UNA ENCUESTA REVELA COMO VIVEN LOS DOCENTES LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION SEXUAL

Jueves, 30 de Noviembre de 2006

UNA ENCUESTA REVELA COMO VIVEN LOS DOCENTES LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACION SEXUAL

PREPARANDO EL TERRENO PARA HABLAR DE ESO
El sondeo mostró que los docentes porteños tienen alta aceptación de la educación sexual, pero que se sienten con escasa formación. El gobierno de la ciudad, que encargó la encuesta, explicó cómo se implementarán esos contenidos a partir de marzo próximo. Habrá capacitación para docentes y padres.
Por Mariana Carbajal
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, anunció ayer cómo se empezará a impartir educación sexual en las escuelas públicas y privadas de la ciudad a partir de marzo. En febrero, directivos y docentes recibirán capacitación intensiva en la materia. La enseñanza será transversal, con perspectiva de género, desde el nivel inicial, a partir de estrategias didácticas diversas como la lectura de cuentos, la proyección de películas y el desarrollo de juegos que actuarán como disparadores para hablar del tema con los alumnos. “Educación está terminando los contenidos curriculares, en diálogo con los credos y los gremios”, destacó el ministro Alberto Sileoni. Además, a lo largo del año se dictarán talleres para padres en los barrios previstos en la flamante ley. Los lineamientos de la nueva política se dieron a conocer al presentar los resultados de una encuesta que revela, entre otras conclusiones, una “muy alta” aceptación de los docentes para la inclusión de la educación sexual en las aulas, pero a la vez que tienen una “escasa” formación para enseñar la temática.
La educación sexual se dictará desde “el primer día del próximo ciclo lectivo”, aseguró Telerman. De esta forma, el gobierno porteño dará cumplimiento a la ley de educación sexual sancionada meses atrás por la Legislatura, después de un amplio debate que derivó en un inédito consenso en torno del tema. Telerman recordó las declaraciones que hizo el sábado el cardenal Jorge Bergoglio sobre la necesidad de combatir la prostitución infantil. “La educación sexual es un arma para trabajar contra este flagelo”, apuntó el jefe de Gobierno y señaló que su dictado en el ámbito porteño tiene “como base inamovible el derecho a la información, un derecho humano básico de los niños y jóvenes, y el derecho a la integridad física y a la soberanía sobre su propio cuerpo”. Telerman se refirió al tema al enunciar los resultados del relevamiento sobre educación sexual en las escuelas que acaba de finalizar el gobierno con el apoyo del Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. La encuesta se hizo en una muestra de 801 docentes, de 200 establecimientos públicos y privados, incluso confesionales, de todos los niveles educativos (inicial, primario, medio, adultos y superior no universitario).
Entre sus principales resultados figuran:
- Casi la totalidad de los docentes (96,8 por ciento) piensa que la educación sexual (ES) como contenido curricular es “entre muy necesaria y necesaria”.
- Para el 55 por ciento, la edad para el inicio de la enseñanza de la ES se encuentra en la franja de 0 a 5 años, especialmente entre los 4 y los 5 años. La ley fija que debe impartirse desde preescolar.
- Siete de cada 10 docentes cree que los padres y madres apoyan la enseñanza de la ES en la escuela (ver aparte).
- La amplia mayoría (95 por ciento) de los encuestados considera falso que la educación sexual formal, dictada en la escuela, promueva la iniciación sexual precoz. Al mismo tiempo, ocho de cada diez sostuvieron que la ES previene los embarazos y la maternidad adolescente y el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
“Los docentes tienen clarísimas certezas de los beneficios que brinda una educación sexual”, sostuvo Telerman al comentar las conclusiones del relevamiento.
El punto más preocupante que revela el estudio es la escasa preparación que tienen los docentes para impartir educación sexual en las aulas. Cuando se les preguntó en relación con la capacitación de sus colegas sobre la materia, seis de cada 10 contestaron “poco” o “nada” (ver aparte).
“Esta encuesta habla a las claras de la pertinencia de la ley de educación sexual y de la capacitación que estamos implementando”, dijo el ministro de Educación, acompañado por la subsecretaria de la cartera, Mara Brawer. En febrero, antes del inicio de las clases, el gobierno porteño pondrá en marcha un abanico de instancias de capacitación docente en el tema, según anunciaron los funcionarios. Se harán jornadas obligatorias de sensibilización para directivos y supervisores y talleres en las escuelas para maestros y profesores de todos los niveles. Además, ese mes la Escuela de Capacitación Docente de la ciudad abrirá cursos intensivos opcionales en la temática. A lo largo de 2007 se dictarán cursos regulares cuatrimestrales y de un año de duración, para los cuales se están elaborando los contenidos. “Se están haciendo los contenidos para los cursos de formación superior para incorporar la enseñanza de la educación sexual a los profesorados de nivel inicial y primario”, señaló la subsecretaria Brawer.
Los diseños curriculares todavía no están terminados. “Tenemos un borrador adelantadísimo, con afirmaciones conceptuales sobre los que entendemos que debe ser la educación sexual en los cuatro niveles educativos”, indicó Sileoni. Página/12 ya adelantó esos contenidos. “Ahora los estamos discutiendo con los gremios”, destacó Brawer.
–¿Piensa que algún colegio confesional podría resistirse a dictar educación sexual? –le preguntó Página/12 al ministro.
–Los credos tienen los borradores de los materiales curriculares. Puede haber ruidos, puede haber acomodamientos, porque estamos hablando de un tema sensible como la educación sexual. Pero no va a haber problemas –-respondió el Sileoni.
–Hemos hablado con todo el mundo. Eso nos da tranquilidad –acotó Brawer.
Los docentes recibirán dossiers con estrategias didácticas para poder desarrollar los contenidos curriculares de educación sexual. “Creemos que hay múltiples lenguajes para abordarla, como una selección de literatura, juegos, películas. Van a llegar a las escuelas libros muy lindos, con indicaciones de cómo trabajar el texto con los alumnos, y que serán disparadores para abordar temas como afectividad, vínculos, no discriminación”, detalló Ana Clement, directora general de Planeamiento.
La ley de educación sexual porteña contempla la oferta de talleres optativos para padres. Brawer señaló que se implementarán a lo largo de 2007. La idea es que se desarrollen sábados o viernes por la tarde, para facilitar la asistencia y que en ellos se aborden los contenidos curriculares, se despejen miedos en torno de la temática y se les den herramientas sobre “Internet segura” para prevenir abusos sexuales a través de contactos en la web.
CONTENIDOS:
¿Conoce los contenidos de Educación Sexual que existen actualmente en los diseños curriculares de la ciudad de Buenos Aires?
Sí: 44,7% No: 55,2% Ns/Nc: 0,1%
QUÉ DICEN LOS PADRES
Tipo de demandas recibidas por parte de los padres relacionados con la enseñanza de Educación Sexual
Asesoramiento a padres: 30,6%
Que la escuela aborde tema de ES: 44,9%
Pautas sobre el cuidado del cuerpo: 11,2%
Otros: 7,1%
Ns/Nc: 6,1%
Base: Docentes que manifestaron haber recibido demandas (98 casos).
LOS MOTIVOS
¿El abordaje de esta temática estuvo vinculado con alguna situación emergente en el aula?
Sí: 46,9% No: 53,1%
Base: Docentes que en los últimos años abordaron temáticas de ES en
LO VERDADERO Y LO FALSO
Test de argumentos
“La Educación Sexual formal dictada en la escuela promueve la iniciación sexual precoz”
Falso: 95,3% Verdadero: 3,5%
Ns/Nc: 1,2%
“La Educación Sexual formal dictada en la escuela previene los embarazos y la maternidad adolescente y se registran menos ETS”
Verdadero: 82,9% Falso: 15,4%
Ns/Nc 1,7%
ALCANCES ACTUALES
Alcance de los contenidos curriculares vigentes
¿Son suficientes o insuficientes?
Insuficientes 74,9%
Suficientes 31,6%
Ns/Nc 4,7%
¿Atienden las demandas de los alumnos en este tema?
No 65,7%
Sí 29,2%
Ns/Nc 5,1%
Base: Docentes que conocen los contenidos vigentes en los diseños curriculares en materia de ES.
LOS PADRES
¿Recibió demandas de los padres para brindar contenidos sobre Educación Sexual?
No 88,1%
Sí 11,9%
Apoyo “con restricciones”
Posición de los padres en relación con la enseñanza de Educación Sexual
Apoyan pero con restricciones 48,7%
Son indiferentes 17,4%
Rechazan 2,2%
Apoyan ampliamente 17,9%
Ns/Nc 13,9%
Sin problemas
¿Tuvo problemas por haber dado contenidos de Educación Sexual en clase?
No 96,3%
Ns/Nc 0,7%
Sí, con los padres 2,0%
Sí, con los alumnos 0,7%
Sí, con los directivos 0,3%
Base: Docentes que en los últimos años abordaron temáticas de ES en clase (305 casos).
LUGARES PARA APRENDER
Formación específica recibida en contenidos de Educación Sexual
Cursos de perfeccionamiento docente 16,7%
En la propia escuela 10,6%
Cursos de formación extracurricular 8,0%
Como parte de la educ. formal 5,0%
Por iniciativa personal 2,0%
Otros 0,7%
Ns/Nc 0,6%
No recibió formación 56,4%

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Los estudios científicos en los cuales se basó el proyecto de ley sobre la píldora del día después

Defensores de la píldora del día después descartan que sea abortiva

La diputada Alicia Tate dijo que así lo demuestran los estudios científicos en los cuales se basó el proyecto de ley que, de ser aprobado, permitirá la distribución gratuita en hospitales. En tanto, la directora de la Fundación para el Estudio de la Mujer precisó que la pastilla sólo tiene un impacto directo sobre la ovulación. La Iglesia se mostró en contra de la iniciativa.

Sociedad

Diego Peralta Murias. De la redacción de Clarín.com

dperalta@claringlobal.com.ar

Dos píldoras en una caja de color rosa. La primera se debe tomar dentro de las 72 horas de haber tenido una relación sexual. La otra se ingiere 12 horas después. Un anticonceptivo oral de emergencia puede evitar un embarazo no deseado. Una pastilla que abrió la polémica pues la Iglesia la acusa de ser abortiva.
La Conferencia Episcopal exhortó el martes a los diputados a que "archiven definitivamente" un proyecto de ley prevé la distribución gratuita en hospitales y centros de salud de la llamada "píldora del día después", por considerarla abortiva. Esta acusación fue descartada por la legisladora Alicia Tate, autora de la norma, quien negó que la pastilla ejerza este tipo de efectos.

"El proyecto yo lo redacte en base a estudios científicos que indican que es una píldora anticonceptiva para situaciones excepcionales. Es una píldora que no produce el embarazo y por lo tanto no puede provocar abortos. Ante esto yo voy a seguir insistiendo", indicó a Clarín.com la diputada de la UCR.

La píldora tiene una doble acción sobre la ovulación. En el primer caso si todavía la mujer no ha ovulado, al momento de ingerir la pastilla, ésta detiene el proceso de maduración del mismo. En el segundo caso, y en donde se abre la polémica, si la mujer está en la ovulación y se produce la fecundación, la droga actúa no dando condiciones para que se implante el embrión.

"Si una mujer ya está ovulado o está en proceso de maduración del folículo puede producirse la concepción. Al producirse la concepción la píldora va a seguir actuando. Estamos produciendo entonces un micro aborto, en ese sentido es abortiva", explicó el teólogo Alberto Bochatey, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Sin embargo, está hipótesis es totalmente descartada por la doctora Mabel Bianco, directora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. "La característica de esta píldora es que es una pastilla anticonceptiva, como las píldoras tradicionales, nada más que en una dosis muy grande va a actuar muy rápidamente y poder tener impacto en evitar la ovulación. Por lo tanto no es abortiva", indicó.
Sobre la ley, la legisladora por Santa Fe, dijo que le ha dado una semana al oficialismo para que discuta internamente el tema. Luego de este plazo, dijo, que ella insistirá en que la norma sea debatida ante el pleno.
"Yo acato, de alguna manera, la apelación a la conciencia, porque mi conciencia me indica que yo tengo que insistir con este proyecto. Esta ley apunta a la mejora de la salud pública y de la mujer en particular" dijo Tate.
El director del Instituto de Bioética insistió en que la Constitución argentina no permite el aborto y por lo tanto "no se puede incluir tramposamente leyes especiales que admitan el aborto químico. El Estado no puede traicionarse a si mismo, no puede traicionar sus fines y la esencia de la institución".

En tanto, la directora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer dijo que lo único que buscar esta ley es un refuerzo para lograr que se pueda distribuir gratuitamente las píldoras en clínicas y hospitales.

28.11.2006 Clarin.com Sociedad

La Iglesia, contra el reparto de una píldora

LA CONSIDERA "ABORTIVA"

La Iglesia, contra el reparto de una píldora
Clarín.com

Ante su inminente tratamiento en la Cámara de Diputados, la Iglesia exhortó ayer a los legisladores a que "archiven definitivamente" un proyecto tendiente a evitar los embarazos no deseados que prevé la distribución gratuita en hospitales y centros de salud de la llamada "píldora del día después" por considerarla abortiva.
Los obispos señalan que "los organismos de control sanitario reconocen que, entre sus acciones, esta droga impide la anidación o implantación del embrión en el útero materno y, por lo tanto, se trata de un fármaco que atenta contra la vida humana, que la Constitución Nacional considera inviolable desde el momento de la concepción".
La Conferencia Episcopal concluye: "Los obispos de la Iglesia Católica en la Argentina, que reiteradamente han expresado su preocupación por la defensa de la vida, apelan una vez más a la conciencia de los legisladores nacionales y solicitan como ciudadanos el archivo definitivo de dicho proyecto."
La Iglesia criticó días pasados la sanción de un proyecto que autoriza la vasectomía y la ligadura de trompas. Y cuestionó la aprobación legislativa de un protocolo de la ONU contra la discriminación por considerar que promueve la despenalización del aborto.
Paralelamente, el Secretariado para la Familia, que depende del Episcopado, emitió una declaración que señala: "La ciencia ha demostrado que la vida comienza con la unión del óvulo y el espermatozoide, la fecundación. A partir de ese momento hay un ser humano único e irrepetible."
Y agrega que "la anidación en el útero materno es un proceso posterior, necesario para su desarrollo. Desde luego que un ser humano en sus primeros días de vida, que no lograra anidar, muere irremisiblemente".
http://www.clarin.com/diario/2006/11/28/sociedad/s-02803.htm

Jueves, 30 de Noviembre de 2006

Emilio J. Corbiere: Refutando al Opus Dei

Refutando al Opus Dei

Respuesta a Vittorio Messori y Giussepe Romano

Por Emilio J. Corbière*

La organización católica integrista Opus Dei se propone en la Argentina formar “nuevos dirigentes para desarrollar comunidades locales” a través del IAE –la escuela de dirección y negocios de la Universidad Austral, en Pilar– con un programa para formar unas 700 personas que se dedicarían a promover el “desarrollo de comunidades locales”.
El programa opusdeísta está dirigido por Juan José Llach, controvertido colaborador del ex ministro Domingo Felipe Cavallo, a cargo del Indec y frustrado ministro de Educación del ex presidente Fernando de la Rúa.
Se trata de la formación de cuadros político-administrativos que se proyecta insertar en los gobiernos municipales o regionales para ocuparse de “gestionar” los impuestos, la salud, los recursos humanos del sector público (según expresan sus instructores).
No deja de ser una curiosidad que esta organización –en la que muchos de sus miembros han estado vinculados a grandes escándalos político-económicos y financieros– se dedique a formar nuevos managers.
Los casos están a la vista. Integrantes del Opus Dei –organización que cubre con un manto espiritual a un grupo de poder–, estuvieron vinculados en España a famosos escándalos financieros como los de los grupos Esfina, Matesa y Rumasa, donde se mezclan los nombres de los opusdeístas José María Ruiz Mateos, Pablo Bofill de Quadras y Juan Villa Reyes. Otro tanto ha ocurrido en la Argentina donde figuraron opusdeístas en las quiebras fraudulentas del Banco de Intercambio Regional (BIR) –cuyo principal responsable, José Rafael Trozzo, está prófugo en México– y del Banco de Crédito Provincial, de la familia Trusso.
En la crisis financiera uruguaya de julio y agosto de 2002, han sido apresados miembros de la familia Peirano –varios integran el Opus Dei y la rama Peirano Peirano dirige un diario económico, El Observador, similar a El Cronista de Buenos Aires, y otro idéntico en Santiago de Chile, todos controlados por opusdeístas.
Jorge Peirano, profesor de Derecho Civil y abogado, fue ministro del derechista Jorge Pacheco Areco. Está vinculado, junto a su hermano Juan Carlos, al Banco de Montevideo en Banco Velox y otras instituciones financieras en Paraguay y Brasil. Se calcula que el vaciamiento del Banco de Montevideo ascíende a US$ 390 millones. José, Jorge y Dante Peirano Basso han sido procesados y están en prisión, Juan Peirano Basso se encuentra prófugo como ocurrió con el argentino Trozzo quien estaría dictando “Ética” en una cátedra, en México. Un fiscal paraguayo, Carlos Marín, a cargo de la investigación sobre el grupo Velox, quiere la extradición a Asunción, de Juan y José Peirano y las constancias y testimonios que acreditarían que la documentación del Trade and Commerce Bank –la off shore de los Peirano– referida al Paraguay, es apócrifa.
El senador Reinaldo Gargano, del Frente Amplio uruguayo, sostuvo que los defraudadores, con la complicidad de la clase política oriental, acaban de endeudar al país en cerca de US$ 9 millones, desde el 1º de marzo de 2000. Y, sarcásticamente, afirmó: “Los liberales de «la 15», los herreristas, los foristas, están en esto. Se callará la prensa «independiente». Y vendrá de la mano del Opus Dei, pero también del FMI y de los gobiernos amigos del Norte, la consigna: «Hay que vender activos para pagar la deuda». Los uruguayos siempre cumplimos. Y no dudarán en vender carreteras, los puentes, Ancap, UTE, Antel, el aeropuerto. Todo. Ante la crisis total, hacia delante, hacia el precipicio, total ya lo hicieron”. Muy parecido a lo que ocurre en la Argentina.
La pregunta es la siguiente. ¿Será casual esta presencia de opusdeístas en todos los fraudes mencionados? Pero lo fundamental es el carácter totalitario de la Obra, vástago del fascismo franquista español y amigo de las dictaduras militares de la Argentina, Chile, Perú, Brasil y, recientemente, protogolpistas contra el presidente Hugo Chávez, en Venezuela.
Una ideología regresiva
¿Cómo se produjo el surgimiento del Opus Dei? ¿Cuáles fueron las causas que indujeron a José María Escrivá de Balaguer a crear, en 1928, esta organización? Desde luego no fue una supuesta “iluminación” divina lo que indujo a crear esta organización anticristiana y antidemocrática.
Se conecta directamente con anteriores experiencias integristas católicas como la Sapinière, de Umberto Benigni, que terminó apoyando a Mussolini. Hay que resaltar la coincidencia en el tiempo con los avatares por los que atravesó la Sapinière bajo el pontificado de Benedicto XV y la circunstancia de que Escrivá sitúe los orígenes del Opus Dei, o por lo menos sus supuestos presentimientos en torno a la Obra que iba a fundar, en esas mismas fechas.
Hay una opinión interesante del entonces rector de la Universidad de Salamanca, Antonio Tovar, quien afirmó de forma explícita que “en Roma, en ambientes no alejados de la Curia y de las dos embajadas de España, nos informaron personas bien enteradas de que monseñor Escrivá había bebido para su fundación en las doctrinas de un grupo, precisamente sacerdotal… que tuvo como emblema un abeto, por lo que se llamaba la Sapinière”.
Sea esto verdadero o no –es imposible comprobarlo hoy– lo cierto es que la pugna del Sodalitium Pianum contra los católicos modernistas fue conocida en España. En 1929 se publicó en España el libro La otra masonería: el Integrismo contra la Compañía de Jesús y contra el Papa, por el sacerdote Maximiliano Arboleya-Martínez S. J.. Si bien este libro respondía a una posición católica contraria al integrismo, contenía numerosos documentos que suministraban, indirectamente, ideas a los católicos antimodernistas españoles, entre ellos al joven sacerdote Escrivá.
El título del libro de Arboleya-Martínez, que era un título taquillero, debe de haber conmocionado a los integristas que, como la generalidad del mundo católico, estaba obsesionado con la francmasonería inspirada por el liberalismo democrático-burgués, o cuanto menos con la idea que se hacían de su omnipotencia (la teoría conspirativa de un presunto contubernio “judeomasónico-comunista”). El padre José Antonio Ferrer Benimeli S. J., prestigioso historiador católico, ha publicado una obra documentada donde explica el clima intelectual del catolicismo europeo e ibérico contrario a la masonería. Otros intelectuales, como Charles Porset, han realizado una faena parecida.
Es por eso que muchos sectores integristas soñaban con una contramasonería calcada de la anterior, con el objetivo de combatirla con las mismas armas del secreto, la discreción y la acción política-cultural.
Escrivá, al igual que monseñor Umberto Benigni, con la Sapinière, consagró mucha atención a los problemas de la prensa –de una prensa que aspiraba a ser católica en su integridad– como profesor en la Escuela de Periodismo patrocinada por El Debate, órgano de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en la cual pretendió formar a los mandos directivos de una prensa católica y clerical militante. Hoy continúa el Opus Dei dirigiendo su actividad hacia los medios de comunicación y hacia la formación de cuadros políticos para colocarlos en el Estado-nodriza y en las empresas públicas o privadas.
Ahora bien. ¿Por qué se estimó necesario desarrollar una “sociedad secreta” –el Opus Dei–, independiente de la jerarquía en un Estado donde la Iglesia Católica era uno de los más firmes pilares del régimen nacional-católico? Este es el punto central de la actividad opusdeísta, pasada y presente.
Hay que desenmascarar su actividad antidemocrática y alertar, en particular, al catolicismo –su principal víctima–, a centenares de jóvenes y otros menos jóvenes que, deslumbrados por una suerte de poder terrenal o por creer que se está ante una sociedad espirtual, se alistan hoy en sus filas, por arribismo o por buena voluntad, muchas veces ignorando la opinión de la familia y el consejo de sacerdotes católicos de buena conciencia.
Una aventura fundamentalista
Alberto Moncada, uno de sus ex miembros, opina sobre la “ideología” opusdeísta: “La estrategia y la ideología de la última, más reciente, etapa del Opus Dei se acercan, en esas diversas líneas a las de las sectas fundamentalistas que tratan de crear espacios a los miles de habitantes de la modernidad industrial que se encuentran incómodos en ella y buscan perpetuar costumbres, alianzas y propósitos que mantengan su identidad. En unos casos, se trata de fenómenos de burguesía tradicional, que no quiere perder sus señas distintivas. En otro caso, las clientelas son los sectores más ignorantes, menos sofisticados de las clases medias emergentes, para quienes la pertenencia a la Obra es un símbolo de ascenso social dentro del entramado conservador”.
Junto a ese tejido ideológico costumbrista, persisten las aventuras civiles, mercantiles, políticas de quienes la conexión religiosa sirve para más cosas. En ese sentido, a partir de la etapa de la confusión política mercantil ya es muy difícil disipar la imagen de un Opus telaraña, plataforma de asociación de intereses, por mucho que se empeñen los superiores en obstaculizar ese modo de utilización de la conexión opusdeística”.
Y concluye Moncada: “La persistente alegación de independencia civil de los socios que hacen los medios de comunicación, de la Obra, se inscribe en ese esfuerzo, de clarificación que, más de las veces, es motivado por razones de consumo interno. Educación de menores, servicio a la familia, disciplina de la mujer, reafirmación del catolicismo doctrinal, son las nuevas metas del Opus Dei”.
Las mentiras de Vittorio Messori
Que el Opus Dei se desarrolló y fue cómplice del franquismo no caben dudas. Ministros, poder político, económico y en el área educativa de la dictadura, utilización del Estado totalitario español, no fueron hechos casuales o esporádicos. Miente el apologista Vittorio Messori cuando expresa en el libelo Opus Dei. Una investigación (Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona, tercera edición, 1997), que el franquismo, que se desplegó durantes cuatro décadas de tiranía sobre el pueblo español, no fueron “un asunto central de la historia de la Obra”. Otra de las mentiras opusdeístas es la de sostener que de 1976 a 1982 España evolucionó hacia la democracia, cuando la Obra estaba en el gobierno, y eso desmentiría que fuera “un poderoso lobby político”.
Es que España evolucionó hacia una democratización parcial a pesar de los esfuerzos del Opus Dei y porque Adolfo Suárez, el actual rey Juan Carlos y, fundamentalmente, la liquidación a manos de la ETA, del opusdeísta almirante Luis Carrero Blanco, frustraron –con la “Operación Ogro”– las intenciones continuistas del opusdeísmo.
Otra mentira de los apologistas de la Obra es que los miembros de la organización participaron del régimen franquista porque era católico y no un “Estado criminal”. Es decir, que a la mentira Messori agrega el cinismo.
A lo de Messori, se le suma otro dislate neofranquista de un miembro de la Prelatura, el de Giuseppe Romano, en un apéndice titulado: “Érase una vez Franco”.
Dice Romano que Franco fue un dictador “pero no un Mussolini o un Hitler”. Luego repite la cantinela de siempre. Fueron “algunos” miembros de la Obra pero ésta era ajena al régimen tiránico. Sin el Estado franquista que actuó como “nodriza”, el poder económico del Opus Dei no existiría. Luego recuerda que hubo un opusdeísta, monárquico “liberal”, llamado Rafael Calvo Serer –que no fue otra cosa que un provocador de la derecha española–, infiltrado entre los monárquicos y al servicio del régimen. Sobre las peleas entre los “camisas viejas” falangistas y los miembros del Opus Dei, clásicas peleas dentro de la familia fascista española, fue en realidad una pugna por ocupar un lugar de preferencia al lado del dictador.
La desfachatez de Romano es notable. Dice que Escrivá de Balaguer “aceptó conscientemente el peligro de que se creara una leyenda negra, que después sería difícil de borrar. Era el precio que se debía pagar por respetar la libertad de esos hijos suyos que, con responsabilidad personal, se pusieron del lado de Franco en política”.
Lo que no dicen Messori ni Romano es que el Opus Dei no sólo fue la fuente ideológica del franquismo, especialmente desde 1952, cuando el dictador giró hacia los Estados Unidos. También, estuvieron con el dictador argentino Juan Carlos Onganía, con el dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte y, recientemente, con el golpe de Estado en Venezuela que ya mencioné.
En Historia del franquismo, Daniel Suiero y Bernardo Díaz Nosty han publicado las largas listas de fusilados o muertos mediante garrote vil, por luchar contra la dictadura, entre 1949 y 1975. De los fusilamientos en masa y demás crímenes de los franquistas, entre 1936 y hasta 1948, recién ahora se conocen las fosas comunes. Sobre el particular me refiero en Opus Dei. El totalitarismo católico (Acerca del integrismo y el progresismo cristiano) (Editorial Sudamericana Buenos Aires, septiembre de 2002). El Opus Dei fue cómplice político de estos crímenes del franquismo. Ver también “España comienza a encontrar a los «desaparecidos» de la Guerra Civil”, en Clarin, 11 de agosto de 2002, pág. 32.
El fascismo franquista
Hay algunas caracterizaciones básicas del fascismo en la que los distintos intérpretes están de acuerdo. Casi todas ellas formaron parte del franquismo: organización totalitaria del Estado; exaltación de la violencia y el terror como medios de acción política; concepción organicista y transpersonalista de la sociedad; irracionalismo y antiintelectualismo; defensa de las estructuras capitalistas y oposición a las ideologías socialistas y comunistas; prédica nacionalista basada en el catolicismo integral, elitismo y concepción aristocrática de la sociedad y de la historia.
Los fascismos español y portugués sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y se adaptaron pragmáticamente a la nueva situación, a las nuevas condiciones. Mantuvieron la dictadura interna y se aliaron con el capitalismo norteamericano para consolidar sus sistemas de dominación burguesa propios.
En cuanto al “anticapitalismo” retórico de Mussolini y la Falange Española, no fue sino un anticapitalismo epifenoménico de carácter pequeño burgués que no iba más allá de ciertas declaraciones demagógicas contra la “plutocracia” y la “usura”. En realidad, el culto al Estado era parte del fetichismo pequeño burgués hacia el poder. Y el culto al jefe y el elitismo fue expresión de la disciplina jerarquizada que enmascaraba la intervención del Estado a favor del gran capital.
Se puede definir al régimen franquista, en su fase inicial, de la siguiente manera: organización totalitaria de la sociedad y del Estado, legislación autoritaria, centralismo, voluntad de proyección imperialista en política exterior; ideología nacional-sindicalista y un carácter ético-misional, esto último específico del franquismo que es lo que ha determinado a que se hablase de “nacional-catolicismo”.
El discurso fascista comenzó a agotarse en cuanto a los símbolos, conceptos e ideología a principios de los años ’50. El franquismo –que había disciplinado tempranamente a la Falange y otras expresiones totalitarias– comenzó a cambiar el discurso, aunque no su base totalitaria, especialmente en 1952, cuando giró hacia Estados Unidos. Entre 1957 y 1962 el franquismo consolidó su orientación conservadora y reaccionaria adoptando como ideología el “nacional catolicismo autoritario”. Y fue allí que se encontró con una organización integrista procedente a la Iglesia que le ofreció sus cuadros intelectuales y técnicos para el ejercicio del gobierno. Esa organización fue el Opus Dei, desarrollado durante el franquismo hasta que se apoderó de gran parte del poder, principalmente económico.
Manuel Tuñón de Lara ha explicado en su tesis –Algunas propuestas para el análisis del franquismo– que el régimen español prefirió el fascismo en los años de la Guerra Civil y la primera década de gobierno. Y luego, ese poder totalitario, adoptó otra forma pero expresando las mismas modalidades autoritarias. No fue una “apertura” sino una adaptación a un sistema mundial capitalista que así lo exigía. El modelo no era más Hitler y Mussolini, sino Salazar, Dolfus y aun Pétain.
Esta adaptación permite establecer algunos rasgos del franquismo después de 1952: oscurantismo cultural, integrismo, actitud antimoderna y contrarrevolucionaria, antiliberalismo, elitismo y anticientificismo. Esta ideología fue dando paso a un segundo período a la ideología del catolicismo-tecnocrático, que se basará en la aceptación del cambio en la esfera técnico-económica, con la condición de que se mantuvieran los llamados “valores tradicionales”. El Opus Dei cumplió la función de apuntalar al régimen franquista dentro de la ideología integrista unida a la nueva realidad técnico-burocrática.
Opus Dei, franquismo y bonapartismo
El bonapartismo fue una de las formas de evolución de los regímenes fascistas cuando estos sistemas autoritarios se burocratizaron.
“El bonapartismo –decía Federico Engels– es la forma necesaria del Estado en un país donde la clase obrera, muy desarrollada en las ciudades, pero numéricamente inferior en los pequeños pueblos campesinos, ha sido vencida en un gran combate revolucionario por la clase de los capitalistas, la pequeña burguesía y el ejército”. Y agregaba: “El ejército, verdadero vencedor, se coloca a la cabeza, apoyado sobre la clase de donde proviene en su mayor parte, los pequeños campesinos.”
Pero si el franquismo en su etapa de decadencia tuvo rasgos “bonapartistas”, sólo fue en lo instrumental-institucional. En cambio, siguió hasta el final –la muerte de Franco– apoyándose en el “nacional catolicismo autoritario” y el régimen se sirvió para ello del Opus Dei. Determinados sectores políticos y económicos mantuvieron una constante y pertinaz política de entorpecimiento de todo proceso de cambio y evolución política. Por eso se mantuvo la ficción del “Movimiento” cuando ya estaba agotado. Herbert Rutledge Southwoeth dijo con acierto que el “Movimiento” era “un árbol muerto, pero aún en pie”.
La muerte del dictador Franco rompió el último nudo con el sistema instaurado por los militares triunfantes de 1939. Entonces, fue que España pudo evolucionar hacia un sistema democrático-liberal occidental. Del viejo fascismo falangista no había quedado nada. En cambio, el Opus Dei de José María Escrivá de Balaguer había quedado residualmente, pero dispuesto a conquistar el mundo para el integrismo católico. Era una nueva cruzada.
Naturaleza del Opus Dei
Desde sus pasos iniciales, el Opus Dei se organizó verticalmente, idolatrizándose a su jefe, que pasó a denominarse “el Padre”. El culto a su persona, en vida, fue notable, muy parecido al que dispensan los partidos políticos carismáticos e, incluso, los sistemas totalitarios. Se considera en la organización que el Padre preveía todo y a sus juicios, aun los errados, debía considerárselos como verdaderos. La megalomanía de Escrivá fue notable y persiste en los directivos posteriores a su muerte, transformados en jefes indiscutidos.
Dentro del “culto a la personalidad” hacia Escrivá, su reciente beatificación en camino a una declaración de “santidad”, fue preparada incluso cuando todavía vivía, preparándose los elementos que la hicieran posible, como cuando el beato logró adquirir un título nobiliario que no le correspondía.
No existen antecedentes –en la historia de la Iglesia– de que un santo, al poco tiempo de morir, fuera beatificado. Según las fuentes del Opus, pidieron por ello 69 cardenales, 241 arzobispos, 987 obispos. Esas peticiones no nacieron espontáneamente en el interior de la Iglesia, como un clamor de heroicidad por sus manifiestas virtudes o sacrificio personal, sino que han sido el resultado del trabajo preparado tenazmente por la organización y la apoyatura decisiva del papa Juan Pablo II.
Desde luego, el beato fue declarado tal antes que el papa reformador Juan XXIII, monseñor Romero, fuera asesinado por los militares salvadoreños por defender a los pobres, igual que muchos otros católicos que brindaron sus propias vidas por su “opción por los pobres”. Ninguno de ellos ha sido considerado por el papa polaco, enemigo de la Teología de la Liberación o de los teólogos críticos moderados y amigo del integrismo derechista del Opus Dei.
Goriz Muguerza dice: “El Opus, principalmente, es la gran fuerza neoconservadora que está dando al traste con la inmensa renovación suscitada por el Vaticano II. Son para meditar, y no olvidar, las palabras que un testigo directo dice, como salidas de boca de Escrivá: «Este concilio, hijas mías, es el concilio del diablo». Y estas otras, dichas por un sacerdote, miembro de la Obra: «Menos mal, que el Señor se lo llevó a tiempo [antes de la fecha, 1982, que él mismo había fijado para su muerte], si no, esto hubiera acabado peor que lo de Lefebvre»”.

