TRANPARENCIA INTERNACIONAL, PRO VIDA = ?

CORRUPCIÓN
PRO VIDA, ONG
Caso Provida, en el Informe 2006 de Transparencia Internacional

Criterios.com |
Publicado el 2006-02-01 14:51:23

La corrupción afecta las políticas de salud en México

México, 1 Febrero.- El escándalo de Provida, donde el gobierno de
Vicente Fox desvió 30 millones de pesos, es usada por Transparencia Internacional en su Informe Global de la Corrupción 2006 como una muestra de la corrupción que afecta las políticas de salud y las prioridades de gastos y cómo los funcionarios públicos han abusado del poder para desviar fondos hacia sus proyectos "favoritos", independientemente de su coherencia con políticas sanitarias consensuadas.

Bajo el título 'Auditoría Ciudadana' en México revela los caminos de la corrupción, Helena Hofbauer, directora ejecutiva de Fundar de México afirma en el Informe Global de la Corrupción 2006 que a fines de 2002, cuando se discutía el presupuesto de 2003, el Congreso mexicano anunció un desembolso de 600 millones de pesos (US$ 56,5 millones) de fondos adicionales para programas que promovieran la salud de la mujer. El Presidente de la Comisión de Presupuesto envió instrucciones a tal efecto al Ministerio de Salud. Se incluía una declaración que establecía que 30 millones de pesos (US$ 2,8 millones) debían ser reasignados a una organización privada, Provida, como parte de la iniciativa para la salud de la mujer.

Recuerda que originalmente, la suma había sido asignada a campañas de salud pública para VIH/SIDA. Seis organizaciones mexicanas de la sociedad civil (OSCs) – Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana; y Salud Integral para la Mujer –lanzaron una investigación de porqué había sido alterado el presupuesto. Las seis se embarcaron en una investigación que llevó mucho tiempo y acabó durando 18 meses durante los cuales se documentaron irregularidades evidentes. Muchos de los esfuerzos de las OSC fueron posibles porque México implementó una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en junio de 2002.

Las organizaciones descubrieron un pedido de fondos que Provida presentó al Ministerio de Salud el 3 de diciembre de 2002 por 30 millones de pesos, así como también una confirmación de los Ministerios de Economía y Salud para que 30 millones de pesos fueran otorgados a la comisión nacional de Provida. También descubrieron el acuerdo firmado entre el administrador de becas y Provida, un informe de impacto social y financiero presentado por Provida sobre el uso de los recursos y un archivo financiero de 6.525 páginas con facturas que detallaban como se habían gastado los 30 millones de pesos.

Con este conocimiento, las OSC comenzaron a seguir su propio camino de auditoría, de cómo Provida había gastado los 30 millones de pesos de los contribuyentes en 2003. Encontraron pruebas de uso indebido y
corrupción. Más del 80% de los fondos fueron utilizados para contratar servicios de firmas de relaciones públicas para trabajos tales como una campaña contra el suministro de anticonceptivos de emergencia para
las mujeres. También se pagó dinero a una agencia importadora de instrumental médico con sobre-precios, y se alquiló un salón de fiesta. Las dos empresas y el dueño del salón de fiesta compartían con Provida la dirección, números de teléfono y director administrativo.

Las OSC también descubrieron que Provida había comprado lapiceras de lujo, ropa y mercaderías con algo de los fondos. Los documentos presentaban serias incoherencias fiscales. Recibos con fecha de octubre de 2003 de productos adquiridos en Julio de 2003. Además, las OSC hicieron algunas observaciones sobre violaciones en los procedimientos que habían tenido lugar. Primero, el presidente de la Comisión de Presupuesto no puede hablar por el plenario, ni dar instrucciones al Ministro; segundo, el Congreso no puede asignar dinero a organizaciones privadas, especialmente si se ha extraído de los programas públicos; tercero, el Ministerio de Salud sólo puede desembolsar recursos para ONG a través de un proceso público abierto,
luego de pedirvarias ofertas; y cuarto, la postura radical de Próvida se contradice con políticas significativas de salud pública de México dado que se opone activamente a la prevención del VIH/SIDA mediante el uso de condones, y rechaza sistemáticamente el derecho al aborto otorgado a mujeres violadas.

