LA RENUNCIA DEL OBISPO QUE ATENDIA A LAS FUERZAS ARMADAS
Tras la salida de Baseotto, evalúan suprimir el Obispado castrense
Sergio Rubin
El criterio del Vaticano terminó imponiéndose sobre el del Gobierno en el duro enfrentamiento por el caso Baseotto. Finalmente, Antonio Baseotto presentó su renuncia al papa Benedicto XVI por estar próximo a cumplir la edad límite de 75 años —los cumplirá el 4 de abril— y la Santa Sede abrió el proceso sucesorio.
De esta forma, su reemplazo se producirá por los mecanismos habituales que fijan las normas eclesiásticas y no de un modo anticipado como lo venía reclamando la Casa Rosada desde hacía 2 años, luego de que Baseotto criticara duramente a un ministro.
Sin embargo, un debate creciente va abriéndose paso cada vez con más fuerza en el Gobierno —e, incluso, en algunos sectores eclesiásticos progresistas— sobre la conveniencia de que la diócesis militar continúe funcionando o sea suprimida. O, cuanto menos, que sea sometida a una profunda reformulación. El Obispado castrense —que funcio na en más de 50 países— se ocupa de la atención espiritual de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, su personal civil y sus familias, a través de los capellanes castrenses.
La presentación de la renuncia de Baseotto parece que sería aceptada inmediatamente por el Vaticano. De hecho, ya se viene trabajando en una terna de candidatos que conforman el obispo de Chascomús, Carlos Malfa (el gran candidato, de perfil moderado y apoyo de sectores kirchneristas); el de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia, y el de Rafaela, Carlos Franzini. Incluso, ayer, el embajador ante la Santa Sede, Carlos Custer, estimó que seguramente "en abril vamos a tener novedades".
Pero hay dudas sobre un rápido recambio. Y no sólo por el debate abierto sobre la continuidad de la diócesis militar. Es que la designación del obispo castrense es el único nombramiento de un obispo que, por estar inserto en las estructuras del Estado, necesita el acuerdo del Presidente. La incógnita es si Kirchner prestará con prontitud el acuerdo o si, a modo de desaire, lo demorará. Nadie sabe tampoco si aceptará al número uno de la terna: Malfa.
Por lo demás, una eventual decisión del Gobierno de suprimir el Obispado castrense podría suscitar un enfrentamiento con el Vaticano e importantes sectores de la Iglesia argentina, que creen que sería una afrenta al sentimiento religioso mayoritario del país. No pocos en el oficialismo entienden que la diócesis militar es una institución arcaica y, en el caso de la Argentina, con antecedentes nefastos de capellanes militares que fueron cómplices de la represión ilegal.
Sostienen, además, que los militares y sus familias bien pueden ser atendidos espiritualmente por el clero ordinario de las diferentes diócesis del país. Los que más saben de cuestiones eclesiásticas en el Gobierno dicen que la atención religiosa especial a los militares viene de épocas en que éstos pasaban mucho tiempo embarcados o en misiones que los alejaban del acceso a un sacerdote. Pero que hoy la dinámica y los tiempos son otros.
Con todo, el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, y otros funcionarios no verían la conveniencia de que la eventual supresión del Obispado castrense se produzca como corolario del caso Baseotto, sino fruto de un diálogo sereno. Parecería más armonioso una reformulación de la diócesis militar y la apertura a otras confesiones religiosas, algo que la Iglesia Católica viene apoyando desde hace años.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario