentenario, que se celebrará entre 2010 y 2016, encuentre a los argentinos en "un ambiente de paz y amistad social".

Desde el Gobierno se esperaba ayer con expectativas el mensaje de los obispos, quienes, por temor a que sus palabras fueran repetidas con un sentido diferente del que ellos les asignan, suspendieron todo contacto formal con la prensa. Eligieron hablar a través de un mensaje escrito y, parafraseando al mismo Jesucristo, parecieron decir: "El que pueda entender, que entienda".

Por Silvina Premat
De la Redacción de LA NACION
"Fraternidad"

# Con la intención de "pedir a Dios que conserve íntegro el don de la fraternidad" entre los pueblos uruguayo y argentino, el cardenal Jorge Bergoglio, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) invitó a su par de Uruguay, monseñor Carlos María Collazi, a celebrar una misa durante la 93» Asamblea Plenaria que terminó ayer en Pilar. Pero Collazi no pudo asistir porque en esos días también realizaba su asamblea el episcopado uruguayo. Anteayer, los obispos uruguayos informaron a los argentinos que en su reunión habían celebrado una misa para pedir por la fraternidad entre ambos pueblos.

http://www.lanacion.com.ar/politica/nota.asp?nota_id=904472

2007-04-28

LA GRAN TRANSPARENCIA

ArgAtea: Pedimos al lector antes de leer el documento difundido por BERGOGLIO, vea los siguientes enlaces y pueda darse cuenta que la iglesia católica supone se dirige a una sociedad de imbéciles e idiotas de bastante buena voluntad, porque aún no se decide a decirle a su avasallamiento, NUNCA MÁS:
Les decimos que no hay simples ciudadanos, hay ciudadanos a secas. Sí, es cierto hay que informarse, informese aquí quienes están haciendo procelitismo religioso con estos discursos.

"6. La trascendencia del acto eleccionario exige una gran transparencia, que lo aleje de prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo significado y degradan la cultura cívica. Por otra parte, es obligación del ciudadano controlar la gestión del gobernante."

Justamente hay que saber porqué el estado sustenta la iglesia, queremos saber sobre los fondos, la exepción de impuestos y los espacios gratuitos en medios de difusión... o simplemente :

2007-01-22

La contradicción en números:15,5 millones de pobres, 5,6 millones de indigentes y en Misiones: 22 millones para levantar una cruz


Luego sí lea lo siguiente:

28.04.2007 | Clarin.com | Ultimo Momento


16:02 | Duro reclamo de la Iglesia en medio de la tensión con el Gobierno

La Conferencia Episcopal, liderada por el cardenal Bergoglio, exigió "capacidad de diálogo y consenso" y advirtió que en el país hay "resentimientos y desencuentros" que dejan pendiente una deuda de reconciliación. Fue a través de un documento final del plenario de obispos en el que también pidieron transparencia y "alejar las prácticas demagógicas" en las próximas elecciones.

Clarín.com

Tal como estaba previsto, la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el cardenal Jorge Bergoglio, dio a conocer hoy un documento sobre el compromiso cívico de los cristianos ante las elecciones. A través del mismo, la Iglesia pidió "gran transparencia" en los próximos comicios y exhortó a "alejar las prácticas demagógicas y las presiones indebidas como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan su profundo significado y degradan la cultura cívica".

El plenario de obispos también exigió políticas de Estado y advirtió que "una sociedad no crece necesariamente cuando lo hace su economía sino, sobre todo, cuando madura en su capacidad de diálogo y en su habilidad para gestar consensos".

El punto 8 de la declaración -que está divido en dos capítulos- advierte que "nos queda pendiente la deuda de la reconciliación" y que "nuestro país sufre todavía fragmentación y enfrentamientos, que se manifiestan tanto en la impunidad, como en desencuentros y resentimientos".

El texto, que generó enorme expectativa por el clima de tensión con el Gobierno, fue dado a conocer tras las deliberaciones de la 93 Asamblea Plenaria del Episcopado, que sesionó desde el lunes en la Casa de Ejercicios del Cenáculo-La Montonera, de Pilar.

Inicialmente, se había pensando en presentar el documento —de dos carillas— en una rueda de prensa. Pero se optó por distribuirlo a través de Internet para evitar el contacto con los periodistas.

http://www.clarin.com/diario/2007/04/28/um/m-01408985.htm

DESPUES DEL AVASALLAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA Y SU OBISPADO, AL FONDO DEL RÍO ES DONDE VAMOS A PARAR...