* Escritor y periodista. Es autor de

Los catecismos que leyeron nuestros padres (Ideología e imaginario popular en el siglo XX) (Editorial Sudamericana-Memoria de los argentinos, Buenos Aires, 2000);

Opus Dei. El totalitarismo católico (Acerca del integrismo y progresismo cristiano) (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002);

La masonería I. Política y sociedades secretas (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1998);

La masonería II. Tradición y revolución (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2001);

Acerca de los «Manuscritos económico-filosóficos de 1844» de Carlos Marx (Editorial Arca Ensayo, Montevideo, 2000).

De próxima aparición: Los argentinos de Hitler (Poder y dinero. 1933-1945) (Ediciones B-Vergara).

Recogido de:www.argenpress.info

Respuesta de la CTERA ante las declaraciones de la Asamblea Episcopal

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LOS INTERESES CORPORATIVOS Respuesta de la CTERA ante las declaraciones de la Asamblea Episcopal

1 - Que durante más de una década, el sistema educativo argentino sufrió las consecuencias de la deserción del Estado Nacional, con la gravísima secuela de desigualdad y fragmentación que castigó particularmente a las comunidades más pobres.

Esgrimir el argumento del supuesto avance sobre las autonomías provinciales que se derivaría de la reasunción de responsabilidades por parte del Estado Nacional en el texto de la Nueva Ley significa introducir un falso eje de debate. Al mismo tiempo constituye una lamentable coincidencia con las manifestaciones de menemismo nostálgico del gobernador de Salta Juan Carlos Romero.
Reafirmamos, tal como se estipula en el borrador de la Nueva Ley, la necesidad de que el Estado Nacional se haga cargo de una parte del sostenimiento de la educación para revertir las desigualdades entre las provincias y generar justicia en el acceso al derecho a la educación de los que menos tienen.

2 - Que el subsidio amplio e indiscriminado que se reclama para las escuelas privadas como definición principista, debe ser normado para no caer en el anacronismo de que un Estado que financia todavía con grandes limitaciones a las escuelas oficiales, no subvencione a los emprendimientos educacionales con fines de lucro.
Por ello, reafirmamos el criterio definido con amplio consenso social de que el otorgamiento de subsidios debe estar regido por criterios objetivos relacionados con la función social que dichos establecimientos cumplan.

Por último, la CTERA reafirma que el deber del Estado es garantizar el pleno ejercicio al derecho social de la educación y no hacerse cargo de velar por intereses corporativos.

Alejandro Demichelis
Secretario de Prensa
CTERA

Hugo Yasky
Secretario General
http://www.ctera.org.ar/item-info.shtml?x=60349

EL ABORTO DE LA MANO DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

Viernes, 17 de Noviembre de 2006

PERDIO EL EMBARAZO LA CHICA VIOLADA DE CORRIENTES

Un aborto de la mano de Dios

En un caso, la polémica se tornó abstracta, pero el drama se multiplicó. Se trata del caso de la chica correntina con discapacidad mental, que fue violada y a la que los médicos del hospital público Vidal, de esa provincia, le negaron la posibilidad de realizar una intervención para interrumpir el embarazo. La madre de la chica se presentó ante la Justicia para exigir que le realizaran el aborto a su hija, según lo determina el artículo 86 del Código Penal. Pero ayer, la joven, sometida a presiones y a una crisis nerviosa, tuvo pérdidas, fue internada en el hospital Llano, de la capital provincial, y terminó abortando en forma natural.

“Señora –le habían dicho en el hospital Vidal los médicos–, su hija no tiene que abortar. Tiene que tener el hijo y darlo en adopción.” El comentario tuvo lugar el martes, cuando la madre de la joven discapacitada se presentó en el hospital J. R. Vidal, de Corrientes, para solicitar que le hicieran un aborto a su hija. Su paso por el hospital público fue semejante a una pelota que rebota en un frontón. De allí, la madre concurrió a la Defensoría General donde el defensor Enzo Di Tella atendió su caso. La mujer llevaba la denuncia policial, el requerimiento del fiscal Marcelo Chaín, la historia clínica en la que se determinaba que la chica tenía 15 años pero una edad madurativa de 7 y los medicamentos que debía tomar y que eran contraindicados para el embarazo.

El caso avanzaba por el mismo camino de absurda judicialización por el que habían avanzado los casos de La Plata y de Mendoza. Desde la Defensoría se inició un oficio para presentar ante el hospital Vidal en el que se exigía el tratamiento solicitado, ya que se encontraba cubierto por la ley. No se llegó al extremo de desatar la polémica ni el lobby eclesiástico, ni a que los fanáticos recorrieran sus rosarios con pancartas: “La chica sufrió una crisis nerviosa, bajo la presión que tenía, y tuvo pérdidas –señaló un funcionario del área de Salud–. La internaron en el hospital Llano y ahí tuvo un aborto natural”.

El Vidal está dirigido por Silvia Lapertosa, y es la misma institución pública que rechazó que se realizaran ligaduras de trompas a varias mujeres, pese a que es totalmente legal, bajo el argumento de que la ley es nacional pero la provincia aún no adhirió. “En agosto se promulgó la ley nacional –aseguró la subsecretaria de Acción Social provincial, María Elena de Chieno–. No hace falta ninguna adhesión. Pero acá inventaron que hay que sacar una ley provincial que adhiera. La ley ya fue aprobada el 7 de septiembre, pero todavía no la promulgaron. Acá, la Iglesia presiona y mete mucho miedo. Es más fuerte un obispo o la directora de un hospital que una ley nacional.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-76336-2006-11-17.html

Salud reproductiva: Reglamentan prácticas de anticoncepción

Salud reproductiva

Reglamentan prácticas de anticoncepción

La Superintendencia de Servicios de Salud reglamentó hoy en el boletín oficial, el acceso a las prácticas de ligadura de trompas de Falopio y la vasectomía en las entidades del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

La publicación oficial establece que las entidades del Sistema Nacional del Seguro de Salud deberán implementar y garantizar el acceso a las prácticas denominadas ligaduras de trompas de Falopio y la ligadura de conductos deferentes o vasectomía.

Agregó que en esas prácticas previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), deben incluir información en términos claros y adecuados al nivel de comprensión, estado psíquico y características del paciente que desea someterse a ellas.

Señaló que de esa manera, se permitirá al beneficiario poder efectuar una libre elección en cuanto a tratarse o rehusar un tratamiento, según las distintas alternativas terapeúticas.

Puntualizó que se debe propender a la necesaria educación y adecuada preparación de parte de la persona responsable de la explicación y asistencia, de quien demanda un servicio sanitario.

Fuente: Télam

VENCIENDO AL LOBBY DE "LA IGLESIA CATÓLICA"

Viernes, 17 de Noviembre de 2006

http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-76299-2006-11-17.html

EL CONGRESO RATIFICO LA ADHESION A UN TRATADO SOBRE DERECHOS DE LA MUJER

El voto que venció al lobby de la IglesiaLa Cámara de Diputados convirtió en ley la ratificación del llamado Protocolo de la Cedaw, uno de los principales reclamos del movimiento de mujeres de los últimos años. El tratado permite llevar a una instancia internacional los casos de discriminación contra la mujer. La Iglesia y sectores de la oposición lo rechazan por considerar que es una vía hacia el aborto.

Por Mariana Carbajal

Es para celebrar. Desde ayer, las argentinas cuentan con un instrumento internacional fundamental para defender el derecho a vivir libres de violencia y discriminación, que ha sido fuertemente resistido por la Iglesia Católica. En la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sin restricciones y por una amplia mayoría: 116 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se podrá usar? ¿Por qué la jerarquía eclesiástica se opuso a su ratificación con tanta fuerza? ¿Abrirá la puerta para la legalización del aborto? Especialistas consultados por Página/12 despejan las principales dudas en torno de este tratado internacional de nombre difícil, que todavía pocos y pocas conocen en el país.

“Lo importante ahora es que todas las mujeres lo conozcan”, señaló Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar) e integrante del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

El 2 de noviembre, el Senado había sancionado la ratificación de esta herramienta internacional. El último paso que debe cumplimentarse es la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, pero se descuenta que ese trámite no se demorará, ya que el mismo presidente Néstor Kirchner fue quien pidió la ratificación al Congreso en diciembre de 2004.

¿Qué alcance tiene esta ratificación? El Protocolo Facultativo es un complemento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta convención, más conocida como Cedaw, por su sigla en inglés, es la más importante del sistema de Naciones Unidas relativa a los derechos humanos de las mujeres. El Congreso la ratificó en 1985 y desde 1994 tiene rango constitucional.

