2007-04-19

EL TRIBUNAL DE LA INQUICISIÓN DEL OPUS DEI, DESAFIA LA VOLUNTAD DE LA NACIÓN ARGENTINA

Kirchner le contestó al juez Bisordi

(Periodismo.com) - El presidente Néstor Kirchner salió nuevamente al cruce del titular de la Cámara Nacional de Casación, Alfredo Bisordi. "Nadie nos a prohibir opinar cuando notamos que la Justicia se atrasa", dijo ayer el mandatario, durante un acto realizado en la Casa Rosada.

El conflicto entre el Gobierno y Bisordi se remonta al 24 de marzo pasado. Ahí, durante un acto por el 31 aniversario del golpe de Estado, Kirchner instó al Consejo de la Magistratura a "proceder" contra Bisordi y otros tres camaristas de Casación a los que reprochó dilaciones en los juicios a represores, lo cual generó una pública queja del presidente del tribunal por la "intromisión" presidencial.

A partir de ahí Bisordi protestó y las declaraciones de uno y otro lado fueron en un increscendo. Luego, durante las últimas horas, el titular de Casación reiteró que no renunciará pese al público reclamo que le hizo el ministro del Interior, Aníbal Fernández, para que deje el cargo.
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LA INQUICISIÓN METIDA EN LA MÉDULA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA:

Una historia con jueces

Un quién es quién de la cuestionada cámara recuerda nombramientos menemistas, dichos sobre el Opus Dei y a mucha honra, y hasta insólitas desmentidas de vínculos militares.

Acusado de pertenecer al Opus Dei y de tener buenas relaciones con la corporación militar, el camarista Eduardo Riggi hizo una desmentida antológica: “No tengo el honor de ser del Opus Dei y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”. Fue días antes de que lo nombraran integrante de la Cámara de Casación, como uno de los postulantes impulsados por Carlos Menem. El entonces presidente apadrinaba también a Ana María Capoluppo de Durañona y Vedia, a pesar de que la candidata generaba dudas sobre sus conocimientos para desempeñarse en lo que sería el máximo tribunal penal del país. Ella las despejó con una frase. “No sé nada sobre derecho penal, pero voy a aprender”, prometió. Aquí, un poco de historia sobre los cuatro camaristas para quienes hoy, quince años más tarde, se pide el juicio político por demorar intencionalmente las causas sobre violaciones a los derechos humanos.

Alfredo Bisordi

El juez que acaba de tomarse una licencia de 30 días en medio de la pelea con el Gobierno había sido impugnado, al asumir en Casación, “por haber tomado pública posición a favor del terrorismo de Estado”.
Bisordi se desempeñó en el gobierno militar como secretario del juez federal Norberto Angel Giletta, en un juzgado que se hizo conocido por su rechazo a los hábeas corpus que presentaban los familiares de desaparecidos.
En 1984 fue fiscal adjunto en el juicio a Mario Firmenich por el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born; de ese caso nació su amistad con el fiscal Juan Romero Victorica, que todavía se mantiene. En cambio, cuando se abrió el juicio a las juntas lo designaron adjunto del fiscal Julio César Strassera y duró una semana.
Su padrino para el ascenso a Casación fue el entonces presidente de la Corte, Ricardo Levene, con quien tenía una inmejorable llegada: era en aquel momento secretario penal del máximo tribunal.
Bisordi recibió en 2005 un apercibimiento del Consejo de la Magistratura por llamar “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, una ex detenida de la Esma. En 1999, la DAIA había pedido su destitución por actuar bajo motivaciones antisemitas y forzar un expediente para favorecer a tres skinheads. La Asociación de Abogados de Buenos Aires, a cuyos miembros Bisordi describió como “enemigos ideológicos míos porque tienen una posición ideológica de extrema izquierda”, había señalado entre las objeciones a su aptitud para el cargo una de tipo emocional: su tendencia a desbordarse y caer en crisis de llanto “ante cualquier contradicción”.