26.04.2007 | Clarin.com | El País

ELABORA UN DOCUMENTO QUE HABLARIA SOBRE "AVASALLAMIENTO" DEL PODER JUDICIAL
La Iglesia se mete en la pelea entre el Gobierno y la Justicia

La Casa Rosada sigue con expectativa la posible difusión de un documento crítico.
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Sergio Rubin

El plenario de obispos que sesiona hasta el sábado en Pilar podría pronunciarse críticamente sobre aspectos del quehacer nacional antes del cierre del cónclave. Fuentes eclesiásticas revelaron ayer a Clarín que una comisión redactora avanza en un borrador que será sometido a la discusión y eventual aprobación de todos los participantes de las deliberaciones.

La posible difusión de un documento es seguida con gran expectativa por la Casa Rosada —temen cuestionamientos a su gestión— en momentos en que las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia atraviesan un momento de singular tensión por los roces entre el presidente Néstor Kirchner y el titular del Episcopado, cardenal Jorge Bergoglio.

Las fuentes dijeron que el borrador se encuentra en un estado muy embrionario como para anticipar aspectos de su eventual contenido. Con todo, señalaron que en los intercambios sobre la actualidad que hicieron los obispos surgieron recurrentemente inquietudes sobre la situación institucional a partir del "avasallamiento de la Justicia" por parte del Poder Ejecutivo y "el deterioro del federalismo".

En rigor, entre los obispos existen diferencias de opiniones sobre el alcance de un eventual documento. Algunos religiosos son muy poco proclives a que la Iglesia se meta demasiado con temas de alto voltaje político. Consideran que los ánimos entre el Gobierno y el Episcopado están demasiado caldeados como para sumar ciertas expresiones que podrían terminar "echando más nafta al fuego".

"Están aquellos que quieren que se digan cosas fuertes, no necesariamente dirigidas al Gobierno sino a toda la sociedad, aunque cada uno verá si le cae el sayo; y aquellos que prefieren que se toquen sólo algunas cuestiones educativas como la Ley de Educación Nacional y el Programa Nacional de Educación Sexual", dijo un informante.

El tema educativo fue central en el debate de ayer. El martes se había escuchado un informe del presidente de la Pastoral Social, obispo Jorge Casaretto, sobre el problema de las adicciones, un asunto que viene preocupando mucho a los religiosos por el fuerte aumento que detectan en el consumo de drogas.

El plenario —que se realizan en la casa de retiros El Cenáculo— arrancó el lunes con una misa durante la que Bergoglio dijo que la Iglesia "fue, es y será perseguida". Casi simultáneamente, Kirchner afirmó que no siempre "los seguidores del Evangelio ponen la otra mejilla".

http://www.clarin.com/diario/2007/04/26/elpais/p-01301.htm

APOSTATAS ASUMID LA LEY!

LA LEY SANCIONADA EN LA CAPITAL DEL PAIS
Fuerte debate en México por la aprobación del aborto
La Iglesia excomulgará a los impulsores, El gobierno recurriría a la Corte Suprema .

A FAVOR. HUBO FESTEJOS POR LA LEY EN EL DF; ALGUNOS SE DISFRAZARON.
CIUDAD DE MEXICO. AFP, ANSA, AP Y DPA

La reforma legal que despenalizó el aborto en Ciudad de México, capital del país, siguió ayer dividiendo aguas entre adeptos y detractores, mientras el gobierno nacional, que encabeza Felipe Calderón, podría recurrir a la Corte Suprema para vetar la nueva norma, y la Iglesia dijo que "excomulgará" a impulsores y seguidores.

El martes, la Legislatura del Distrito Federal aprobó una reforma en el código penal que permite el aborto siempre que sea dentro de las 12 semanas de embarazo. Allí domina el PRD, opositor al gobierno nacional, que maneja la intendencia, y que se alió en la iniciativa al PRI y otros partidos. El PAN de Calderón votó "No" pero perdió, y ahora estudia una vía judicial.

Ayer hubo fuertes polémicas. Los que están a favor de la enmienda la presentaron como una "lucha ganada" por las mujeres, mientras que los opositores los acusaron de "soberbios". El Comité Nacional Pro Vida, el grupo antiabortista más aguerrido, llamó a la resistencia civil, y el Vaticano, que había advertido sobre su rechazo, hasta ahora guardó silencio. En Roma, el subdirector de Prensa de la Santa Sede, Ciro Benedettini, negó que el Papa hubiera tenido injerencia en el debate. Pero la secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) mexicana evalúa si el máximo dignatario del catolicismo en México, el cardenal Norberto Rivera, violó leyes federales al intervenir en el debate sobre la despenalización del aborto.