La Cedaw exige a los estados la adopción de medidas tendientes a eliminar la discriminación de género en todos los ámbitos: vida política y pública, educación, empleo, salud, justicia y matrimonio y familia. Su cumplimiento es monitoreado por un comité. Hasta ahora, la Argentina tenía la obligación de presentar cada cuatro años un informe sobre los avances en esta materia. Y el comité emitía observaciones y recomendaciones. Las últimas sobre Argentina corresponden a 2004 (ver aparte).

“Al ratificar el Protocolo se da un paso sustancial en la defensa de los compromisos asumidos por Argentina al suscribir la Convención y debe ser un motivo de alegría para todas las personas que creen en los derechos humanos como base de la democracia y el estado de derecho”, destacó Soledad García Muñoz, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

El Protocolo Facultativo contempla dos mecanismos para que mujeres en forma particular u organizaciones civiles puedan exigir los compromisos previstos en la Cedaw en una instancia internacional cuando consideren que se han violado: “Por un lado, se pueden presentar quejas individuales ante el comité cuando las instancias jurídicas internas se agotaron. Por otro, el comité puede analizar casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos de las mujeres. Actualmente se está aplicando este proceso, por primera vez, en México, para investigar las muertes de cientos de mujeres en Ciudad Juárez”, precisó García Muñoz.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer está compuesto por 23 expertas propuestas y elegidas por los estados parte de la Cedaw. Actualmente, entre sus miembros la única latinoamericana es una brasileña, Silvia Pimentel.

“Ahora tenemos una Convención fuerte. La Convención sin Protocolo era un tigre sin dientes. Pero debemos aprender a usarlo”, apuntó Chiarotti, experta en temas de violencia para la OEA.

Desde 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa pidió al Congreso la ratificación del Protocolo de la Cedaw, la jerarquía católica inició una cruzada en su contra, con un fuerte lobby sobre senadores y diputados. Y logró frenar el tratamiento de la aprobación de este tratado durante cinco años. En la madrugada de ayer, el diputado tucumano de Fuerza Republicana Roberto Lix Klett fue la voz de los sectores que han resistido la sanción de este tratado. Fue el único diputado que pidió la palabra. Dado lo avanzado de la hora –cerca de las dos de la madrugada–, los demás legisladores se limitaron a solicitar la inserción de sus discursos en la versión taquigráfica (ver aparte).

“Los sectores más conservadores les temen a los instrumentos de derechos humanos que como éste les dan autonomía a las mujeres y buscan desterrar los estereotipos femeninos y los roles tradicionales asignados a las mujeres”, evaluó ante Página/12 Nieves Rico, oficial de Asuntos Sociales de la Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal. La cúpula eclesiástica teme que con la incorporación al sistema jurídico argentino de este instrumento internacional se abra la puerta para la legalización del aborto.

“El Protocolo Facultativo no crea nuevos derechos”, señaló García Muñoz. El tema del aborto no está mencionado en la Convención. Pero la Iglesia Católica y otros sectores conservadores ven como amenazas recomendaciones generales que ha hecho en 2004 el comité (a todos los países y no a uno en particular) que interpretan los alcances de la Convención. Una de ellas (la recomendación general 21) se refiere a la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares y en uno de sus puntos garantiza la autonomía de las mujeres en relación con su fecundidad. Textualmente plantea que “la decisión de tener hijos, si bien de preferencia debe adoptarse en consulta con el cónyuge o el compañero, no debe, sin embargo, estar limitada por el cónyuge, el padre, el compañero o el gobierno”.

El otro fantasma para la jerarquía eclesiástica es la recomendación general 24, que recomienda a los gobiernos revisar “las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones”. En otros términos, pide que se saque de los códigos penales los delitos que criminalizan sólo a la población femenina, léase, el aborto.

De todas formas, el comité siempre se ha referido al aborto como uno de los “graves problemas de salud pública” y ha considerado que “en ningún caso puede ser utilizado como método de planificación familiar”.

Chiarotti celebra la preocupación eclesiástica: “A pesar de que las mujeres no manejamos las recomendaciones generales del comité, los sectores conservadores están pensando que podemos llegar a pedir que se adecue la legislación local a este tratado internacional, por una cuestión de coherencia, y así logre la eliminación de la penalización del aborto. Por eso respeto tanto a los conservadores, porque son más visionarios que nosotras y ven a futuro”, señaló Chiarotti.

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El OPUS DEI EN SAN JUAN:CINCO MIL DIU ENVIADOS POR LA NACION SE AMONTONAN EN UN DEPOSITO

Lunes, 13 de Noviembre de 2006

CINCO MIL DIU ENVIADOS POR LA NACION SE AMONTONAN EN UN DEPOSITO

San Juan, una provincia Opus Dei

El ministro de Salud vedó los dispositivos intrauterinos en los hospitales. También impidió una ligadura de trompas, pese a la ley nacional que la permite. Y pone trabas a la atención en salud sexual. En San Juan rige la visión de la Iglesia en materia de género.
Por Mariana Carbajal

El gobernador José Luis Gioja, alineado con la Iglesia.En San Juan parece imperar una teocracia. Por indicación expresa del ministro de Salud Roberto Correa, reconocido simpatizante del Opus Dei, no se distribuyen en los hospitales de la provincia los dispositivos intrauterinos (DIU) que envía la Nación. Actualmente hay almacenadas 5063 unidades que corren riesgo de vencerse, según pudo saber Página/12. Los kits de colocación de los DIU, que manda el ministro Ginés González García, son desarmados y utilizados sus componentes para otra finalidad. “Estamos en el Medioevo”, describió el médico ginecólogo Jorge Gil, del hospital de Los Berros, localidad minera a unos 80 kilómetros de la capital. Correa se ha manifestado públicamente en contra de la anticoncepción quirúrgica y su postura quedó plasmada como política pública: unos días atrás la provincia le negó a una mujer con cáncer de páncreas, que no puede volver a quedar embarazada porque su vida correría peligro, la realización de una ligadura de trompas aunque está vigente la ley nacional que legalizó esa práctica médica en todo el país (ver aparte). “Están vulnerando los derechos de las mujeres, especialmente las más pobres”, consideró Valeria Islas, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, donde se acumulan denuncias de centros de salud sanjuaninos contra la política provincial en materia de salud reproductiva.

La Iglesia Católica está en contra de la entrega de los DIU y se opuso a la legalización de la anticoncepción quirúrgica. También rechaza la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), que recientemente aprobó el Senado y debe tratar la Cámara de Diputados. Los senadores sanjuaninos César Gioja y Roberto Basualdo votaron en contra de ese tratado internacional fundamental para la defensa de los derechos de las mujeres, en coincidencia con la posición de la jerarquía eclesiástica. Un año atrás, la Legislatura sanjuanina se había pronunciado en el mismo sentido, repitiendo los argumentos de los purpurados (ver aparte).


Hija monja

En la provincia se creó en 2003 el Programa de Salud de la Mujer, desde el cual se distribuyen en hospitales y centros de salud los anticonceptivos que manda el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pero Correa –es secretario de Salud pero su cargo tiene rango ministerial– dio la orden de que no entregaran los DIU. “Por indicación expresa del ministro provincial no se distribuyen ni se colocan dispositivos intrauterinos, con lo cual tampoco se distribuyeron los kits de colocación, insumo requerido en los efectores visitados”, confirma un informe interno del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva al que tuvo acceso Página/12. El paper detalla: “Existe una gran cantidad de insumos en stock, particularmente de DIU y kits de colocación”. Hasta el viernes, en el galpón de la farmacia provincial, donde se almacenan los medicamentos, había 5063 DIU, según pudo saber este diario. En los últimos días, el Ministerio de Salud de la Nación envió a la provincia 170 kits de colocación de DIU, pero las cajas son abiertas y desarmadas y sus implementos, como espéculos, se entregan por separado para ser usados para otros fines.

Correa forma parte del gabinete del gobernador kirchnerista José Luis Gioja. Página/12 intentó durante la última semana entrevistar a Correa para consultarlo sobre el tema, pero el funcionario se negó a atender a este diario. Su vocero, Raúl Farrán, argumentó que tenía la agenda demasiado cargada de actividades como para atender a esta periodista. En declaraciones a medios locales, el ministro ha expresado su oposición al uso del DIU por considerarlo abortivo, en sintonía con la postura que emana del Vaticano. Correa suspendió la entrega gratuita de todo tipo de anticonceptivos en la provincia, pero las acciones desarrolladas desde el Movimiento de Mujeres de San Juan lograron restablecer el programa de salud reproductiva. Pero sin DIU.

Varios médicos consultados por este diario confirmaron esta situación. Como el ginecólogo Jorge Farina, del Hospital Marcial Quiroga, en el departamento de Rivadavia, limítrofe con la capital provincial, y uno de los más importantes de San Juan. “El viernes 3 de noviembre nos avisaron al hospital, desde el Programa de Salud de la Mujer, que podíamos ir a retirar insumos para el servicio. Cada hospital se encarga de buscarlos. Fui yo. La lista decía: 1000 anticonceptivos orales, 1000 inyectables y cuatro cajas de 144 preservativos. Cuando pregunto por si había DIU, el empleado me responde que están guardados por orden superior”, relató Farina a este diario. Esta escena se repite desde hace más de un año con los representantes de cada hospital y centros de salud que van a retirar insumos para los servicios de ginecología. En algunos hospitales, los médicos se encargan personalmente de conseguir los DIU por alguna vía alternativa para poder ofrecer ese método anticonceptivo a las pacientes. “Las mujeres tienen el derecho a elegir el método que quieren y tienen que tener entre las opciones el DIU”, consideró Farina.

“El ministro no nos deja colocar DIU porque él está en contra de ese método. Estamos en el Medioevo”, evaluó otro médico, Jorge Gil, del Hospital de la localidad minera de Los Berros, a unos 80 kilómetros de la capital provincial.

En el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable están al tanto de esta situación. “Estamos recibiendo reclamos y demandas de algunos centros de salud para que les enviemos los DIU en forma directa. Por esa razón estamos estudiando modificar a partir del año próximo la forma de entrega para evitar este tipo de problemas”, reconoció Islas, coordinadora del Programa Nacional, desde donde se envían anticonceptivos a todas las provincias. Algunas, además de los métodos que manda Nación, hacen sus propias compras. No es el caso de San Juan. “Vulneran los derechos de las mujeres, especialmente las más pobres. El DIU es un método científicamente probado, efectivo y seguro, que no es abortivo. Como todos los demás anticonceptivos, tiene que estar en los hospitales para que las mujeres de sectores más pobres puedan usarlo igual que las que mujeres de sectores medios y altos, que los pueden comprar por su cuenta”, señaló Islas en diálogo con este diario.

Correa y su par de Santa Fe fueron los únicos ministros provinciales de Salud de todo el país que en agosto no apoyaron la realización de los abortos terapéuticos a dos jóvenes discapacitadas que habían sido violadas, una en Mendoza y otra en Buenos Aires, cuyos casos tuvieron amplia trascendencia nacional.