Con esta evidencia condenatoria, las OSC divulgaron su 'auditoría ciudadana' en una conferencia de prensa en junio de 2004 en la que lanzaron una campaña pidiendo la transparencia y responsabilidad, apoyadas por 700 ONG de México. La campaña solicitaba que el Ministerio de Salud explicara públicamente sus razones para financiar una organización privada que abogaba por políticas de salud contrarias al gobierno; que el gobierno llevara a cabo una auditoría oficial de los 30 millones de pesos y aclarara la responsabilidad de los
funcionarios del gobierno involucrados y la del representante legal de Provida; que se devolvieran los 30 millones de pesos al presupuesto del estado; y que se originara e implementara la legislación necesaria
para evitar trasgresiones similares con dinero del gobierno.

La campaña se convirtió en foco de atención nacional, golpeando a los titulares de los medios mexicanos durante un mes. Como resultado de la creciente presión del gobierno, el Congreso votó unánimemente en julio de 2004 convocar al Ministro de Salud para explicar el uso de los 30 millones de pesos y apresurar la auditoría oficial en curso. Poco tiempo después, el ministro pidió la devolución de los 30 millones de
pesos y canceló el contrato con Provida, suspendiendo la distribución de fondos adicionales a la organización durante 2004.

En septiembre de 2004, el Contralor Interno, responsable de iniciar las auditorías dentro del Poder Ejecutivo del gobierno, emitió los resultados de la auditoría oficial, que corrobora las irregularidades identificadas por las OSC. A fines de marzo de 2005, la fecha permitida más temprana, el Auditor General (del Poder Legislativo) también emitió los resultados del caso. Pero el informe del Auditor General iba aún más lejos, y establecía que el 90% del dinero que recibió Provida del gobierno fue utilizado de manera inadecuada. Por lo tanto, el Senado pidió que se iniciara un proceso judicial contra Próvida y sus representantes legales.

En abril de 2005, el Síndico removió a tres funcionarios de la cabeza del Ministerio del Salud que entregaron los recursos sin un proceso público; e inhabilitó al representante legal de Provida, Jorge Serrano Limón, para ocupar un cargo público y lo multó con 13 millones de pesos. Los 30 millones de pesos no han sido devueltos, la multa no ha sido pagada y el proceso judicial sigue en curso. Sin embargo, las OCS han promovido efectivamente la causa por mayor transparencia de modo importante. Demostraron el importante rol que las OSC pueden cumplir para que el gobierno se haga responsable, utilizando el marco legal del país. En particular, mostraron el valor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en la promoción de procesos que no hubieran sido posibles tres años atrás. Esta fue la primera vez que las OSC
rastrearon la mala asignación de recursos y su uso corrupto en todo el proceso del presupuesto. Fue posible identificar lo que había sucedido, auditar la ejecución de los recursos y alcanzar la etapa de supervisión del proceso para buscar la compensación. El mal uso de los recursos y la corrupción destacados por las OSC fueron confirmados por las instituciones oficiales y hubo acciones posteriores Se sentó precedente dado que la Ley de Responsabilidad de los Oficiales Públicos (en vigencia desde 1982, con varias reformas) fue aplicada
por primera vez a un individuo (Serrano Limón), quien hizo un uso indebido de los recursos públicos.

Fueron enfatizadas las inconsistencias entre las políticas de salud públicas y las actividades de Próvida, y los centros de salud que se deberían haber construido y gestionado con los 30 millones de pesos han sido desde entonces supervisados cuidadosamente para asegurar prácticas legítimas.

La unidad administrativa del Ministerio de Salud responsable de la distribución de los recursos entre las OSC revisó sus políticas y por primera vez, sus procedimientos son de dominio público.