Transparencia Intenacional, Pro vida = ??

Demanda ciudadana por transparencia y rendición de cuentas en el presupuesto, México

http://www.internationalbudget.org/resources/boletin23.htm

En la discusión presupuestaria para el ejercicio 2003, la Cámara de Diputados otorgó recursos presupuestales adicionales por 600 millones de pesos para salud de las mujeres y otros programas. De esta cantidad fueron extraídos arbitrariamente 30 millones para otorgárselos a la organización privada “Pro-Vida”, para instalar y reforzar "Centros de Ayuda para la Mujer". Estos recursos, originalmente, se habían etiquetado para el combate y prevención del VIH-SIDA.
A partir de este hecho, seis organizaciones de la sociedad civil iniciaron una investigación, que comenzó documentando la irregularidad que llevó a cabo el diputado Luis Pazos, Presidente de la Comisión de Presupuesto, excediendo sus facultades. A pesar de que se inició una labor de búsqueda de información para documentar esta irregularidad, la poca transparencia del poder legislativo no permitió tener acceso a todos los documentos necesarios.
Con la entrada en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en junio 2002, fue posible obtener la siguiente información:

• La confirmación por parte de la Secretaría de Hacienda de la asignación de 30 millones de pesos al Comité Nacional Pro-Vida AC.
• La solicitud de recursos que Pro-Vida presentó a la Secretaría de Salud el día 3 de diciembre del 2002.
• El convenio firmado entre la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y el Comité Nacional Pro-Vida AC.
• El reporte financiero y el de impacto social de los recursos ya ejercidos.
• El expediente financiero con 6525 hojas con copias de las facturas que amparan el gasto de los 30 millones.
• La confirmación por parte de la Secretaría de Salud, de que en 2004 se habían asignado otra vez 30 millones a Pro-Vida.

Debido a que los recursos del 2003 ya se habían ejercido, las organizaciones decidieron indagar en qué se habían gastado. Las conclusiones de la auditoria ciudadana apuntaban a una clara malversación de recursos públicos.
Más del 80% de los recursos se utilizaron para contratar a tres empresas: una de publicidad, una importadora de inmobiliario y equipo médico y un salón de fiestas. Estas tres empresas están ligadas con Pro-Vida, compartiendo dirección, teléfono y director administrativo. En sus facturas hay irregularidades graves, tales como el hecho de que se adquirieron productos en julio, con facturas impresas en octubre del mismo año. Adicionalmente, se pudo documentar la compra de plumas, ropa y despensas de lujo.
Se dieron a conocer a la opinión pública los resultados de la auditoria y se lanzó una campaña de transparencia, respaldada por más de 700 organizaciones a nivel nacional. En esta campaña se exigió:

• Que la Secretaría de Salud explique públicamente las razones de financiar a una organización privada que contradice las políticas públicas de salud.
• Que se auditen los recursos y se deslinden responsabilidades;
• Que se exija la devolución de los 30 millones y su reintegración al presupuesto del VIH/SIDA; y,
• Que el Poder Legislativo legisle respecto a los vacíos legales que permiten ese tipo de discrecionalidades en la asignación y ejecución del presupuesto.

Se logró un exitoso impacto a nivel nacional en los medios de comunicación: durante dos semanas la campaña fue el centro de la noticia, saliendo en más de 10 periódicos, 20 noticieros radiofónicos y 7 noticieros televisivos, como la noticia principal. El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad dos puntos de acuerdo, en los cuales:

• Se solicitó a comparecer al Secretario de Salud.
• Se solicitó acelerar la auditoria oficial que se está llevando a cabo.
• Se aprobó la conformación de una comisión especial bicameral para que investigue el caso desde sus inicios.

Además:

• La Secretaría de Salud solicitó la devolución de los 30 millones.

• La Secretaría de Salud canceló el contrato que tenía con el Comité Nacional Pro-Vida, suspendiendo así los recursos para el 2004 y 2005.

La experiencia del monitoreo ciudadano está siendo analizada y comentada por los intelectuales más destacados del país y se convirtió en un tema de conversación de la población sobre el uso de los recursos públicos provenientes del pago de impuestos. Las organizaciones coordinadoras de la campaña decidieron continuar con dicho ejercicio ciudadano, ahora dedicando nuestros esfuerzos al seguimiento de los acuerdos logrados tanto con el Poder Legislativo como del Ejecutivo (Secretaría de Salud y Contraloría Interna).