Gioja, durante su mandato como senador, fue uno de los pocos legisladores que se opuso a la sanción de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002. Además del senador tucumano de Fuerza Republicana Pablo Walter, los únicos que en la Cámara alta votaron en contra de esta norma fundamental fueron los tres sanjuaninos: Gioja, la justicialista Mónica Martín y la de Cruzada Renovadora, Nancy Avelín. En aquel momento Gioja le confesó al ministro Ginés González García, impulsor de la ley y con quien el gobernador sanjuanino comparte la pasión por Racing (hace unos días fueron juntos a la cancha), que no apoyaría la norma porque se lo pedía su hija Flavia, que es monja. Según ha contado a la prensa su esposa Rosita Palacio, todos los domingos a la tarde van juntos a escuchar la misa que se celebra en la parroquia de Don Bosco.

“En San Juan hay un abandono de la salud reproductiva. La situación es muy grave. Cada día recibimos denuncias de mujeres que tienen necesidad de un DIU porque no toleran otros métodos anticonceptivos”, indicó Perla Welner, feminista, integrante del Movimiento de Mujeres de San Juan. Para el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las sanjuaninas están organizando una jornada de reclamo en la Plaza 25 de Mayo, la principal de la capital, y entre los temas que demandarán a las autoridades de la provincia están la regularización de la entrega de los DIU en todos los centros de salud. “Ningún legislador levanta la voz. Esta Legislatura sigue con la postura de que sobre este tema no se habla”, concluyó Welner.

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APRUEBAN UN TRATADO ANTIDISCRIMINATORIO DE LA MUJER RECHAZADO POR LA IGLESIA

Jueves, 02 de Noviembre de 2006

APRUEBAN UN TRATADO ANTIDISCRIMINATORIO DE LA MUJER RECHAZADO POR LA IGLESIA

Una lucha que ya tiene su protocolo

El Senado dio media sanción a la ratificación del llamado Protocolo de la Cedaw, el instrumento contra la discriminación de las mujeres previsto en un tratado de las Naciones Unidas. Su aprobación era reclamada por el movimiento de mujeres y rechazada por la Iglesia, que lo considera “abortista”.

Por Eduardo Tagliaferro

La Convención fue aprobada por Naciones Unidas en 1979 y el proyecto de ratificación llegó al Congreso argentino en 1999.

Muchos años, muchos grupos de presión, muchas “gestiones de buenos oficios” fueron la barrera que tuvieron que enfrentar las organizaciones no gubernamentales que impulsaron la ratificación del Protocolo facultativo de la Convención contra toda discriminación de la Mujer aprobada por las Naciones Unidas en 1979. En un debate en el que la oposición de la Iglesia y otros fantasmas sobrevolaron sobre el recinto de la Cámara alta, 32 de los 44 senadores presentes finalmente respaldaron el protocolo que permite hacer efectivos los derechos contemplados en esa convención.

Obispos de varias provincias se habían encargado de acercar sus críticas a distintos senadores. Cuestionaban el llamado “Protocolo de la Cedaw (por sus siglas en inglés)”, al que no dudaban en calificar como “abortista”. No faltaron también quienes afirmaron que se habilitaba la injerencia del Comité en la legislación nacional. Incluso sostuvieron que las futuras recomendaciones afectaban “la soberanía política”.

El abanico de los doce senadores que se opusieron a la media sanción lograda ayer por el Senado lo conformaron la bonaerense Hilda “Chiche” González de Duhalde , los jujeños Liliana Fellner y Guillermo Jenefes , los sanjuaninos César Gioja y Roberto Basualdo, el catamarqueño Ramón Saadi, la puntana Liliana Negre de Alonso, el formoseño Miguel Mayans, Carlos Rossi, cordobés del partido de Luis Juez, la tucumana bussista Delia Pinchetti, el mendocino Celso Jaque y el salteño Roberto Gómez Diez.

Antes de comenzar el debate, la porteña Vilma Ibarra recordó que como cualquier otro proyecto, la ratificación del Protocolo requería mayoría simple. Una larga historia estaba detrás de la iniciativa que ayer puso fin al duro cruce político que la oposición y el oficialismo protagonizaron por los comicios de Misiones y por una denuncia contra el diputado Carlos Kunkel por su desempeño en un concurso en el que se pretende cubrir una vacante para la Cámara Federal de Salta.

La Convención fue aprobada por Naciones Unidas en 1979. En 1985 el Congreso nacional la ratificó. Luego de la reforma constitucional de 1994 obtuvo rango constitucional. El Protocolo, que garantiza el cumplimiento de los derechos contemplados en la Convención, fue adoptado por la ONU en 1999. El Estado argentino lo firmó el 28 de febrero de 2000. El gobierno de Fernando de la Rúa envío el proyecto para su ratificación en 2001. La iniciativa tuvo dictamen en comisión en setiembre de 2001, a pocos meses de que el radical abandonara la Rosada en helicóptero. En dos ocasiones Eduardo Duhalde le reclamó al Senado la devolución del proyecto enviado por De la Rúa, algo a lo que la Cámara alta no accedió. En diciembre de 2004, Néstor Kirchner pidió la pronta ratificación del Protocolo. Ayer, el consenso de las principales bancadas permitió que el tema llegara al recinto sin dictamen previo de comisión.

Por el oficialismo defendió la iniciativa la mendocina Marita Perceval. Luego de explicar que la Convención es tan sólo una mera declaración de principios si no se ratifican los procedimientos específicos para garantizar su cumplimiento, destacó que no “estamos entrando fantasmas ni monstruos por la ventana, sino que estamos ajustando nuestro derecho al derecho internacional”. Hizo un repaso minucioso del Protocolo y destacó que su aprobación garantizaba una “ciudadanía plena”.

La radical rionegrina Amanda Isidori señaló que no se estaba debatiendo el Protocolo Facultativo, sino que “estamos hablando de derechos humanos”. Isidori afirmó que la ratificación “no es un avance sobre nuestra soberanía”. Las principales críticas al proyecto las formuló la puntana Liliana Negre de Alonso, de reconocida militancia en el Opus Dei. Puso el acento en cuestionar el punto diez del Protocolo. Luego de aventurar que ese punto podría permitir al Comité contemplado en el Protocolo a avanzar sobre decisiones del Parlamento argentino, dijo que lo importante eran las resoluciones que ese organismo viene tomando.

Dijo que el Comité recomendó a Rusia y Bielorrusia “no establecer el día de la madre porque se asocia con la maternidad y los estereotipos son negativos”. Enumeró definiciones del Comité y dijo que le había recomendado a China legalizar la prostitución, a Turquía que eliminara el consentimiento del cónyuge como requisito para el aborto y a Italia que garantice a las italianas meridionales a acceder al aborto en hospitales públicos.

La posta la tomó la salteña Sonia Escudero. Luego de subrayar que no es abortista y que la ratificación no afecta la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica y que no es la puerta de entrada a la legalización del aborto, recordó que el Comité tan sólo hace recomendaciones y que de ninguna manera puede imponer cambios en la legislación. Escudero comentó que en 2002 recibió una nota del Episcopado pidiéndole no aprobar la ratificación. “Me tomé el trabajo de estudiar cada uno de los casos en los que se dijo que se recomendaba el aborto”, comenzó la salteña. Con documentación e información detallada, refutó uno a uno los casos que antes había enumerado Negre de Alonso. No solo demostró la inexactitud de los juicios de la puntana, sino que dejó en evidencia que la posición de la senadora encolumnada con Rodríguez Saá no se apartaba ni una coma de la nota del Episcopado. Escudero no dudó en afirmar que “las religiones tienen que actualizarse”.

La presión de los obispos de Jujuy y de San Juan también se sumaron a los que formalmente realizó el Episcopado. En el caso de San Juan, lograron que tanto el kirchnerista César Gioja como Roberto Basualdo votaran en contra. El obispo jujeño también tuvo una buena cosecha. Los kirchneristas Liliana Fellner y Guillermo Jenefes votaron en contra luego de hacer no pocas piruetas para justificar el rechazo. Luego de decir que los senadores garantizan el repudio contra toda forma de discriminación con las leyes que aprueban, Fellner destacó que el Protocolo lo único que hace es “darle más poder al Comité”. Esbozó que había un menoscabo para la soberanía e incluso dedicó unos minutos para criticar el reciente encuentro de Mujeres Autoconvocadas que se realizó en Jujuy. “Más que encuentro fue un desencuentro”, dijo.

El radical jujeño Gerardo Morales dijo que también recibió la nota que habían recibido los kirchneristas en la que se le pedía que rechazara el Protocolo. “He recibido el pedido del obispo Palentini para rechazar el Protocolo”, arrancó Morales. Recordó que el obispo se había pronunciado a favor de la reforma constitucional que impulsa el gobernador jujeño Eduardo Fellner. El radical dijo que no era una norma inocua, que si no se la aprobaba no pasaba nada, sino que “garantizaba derechos”. Luego de decir que no se avanzaba sobre la soberanía y de afirmar que “la Argentina tiene que formar parte de la comunidad internacional”, destacó que era importante ratificar el Protocolo “para evitar que venga un dictador democrático que no sea progresista que quiera avanzar sobre los derechos”.

Lejos de las bombas de mal olor con las que Quebracho había protestado contra la ley de Hidrocarburos, los grupos feministas regaron el recinto con prolijos volantes que reclamaban: “Protocolo Cedaw ya”.

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Protocolo de la Convención contra la Discriminación de las Mujeres (Cedaw)

Jueves, 02 de Noviembre de 2006

Historia de demoras

El Protocolo de la Convención contra la Discriminación de las Mujeres (Cedaw, por su sigla en inglés) es un instrumento sancionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1979 que busca garantizar la igualdad de género en todo el mundo. El Estado nacional aprobó la convención, a partir de la reforma constitucional de 1994, pero dilató la aprobación del protocolo facultativo. De esta forma, la Argentina figuró en el ranking como el único país del Mercosur y de América latina en deuda en la lucha contra la desigualdad y la eliminación de todas las formas de maltrato contra las mujeres.

Durante los dos gobiernos que precedieron a la época menemista no hubo avances, pese al reclamo mancomunado de las organizaciones sociales. Tanto el gobierno de la Alianza como la gestión de Eduardo Duhalde pidieron al Congreso de la Nación la aprobación de este instrumento internacional. Sin embargo, las presiones ejercidas por la Iglesia Católica frustraron cada uno de estos intentos. Duhalde finalmente retiró la iniciativa.

Desde la cúpula eclesiástica mantienen la tesitura de que su aprobación “abre las puertas a la despenalización del aborto”. Esta postura viene siendo sostenida por representantes de organizaciones católicas, que pedían a los legisladores no aprobar un tratado que supuestamente va “contra del derecho a la vida”.

El actual gobierno, encabezado por Néstor Kirchner, remarcó públicamente y en más de una oportunidad la necesidad de sancionar este protocolo, aunque su tratamiento resultó demorado al no conseguir el oficialismo los votos necesarios para su aprobación.