Eduardo Rafael Riggi

Fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”. En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, Riggi fue cesanteado. Volvió al poco tiempo, tras ser rebajado al último puesto del escalafón, pero recuperaría posiciones a medida que se acercaba el golpe de Estado.

Carlos Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación, junto con el de otros dos candidatos, Ana Capoluppo y Juan Martín Romero Victorica. Los antecedentes de estos candidatos provocaron la renuncia del entonces ministro de Justicia León Arslanian, quien dejó el gobierno tras señalar que no quería avalar a “ningún Frankenstein”. Arslanian había sido uno de los constructores de la reforma penal de 1992 que creó la Cámara de Casación y puso en marcha el sistema de juicios orales.

Riggi fue acusado de tener buenas relaciones con los militares y ser del Opus Dei. Lo desmintió en estos términos: “No tengo el honor de ser del Opus Dei, y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”

Ana María Capoluppode Durañona y Vedia

El mayor problema para la designación de Ana María Capolu-ppo de Durañona y Vedia fue que se dudaba sobre su capacidad para asumir en la máxima instancia penal del país. Ella, que siempre se había desempeñado en el fuero civil, despejó todas las dudas: “No sé nada sobre derecho penal, pero voy a aprender”, prometió.

El Senado aprobó su pliego el 18 de noviembre de 1992.

Había tenido hasta entonces una carrera sin nada para destacar, hasta que en 1990 el subsecretario de Justicia, César Arias, la promovió a jueza en lo Civil. El ascenso fue posterior a que la UCeDé votara a favor de la ampliación de la Corte Suprema, con lo que Menem obtuvo la mayoría automática. Capoluppo estaba casada entonces con el diputado Francisco de Durañona y Vedia.
Según Horacio Verbitsky en su libro Hacer la Corte, su cargo en la Cámara de Casación fue ofrecido por Menem a Francisco de Durañona y Vedia en compensación por su relevo como interventor en la provincia de Corrientes.

Gustavo Hornos

Menem lo propuso para ser juez de Casación luego de un episodio del que quedaron unas pocas líneas en el archivo. La noticia fue publicada en noviembre de 1994. Amira Yoma estaba a un paso de ser sobreseída definitivamente en la causa por lavado de dólares provenientes del narcotráfico. Gustavo Hornos, fiscal ante la Cámara Federal, podía evitarlo con la presentación de un recurso extraordinario, pero el recurso no fue presentado. Días antes, el gobierno lo había candidateado sin aviso para ocupar un lugar que el menemismo había prometido a un radical, Juan José Avila.

Hornos ya había tenido otro ascenso imprevisto, en 1992, cuando fue nombrado fiscal de Cámara en reemplazo de Luis Moreno Ocampo. Tenía apenas 34 años. Desde esa función, se ganó una imagen de independiente del Poder Ejecutivo; fue él quien denunció el otorgamiento irregular de un pasaporte a Monzer Al Kassar, en un escándalo que involucró a varias figuras de la Casa Rosada.

Hijo de un oficial retirado del ejército, ex alumno de la Escuela de Defensa Nacional, el juez ha ejercido la docencia en la Academia Superior de la Policía Federal y la Universidad Católica.
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Otros Artículos:
Duros con los jueces
REVOCAN UNA CONDENA A JEFES PENITENCIARIOS
http://www.bloqueucr.gov.ar/verContenido.php?contenidoID=2944

La denuncia sacudió hace ocho años: guardiacárceles del penal de Caseros sacaban a la calle a distintos presos para que robaran para ellos. Once penitenciarios fueron a juicio y dos terminaron sentenciados. Sin embargo, ahora la Cámara de Casación resolvió revocar ambas condenas y la investigación quedó en la nada.
La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país —integrada por Liliana Catucci, Alfredo Bisordi y Raúl Madueño— favoreció a Omar Alfredo Romero, quien era el jefe de la División Seguridad Interna de Caseros, y a Pedro Ensina, otro ex jefe del penal.
El 14 de noviembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 había condenado a cinco años de prisión a Romero y a cuatro y medio a Ensina. El delito que se les imputaba era el de "cohecho" (cobrar coimas).

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