Ayer la Iglesia local salió al cruce de la nueva norma. Anunció el "castigo de excomunión" a todos los que "procuran y participan del aborto y no sólo a la madre que mata o hace matar a su hijo". La pena, detalló, recaerá latae sententie (en el acto) en "quien legisla a favor del aborto, quienes lo promueven y trabajan para hacerlo realidad, quien lo induce u obliga a la mujer a abortar, el médico, enfermera o persona que lo realiza, y la mujer que lo lleva a cabo", según un comunicado de la Iglesia mexicana. Los excomulgados serán "impedidos de participar en la Santa Misa, recibir la Sagrada Comunión, la Confesión, y los demás sacramentos". Y "no pueden ser padrinos ni participar activamente en la vida de la Iglesia", dijo la Arquidiócesis Primada de México, a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera.

México es uno de los países con más católicos del mundo, y el segundo de Latinoamérica.

Otra mirada tuvieron los partidos que impulsaron la medida. Leticia Quezada, diputada del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que "ninguna mujer se embaraza para abortar" y recordó que el aborto clandestino "sigue siendo una de las principales causas de defunción relacionadas con la maternidad". En los últimos años murieron 1.500 mujeres por abortos clandestinos.

"Las mujeres son las que ganan en esta lucha que lleva años, es su derecho para decidir sobre su cuerpo", dijo a su vez el diputado Tonatiuh González, del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), promotor de la reforma.

En cambio, Paola Soto, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), lo rechazó. La reforma, dijo Soto, adolece de "inconsistencias, se contrapone con tratados internacionales firmados por México, con la Constitución y el Código Civil".

Y en el debate del miércoles, José Antonio Zepedea (PAN) había dicho que despenalizar el aborto era una forma de "legalizar el genocidio intrauterino".

http://www.clarin.com/diario/2007/04/26/elmundo/i-02501.htm

MODA SOTANA HACE RÉDITO DE DEMANDAS LEGÍTIMAS: Detrás del conflicto santacruceño se esconde la Iglesia

EN FOCO : PREOCUPACION DE NESTOR KIRCHNER EN VARIOS FRENTES

Detrás del conflicto santacruceño se esconde la tensión con la Iglesia

Hay en la provincia una demanda legítima, potenciada por el tiempo electoral.
Eduardo van der Kooy
nobo@clarin.com

La agitación social en Santa Cruz, fogoneada por el gremio docente, ha llegado más lejos de lo que Néstor Kirchner suponía. No es, de todos modos, el peor conflicto que ha vivido la provincia. Suelen ser peores, por su violencia y dramatismo, las huelgas de los trabajadores del petróleo o de los yacimientos de carbón. Se apreció con los episodios de Las Heras de febrero del 2006, que dejaron un policía asesinado. Pero los reclamos de los educadores suelen estimular una sensibilidad popular mucho más profunda y extendida.

Eso puede estar preocupando al Presidente en un tiempo de campaña electoral. Eso puede estar retardando, justamente, los planes de campaña en la provincia patagónica. Eso quizá dejó congeladas las candidaturas que, en la grilla oficial, ubican como preferida a Alicia Kirchner. La demora no resulta grave, sin embargo, porque los comicios se harán allá también el último domingo de octubre. Eso explica que Kirchner continúe apelando en forma simultánea a la paciencia, esperando minar así las fuerzas de los demandantes, y a la negociación discreta, para hallarle un escape a la encrucijada.

El conflicto parece tener dos motores y multiplicidad de protagonistas que se encargan de encenderlos. Existe, por un lado, una demanda legítima que no tiene que ver sólo con los salarios sino con el contexto político. Es cierto, como dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que se están discutiendo niveles salariales muy elevados respecto del promedio nacional en el sector. Es cierto también que la vida en el sur no resulta sólo más árida sino más cara. Pero no podrían ocultarse dos cosas: el tiempo electoral existe para el Gobierno y existe también para la oposición; el marco político en Santa Cruz no colabora nada en la solución del conflicto.
En ese marco cabría la justa queja por la ausencia de paritarias en estatales y docentes (desde 1993) para la discusión de sus salarios. Se trata de una norma, más allá de la jerarquía que tengan esos salarios, que rige para el resto de los argentinos. En aquel marco se incluye también la inoperancia del Gobierno provincial que encabeza Carlos Sancho. La inoperancia es más grave cuando se combina con la provocación.

Inoperante e incomprensible fue, por ejemplo, el dictado que la semana pasada hizo aquel gobierno de la conciliación obligatoria que horas más tarde anuló. En el ínterin rodó la cabeza de la subsecretaria de Trabajo, Elsa Capuchinelli. Provocación no fue tanto el envío de los gendarmes, que lo fue, como otras decisiones que conoció la provincia en las horas en que la manifestación social alcanzó su pico. Ciudadanos que venían del interior de Santa Cruz fueron detenidos en el ingreso a Río Gallegos y cacheados de mal modo; la propia administración de Sancho emitió un comunicado alertando sobre la supuesta presencia de "grupos extremistas". Aludió a Quebracho. La protesta fue hasta hoy absolutamente pacífica, alterada sólo por gestos desesperados de un poder local rebasado.