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Que la discriminación sea delito federal

Miércoles, 01 de Noviembre de 2006

Una propuesta oficial para que la discriminación sea delito federal

Presentaron el Plan Nacional contra la Discriminación que había provocado rechazo en la Conferencia Episcopal Argentina.

Lubertino propuso ratificar por ley el Protocolo de la Cedaw.

Las leyes necesarias para bajar los índices de discriminación en la Argentina fueron impulsadas ayer en una conferencia pública que, en el Salón Azul del edificio del Congreso, dieron la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi), María José Lubertino, y el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli. Ante un auditorio lleno de representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, travestis, gays, lesbianas, migrantes, refugiados, adultos mayores y jóvenes, Lubertino habló de la “necesidad de acelerar los cambios” acordes con la política ya marcada por el gobierno nacional “no sólo para reparar los desastres del pasado”, sino para “ponernos en el presente del siglo XXI”. Entre las propuestas más subrayadas por la propia presidenta del Inadi estuvo la necesidad de una ley que convierta la discriminación en un delito federal.

En realidad, el Plan Nacional Contra la Discriminación es un texto de más de 260 páginas que incluye 250 propuestas rubricadas con la firma del presidente Néstor Kirchner en el decreto 1086 y que van desde la unión de gays y lesbianas hasta el fin del clientelismo como una práctica discriminadora. El voltaje político de las medidas señaladas allí y elaboradas por un equipo de expertos a partir de la Conferencia Mundial Contra el Racismo y la Discriminación de Durban, Sudáfrica, ha suscitado reacciones entre los sectores más conservadores de la Iglesia Católica.

De hecho, en cartas dirigidas a todos los legisladores, según informó en su momento en exclusiva Página/12, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó sus resquemores sobre todo ante las uniones entre personas del mismo sexo y las observaciones sobre las tasas de muerte por abortos ilegales de las mujeres más pobres.

Ayer, ante Scioli y la diputada Patricia Vaca Narvaja, la presidenta del Inadi presentó además su proyecto de gestión para cuatro años: el principal objetivo del Instituto será la federalización. Lubertino quiere que se abran oficinas para recibir denuncias y elaborar políticas antidiscriminatorias a lo largo de todo el país. “Una de las medidas legislativas que nos parecen importantes es la ratificación del Protocolo de la Cedaw, para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer”, dijo ayer Lubertino. A esto se le suman, entre otras medidas, la eliminación de los artículos discriminatorios de los códigos de falta y contravencionales de todo el país y la legalización del matrimonio para personas del mismo sexo.

Algunas de las propuestas del Plan Nacional contra la Discriminación ya tienen su reflejo en proyectos de ley en el Congreso nacional. Otras son del ámbito local o provincial, como la eliminación de los códigos de falta. Pero lo cierto es que muchos tienen ya texto y son impulsados por el oficialismo, como el de suspender los desalojos de Pueblos Originarios. También está ya redactado y en comisión el proyecto para una nueva ley nacional de unión civil para parejas de un mismo sexo con garantías similares a las parejas heterosexuales y otra para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones para gays y lesbianas. “Argentina salió para adelante gracias a todos, sin distinción de raza, credo, género o bandera política. Por ello hoy sumamos las propuestas de reformas legislativas del Inadi. El Congreso es el ámbito natural para las políticas de Estado que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y el pleno ejercicio de la libertad”, dijo el vicepresidente Scioli.

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"La posición del Papa es oscurantista y peligrosa"

ENTREVISTA: PAOLO FLORES D'ARCAIS Filósofo

"La posición del Papa es oscurantista y peligrosa"

FRANCES ARROYO - Barcelona

EL PAÍS - Sociedad - 30-10-2006

Paolo Flores d'Arcais (Italia, 1944) es profesor de Filosofía en Roma y fundador de MicroMega, una de las revistas de pensamiento de referencia en Europa. Flores d'Arcais, que ha polemizado con Joseph Ratzinger sobre las relación entre la razón y la fe, es uno de los autores más vivos de la filosofía contemporánea. Recientemente participó en Barcelona en un encuentro sobre Teologías del Poder en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

En su intervención defendió que no hay enfrentamiento alguno entre el cristianismo representado por Benedicto XVI y el Islam. Al contrario. El Papa lo que ha propuesto es una alianza de las dos religiones frente al laicismo que pretende organizar la vida pública "como si Dios no existiera".

Pregunta. No es la primera vez que polemiza usted con Joseph Ratzinger.

Respuesta. No. Ya mantuve con él un diálogo cuando era cardenal. Versaba sobre la fe y la razón. No ha sido traducido al castellano. Fue un diálogo duro, enérgico.

P. Usted sostiene que los conflictos sociales se encarnizan si se utiliza la idea de Dios.

R. La idea central es que la modernidad nace con la frase de Hugo Grocio: "Como si Dios no existiera". Lo que dice es que en la vida pública el Estado debe legislar como si Dios no existiera. Se trataba de basar la vida pública en el laicismo para salir de la situación endémica de guerra civil de sustrato religioso que había estado destruyendo Europa durante tres siglos y medio.

P. Y el Papa no está de acuerdo.

R. El Papa actual no sólo la discute, sostiene que incluso en la vida pública la religión tiene que tener un peso. Intenta invertir la idea central de la modernidad. Sostiene que en la vida pública, creyentes y no creyentes deben comportarse como si Dios existiera. Se trata de una estrategia radical que cuestiona toda la modernidad y constituye una especie de teología de la reconquista, una expresión que tiene mayor significado aún en español que en italiano o francés. El Papa está convencido de que la raíz de todos los males modernos está en la Ilustración. Juan pablo II decía que el gran mal del siglo XX era el totalitarismo, cuya raíz estaba en la Ilustración que pretende que el hombre es autónomo y puede legislar prescindiendo de la idea de trascendencia. Juan Pablo II y Benedicto XVI coinciden en que esta pretensión de autonomía lleva al nihilismo y a la destrucción del hombre por los totalitarismos.

P. De modo que el problema es la ingerencia de la Iglesia en la vida política.

R. Benedicto XVI invierte el discurso de la modernidad y sostiene que la libertad, la democracia, la convivencia sólo pueden ser defendidas desde la religión mientras que el laicismo destruye la libertad, la democracia, la convivencia. Lo que hace es una inversión también de la realidad.

P. ¿Por qué?

R. Nuestra sociedad es pluralista desde el punto de vista moral. Yo soy ateo, pero en una sala puede haber cristianos que interpretan el cristianismo de modo diversos, musulmanes que hacen lo mismo con el Islam, hebreos de diferentes tendencia y no creyentes, pero cada uno tiene su propio sistema de valores morales que, seguramente, no coinciden. Esa es la realidad de la sociedad moderna. Y cada uno está convencido de que sus valores son los más justos, de lo contrario no los asumiría o los cambiaría. Pero para convivir juntos debemos aceptar que los valores morales propios no pueden ser impuestos a los demás, hay que aceptar que los valores morales son relativos. El Papa define esta situación como una dictadura del relativismo, dándole una connotación negativa. Lo que él llama dictadura del relativismo es el horizonte del pluralismo.

P. Pero lo contrario del relativismo sería el absolutismo.

R. En efecto, si el Papa sostiene que el gran mal del mundo es la dictadura del relativismo, es decir, el pluralismo, la única respuesta es el retorno a la Verdad con mayúscula. Es decir, él propone que todos los hombres deben obedecer la Ley natural, sólo que ¿quién decide cuál es la ley natural? El Papa pretende que la única Ley natural es la que coincide con la doctrina católica. Y espera que las otras religiones se reconozcan en algunos principios morales frente a las tendencias a la secularización de la modernidad.

P. Una pretensión compleja.

R. Y contradictoria. El Papa defiende que la Ley natural impone el matrimonio indisoluble, el rechazo al aborto, la negación de la libertad sexual y de la homosexualidad. Pero ni siquiera en estos asuntos va a conseguir un acuerdo con las otras religiones. El Islam no considera el matrimonio indisoluble y consiente la poligamia. La posición del Papa es oscurantista y peligrosa para las libertades individuales y los derechos civiles a los que está habituada Europa. Pero es también contradictoria, porque no es verdad que si la esfera pública se organizase bajo el principio "como si Dios existiera" desparezcan los conflictos. Primero, no hay un Dios único. Al menos hay tres: el del Antiguo Testamento, el del Cristianismo y el del Islam. Y ninguno de los tres es interpretado de modo uniforme.

P. Esto llevaría de nuevo a las guerras de religión. Al choque de civilizaciones.

R. Ratzinger ha dicho claramente, hablando del choque de civilizaciones, que no es entre el Cristianismo y el Islam. Es un choque entre la civilización religiosa y la civilización sin Dios. Esta idea cuestiona las conquistas de libertad de los últimos tres siglos. Y es contradictoria. Su discurso ha provocado en gran escándalo entre los países islámicos, pese a que no cuestionaba al Islam sino a las sociedades laicas. Ofrecía un pacto al Islam frente a los sin dios.

P. ¿A qué atribuye usted este resurgir de la teocracia?

R. Hay muchos factores, algunos coyunturales. El miedo al Islam, a los atentados, al terrorismo, que en el imaginario colectivo está asociado al Islam, lleva a pensar que hay que volver a una identidad que nos defienda del Islam. Pero hay un fenómeno más profundo aún ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el principio de una sociedad basada en la autonomía del individuo y milenios de historia en los que el poder no estaba en los hombres sino que procedía de otro? Cuando ocurría eso, nadie era libre, pero todos tenían la certeza de su posición en el mundo, una certeza metafísica sobre el sentido del cosmos, del hombre de la vida. No había libertad, pero había certeza.

Cuando el hombre se convierte en autónomo, gana la libertad pero pierde la certeza sobre el sentido. La democracia promete a todos el poder sobre lo humano, a cambio de esa pérdida de sentido. Si esa promesa no se mantiene, si en realidad la democracia son formas de vida en las que no es verdad que día a día seamos dueños de nuestra propia vida, entonces la democracia no mantiene lo que promete, entonces se busca el sentido en la religión, en la superstición. O en forma de identidad. Esa es la cuestión del fondo: la democracia no mantiene sus promesas. Lo que ocurre es que las invocaciones de Dios no suavizan las diferencias, las enconan. Ya no se discute sobre la propia opinión sino sobre la voluntad de Dios. El conflicto es más duro, porque es entre absolutos y, además, el combate se hace con Dios al lado.

http://www.elpais.es/articulo/sociedad/posicion/Papa/oscurantista/peligrosa/elpporsoc/20061030elpepisoc_7/Tes/

LA IGLESIA Y LAS LEYES EN AMERICA LATINA

DEL LAICISMO A LA CONTRARREFORMA

LA IGLESIA Y LAS LEYES EN AMERICA LATINA

Por: Edgar González Ruiz (ADITAL)*

(Fecha publicación:28/04/2004)

La Iglesia Católica mantiene una enorme influencia en las leyes y en la política de las naciones latinoamericanas, lo cual a su vez es premisa para la acción de sectores derechistas que se oponen al laicismo y a las libertades individuales. A lo largo de la historia, la jerarquía católica ha actuado como una fuerza intervencionista que pretende establecer lineamientos supranacionales en los países de extracción católica.

