Respuesta de la CTERA ante las declaraciones de la Asamblea Episcopal
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LOS INTERESES CORPORATIVOS
Respuesta de la CTERA ante las declaraciones de la Asamblea Episcopal
1 - Que durante más de una década, el sistema educativo argentino sufrió las consecuencias de la deserción del Estado Nacional, con la gravísima secuela de desigualdad y fragmentación que castigó particularmente a las comunidades más pobres.
Esgrimir el argumento del supuesto avance sobre las autonomías provinciales que se derivaría de la reasunción de responsabilidades por parte del Estado Nacional en el texto de la Nueva Ley significa introducir un falso eje de debate. Al mismo tiempo constituye una lamentable coincidencia con las manifestaciones de menemismo nostálgico del gobernador de Salta Juan Carlos Romero.
Reafirmamos, tal como se estipula en el borrador de la Nueva Ley, la necesidad de que el Estado Nacional se haga cargo de una parte del sostenimiento de la educación para revertir las desigualdades entre las provincias y generar justicia en el acceso al derecho a la educación de los que menos tienen.
2 - Que el subsidio amplio e indiscriminado que se reclama para las escuelas privadas como definición principista, debe ser normado para no caer en el anacronismo de que un Estado que financia todavía con grandes limitaciones a las escuelas oficiales, no subvencione a los emprendimientos educacionales con fines de lucro.
Por ello, reafirmamos el criterio definido con amplio consenso social de que el otorgamiento de subsidios debe estar regido por criterios objetivos relacionados con la función social que dichos establecimientos cumplan.
Por último, la CTERA reafirma que el deber del Estado es garantizar el pleno ejercicio al derecho social de la educación y no hacerse cargo de velar por intereses corporativos.
Alejandro Demichelis
Secretario de Prensa
CTERA
Hugo Yasky
Secretario General
http://www.ctera.org.ar/item-info.shtml?x=60349
1 - Que durante más de una década, el sistema educativo argentino sufrió las consecuencias de la deserción del Estado Nacional, con la gravísima secuela de desigualdad y fragmentación que castigó particularmente a las comunidades más pobres.
Esgrimir el argumento del supuesto avance sobre las autonomías provinciales que se derivaría de la reasunción de responsabilidades por parte del Estado Nacional en el texto de la Nueva Ley significa introducir un falso eje de debate. Al mismo tiempo constituye una lamentable coincidencia con las manifestaciones de menemismo nostálgico del gobernador de Salta Juan Carlos Romero.
Reafirmamos, tal como se estipula en el borrador de la Nueva Ley, la necesidad de que el Estado Nacional se haga cargo de una parte del sostenimiento de la educación para revertir las desigualdades entre las provincias y generar justicia en el acceso al derecho a la educación de los que menos tienen.
2 - Que el subsidio amplio e indiscriminado que se reclama para las escuelas privadas como definición principista, debe ser normado para no caer en el anacronismo de que un Estado que financia todavía con grandes limitaciones a las escuelas oficiales, no subvencione a los emprendimientos educacionales con fines de lucro.
Por ello, reafirmamos el criterio definido con amplio consenso social de que el otorgamiento de subsidios debe estar regido por criterios objetivos relacionados con la función social que dichos establecimientos cumplan.
Por último, la CTERA reafirma que el deber del Estado es garantizar el pleno ejercicio al derecho social de la educación y no hacerse cargo de velar por intereses corporativos.
Alejandro Demichelis
Secretario de Prensa
CTERA
Hugo Yasky
Secretario General
http://www.ctera.org.ar/item-info.shtml?x=60349
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