Esa respuesta innecesaria, antes que la petición de los docentes, habría sido lo que movió la intervención pública del obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín. El sacerdote hizo hincapié en la cuestión de los excesos del poder durante el intercambio de opiniones que tuvo con otros obispos en el plenario que se celebra en Pilar. Cuestionó a un gobierno provincial con falta de apertura que recurrió a la prepotencia cuando el conflicto se le escapó de las manos.

Kirchner estuvo, en su momento, en el acto de asunción de Romanín como obispo de la capital de Santa Cruz. Resultó, a juicio suyo, una señal de acercamiento. Pero la distancia creció no bien el obispo ocupó una escena pública. Romanín tiene, para colmo del Gobierno, una fina sintonía con Jorge Bergoglio. El cardenal dialoga con muchos políticos de la oposición, pero también del oficialismo. Y habla con infinidad de feligreses católicos y de otras religiones como corresponde a un buen pastor. Su palabra es la de un pastor y no la de un político, un matiz que no discierne el Gobierno.

Kirchner es el Presidente de la democracia argentina. Bergoglio es el jefe de la Iglesia Católica. Sería prudente que ellos mismos, y todos, lo entendieran.
http://www.clarin.com/diario/2007/04/26/elmundo/i-02501.htm


EL ESCENARIO DE LOS FUNDAMENTALISTAS

25.04.2007 | Clarin.com | El País

LA PELEA ELECTORAL | LA RELACION ENTRE LA CANDIDATA PRESIDENCIAL Y EL TITULAR DEL EPISCOPADO
En medio de los cruces entre Kirchner y la Iglesia, Carrió elogió a Bergoglio

"Me siento maravillosamente representada por él", dijo Lilita sobre el cardenal.
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Clarín.com

Mentora de la llamada Coalición Cívica, Elisa Carrió salió a respaldar ayer al cardenal Jorge Bergoglio en la polémica que lo enfrentó al Gobierno en las últimas horas, a propósito del contenido de su última homilía. "Me siento maravillosamente representada por él", dijo Lilita, cáustica.

El titular del Episcopado había pronunciado una frase con destino de aguijón, el lunes: "La Iglesia fue, es y será perseguida". Si bien no se refirió al Gobierno con todas las letras, la particular dureza de toda la homilía (habló de "desinformación, difamación y calumnias") y el momento de tensión que define a la relación actual entre la Iglesia y el poder político, hicieron que las miradas apuntaran a la Casa Rosada. Al punto que el propio presidente Néstor Kirchner, casi sin perder tiempo, acusó al clero de "no poner a veces la otra mejilla como yo estoy dispuesto a hacerlo".

La defensa que hizo Carrió de Bergoglio parece potenciar esa polémica, acaso lo contrario de lo que procuró hacer ayer el Gobierno, a través de sus voceros habituales, diciendo que Kirchner no quiso chocar con el cardenal.

"Yo soy una militante cristiana, soy una liberal de izquierda cristiana y, en consecuencia, formo parte de una Iglesia militante, y me alegra muchísimo, me encanta ser perseguida, porque es signo de buenaventuranza", aseguró Carrió a la agencia DyN, parafraseando a Bergoglio.

Agregó: "Me encanta tener un pastor como Bergoglio en Buenos Aires, que no negocie la verdad, porque creo que al Reino lo construimos nosotros para que El vuelva. Si hay muchos que no negocian la verdad y que se bancan la persecución, me parece bien. Todo lo otro es lectura menor de personas menores". Aludía, claro, a Kirchner.

La distancia entre el Presidente y Bergoglio es histórica. Pero en las últimas semanas el Gobierno mira al cardenal con particular desconfianza porque le adjudica ser el artífice del acercamiento político entre Carrió y Jorge Telerman, el jefe de gobierno porteño que busca su reelección en un espacio que ha quedado enfrentado al Presidente luego de la inclusión de la Coalición Cívica que impulsa la líder del ARI.

Carrió ha negado esto en público. No se vio en Telerman, cuya excelente relación con Bergoglio es pública, tanto fanatismo por desmentir la versión.

Aquel acuerdo Telerman—Carrió tuvo como principal prenda de negociación la candidatura a vicejefe del radical Enrique Olivera, aliado porteño de Lilita.

Fue Kirchner, en lo que pareció un intento de apoyo a su candidato porteño (Daniel Filmus), quien le pegó a Olivera cuando dijo que votar por él es "volver para atrás". Olivera, se aclara, acompañó políticamente a Fernando de la Rúa. Sobre esta chicana presidencial, Carrió dijo ayer: "Un Presidente que se degrada a sí mismo en al disputa menor habla por sí sólo. Me da mucha pena el escenario incivilizado que propone".

http://www.clarin.com/diario/2007/04/25/elpais/p-00901.htm