En algunos casos, como México y Guatemala mediante un largo proceso que ha contemplado desde los acuerdos de cúpula hasta las alianzas con militares golpistas la jerarquía católica ha logrado eliminar leyes y costumbres políticas derivadas de las revoluciones liberales, que subrayaban la separación entre la Iglesia y el Estado. En México, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó de 1988 a 94 en estrecha alianza con la jerarquía católica y la extrema derecha anuló leyes que negaban personalidad jurídica a las iglesias y prohibían la intervención del clero en la educación. Empero, el apego de la sociedad mexicana a principios liberales ha impedido que posteriores gobernantes, incluso el católico Vicente Fox otorguen mayores ventajas al clero. En Guatemala, la jerarquía ha obtenido mayores concesiones apoyando a militares golpistas, desde Carlos Castillo Armas, en 1954. A la fecha, sólo las constituciones de México, Nicaragua y Cuba, caso sui generis en Latinoamérica, por definirse como un estado socialista, mantienen preceptos que subrayan el laicismo y excluyen invocaciones o símbolos religiosos.

Cabe destacar, sin embargo, que en Nicaragua, desde la llegada al poder de Violeta Chamorro, la extrema derecha católica ha tenido una gran participación en esferas gubernamentales y se han promulgado leyes secundarias que siguen su orientación.

En otras naciones, no se ha logrado romper la inveterada presencia del clero en las instituciones políticas, económicas y militares, de tal suerte que esos estados siguen reconociendo un carácter privilegiado a la Iglesia Católica e incluso la obligación de sostenerla.

Así, el artículo tercero de la Constitución Política de Bolivia, promulgada en 1967 y reformada en 1999, establece que 'El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica, romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede'.

Otros países que establecen una relación orgánica entre el Estado y la Iglesia son Argentina y Costa Rica. La Constitución de la Nación Argentina, del 22 de agosto de 1994 dice en su artículo segundo: 'El Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico, romano', si bien artículo 14 establece la libertad de cultos.

El Artículo 75 de la Constitución de Costa Rica dice que 'La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres'.

Las constituciones de Guatemala, El Salvador, Perú, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil, Argentina y Venezuela contienen en su preámbulo una invocación a Dios.

La Constitución Política de la República Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional el 20 de julio de 2002, establece en su artículo 96 que ' El escudo de armas de la República…llevará en el centro el libro de los Evangelios, abierto, con una cruz encima…estará coronado por una cinta azul ultramar en la cual se leerá el lema: Dios, Patria y Libertad…'

Todas las constituciones latinoamericanas reconocen la libertad de cultos, sin embargo, como se ha mencionado, varias de ellas establecen un estatus privilegiado para la Iglesia Católica, como la de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, que contempla en su artículo 37 el reconocimiento de la personalidad jurídica de las iglesias pero otorgando un trato preferencial a la Católica, cuyo reconocimiento es incondicionado, a diferencia de las otras iglesias. En lo referente a la propiedad de los bienes inmuebles, ese artículo también establece condiciones de privilegio para el clero católico.

El artículo 25 de la constitución de El Salvador afirma: 'Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas.' Pero según el artículo 26: 'Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad.'

En Panamá, el artículo 35 de la Constitución Política de 1972, reformada en 1978, establece: 'Es libre la profesión de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce que la religión católica es la de la mayoría de los panameños'

Aunque la Constitución de Perú reconoce la libertad de cultos, en su artículo 50 dice: 'Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración'.

Para normar las relaciones entre el gobierno peruano y la Iglesia Católica se estableció el concordato del 19 de julio de 1980, entre el gobierno militar representado por su ministro de Relaciones Exteriores, Arturo García, y el enviado de Juan Pablo II, monseñor Mario Tagiaferri. El decreto ley no 23211, del 25 de junio de 1980, acerca de ese concordato otorgó 'a la Iglesia Católica plena independencia y autonomía y plena capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes así como para recibir ayuda del exterior y para el otorgamiento de exoneraciones, beneficios tributarios y franquicias, entre otros'. Hay además, otras leyes peruanas que establecen privilegios para los religiosos católicos, desde exceptuarlos del servicio militar hasta de diversos tipos de impuestos, además de que sus jerarcas reciben asignaciones económicas por parte del Estado.

La Constitución de la República de Paraguay, de 1992, garantiza en su artículo 24 la libertad religiosa, la de culto y al ideológica, establece que 'ninguna confesión tendrá carácter oficial' y que 'Las relaciones del Estado con la iglesia católica se basan en la independencia, cooperación y autonomía'; a la vez que en su artículo 82 reconoce '…el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la Nación'.

En países como Ecuador y República Dominicana existen vicarías castrenses, que tienen una gran influencia. En el primero de ellos dicha institución fue creada el 3 de agosto de 1978 en virtud del Acuerdo entre la República del Ecuador y la Santa Sede sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El 12 de agosto de 1982, la Cámara Nacional de Representantes aprobó el Acuerdo con ciertas puntualizaciones acordadas el 6 de julio de ese año entre ambos gobiernos. Según el mismo, el vicario castrense será nombrado por la Santa Sede, previo acuerdo con el gobierno del Ecuador (artículo tres), y tratará directamente con el Ministro de la Defensa Nacional (artículo cuatro), reclutará su clero entre los sacerdotes diocesanos o religiosos debidamente autorizados por sus obispos o superiores (artículo cinco), además (artículo séptimo): 'La Jurisdicción del Vicario Castrense y de los Capellanes es personal y se extiende a los miembros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía en servicio activo, incluyendo los auxiliares y empleados, sus familiares y sus domésticos, que convivan con ellos en los establecimientos militares'.

En otros casos, como el de la constitución de Brasil, en su artículo quinto, se asegura 'en los términos de la ley, la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de internamiento colectivo'.

Muchos países de América Latina admiten la educación religiosa tanto en la esfera pública como privada, pero con condiciones para salvaguardar la libertad de conciencia y varias constituciones mantienen prohibiciones para la actividad político electoral del clero. Por ejemplo, el artículo 82 de la constitución de El Salvador establece que 'Los ministros de cualquier culto religioso, los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada y los miembros de la Policía Nacional Civil no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular. Tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna forma'.

El artículo 75 de la constitución de Honduras prescribe que 'Los ministros de las diversas religiones, no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo'.

El artículo 28 de la constitución de Costa Rica establece que no se podrá hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.'

Asimismo, según el artículo 73 de la Constitución de Colombia 'Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.' De acuerdo con el artículo 197 de la Constitución de Paraguay no pueden ser candidatos a senadores ni a diputados, los ministros o religiosos de cualquier credo.

La ley del Papa

El catolicismo siempre ha promovido en diversas formas una moral sexual basada en la abstinencia, aspecto que con increíble persistencia Juan Pablo II ha convertido en el meollo de sus predicaciones y encíclicas.

Hoy en día, a través de coaliciones interamericanas y de instituciones como el Consejo Pontificio para la Familia, el Vaticano intenta introducir en los países latinoamericanos reformas afines a sus ideas, como la implantación del Día del Nonato, del 'Derecho a la Vida desde la Concepción', o del 'Derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones', formulaciones eufemísticas, respectivamente, de la política de castigar a las mujeres que aborten bajo cualquier circunstancia, y de la educación religiosa en las instituciones públicas.

En particular, el llamado 'Derecho a la Vida desde la Concepción', implantado ya en varios países de la región es entendido por los grupos conservadores como el marco jurídico que avala su oposición a los derechos sexuales y reproductivos.

Por ejemplo, la Constitución del Perú promulgada en 1993 para sustituir a la de 1979, establecía en su artículo segundo que '...El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece' . El 3 de octubre de 2002, el pleno del congreso peruano aprobó un cambio al artículo 2 de la constitución, para establecer que 'está prohibido el aborto, salvo la excepción permitida por la ley'. Dicha excepción es cuando la continuación el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer. Los obispos peruanos condenaron tajantemente esta reforma por hacer referencia a dicha excepción, la cual, dijeron 'abre la puerta a la legalización del procedimiento'.

Frecuentemente, la jerarquía y sus aliados aducen que el 'derecho a la vida desde la concepción' elimina todas las cláusulas de no punibilidad del aborto, que reconocen los códigos penales de muchos países, así como el recurso a la anticoncepción de emergencia y a los dispositivos intrauterinos, a los que califican de 'abortivos'.

El 15 de diciembre de 1999 se aprobó en referéndum un nuevo texto para la Constitución de Venezuela, donde se reconoció el llamado el 'derecho a la vida desde la concepción'. Pese a ello, los obispos insistieron en que se incluyera la frase final 'hasta la muerte natural', para poder prohibir no sólo el aborto sino también la eutanasia. Grupos conservadores de ese país fueron más lejos al calificar a la legislación como 'proabortista' porque, según ellos, al estar expresada en términos generales no protegía al niño no nacido 'en todos los casos'.

La constitución de Ecuador, en su artículo 49 contempla el llamado 'derecho a la vida desde la concepción' en los siguientes términos: 'Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción'.

La Constitución Política de El Salvador, de 1983, reformada en el año 2000, en su artículo primero 'reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción...'.

La Constitución de 1982 de la República de Honduras, reformada en 1999, en su artículo 67 que 'Al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la Ley'.

La Constitución de Paraguay en su artículo 4 dice: 'El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción…'.

En Bolivia, el artículo segundo del Código del Niño, Niña y Adolescente afirma: 'Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos'.

En México, pese a los esfuerzos de la jerarquía y de grupos provida no se ha logrado establecer, excepto en 1993 en el estado de Chihuahua, el 'derecho a la vida desde la concepción'.

Otro proyecto al que otorga gran importancia la jerarquía católica es la prohibición del divorcio, pero poco han podido lograr en ese ámbito, en el que durante mucho tiempo Chile fue sido un caso excepcional. En ese país, Juan de Dios Vial Correa, ex rector de la Universidad Católica, y presidente de la Pontificia Academia para la Vida, creada por Juan Pablo II en 1994 ha estado defendiendo el 'derecho al matrimonio indisoluble', es decir, a casarse sin opción al divorcio. En una conferencia dictada en 2002, Luis Garza Medina, superior de la orden mexicana de los Legionarios de Cristo, dijo a jóvenes chilenos: '…Ustedes pertenecen a un país que es algo así como el último bastión. No tienen divorcio, no tienen aborto, es un país sano, tienen una serie de principios y tradiciones'. Sin embargo, en marzo de 2004 se aprobó en Chile la posibilidad legal del divorcio, con lo cual sólo Malta y Filipinas siguen prohibiéndolo. Asimismo, a pesar de la oposición de la jerarquía en muchos países latinoamericanos se han establecido leyes que promueven la educación sexual y la planificación familiar.

http://www.argenpress.info/nota.asp?num=011088